Panamá

Campesinos de Coclé sin justicia y reparación por impactos mineros

Autor: Marlin González. Abogada y activista de derechos humanos / Radiotemblor .org

En seguimiento en materia de Protección de los y las Defensores de Derechos Humanos, posterior a la participación de Panamá en el 165 Período de Sesiones, en Montevideo, Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre “Criminalización de la protesta y el acoso jurídico de defensores, con complicidad de las autoridades y agentes de la autoridad, en distintas formas de violencia”.

A la Oficina del Relator de Defensores y Defensores de Derechos Humanos, Víctor Atencio Gómez, de la Defensoría del Pueblo de Panamá, se aproximaron los dirigentes comunitarios Willy Ábrego y Martín Rodríguez, a enfatizan desde la sociedad civil, que no hay respuesta del Estado para mitigar el acoso, los ataques, o detener las demandas que enfrentan porque el sistema general de cumplimiento sigue siendo inoperante y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección.

Martín Rodríguez ha venido a denunciar que la empresa Minera Panamá le tiene una demanda penal en la comunidad de Donoso y que los falsos, calumnias e injurias que pesan sobre su persona hoy se convirtieron en orden de conducción. Presentando una queja formal ante la Defensoría del Pueblo.

Willy Ábrego denuncia a la Empresa porque no les permite transitar por la vía que da acceso a la comunidad apartada de Nueva Lucha y al prohibir el paso a las poblaciones, no se le permite buscar el sustento diario para su familia. También se ha acercado a los Ministerios, de Educación, Salud y Obras Públicas, por el derecho a educación, salud y ambiente sano, que merecen, para que se acerquen al área y escuche la viva voz del pueblo, las necesidades sentidas por la población, pues antes de que llegara Minera Panamá, ya el pueblo Ngobe habitaba esas tierras, pero aún en ningún lado ha encontrado respuesta. Exponen haber sido discriminados por ser de la etnia Ngone Bugle al tratar de conversar con el Ingeniero encargado y haber recibido descalificativos frente a 120 grupos que tienen grabados en audio como prueba.

El Lic. Víctor Atencio de la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por que los Estándares del Sistema Interamericano son bien claros. No se puede abusar del sistema jurídico para presionar a los activistas e impedir que logren ejercer su derecho humano a defender derechos humanos. Su actividad es fundamental para consolidación de la democracia.

Expresa que la criminalización para acallar voces críticas que están reivindicando temas como el respeto a los pueblos originarios, al medio ambiente, a través de este sistema de represión penal, particularmente en la visita que este funcionario ha hecho a la comunidad, se logró constatar por el camino viable que es insostenible por el costo de $184.00 dólares que deben pagar por mar, río y tierra para llegar a sus hogares. Pero además es un camino inhumano porque hablamos de comunidades de muy bajos recursos que, en caso de niños, mujeres embarazadas o enfermas, implica 4 horas y media entre trochas, montañas y lanchas, y esto es inaceptable cuando tienen una ruta corta que la empresa les niega el acceso y podemos estar hablando de más de 4 mil personas que padecen este trato.

Los señores Ábrego y Rodríguez, gastando los pocos recursos que tenían, se aproximaron una vez más a la Defensoría del Pueblo que aún no les da respuesta, aunque fue desde 2015 la primera vez que interpusieron la denuncia.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=12776

Perú

Revisa el documental interactivo sobre empresas chinas y derechos humanos en el Perú

Autor: Red Muqui.org

Inversiones chinas en Perú es un documental interactivo que analiza el comportamiento de cuatro empresas mineras chinas en Perú: Las Bambas, Shougang, Chinalco y Río Blanco Cooper, en cuanto a derechos humanos, derecho laboral y sindical, derecho a la tierra, el territorio; derecho a la vida, a la integridad.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones.

Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Los principales productos exportados a China son los minerales de cobre y sus concentrados con un valor de más de 5 millones de 67% del total de las exportaciones tradicionales. Esto ha generado que China tenga gran influencia en el mercado de América Latina. En el Perú las empresas chinas han cometido una serie de atropellos a los derechos humanos como en el caso de Las Bambas, en Apurimac donde, además, el Estado tiene alianzas con la policía nacional. El otro caso emblemático es el de Río Blanco ubicado en Piura.

Dirigentes de comunidades de Piura siguen denunciando públicamente que la minera china Xiamen nunca ha contado con el permiso social y ocupa ilegalmente el territorio. A pesar de ello, el 2016, Perú y China firmaron un convenio para la promoción del proyecto minero Río Blanco. En el campo laboral, varias empresas mineras chinas que operan en Perú se destacan por desconocer los derechos fundamentales en el trabajo, amparados por la legislación internacional en materia de derechos humanos. Un ejemplo de ello es la empresa Shougang Hierro Perú SAA, donde prevalecen bajos niveles remunerativos, altos niveles de conflictividad laboral, así como un largo historial de denuncias por malas prácticas laborales.

Te invitamos a navegar y conocer estos cuatro casos que representan más de US$17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/799-revisa-el-documental-interactivo-sobre-empresas-chinas-y-derechos-humanos-en-el-peru

Mexico

La minería es una falacia, imposible mitigar el daño ecológico: Tony Córdova

Autor: Gastón Castanier Arriola / Colectivo Pericú.

La experiencia en México y el mundo, es la misma, por más medidas de seguridad que se tengan en la industria minera, siempre son frecuentes las fugas, es imposible evitarlas, señaló Tony Córdova, empresario turístico y Gerente de “Sol Pacífico Cerritos”.

En este sentido y con relación al embate de los huracanes, que son recurrentes en la zona del pacífico comentó que “esta industria no es capaz de soportar los estragos de un huracán de categoría 5, con vientos de 180 millas por hora, debido a la tecnología con la que contamos en la actualidad”

¿Cómo van a planear frente a un huracán categoría 5, donde se tienen menos de 8 horas para hacerlo, simplemente no hay manera? Exclamó.

Al mismo tiempo afirmó que “la experiencia nos dice que los estanques de lixiviación dependen de un grado específico de compactación para mantener las pendientes. La falla de la pendiente con el lixiviado, evidentemente puede provocar una catástrofe química”.

Reconoció que en el país no contamos con inspectores capacitados, infraestructura, ni la experiencia suficiente para realizar una supervisión adecuada para este tipo de minería y ahí precisamente –puntualizó- “radica su principal debilidad”.

Recuerda que a su paso durante dos años por la Mackey School of Mines at The University of Nevada y trabajar en Carlin Gold Mine, Newmont Mining Company, le permite aseverar que la minería detendría en seco el desarrollo turístico “los extranjeros no son idiotas, si al proyecto “Los Cardones” se le autoriza su funcionamiento, sería el acta de defunción para una actividad que ha posibilitado el crecimiento económico de Baja California Sur”.

Córdova al concluir dejó claro que “Baja California Sur debe cuidar su entorno natural, ese es su patrimonio principal y no ceder ante la falacia de una industria minera que utiliza el argumento simple de generar más posibilidades de empleo” y finalizó diciendo que “los habitantes de este bello estado, hace mucho tiempo determinaron o definieron el rumbo económico y la vocación de la media península y este fue el turismo, ni más ni menos”.

Fuente:https://colectivopericu.net/2018/10/10/la-mineria-es-una-falacia-imposible-mitigar-el-dano-ecologico-tony-cordova/

Mexico

Comunicado del Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales

Autor: Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales / Remamx.org

 

Los integrantes del Movimiento Morelense contra las concesiones de Minería exponen su manifiesto en repudio a la propuesta del candidato por Morena en febrero de 2017 de promover acuerdos bilaterales con Canadá.

Aquí el texto del comunicado

 

 

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/comunicado-del-movimiento-morelense-contra-las-concesiones-de-mineria-a-tajo-abierto-por-metales/

Perú

18 proyectos chinos vulneran derechos en América Latina

Autor: Cooperacción.org

21 organizaciones de América Latina exigen al Estado Chino proteger, cumplir y respetar los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de sus empresas. Esta semana representantes de la sociedad civil de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina se encuentran en Ginebra para brindar información sobre la vulneración de derechos de las inversiones chinas para el tercer Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, la audiencia está programada para este jueves 11 de octubre de 14:00 a 15:30 horas.

Ya se encuentran en Ginebra los representantes de la sociedad civil de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina -que han formado el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA)-, participando de la Pre-sesión del Examen Periódico Universal de China, quienes apelarán al Consejo de Derechos Humanos y a las diferentes Misiones Permanentes que evaluarán el adecuado cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales del Estado chino, en cuando a convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, aspirando que China genere mecanismos de debida diligencia que garanticen el respeto y la protección de los DD.HH.

 

Hasta este momento, los delegados han compartido información y testimonios con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay  y  Nueva Zelanda, que  advierte sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos en la región, de los cuales son operados por 15 consorcios y con el financiamiento de seis bancos chinos. Además, se alerta que 15 de estos proyectos afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, cinco son patrimonio natural y cultural de la humanidad reconocidos por la UNESCO y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recoge las recomendaciones del CICDHA, como:

  1. La preocupación ante el hecho de que las leyes y reglamentos chinos no hicieran referencia a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos ni impusieran requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos a las empresas chinas que operaban en el país o en el extranjero.
  2. Que la aplicación de la legislación china se limitaba a al ámbito nacional y no podía utilizarse para regular las operaciones de las empresas chinas más allá de las fronteras nacionales. La JS28 instó a China a que protegiera las normas internacionales de derechos humanos en toda nueva ley referida la inversión en el exterior y la asistencia para el desarrollo en el extranjero, y a que modificara, según fuera necesario, los reglamentos complementarios existentes sobre la propiedad, la gobernanza empresarial o la conducta empresarial responsable. Con respecto a las operaciones de las empresas chinas en Myanmar, la Myanmar Alliance for Transparency and Accountability instó a China a que respetara los derechos humanos en los países donde mantenía actividades comerciales, por ejemplo actuando con la diligencia debida en la realización de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos, y que proporcionará acceso a recursos efectivos a quienes se vieran afectados negativamente por las actividades de sus empresas.
  3. Que las empresas mineras chinas, en particular las que participaban en los proyectos Mirador y San Carlos Panantza en el Ecuador, habían incurrido en prácticas irregulares de adquisición de tierras, como la compra irregular sin consulta previa, la reclamación arbitraria de derechos de explotación minera y la interposición de demandas civiles contra familias sin títulos de propiedad. Por medio de estas prácticas y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, estas empresas habían provocado el desalojo forzoso y el desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas.
  4. Que las vulneraciones cometidas por la empresa estatal China National Petroleum Company a través de su socio BGP Bolivia, que ponía de manifiesto su falta de adhesión a las normas internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y a los acuerdos emanados del proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado, lo que incluía el hostigamiento y la criminalización de los observadores sociales y medioambientales indígenas.

Cabe señalar que de los 15 casos que sustenta la sociedad civil, ocho se encuentran en Ecuador: Proyecto Mirador, Proyecto San Carlos, explotación petrolera en los bloques 79-83, Proyecto Minero Río Blanco, Bloque 62, 14 y 17; Proyecto propósito hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, Proyecto propósito múltiple Chone Fase I-Presa Río Grande y Desaguadero San Antonio, Proyecto propósito eléctrico Toachi Pilatón. En Perú, cuatro proyectos mineros: Proyecto Las Bambas-MMG, Shougang Hierro Perú, Proyecto Toromocho de la mina Chinalco y el Proyecto Río Blanco de la mina Zijin. En Argentina: Aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz. En Bolivia: Exploración petrolera en la Amazonía boliviana, y en Brasil: Hidroeléctrica de Sao Manoel.

El informe regional presentado por el CICDHA sostiene que se vienen vulnerando derechos de manera sistemática en cuanto al derecho a la consulta previa y participación de comunidades locales; desplazamiento y desalojos forzosos de comunidades enteras; criminalización de la protesta social de líderes y lideresas indígenas; irrespeto a la intangibilidad de territorios ancestrales; violaciones a los derechos sindicales, otros.

Además, sustenta que la combinación de las estrategias gubernamentales de flexibilización de los marcos normativos e institucionales en temas ambientales, fiscales, laborales,  en  los países de América Latina, aunada con las prácticas empresariales chinas, lo que viene afectando directamente la calidad de vida y la salud de las poblaciones,  y el impacto en el medio ambiente.

 

* El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil) y en Perú: CooperAcción, Red Muqui, Aprodeh, Coordinadora Nacional de DD.HH., Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú, Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/18-proyectos-chinos-vulneran-derechos-en-america-latina/

Argentina

El trasfondo del proyecto de modificación de la ley 7722

Autor: MDZ Diario de Mendoza / No a la Mina.org

El proyecto de modificación de la Ley Nro. 7722 destinada a regular y restringir la actividad minera, que fue presentado intempestivamente por el senador Alejandro Abraham tiene dos claves, fuera del cotillón: por un lado eliminar la posibilidad de sumar “otras sustancias” entre las prohibiciones del uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico; pero sobre todo, sacar el control legislativo de los proyectos mineros. El Gobierno de Mendoza está de acuerdo con parte de ese proyecto, aunque teman expresarlo abiertamente.

 

El proyecto presentado por el senador Alejandro Abraham para modificar la ley 7722, que regula y restringe la minería en Mendoza, apareció de manera intempestiva, pero no es una idea nueva: en todos los gobiernos hubo intenciones de hacerlo y en la gestión de Alfredo Cornejo también.

Ese proyecto tiene muchos argumentos y propuestas de relleno, pero dos ejes clave. El artículo 1 de la ley 7722 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Pero el cambio más importante es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.

La ley 5961, el decreto 820 establecen los mecanismos de protección ambiental que la minería debe tener en Mendoza, además del Código de Minería de la Nación. Por eso, cada proyecto debe tener una Declaración de Impacto Ambiental, cuya aprobación depende del Poder Ejecutivo. Pero la ley 7722 obliga a que la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos mineros tenga además aprobación legislativa. Esa cláusula de “control político” es la que en realidad ha funcionado como la más restrictiva para cualquier proyecto minero, antes que los dictámenes técnicos. En el ambiente político aceptan que la “permeabilidad a las presiones” de los legisladores ha sido el verdadero freno, más que la propia ley.

Abraham busca eliminar por completo ese artículo y en el oficialismo están de acuerdo. Al menos para que ese control legislativo se elimine para los proyectos de exploración y no en los de explotación. Entienden que con tanto rigor, se evitan las inversiones iniciales para ver si un yacimiento minero tiene potencial o no. Sin embargo en la industria minera entienden que es todo o nada: pocas empresas, aseguran, invertirán en exploración si luego el proyecto no puede prosperar para explotar.

El resto del proyecto que tratará el Senado tiene artículos de segundo orden, como la asignación específica de los recursos que se generen y un impuesto extra regalías para generar más recursos al Estado.

La ley 7722 tiene un blindaje que en el ambiente político obvian. La Suprema Corte de Mendoza ratificó su legitimidad en un fallo unánime. Pero en la sentencia hay una veta importante: el ministro Mario Adaro votó en disidencia en dos aspectos de la ley. Primero, para él las prohibiciones de las sustancias tóxicas mencionadas en el ley no pueden ser solo restrictivas para la minería. Pero además Adaro pidió que se declarara inconstitucional la ratificación legislativa de los proyectos mineros por considerar que viola el sistema republicano. Es decir, para él no hace falta la aprobación de la legislatura, como propone Abraham.

La ley fue sancionada en 2007, en un torbellino político. Por un lado, el gobierno promocionaba a Mendoza como destino minero, pero en la Legislatura se sancionó una ley para prohibir la minería. Esa norma fue vetada por Julio Cobos. En medio de un clima de tensión, el oficialismo y la oposición “negociaron” un nuevo proyecto. Así nació la ley que luego llevaría el número 7722.

El Gobierno trabajó desde que Cornejo asumió en un plan minero que, tras redactarlo, quedó cajoneado. Ese plan caracteriza a la minería según la magnitud de los proyectos, propone líneas de acción y, con muchos eufemismos, cuestiona los alcances de la ley 7722, aunque siempre ratifican que respetarán su cumplimiento. En ese documento, por ejemplo, dicen que Mendoza perdió 5 mil millones de pesos de inversión por esa ley.

En paralelo la provincia adhiere también al Pacto Federal Minero, aunque puertas adentro del Arco Desaguadero se disimule. La propuesta de modificación de la 7722 no es un hecho aislado y también va de la mano de la intención de homogeneizar la legislación a nivel nacional. El tema es tratado en el COFEMIN (Concejo Federal de Minería). Y ese plan incluye la modificación de la Ley de Glaciares. La intención es flexibilizar las restricciones en el ambiente periglaciar y también en el área de los glaciares de escombros, por ejemplo.

Mendoza sí tuvo proyectos mineros en ese trayecto. El más importante fue Potasio Río Colorado, que fracasó y donde la ley 7722 no tuvo nada que ver. Lo mismo con los proyectos que precedieron a la ley: desde el desastre ambiental de Sierra Pintada (mina de uranio), hasta los negociados con los cateos mineros que se acumularon, pero que nunca se transformaron en inversiones reales. El proyecto San Jorge, para extraer cobre de un yacimiento en Uspallata, fue el que más avanzó. El Gobierno aprobó la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), con más de 100 pedidos de aclaración. Pero la Legislatura “bochó” el proyecto. La Legislatura, con otra composición, también dejó de lado otros proyectos de exploración, como Cerro Amarillo (mina de cobre que tenía problemas porque estaba en una zona con glaciares) y también Hierro Indio, que no tenía en el plan exploratorio el uso de ninguna sustancia.

El nuevo debate por la modificación de la ley puede complicar otro plan que estaba en marcha, impulsado por el Gobierno. Se trata del saneamiento ambiental de los pasivos de Sierra Pintada, la planta industrial de procesamiento de uranio que quedó abandonada y que tiene material contaminante producido allí y también en la planta Dioxitek de Córdoba. El método elegido para sanear esos pasivos (el único posible) obliga a realizar el mismo proceso que para producir el uranio, que implica el uso de sustancias prohibidas por la 7722. Como esa ley no habla del “saneamiento” entre los procesos donde está prohibido el uso de las sustancias, creen que no hay impedimentos.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/42053-el-trasfondo-del-proyecto-de-modificacion-de-la-ley-7722

Internacional

Minería geotérmica y de litio: profundizando en un tema candente

Autor: ThinkGeoEnergy / Carlos Jorquera ,Piensageotermia.com

La extracción de Litio de salmuera geotérmica, un tópico nuevo para la industria geotérmica que permitirá suministrar a la demanda del metal para la construcción de baterías y que además se presenta como una oportunidad para generar un flujo de ingresos adicionales.

Habiendo informado desde hace bastante tiempo sobre la extracción de litio de la salmuera geotérmica, queríamos explorar más sobre la tecnología y el enfoque detrás de ella. Desde la perspectiva de la energía geotérmica, la historia del litio ha sido bastante intrigante, simplemente debido al hecho de que podría proporcionar un flujo de ingresos adicional y completamente diferente al desarrollo geotérmico. Por lo tanto, la historia de MGX Minerals, una compañía canadiense diversificada de recursos con intereses en activos avanzados de materiales y energía en toda América del Norte, y su trabajo es interesante para el sector geotérmico, particularmente en el caso de que se vincule con actividades conjuntas de “minería” geotérmica y del litio.

Nos conectamos con Randall W. Keller como Vicepresidente de Desarrollo de Negocios para darnos algunos puntos de vista.

A nuestro entender, el negocio de extraer litio ha sido una actividad minera bastante tradicional. Su compañía ha estado trabajando en un enfoque para derivarlo de salmuera. ¿Nos puede dar un poco de antecedentes?

La nueva tecnología de MGX Minerals utiliza la nanofiltración para extraer litio de una compleja gama de salmueras que antes se consideraban no procesables debido a su complejidad o ubicación geográfica. Estos incluyen salmueras de superficie naturales y aguas residuales industriales, incluida el agua producida por las industrias de petróleo, gas y geotérmica. En el caso de aguas de procesos industriales, nuestra tecnología trata simultáneamente el agua para su descarga o reutilización.

El método convencional de extracción de litio de las salmueras, la evaporación solar, que se utiliza ampliamente en América Latina, requiere inversiones en grandes estanques de evaporación revestidos, de gran tamaño y con varias fases, que tardan meses en producir litio. Nuestro proceso recupera el litio en cuestión de horas, reduce el costo de capital y la huella ambiental de la recuperación de minerales.

¿En qué contexto geológico están conectados la energía geotérmica y el litio?

Todos los recursos geotérmicos son diferentes, y las salmueras minerales que se encuentran en un lugar determinado dependen de la composición geológica particular de la región. Cuando las plantas geotérmicas bombean agua caliente a la superficie, traen consigo salmueras ricas en minerales. En áreas donde coinciden altas concentraciones de litio y actividad geotérmica, los operadores geotérmicos terminan bombeando toneladas de litio a la superficie solo para inyectarlo nuevamente, una vez que se utiliza el agua para generar electricidad. La tecnología de MGX puede extraer litio de sus aguas residuales antes de que se vuelva a inyectar en el suelo, creando una nueva fuente de ingresos para el operador en el proceso.

¿Su empresa perforará pozos para obtener litio a partir de salmuera y cómo se relaciona esto con cualquier posible desarrollo de energía geotérmica?

En este momento estamos buscando aplicar nuestra tecnología de extracción rápida de litio a los campos geotérmicos. Hemos demostrado con éxito las capacidades de nuestra tecnología de filtración en nuestro laboratorio de Calgary, por lo que ahora estamos buscando los recursos para avanzar en la industria geotérmica. Estamos a la vanguardia de una oportunidad potencialmente enorme para la geotermia.

¿En qué se diferenciarán sus actividades de las de un desarrollador geotérmico, que también busca derivar fluidos geotérmicos para utilizar vapor para la producción de energía?

La tecnología de MGX extraería el litio del agua antes de que se inyecte nuevamente en el suelo, creando un flujo de ingresos completamente nuevo del litio recuperado. Al mismo tiempo, al tratar el agua, estaríamos ayudando a los desarrolladores a evitar el escalado en sus sistemas, lo que puede causar problemas graves si no se controla.

Agradecemos a MGX por proporcionarnos más detalles del proceso. Más detalles sobre la compañía se pueden encontrar en su sitio web en: www.mgxminerals.com

Fuente:http://www.piensageotermia.com/mineria-geotermica-y-de-litio-profundizando-en-un-tema-candente/

Mexico

AMLO MIENTE CON PROYECTOS DE CONSULTAS. EN REALIDAD SÓLO AVISA QUE EL MODELO EXTRACTIVO Y ECONÓMICO SEGUIRÁ IMPONIÉNDOSE POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Autor: Remamx.org

El pasado domingo 7 de octubre del 2018, en su gira de “agradecimiento” por Zacatecas, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cisterna, y con legisladores tanto locales como federales. Después de escuchar las principales necesidades del estado, Andrés Manuel se comprometió con apoyar a Zacatecas en el tema de la seguridad y algunas obras de infraestructura como la ampliación de la autopista a Aguascalientes y la construcción de la presa Milpillas.

Días previos a la visita, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacateas (OCMZac) y las y los ejidatarios de Atotonilco y El Potrero, pertenecientes al municipio de Jiménez del Teul, recibimos una serie de invitaciones por parte de Nacho Fraire para “platicar“ el proyecto. La decisión que tomaron las comunidades y que nosotros como OCMZac apoyamos, fue No acudir a la reunión para dejar en claro que los ejidos se encuentran en resistencia contra la construcción de la Presa Milpillas, porque ellos están buscando un diálogo para negociar el destino del agua del río Atenco. Cuando, el diálogo debería ser para que el gobierno escuche nuestros argumentos y suspenda la obra, porque NO es la agenda de futuro para los pueblos, quienes en el pleno uso de su libre autodeterminación ya han acordado su rechazo a este megaproyecto.

El plan, de acuerdo el Estudio de Factibilidad realizado por el Gobierno estatal hace más de 3 años tendrá un costo de 6 mil millones de pesos e impactará a ocho municipios: Jiménez del Teul, Sombrerete, Valparaíso, Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Morelos y Zacatecas, y será destinado al “Corredor Zacatecas-Guadalupe” lo que implica la entrega por completa de las aguas subterráneas a los grandes terratenientes y las empresas transnacionales extractivistas, empezando con Grupo Modelo, ahora propiedad de Anheuser Busch Inbev.

Como ya lo advertimos, no es sólo el ejido El Potrero el que debe de otorgar el permiso al Gobierno del Estado para el megaproyecto, están implicados 19 ejidos que no han sido considerados. Dos de Jiménez del Teul: Atotonilco y El Potrero, cuatro en Sombrerete: Estancia de Guadalupe, Corrales, Niño Artillero y Nuevo México, 11 ubicados en Fresnillo: La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia. Dos ejidos más están en la ruta del acueducto: Hacienda Nueva en Morelos y La pimienta en el municipio de Zacatecas.

Cinco razones sobre la oposición a la presa Milpillas:

  1. Se despojarán por inundación tierras ejidales, particularmente de los ejidos El Potrero y Atotonilico. El Estudio de Factibilidad elaborado por el Gobierno del Estado de Zacatecas y la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) señala que El área a inundar para generar el cuerpo de agua es de 259.8 has. Dice que no va a inundar localidades con poblaciones humanas, pero señala que existe “crecimiento urbano irregular, en la cercanía del embalse”, sugiriendo la posibilidad de inundarlo. Luego, el “Resolutivo” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT) señala que el embalse cubrirá un área aún más grande: 284.4 hectáreas.

 

  1. Habrá menos agua para consumo humano y también para la agricultura río abajo de la presa. El mismo Estudio reconoce que, aguas abajo de la presa habrá “menor disponibilidad de agua, destinada para el consumo humano y para el riego de terrazas fluviales a lo largo del cauce del río”. Advierte que esta situación puede producir molestias e inconformidades sociales de las poblaciones humanas de localidades ubicadas aguas abajo del embalse. Sin embargo, no incluye un análisis de estos impactos. De hecho, el Estudio de Factibilidad ni siquiera incluye un cálculo para estimar el caudal del río en diferentes temporadas del año.

 

  1. No permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos en la región centro del estado de Zacatecas. El Estudio de Factibilidad justifica tanto la presa Milpillas, como al acueducto, afirmando repetitivamente que, permitirán la recuperación de los acuíferos. Sin embargo, en ningún lugar se presentan los datos y cálculos correspondientes para respaldar esta afirmación. Lo que ya supone una mentirá más del sistema en el poder.
En la región centro de Zacatecas, hay cinco acuíferos: Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos. Todos están sobreexplotados, con un déficit total de 261.3 millones de metros cúbicos anuales (Mm3/año). Esto es más de seis veces lo que será abastecida desde la presa.Según la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), el acueducto tendrá la capacidad de transportar 42.0 Mm3/año de agua a la región centro. Si esto resulta en un alivio de la misma magnitud en la explotación de los acuíferos, estos todavía serán sobreexplotados por una tasa de 219.3 Mm3/año.

 

  1. Aumentará el costo del agua para las familias que viven en el corredor Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe. Como señala el Estudio, uno de los “beneficios” esperados del proyecto “será la recaudación fiscal por el consumo de agua”. Por eso se ha contratado a una empresa llamada Agua y Soluciones para detectar tomas clandestinas y medidores disfuncionales en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe. La empresa privada que construye el acueducto tendrá el derecho de operarlo durante un periodo de 25 años y de cobrar lo suficiente para recuperar su inversión y realizar ganancias extraordinarias.

 

  1. Hay alternativas. Actualmente el manejo del agua en Zacatecas se caracteriza por ineficiencias, pérdidas, falta de medidores y contabilidad, desigualdad, la no aplicación de las leyes que corresponden a la temática, la corrupción institucionalizada y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. No obstante, existen alternativas para, en lugar de gastar 6 mil millones de pesos en una presa que sólo sirve para lucrar con el agua de consumo humano, además de proteger los intereses de las grandes empresas que actualmente sobreexplotan y contaminan los acuíferos, se podría reducir la demanda del agua al hacer el consumo mucho más eficiente (por ejemplo, con tecnologías y cultivos ahorradores de agua), la redistribución del agua subterránea de acuerdo con el art. 14 de la Ley de Aguas Nacionales (que prioriza el consumo público urbano) y diversificar las fuentes, por ejemplo, con la captación da aguas pluviales y el uso de agua reciclada en la industria y agricultura.

 

El relato que compartíamos sobre este contexto, plantea la posibilidad para que cada enlace estatal, logre un mejor posicionamiento a partir de implementar la estrategia preventiva desde los ejidos y comunidades agrarias, así como también desde el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

El NO al proyecto de la Presa Milpillas, reafirma la lucha por la defensa del territorio, la vida y el respeto a la ley y la libre determinación que como pueblos ejercemos, por lo tanto, nos queda claro que, mientras para el gobierno la lógica sea el progreso y desarrollo para beneficio de unos cuántos, para nosotros ese tipo de proyectos continúan generando más incertidumbre e inestabilidad en las comunidades, su historia, la cultura e identidad.

Por lo tanto, ante las declaraciones del presidente electo (AMLO) exigimos la revocación de la autorización otorgada por la SEMARNAT por actos de corrupción, por haber aceptado documentos falsos como el Acta de Asamblea del Ejido El Potrero, del 29 de abril de 2018 y reiteramos la solidaridad con el municipio de Jiménez del Teul, las comunidades de El Potrero y Atotonilco, así como todo nuestro apoyo a las y los compañeros que hacen frente al proyecto de la presa Zapotillo, en Jalisco. Sin olvidar aquellas luchas que, enarbolando la dignidad y la construcción de un mundo libre, buscan evitar la implementación de estos megaproyectos de muerte, cuya fuerza motriz es la acumulación de capital a través de la mercantilización y privatización del agua.

#noalapresamilpillas #yoprefieroellago #noalapresaelzapotillo

 

A T E N T A M E N T E

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas

Red Mexicana de Afectados/as por la Minería

Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/35315/

Brasil

Más de 5.600 procesos mineros están en áreas protegidas de Brasil, alerta ONG

Autor: Contacto Hoy.com

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) alertó hoy que más de 5.600 solicitudes de explotación minera en Brasil abarcan tierras que pertenecen a reservas indígenas y a reservas ambientales protegidas de la Amazonía brasileña.

La advertencia, resultado de un estudio realizado por la división de WWF en Brasil y que fue lanzado hoy, señala que las actualmente se tramitan 5.675 procesos activos de explotación minera ubicados, total o parcialmente, en tierras indígenas y en Unidades de Conservación de Protección Integral de la región amazónica brasileña.

Los procesos identificados van desde requerimientos para la investigación hasta autorización de explotación mineral.

La región amazónica brasileña, conocida como Amazonía Legal, abarca ocho estados del norte del país y parte del de Maranhao, y tiene un 45 % de su área protegida.

Para que los recursos minerales de las Unidades de Conservación de Protección Integral puedan ser explotados es necesario el cumplimiento de los criterios del plan de manejo de cada Unidad.

En el caso de las tierras indígenas, la explotación mineral sólo puede ocurrir legalmente bajo consulta de la comunidad afectada y autorización del Congreso Nacional.

“La superposición de un volumen grande de procesos mineros en áreas protegidas da la dimensión de la presión por la reducción de tamaño o de nivel de protección que esas áreas enfrentan, además de la presión por la liberación de esa actividad, restringida hoy a la minería ilegal”, dice el estudio de esta organización no gubernamental dedicada a la conservación de la naturaleza.

El estudio también identificó que las solicitudes de explotación en áreas en que la minería es restringidas no fueron bloqueadas en su totalidad como prevé la ley.

De acuerdo con el levantamiento, el bloqueo alcanza el 24 % de las Unidades de Conservación de Protección Integral que pertenecen a la nación, el 46 % de las que pertenecen a cada uno de los estados que hacen parte de la Amazonía Legal y el 76 % de los títulos en las tierras indígenas.

Una de las áreas citadas en el estudio es el Parque Nacional Mapinguari, situado en un área de casi 18.000 kilómetros cuadrados en la frontera de los estados de Amazonas y Rondonia, y que está amenazado por deforestación debido a la actividad minera artesanal que allí se realiza.

Según el estudio, a pesar de ser una zona de conservación, se concedieron autorizaciones para la explotación minera de oro y casiterita (óxido de estaño) a tres empresas: Minería Xacriabá Ltda, Minería de la Amazonía Comercio e Industria S.A. y la cooperativa de garimpeiros (mineros artesanales) Minería y Agroforestal.

La WWF-Brasil señaló que el gestor del parque informó que los títulos caducaron, pero reveló que por el simple hecho de haber existido, hay presión para realizar explotación minera en esa zona de conservación.

Un estudio reciente del estatal Instituto Chico Mendes de Conservación, citado por la WWF-Brasil en el levantamiento, señala que la minería artesanal “se ha convertido en uno de los principales vectores de deforestación en las Unidades de Conservación, incluso en el Parque Nacional Mapinguari”.

El levantamiento también señala falta de transparencia en los datos relacionados con las autorizaciones para la extracción mineral y de fiscalización de las actividades emprendidas en las áreas protegidas, además de una pobre articulación entre las bases de datos de los órganos responsables del monitoreo. EFE

Fuente:https://contactohoy.com.mx/mas-de-5-600-procesos-mineros-estan-en-areas-protegidas-de-brasil-alerta-ong/

Chile

Comunidad de Paihuano rechaza instalación de minera en su cordillera

Autor: Diario El Día.cl
Se trataría de un proyecto de la empresa japonesa, Pan Pacific Cooper Corporation, que en el mes de julio envío a la comunidad de Estero Derecho una solicitud para poder ingresar a su propiedad, donde, además, se ubica un Santuario de la Naturaleza. . En alerta se encuentra la comunidad de Paihuano ante la posible instalación de un proyecto minero específicamente en las localidades de Alcohuaz-Cochiguaz, en plena cordillera del sector. Se trataría de un proyecto de la empresa minera japonesa, Pan Pacific Cooper Corporation, que en el mes de julio envío a la comunidad de la Estancia Estero Derecho, una solicitud para poder ingresar a la propiedad de la comunidad, territorio que tiene una extensión de 52mil hectáreas, de las cuales 32mil corresponden a área protegida, parte del Santuario de la naturaleza Estero Derecho.

Esta solicitud enviada el mes de julio, tenía como propósito cruzar la comunidad, por el camino existente para instalar dos monolitos, para así constituir en terreno la propiedad de la minera e iniciar el proceso de exploración, instancias que en sus primeras etapas solo consiste en el estudio del suelo, para terminar con intervenciones de maquinarias pesadas y alto fluido de camiones y trasporte, todo esto en deslindes del Santuario de la naturaleza. Cabe señalar que, la ley minera en Chile, indica que privados no pueden oponerse a entregar acceso a entidades minera, cuando estas lo solicitan. “Es un lugar donde justo comienza el río Cochiguaz en la parte más alta de nuestra cordillera. Desde el año 2010 gran parte de ese sector es Santuario de la Naturaleza gracias a las gestiones de los comuneros. La carta enviada a los comuneros por la empresa es solicitando la autorización para poder pasar por los caminos de la comunidad e instalar los monolitos, para así constituir el terreno y comenzar las diferentes etapas necesarias para la instalación del proyecto” señaló el alcalde Hernán Ahumada. «En sesión de concejo, acordaron de forma unánime el rechazo categórico de la presencia de la industria minera en Paihuano». Hernán Ahumada, alcalde de Paihuano.
El edil sostiene que como concejo municipal rechazaron de forma unánime la presencia de una minera en la comuna. “Paihuano es una de las comunas con mayor atractivo turístico del país , somos reconocidos a nivel nacional e internacional, fuimos declarados Zona de Interés Turístico (ZOIT) y contamos con un Santuario de la Naturaleza por lo que se deben proteger esos atractivos”. Ahumada sostuvo que al iniciarse en ese sector el Río Claro y Cochiguaz es una de los mayores abastecimientos de agua que existen en la provincia de Elqui. Posee reservas de agua dulce en forma de glaciales rocosos subterráneos, extensión de rio, que abastece a la comuna de Paihuano, vicuña y La Serena, a través del Río Claro, donde su calidad de agua aporta directamente al Rio Elqui. “Es justo donde quiere ingresar esta minera, por lo tanto que se instale en ese lugar sería perjudicial. En el río Claro se contó con agua incluso cuando estuvo los años más duro de sequía y esto es porque cuenta con glaciales rocosos subterráneos, tenemos bajo tierra esas reservas de agua. Por eso con trabajos subterráneos y perforaciones como las mineras a gran escala van a verse perjudicado. Por eso las organizaciones vivas de la comuna estamos en desacuerdo con que se instalen” señaló la autoridad comunal. Respecto a los beneficios que podrían traer estos proyectos mineros en la comuna, Ahumada afirmó que sería “pan para hoy, pero hambre para mañana”.

“La empresa no ha tenido ningún contacto con nosotros como autoridades, pero ellos están haciendo todo legal hasta ahora, pero nosotros protegeremos nuestra tierra”. La minera japonesa Pan Pacific Copper desarrolla en Chile el proyecto Caserones, adquirió el 40% de Los Helados y Filo del Sol, dos minas ubicadas en la frontera entre Chile y Argentina. 363 son los integrantes de la comunidad Estancia Estero Derecho en Paihuano.
COMUNIDAD EN ALERTA
Desde la comunidad de Estancia El Estero Derecho, el presidente de la comunidad, José Salazar Flores, indicó que recibieron esta solicitud para transitar en el área protegida de la comunidad. “En esta área tenemos una gran biodiversidad y glaciales de roca subterráneo que dan origen al Estero Derecho. Recuerdo a su relato el proceso de exploración comenzaría primero instalando dos monolitos en su propiedad minera, que queda un 10% dentro del Santuario, y unos 90 % en la cuenca del río Cochiguaz.
Como saben la propiedad minera tiene privilegio sobre la superficial por lo que estarían facultados legalmente, sin embargo es un área protegida y que compromete a 363 comuneros. El hecho de ser Santuario estamos regidos por el Consejo de Monumentos Nacionales y bajo la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente. Por eso nuestra sugerencia fue que se dirigieran a ellos”. Salazar señaló que el acuerdo de los comuneros es proteger el área porque este acceso que se solicita puede ser orientado por otro sector como puede ser por otros yacimientos que están en el sector. El dirigente manifestó que en este caso no se dividirá a la comunidad como ha pasado en la llegada de otros proyectos que ofrecen plazas de trabajo u otros beneficios.
“La asamblea en forma unánime ha planteado y mandatado a la directiva para hacer todo lo posible, aún en el marco legal actual, oponerse a la compañía minera. La actividad turística en el valle está en desarrollo y no ha tocado techo. Además al transitar vehículos por la zona protegida altera la vida normal de la flora y fauna ”.
El representante de la comunidad sostiene que afortunadamente la empresa ha cumplido con acercarse a ellos a conversar y que ellos han mapeado los distintos escenarios legales. “Estamos además dialogando con las autoridades comunales y tenemos convergencia para mantener el valle prístino tal como está para su gente”.
1201 SANTUARIO DE LA NATURALEZA
A 1.901 metros sobre el nivel del mar y en pleno Valle del Elqui, se encuentra el Estero Derecho, declarado oficialmente Santuario de La Naturaleza, convirtiéndose en el primero de la Región de Coquimbo. Esta reserva presenta 179 tipos de plantas nativas, de las cuales 10 son vulnerables y 27 especies de fauna silvestre, entre estas, 20 tipos de aves entre las que destacan el águila y el cóndor y un anfibio (sapito de cuatro ojos, en peligro de extinción). Entre los mamíferos destaca la presencia de vizcachas, guanacos y zorros de culpeo.

Fuente: Diario el Día – http://www.diarioeldia.cl/region/comunidad-paihuano-rechaza-instalacion-minera-en-su-cordillera