Ecuador

23 de julio se definirá futuro de actividades mineras en Río Blanco

Autor: Ecuador Inmediato.com
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

Juez de Corte provincial decidirá si se continúa o no con la extracción de productos mineros

En la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay se llevará a cabo la audiencia definitiva sobre las actividades mineras en Río blanco el juez resolverá si se continúa con la extracción o no en el proyecto Rio Blanco. La audiencia de apelación presentada por el Estado ecuatoriano se realizará el próximo 23 de junio.

Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente aseguró que el presidente de la República Lenín Moreno ha sido enfático en decir que es necesario estudiar donde se hace la minería y como se hace la misma. El titular de la cartera de Estado considera que no se debería suspender las actividades en los proyectos mineros.

“Nos parece que esto crearía un precedente bastante negativo por cuanto no se han analizado a profundidad los detalles de la entrega de la licencia al proyecto”. Por su parte, el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez afirmó que no hay lugar para que se dé una caída de la sentencia en el caso. “Los argumentos que hemos presentado son irrefutables e incontrastables”.

Para esto el Centro Legal de Defensa Ambiental con sede en Estados Unidos y un colectivo de docentes encabezados por la activista Manuela Picq presentaron dos amicus curiae, para que se mantenga la suspensión de la minería en los páramos.

Por su parte, 110 miembros del frente pro minería del Azuay van a realizar eventos para impulsar la minería tecnificada. La decisión judicial que se tome el 23 de julio será definitiva”. (BGV)

Fuente:http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818839805&umt=23_julio_se_definira_futuro_actividades_mineras_en_rio_blanco

Colombia

No a la minería en Cajamarca: CORTOLIMA

Autor: Contagio Radio.com
Conflicto Relacionado: La Colosa

Por medio de la resolución 1963 del 2018, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), ratificó el cumplimiento de la Consulta Popular, que tuvo lugar el 26 de marzo del 2017, en la que los habitantes de Cajamarca dijeron no estar de acuerdo con que se ejecuten proyectos y actividades mineras en su territorio.

En reconocimiento de dicho mecanismo de participación ciudadana, CORTOLIMA, no otorgará permisos para utilizar recursos naturales con la finalidad de explotación minera en la jurisdicción del Municipio. Adicionalmente, revisará los permisos existentes en la zona una vez se adopte el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT).

De esta forma, la autoridad ambiental del Departamento sienta un precedente sobre las acciones posteriores a la definición de una Consulta Popular que niega la extracción minero-energética en el territorio.

Sin embargo, AngloGold Asahanti,  empresa que tenía intereses extractivos en Cajamarca, busca nuevos permisos de exploración, en razón del nuevo fallo que pueda emitir la Corte Constitucional sobre las Consultas Populares, relacionada con el caso Mansarovar Energy Colombia contra el Tribunal Administrativo del Meta.

AngloGold Ashanti Colombia prepara nuevas exploraciones en Cajamarca

La empresa minera AngloGold Ashanti, que hace un año reconoció por medio de un comunicado el resultado de la Consulta Popular y anunció su retiro de la zona, ahora insiste en un permiso de sustracción de la reserva forestal, para continuar con los estudios de exploración y preparar la fase de explotación minera del territorio.

De acuerdo con Renzo García, defensor de derechos humanos y ambientales de Tolima, este permiso que pretende reactivar La Colosa, hace parte de un plan nacional en el que están involucradas otras grandes empresas interesadas en la explotación de hidrocarburos en Colombia.

Según García, dicho plan se concentra en el fallo que emita la Corte Constitucional sobre el proceso de Masarovar, con lo cual se podrían acabar las Consultas Populares que refieran sobre el sector extractivo de la economía. Sin embargo, resaltó que AngloGold está actuando en contravención de la sentencia T-445 del 2016, y las leyes 1334 de 1994 y 1735 de 2015 que reconocen el mecanismo de la Consulta Popular, como contra la reciente resolución de CORPOTOLIMA.

Por su parte, la empresa señaló en un comunicado que hay instituciones públicas «resolviendo el alcance e idoneidad de las decisiones tomadas por el mecanismo de la Consulta Popular»,  y que mientras eso ocurre, deben seguir desarrollando las actividades económicas naturales de la empresa.

Resolución 1963 de la Corporación Autónoma Regional del Tolima by Contagioradio on Scribd

Fuente:http://www.contagioradio.com/no-mineria-en-cajamarca-cortolima-articulo-54777/

Argentina

Veladero: confirman el procesamiento de tres ex funcionarios kirchneristas por contaminación

Autor: por MDZol.com
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

Es por el derrame de solución cianurada en una mina de San Juan. Confirman su responsabilidad por falta de control.

La justicia federal confirmó procesamientos contra ex funcionarios nacionales por la falta de control que derivó en el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan.

La decisión la tomó la Sala II de la Cámara Federal. El procesamiento recae sobre los exfuncionarios Sergio Lorusso, ex secretario de Ambiente, Jorge Mayoral, ex secretario de Minería, y Beatriz Domingorena, quien estaba a cargo de control ambiental. Todos eran funcionarios durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El hecho ocurrió durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015 en la mina que explota la empresa Barrick (hoy asociada con una firma china) en la mina Veladero, ubicada en Iglesia. Allí se produjo el derrame de 1072 metros cúbicos de solución cianurada. Ese incidente ocurrió por la rotura por congelamiento de una de las válvulas de venteo.

Los problemas no terminaron ahí, pues el derrame llegó a la cuenca del rio Potrerillos porque estaba abierta la compuerta ubicada en el canal de desvío, impidiendo ello que el producto drenara hacia la pileta de contingencia.

Los jueces entendieron que los funcionarios cuestionados no cumplieron con su obligación de controlar y exigir que se cumplan las normas de seguridad para evitar contaminación con la actividad minera. Entre otras cosas citan las leyes de regulación de la actividad minera y hasta la obligación no cumplida de tener un seguro ambiental. «Pone en evidencia no sólo la competencia de Mayoral en las cuestiones atinentes a la preservación del ambiente en el ámbito de la explotación minera, sino también la total ausencia de participación e intervención en aquellos aspectos vinculados a la cuestión, extremo que -frente a las particularidades del emprendimiento ya referidas-, evidencian su responsabilidad en el hecho atribuido», determinaron los magistrados sobre el ex secretario de minería.

El delito por el que se los acusa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, es menor en cuanto a las penas: hasta 2 años de prisión. Se trata de lo tipificado en el artículo 248 del código penal. Además, los acusados tienen un embargo de un millón de pesos y dos millones en el caso de Mayoral.

Fuente:https://www.mdzol.com/nota/804342-veladero-confirman-el-procesamiento-de-tres-ex-funcionarios-kirchneristas-por-contaminacion/

Colombia

‘Consulta popular de Cajamarca es obligatoria. No habrá más licencias para minería’

Autor: Redacción Vivir, El Espectador.

En una resolución la autoridad ambiental regional, Cortolima, aclaró que, de ahora en adelante, no habrá más permisos para actividades mineras. Aseguró que se revisarán las licencias existentes y, si es el caso, podrán revocarse.

El 26 de marzo 2017 fue un día histórico para Cajamarca. Después de muchos meses de tensiones políticas, de presiones de varios organismos de control y de discusiones con empresarios, la población de ese municipio tolimense le dijo no a la minería. En una consulta popular que se robó la atención de todo el país, el 97,9% de los votantes optaron por rechazar las actividades extractivas en su territorio.

Hoy, más de un año después, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), tomó una decisión que muchos estaban esperando. A través de una resolución (1963 de 2018), dejó claro que en cumplimiento de los resultados de esa consulta popular, “no se otorgarán más licencias ambientales, concesiones de agua, traspasos, permisos y demás autorizaciones para el uso de recursos naturales que tengan como finalidad el desarrollo de proyectos y actividades mineras en la jurisdicción del municipio de Cajamarca”

“La consulta popular de Cajamarca es obligatoria y vinculante frente a todas las autoridades administrativas en cuanto a la imposibilidad de adelantar proyectos y actividades de minería en su territorio. Cortolima como autoridad ambiental está obligada a dar cumplimiento a esta decisión popular”, expresó la Corporación en un comunicado.

En la resolución, esa entidad aclara que, de igual forma, se revisarán las licencias otorgadas con anterioridad a la consulta popular y, si es el caso, se revocarán.

En términos más específicos, el documento, firmado por Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima, señala que “ se procederán a revisar las licencias ambientales, concesiones de agua, permisos y demás autorizaciones otorgados con anterioridad a la realización de la Consulta Popular de Cajamarca, con la finalidad de proceder a adoptar las medidas administrativas pertinentes para revocar los actos administrativos que los otorgaron, si a ello hubiere lugar y previo al agotamiento del debido proceso.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/consulta-popular-de-cajamarca-es-obligatoria-no-habra-mas-licencias-para-mineria-articulo-799690

Mexico

La minería y el cambio climático

Autor: Jorge Tadeo Vargas , Liberar Radio

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC por sus siglas en inglés) proyecta que las zonas que serán y que están siendo más afectadas por los cambios en el clima son aquellas donde se han ido perdiendo zonas prístinas para darle paso a megaproyectos extractivos que pueden ser desde el turismo de sol y playa, la pesca industrial, las presas y la minería siendo esta última una de las actividades extractivas más peligrosas dentro de la crisis climática, pues una vez que se instala un proyecto minero en un nicho ecológico su razón de ser es la destrucción de la naturaleza para extraer el producto. Una destrucción que no deja probabilidades para la restauración y/o la reparación ecológica.

Dentro de las proyecciones del IPCC para México, se dice que el norte del país por sus condiciones ambientales naturales sumado a la fuerte presencia de la agro-industria y la minería será la región más afectada en el país donde Sonora en lo particular es el Estado más vulnerable. Los cálculos de los especialistas hablan de que para el 2025 el Estado perderá más del 45 por ciento de sus zonas naturales para darle paso a una desertificación inducida donde las dinámicas poblaciones ya de por si vulnerables de un ecosistema desértico como el que tenemos en la mayor parte del estado entrará en riesgo de desaparecer.

Aquí debemos de aclarar que no significa lo mismo ecosistema desértico que desertificación. El primero se refiere a un ecosistema natural con sus propias dinámicas poblacionales, con cierto equilibrio que mantiene un control ante la biodiversidad nativa y las relaciones con los otros ecosistemas cercanos como son, en el caso de Sonora, los ecosistemas de corredor que nacen en las cuencas hasta llegar a los deltas que se encuentran dentro del desierto. Cuando hablamos de desertificación estamos hablando de una condición de riesgo donde las actividades humanas ponen en peligro ecosistemas (desierto y vegetación de corredor) y con ellos se pone en riesgo también la vida humana, es decir, las comunidades que viven en estas regiones.

Y si se proyecta la pérdida de más del 45 por ciento de las zonas naturales entonces el agua también se pone en riesgo por lo que los especialistas proyectan que para el 2030, Sonora tendrá un 60 por ciento menos de agua disponible de la que tenía hace 30 años. Un riesgo siempre asociado a los procesos de desertificación, y donde la industria minera contribuye considerablemente pues al ser una industria que destroza montañas para extraer minerales lo que está haciendo en realidad es matar las zonas donde nacen los ríos, las cuencas, dejándonos sin los mayores productores de agua tanto para los procesos de la naturaleza como para las actividades humanas.

De nuevo, en Sonora en los últimos años la temperatura ha aumentado un grado, suficiente para que en el caso de Siria se perdieran más del 80 por ciento de los cultivos y más del 90 por ciento del ganado con lo que se dio una migración del campo a la ciudad dando como resultado una guerra civil que ha dejado cientos de miles de refugiados ambientales sirios. Se tiene que entender que Sonora está en un riesgo mayor. Si la actividad minera es, solo en la extracción, la responsable del 9 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero y si tenemos al 95 por ciento del territorio sonorense en riesgo socio-ambiental por la extracción y perdida de ecosistemas, es urgente planear medidas de medidas de mitigación, pero sobretodo de adaptación en esta industria.

Estas medidas no pueden ser más que la prohibición total de la extracción minera dando paso a la minera urbana como la forma de recuperar material descartado y ponerlo de nuevo en el ciclo de los residuos-producción. La ley estatal de cambio climático no contempla esto, al contrario, lo deja fuera permitiendo que tanto la industria minera como la agro-industria sigan fortaleciendo el modelo de producción-consumo.

La crisis climática tiene en el modelo de producción-consumo su principal causa, es decir, este modelo extractivo y privatizador que desde mediados del siglo pasado se ha convertido en el modelo hegemónico es el responsable de que en la actualidad tengamos consecuencias tan desastrosas en el mundo como lo es el cambio climático. No hay más, es por eso que proyectos que nacen dentro de lo que se conoce como “capitalismo verde” son proyectos que siguen la misma lógica de cualquier otro proyecto dentro del sistema capitalista. Externalizar los costos socio-ambientales con la naturaleza y las comunidades e internalizar las ganancias económicas. El proyecto de Bacanora Lithium es un proyecto dentro del capitalismo verde. No es ambientalmente responsable y dejará a las comunidades cercanas con muchos problemas socio-ambientales.

En la próxima entrega hablaremos del eco-fascismo de la industria del litio y como estas prácticas del capitalismo verde son aún más peligrosas para la naturaleza y las comunidades humanas.

Fuente:http://www.liberaradio.com/la-mineria-y-el-cambio-climatico/

 

Bolivia

En 4 años, explotación ilegal de oro no cesa en área inmovilizada

Autor: Lidia Mamani, Página Siete.

En 2014, la Comibol aprobó una resolución para prohibir la extracción de oro en la comunidad de Arcopongo. Sin embargo, se hace caso omiso de esa disposición.

E junio de 2014, el Gobierno inmovilizó al menos 1.041 cuadrículas (26.000 hectáreas) de la comunidad Arcopongo, en La Paz, con el objetivo de parar la explotación ilegal de oro. Sin embargo, hasta la fecha no se cumple tal disposición, donde nuevamente comunarios y cooperativas se disputan áreas de trabajo.

En el lugar, el miércoles en la tarde pobladores del municipio de Inquisivi y mineros de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, que reclaman un derecho preferente sobre 50 cuadrículas de la Comibol, se enfrentaron presuntamente con otro grupo de cooperativistas avasalladores.

Tras el hecho se reportó a cuatro heridos que fueron trasladados a la clínica Santa Bárbara, en la ciudad de La Paz. También se presume la muerte del comunario José Acho Beltrán, según el representante de la Provincia Inquisivi, Francisco Eugenio, hecho que no se confirmó.

“El río Chaqueti está inmovilizado pero no han respetado, ahí el que falló fue el Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Hemos remitido las denuncias a varias instancias, pero han pasado años y nadie hace nada, parece que la AJAM se parcializó con los explotadores ilegales”, denunció Eugenio.

Incluso denunció que al menos cinco cooperativas Palma Flor; Villa Santiago, Chaqueti La Plaza; Chaqueti La Plaza B y Elena Pampa, se dedican a la explotación ilegal de oro desde hace cuatro años y extraen al menos 40 kilos por día del metal dorado, por los que no cancelan ni regalías.

Sin embargo el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz, Simón Condori, dijo que las cooperativas que operan en el lugar tienen permisos y apuntó a Eugenio por liderar un grupo para evitar que se ingrese a la zona y adueñarse del lugar.

Ante el hecho, Condori apuntó al Ministerio de Minería y a su brazo operador, la AJAM, por descuidarse de la zona.

“En Arcopongo, los cooperativistas han estado mendigando desde 2013 y 2014 para obtener un contrato de arrendamiento, pero no hubo respuestas de parte de ellos hasta la fecha”, cuestionó el dirigente.

La AJAM, mediante un comunicado, confirmó que en el sector Arcopongo se tienen muchas solicitudes de contrato y que los mismos están siendo procesados en cumplimiento de la Ley 535.

Además, enfatiza que la AJAM continuará con las acciones de verificación de actividades ilegales e intervenciones que correspondan, como establece la norma.

En mayo de 2014, la Comibol aprobó una resolución administrativa que inmoviliza de forma temporal las operaciones mineras en el río Chaquety, que comprende desde el inicio de la provincia Inquisivi, en La Paz, hasta la localidad de La Asunta, en Sud Yungas, luego de los hechos de violencia registrados por la explotación de oro.

Además, en ese entonces la estatal también decidió rechazar todas las solicitudes para operar en el área, zona rica en oro, donde al menos 28 cooperativas mineras hicieron su pedido, 13 empresas privadas y tres unipersonales.

La disposición se dio luego de que en la comunidad de Arcopongo se confirmó la muerte de tres personas durante el enfrentamiento entre mineros de Ullakaya Condorini y comunarios del lugar.

Los  permisos

  • Descargo En un comunicado de prensa, la AJAM  afirmó ayer  que el enfrentamiento  Arcopongo fue cometido  entre personas que no tienen ningún derecho para realizar actividad minera. Es el caso de Francisco Eugenio Aduviri, que se dirigió al sector 9 de la zona minera, donde no tuvo ni tiene ningún derecho Minero sobre las 50 cuadrículas mineras ubicadas en el Río Chaquety.
  • Intervención Por lo expuesto, la AJAM afirma que corresponde a la Policía Boliviana realizar las investigaciones pertinentes y procesar los hechos delictivos evidenciados el miércoles pasado en inmediaciones del río Chaquety.

 Comibol no debe permitir  ingreso

El expresidente de la Comibol, Héctor Córdova, afirmó que las áreas de la estatal  deberían ser “sagradas” y no permitirse el ingreso a ellas sin tener un  previo acuerdo.

“Pero, se evidencia el  avasallamiento en las zonas, que luego son consolidadas en favor de las cooperativas y en contra de los intereses del Estado”, observó.

Citó el caso de la mina Himalaya, área de la Comibol que era operada por una empresa privada, y tras un conflicto fue transferida a cooperativistas que invadieron el lugar.

Sobre  el caso de la explotación ilegal  en Arcopongo, si bien la AJAM es la   encargada de ver el tema, el conflicto  es complejo, debido a que la incertidumbre y la ambición provocan reacciones como los enfrentamientos suscitados.

Para Córdova, estos actos son cometidos por la limitación nacional para generar nuevos empleos, la diferencia de ingresos entre un empleo formal y la explotación de oro y la venta ilegal de minerales.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/economia/2018/7/13/en-anos-explotacion-ilegal-de-oro-no-cesa-en-area-inmovilizada-187009.html

Mexico

Se expande minería tóxica en Veracruz

Autor: Juan David Castilla Arcos para Libertad bajo Palabra

. La minería a cielo abierto está expandiéndose de la zona costera a la región montañosa de Veracruz, alertó Urbano Domínguez Grijalva, párroco de la localidad de Mozomboa, Actopan.

La minería tiene interés de llegar a los municipios de Yecuatla, Colipa, Juchique de Ferrer, Tatatila, Las Minas, Chiconquiaco y otras zonas.

«Quiere llegar al municipio de Las Minas, su nombre lo dice todo, en la sierra de Chiconquiaco hay un cerro que se llama Gallo de Oro, también a muy sugestivo, sabemos que en la región alta sigue habiendo incursiones de la minería».

A juicio del Sacerdote, la región mencionada es atractiva para los megaproyectos, enfocados a la explotación de minerales preciosos, recursos hídricos y la biodiversidad.

«Por la cierta facilidad que tendrían para engañar o coaccionar a la gente humilde y de la región, porque es una zona serrana, entonces por eso es que como Iglesia Católica estamos llamando a la concientización y a la organización».

La gente humilde podría ser desplazada de sus comunidades como ha ocurrido en países de América Latina.

«Esto se ha visto ya en regiones de América Latina, donde ya las minerías están trabajando, la gente ha tenido que salir por enfermedades, por problemáticas de inseguridad y por la escasez de recursos, sobre todo del agua».

Domínguez Grijalva refirió que el movimiento contra la minería tóxica ha crecido en los ayuntamientos de Alto Lucero y Actopan.

«Han firmado actas de Cabildo negando el cambio de uso de suelo y de construcción, esperamos se respete y esperamos que no pronto se dé la explotación minera; sin embargo, las concesiones son de mucha duración», subrayó.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/07/12/se-expande-mineria-toxica-veracruz/

Chile

Demandan por $13 mil millones a minera del Grupo Luksic tras derrame de ácido en Mejillones

Autor: Jonathan Flores, Bío Bío chile.com

Los pescadores artesanales de Mejillones presentaron este miércoles una demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Minera Michilla S.A., perteneciente al grupo Luksic, por un episodio de vertimiento de ácido sulfúrico ocurrido en septiembre de 2017 en Puerto Michilla.

La acción judicial fue interpuesta a través del abogado César Antonio Barra en representación de 219 pescadores artesanales, recolectores de orilla y buzos mariscadores, quienes exigen el paso 13.140 millones de pesos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Tras el problema, la empresa admitió la situación en que se derramaron 2.400 litros de ácido sulfúrico. “Un minuto después de detectado el evento, se produjo la detención inmediata de la descarga de ácido, lo que permitió controlar los posibles efectos de este incidente”, aseguraron mediante un comunicado, aunque mantuvo a las embarcaciones sin poder utilizar el puerto durante al menos dos días.

Sin embargo, pescadores artesanales y grupos ambientalistas cuestionan esta versión e indican que la emergencia se extendió mucho más de lo que asegura la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals, y que el daño hoy se expresa en la muerte de aves, animales y pérdida de importantes recursos marinos.

“Las aguas de Mejillones fueron contaminadas por la negligencia de una empresa minera que esta vez derramó un tóxica sustancia como es el ácido sulfúrico, poniendo en riesgo el ecosistema del lugar y la salud de los habitantes. Se deben exigir las medidas necesarias serias para evitar que los derrames sigan ocurriendo en nuestros mares”, indicó Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace.

Así las cosas, será la justicia la que tendrá que determinar los alcances que tuvo el incidente.

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidad-economica/2018/07/13/crisis-del-azucar-iansa-confirma-cierre-de-planta-en-maule-y-4-000-personas-se-veran-afectadas.shtml

Argentina

El Chubut los intendentes de la Meseta intentan incluir el debate minero y la resistencia social no se hace esperar

Autor: Opi Santa Cruz.

12 de julio en Puerto Madryn , los intendentes Marcelo Andrés Aranda de Gastre, Leonardo Bowman de Telsen, Miguel Ancamil de Lagunita Salada, Mario Oviedo de Los Altares, Ricardo Sepúlveda de Gan Gan, Nilda Tolosa de Las Plumas,

Mario Pichiñán de Paso de Indios y Víctor Candia de Paso del Sapo, organizaron un evento en relación con la minería, al cual invitaron al gobernador Mariano Arcioni.

El objeto del encuentro apoyado por los intendentes de la meseta, es producir un debate productivo sobre el desarrollo minero y alrededor del gobernador hay fuertes presiones para que no asista al encuentro, debido a la mala prensa que tiene la minería en Chubut y la posibilidad de la gente le haga pagar en las urnas en el 2019, la facilitación a las multinacionales canadienses de explotaciones a cielo abierto, tal como se resume del proyecto que tienen los intendentes y por el cual pretenden abrir el debate.

Si bien existe un proyecto en la legislatura provincial, con el cual se busca habilitar el debate en Cámara de Diputado para destrabar las prohibiciones que existen para la minería en la Ley 5.001, no existe demasiado convencimiento por gran parte de los diputados, que sea una medida adecuada para aplicar en la puerta de una campaña electoral como la que se llevará a cabo en los próximos meses y donde Arcioni, pretende revalidar su mandato, el cual quedara en sus manos luego del fallecimiento del ex gobernador Mario Das Neves.

Repudio

Inmediatamente de darse a conocer esta reunión de los intendentes y el pedido al gobernador para que asista al debate minero, distintas voces comenzaron a levantarse desde distintos sectores de la provincia. Desde la cordillera al mar, las radios y los diarios, como así también las páginas web y las redes sociales, se vieron inundados de mensajes de gente particular que se opone abiertamente a que unos pocos decidas por ellos.

En radio Cadena 3 entrevistaron a Ceferino San Martín un poblador del campo que tiene sus tierras vecinas al “Proyecto Navidad”, quien destacó la presión política y social que existe para forzar a la provincia a quitar las leyes prohibitivas de la minería y culpó directamente a los intendentes por utilizar la salida “más fácil” para hacer caja en sus municipios, pero evitando trabajar y desarrollar la región, con todas las potencialidades que Chubut tiene.

“En cuatro oportunidades vinieron desde la firma canadiense, con intenciones de comprar mi campo. La zonificación está impulsada por los Intendentes y técnicos de las mineras. Los veo y escucho. No puedo entender que tengamos representantes con tanta ignorancia”, transcribe Cadena 3 sobre los dichos de este hombre de campo y más adelante señaló “las mineras llevaron a los intendentes de la meseta a Santa Cruz (al yacimiento Manantial Espejo) y según los intendentes de Gan Gan y Telsen, habían traído una buena impresión de los que es un emprendimiento minero. Que prácticamente no dejaban contaminación y había animales al alrededor” y a continuación se preguntó “¿Se animaron a tomar un poco de agua de dique de colas? que es donde queda depositado todo el coctel de químicos que utilizan, en la actividad. Cabe explicar que el “dique de colas” es una obra de infraestructura minera cuyo principal objetivo es almacenar los sólidos remanentes del tratamiento de los minerales. En él se deja filtrar el agua y se retiene los sólidos llamados “colas”, que están formados por mineral molido sin valor económico. De eso nadie habla y de ahí nadie toma agua”, dijo metafóricamente el entrevistado.

Los intendentes cuentan con mandato político y compromisos ante el gobierno nacional, de potenciar, imponer e impulsar la minería. Esta actividad, además de estar prohibido por les, no tiene licencia social; sin embargo, eso, por el momento, parece que no les preocupa a los jefes comunales ni al gobernador, (Agencia OPI Chubut)

Fuente:https://opisantacruz.com.ar/2018/07/11/el-chubut-los-intendentes-de-la-meseta-intentan-incluir-el-debate-minero-y-la-resistencia-social-no-se-hace-esperar/

Colombia

El mapa de los 311 líderes asesinados en Colombia

Autor: Santiago Cárdenas H. y Efe , El Colombiano.com

La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia llegó al nivel de “crisis humanitaria”, dijo el coordinador del programa Somos Defensores, Carlos Guevara.

“El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, aseguró Guevara.

En los últimos días se ha recrudecido la violencia contra líderes sociales con el asesinato de cuatro de ellos en diferentes regiones del país.

Según cifras del director del cuerpo elite de la Policía para la protección de líderes sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde que se firmó en 2016 el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aunque la Defensoría del Pueblo cuenta un total de 311, con Cauca, Antioquia y Norte de Santander como los departamentos con más asesinatos.

¿A qué se deben los asesinatos?

Guevara explicó que la situación es de “crisis humanitaria” porque “hay actores en distintos territorios que están intentado acabar con la vida de todos y cada uno de ellos” sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios.

Subrayó además la gravedad de la situación al afirmar: “No tenemos respuesta estatal, hay una situación de violencia masiva, no puedo decir que es generalizada, ni que es sistemática, porque no tenemos en este momento cómo evidenciarla pero sí es masiva”.

Es tan masiva que hay 311 líderes asesinados en los últimos 2 años. Si cruzamos datos de todos los líderes asesinados hasta el día de hoy encontramos que la mayoría son líderes de juntas de acción comunal, de restitución de tierras, afrodescendientes, indígenas, barquereos, cocaleros, desplazados, de las zonas de reserva campesina, líderes sindicales, campesinos y Lgbti.

Muchos de los homicidios también siguen un patrón y es que las víctimas son asesinadas muy cerca o dentro de sus viviendas por hombres armados que llegan hasta el lugar y los asesinan frente a su familia. En otros casos se repite otro patrón y es que son raptados antes de ser hallados muertos por las autoridades. También se presenta el asesinato de los familiares de los líderes como los hijos, y eso se evidencia en algunos casos en el Urabá antioqueño.

Otro de los lugares comunes y es que en las zonas donde ha habido mayor disputa por la restitución de tierras y los cultivos ilícitos es donde más se han presentado esta clase de asesinatos, también donde confluyen diferentes actores armados y no hay un mando único establecido. “A los que están asesinando los están matando porque están impulsando quitar una economía considerada ilegal y que beneficia a los narcotraficantes y grupos armados. Y el Gobierno no está tomando medidas para proteger a esos líderes por lo que están expuestos a que los asesinen”, afirma Arnobis Zapata, coordinador de la Coccam en Córdoba.

Según el Gobierno por cada hectárea de coca que se retira, las cadenas de narcotraficantes dejan de recibir 24 millones de pesos al año. “Quienes se lucran de ese dinero, que son los narcotraficantes no los campesinos, obviamente ven que se están afectando sus intereses y por eso han asumido esos comportamientos”, reconoce Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos.

La respuesta del Gobierno

Esta ola de violencia es un asunto que llama la atención de la comunidad internacional. Por esto, Guevara llamó la atención sobre el silencio del Gobierno, en especial después de las elecciones.

“Parece que las instituciones se silenciaron después de las elecciones y están viendo desde la barrera cómo están asesinado a estos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, añadió.

Lamentó que la situación no hubiese hecho parte de la reciente campaña electoral y reclamó acciones del Gobierno.

El presidente, Juan Manuel Santos, condenó este jueves la reciente ola de asesinatos de líderes sociales y ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ponerse al frente de la situación.

De acuerdo con el jefe de Estado los inspectores deberán “supervisar qué es lo que está sucediendo y cómo está reaccionado la Fuerza Pública” ante los crímenes ocurridos durante los últimos días. Del mismo modo, añadió que evitar estas acciones delictivas demanda un trabajo en conjunto con múltiples entidades del Estado.

La orden se da debido a la muerte violenta de Margarita Estupiñan, en un hecho ocurrido en las últimas horas en el municipio de Tumaco, al cual se suma el de Ana María Cortes Mena, asesinada en Antioquia; y al homicidio de Luis Barrios en Barranquilla.

Entre tanto, señaló el jefe de Estado que la Fuerza Pública “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables, lo mismo la Fiscalía y todas las autoridades”, esto con el fin de erradicar un flagelo que va en aumento.

Para el próximo martes convocó a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que se buscará adoptar nuevas medidas de protección para los líderes sociales. Ese día se formalizará la entrada en vigencia de un decreto especial de seguridad colectiva.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que entre las medidas a tomar está la de mejora el alumbrado público en lugares donde residen o trabajan los líderes amenazados e instalar antenas para mejorar la comunicación, en especial de los celulares, porque en muchas regiones no existe la telefonía.

“Este es el principal problema que afronta el nuevo Gobierno tan pronto llegue a la Casa de Nariño”, el próximo 7 de agosto, concluyó Guevara. Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Catatumbo y Norte de Santander, son las regiones con más riesgo.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/mapa-de-lideres-y-defensores-asesinados-en-colombia-DI8956261