Honduras

DENUNCIA URGENTE: Cese la brutal campaña de represión contra defensores ambientales en la región del Bajo Aguan, Honduras.

Autor: Acafremin.org

La Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, denuncia la brutal campaña de represión desatada por la policía militar hondureña en coordinación con equipos de seguridad privada de la empresa Inversiones los Pinares contra lideresas y líderes comunitarios y defensores ambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colon.

Desde los primeros días del mes de agosto ciudadanos de Tocoa establecieron el «Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida» en protesta por permisos de explotación de óxido de hierro extendidos en el año 2014 a la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, de manera irregular.

La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA). Un reporte de SERNA en el 2012, encontró que el proyecto minero Buena Vista I, de la propiedad de Pérez, causo deforestación desmedida, contaminación de suministros de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a residuos mineros que no fueron debidamente desechados.

Líderes de organizaciones sociales atribuyen a la empresa el establecer sus operaciones sin consulta previa a las comunidades del municipio de Tocoa y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por ley, para determinar si las comunidades afectadas están de acuerdo con dicho proyecto.  La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; fuentes hídricas que alimentan de agua potable la región del Bajo Aguan y los departamentos Colon, Olancho y Atlántida.

El día 27 de octubre, a tempranas horas de la mañana, pobladores reportaron el desplazamiento de más de mil efectivos militares y patrullas policiales del gobierno hondureño acompañados con armas y tanquetas.  Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol.  Según testimonios, cientos de bombas lacrimógenas y el uso desmedido de la fuerza fueron utilizadas en esta acción contra la población civil que resulto en decenas de heridos, intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla de 32 años, residente de la comunidad de Ceibita.

Esta acción militar se le suma a la campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios de comunicación y empresarios contra defensoras y defensores ambientales y la campaña de represión liderada por miembros de la seguridad privada de la empresa, que desde inicios de la resistencia pacífica, ha sido responsables de amenazas, acciones de intimidación y ataques con armas de fuego contra miembros de la resistencia. El 15 de agosto de 2018, un defensor ambiental resulto herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa. Hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen.

Un día después del desmantelamiento del campamento, organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento de la represión y represalias por parte de la seguridad de la empresa. La lideresa Irma Serrano fue secuestrada por mas de veinte horas, junto a sus dos hijas, después que su casa fuera incendiada por individuos encapuchados.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería expresamos nuestra profunda solidaridad a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, ademas:

-Demandamos el cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales de Tocoa.

-Hacemos responsables al empresario Lenir Pérez, al presidente Juan Orlando Hernández y al alcalde de Tocoa Adán Funes Martínez, por la seguridad física y daños materiales contra lideres y lideresas de Tocoa y denunciamos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra dicha población.

-Nos unimos a las organizaciones sociales y comunidades de Tocoa y de la región del Bajo Aguan en demandar que se cancelen los 6 proyectos de explotación y  69 concesiones de exploración vigentes en el departamento de Colon.

-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, a monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socio ambiental.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras

Perú

Cambio climático: La problemática de la gestión de recursos hídricos

Autor: Servindi.org

Doménica Villena, especialista ambiental en cambio climático y bosques de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), y Pavel Aquino, especialista ambiental en minería y recursos hídricos, hablaron sobre la importancia histórica de la gestión del agua.

En diálogo con el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), los especialistas abordaron cuál es la tendencia, los paradigmas que van surgiendo y hacia donde estos se dirigen en materia de gestión hídrica.

Según señaló Aquino, la historia hídrica tiene momentos determinantes —como los actuales— que lograron mejoras, aunque esto demandó gran trabajo por parte de la población. Luego, hizo referencia a la legislación hídrica en época de la colonia para consecuentemente darse la Ley de Aguas.

Por otro lado, resaltó que existía propiedad privada del agua y propiedad privada del suelo en los años de los grandes latifundios. Este tipo de gestión predominó hasta 1969, año en que ocurre cambios sustanciales con la Reforma Agraria.

Por su parte, Villena comentó sobre la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que bajo su perspectiva debería pasar a la rectoría del Ministerio del Ambiente (MINAM). Además, abordó un tema de actualidad relacionado a la reglamentación de la Ley Marco del Cambio Climático.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-entrevistas/20/10/2018/la-problematica-de-la-gestion-de-recursos-hidricos-y-la-adaptacion?fbclid=IwAR3eh9HiYh8RyJjTBc_yd57ivXGZhheDKyuBjfoxrKt7t6XiAqEDzuOaXz8

Perú

Informe Alternativo OIT: La criminalización de la protesta afecta a los pueblos indígenas

Autor: Red Muqui.org

Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

·        Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

·        Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

·        Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

·        Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social.

Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

·        Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

·        Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

·        Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

·        Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

·        Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.

El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/806-informe-alternativo-oit-la-criminalizacion-de-la-protesta-afecta-a-los-pueblos-indigenas

Chile

COMUNIDADES ORGANIZADAS EXIGEN: Patagonia sin + Mineras

Autor: Michael Lieberherr Pacheco

La minería en Chile parece entenderse en dos visiones, por una parte está el cuento del progreso, que dice que sin minería Chile no funciona, no hay dinero y la crisis se expande como epidemia. Por otro lado está la historia de las comunidades, el daño socio ambiental y a la salud de las personas, que están obligadas a compartir su territorio con mega proyectos industriales.

En el extremo sur de Chile el panorama no es diferente, la llegada de dos grupos internacionales amenaza a la tranquilidad de la región. Las mismas comunidades que en 2011 se levantaron para decir Patagonia Sin Represas hoy vuelven a ponerse de pie exigiendo Patagonia sin + Mineras.

Algunos sectores de las comunidades trabajan de forma organizada, a través de la red Anitmineria de la Patagonia, cuya labor se enfoca en detener los dos proyectos más controversiales:

La minera Canadiense Gold Corp y  la Australiana Equus Mining, esta última a través de la sociedad Southern Gold, habría obtenido derechos para desarrollar su proyecto “Los Domos”, el cual desafectaría cerca de 2 mil hectáreas a la reserva nacional Jeinimeni, que se encuentra dentro del futuro Parque Patagonia y también afectaría al desarrollo de una de las actividades productivas más importantes del sector, la ganadería. Además perjudicaría hitos de alto interés turístico, cercanos a Chile Chico.

Esta paradoja discursiva del Estado chileno, que por un lado ostenta la red de parques nacionales más grandes del mundo y por otro sigue sumando zonas de sacrificio de norte a sur, es comentada por el ex vocero de Patagonia Sin Represas, Bernardo Reyes.

“No solamente resulta paradójico, resulta preocupante que los ejes de la corrupción penetren tan profundamente en la política en Chile, de tal modo que no se pueda percibir el futuro de los territorios sin la industria del pasado, la industria del siglo XVIII, XIX y XX , de cara al siglo XXI. La minería al lado de la red de parque más grande del mundo es una tremenda contradicción, sino es un retorno al pasado. Ese que ha dejado vacíos ambientales en todo el territorio”, indicó.

 

La Red Antiminería está trabajando para detener el avance de la las mineras en su sector. Desde esta organización la vocera Pamela Díaz explica cómo el desarrollo del proyecto Domos, perteneciente a la empresa Australiana Equus Mining, afectaría a distintas áreas insignes para la región.

“Allí hay terrenos fiscales y dos mil hectáreas que se desafectarían del parque. En esta red de parques, este espacio es lo único que no quedó bajo su tutela, entonces eso nos hace sentir que hay una prioridad para la minería más que para el ganado, y también se ve perjudicado el tema del turismo. Ahí tenemos reservas que están muy cerca, tenemos un patrimonio, en la área específica en donde se quiere instalar el proyecto Domos, está muy cerca de áreas arqueológicas”, señaló.

 

La minería en la Patagonia ha existido desde hace décadas y esto ha generado impactos ambientales y sociales evidentes, la contaminación del lago General Carrera por el relave de mina Silva de Puerto Cristal o la desaparición y posterior muerte de dos trabajadores en Cerro Bayo en 2017, son claros ejemplos de esto. El desarrollo minero en la Patagonia tiene directa relación con los beneficios que obtienen los países que reciben nuestras materias primas, este proceso es cuestionado por el presidente de la ONG Ética de los Bosques, Bernardo Reyes.

“Esta idea de que la globalización es el mejor futuro para Chile, hay que volver a repensar esto porque lo que estamos mirando es cómo nosotros somos parte de un gran orden económico internacional en el cual, en el mejor de los casos podemos seguir produciendo más celulosa, más salmones y más concentrados de minerales, llenando al país de zonas de sacrificio”, sentenció.

 

Actualmente el mensaje de las comunidades es claro “Patagonia sin + Mineras”. No se está exigiendo terminar de un día para otro con este sector productivo, solo se pide que no sigan avanzando hacia otros territorios. Sin duda el principal problema de esta actividad es que no puede ser sustentable, ya que los recursos que extraen no se renuevan. El daño de las mineras afecta directamente a uno de los ejes económicos de la región, el turismo, así también lo entiende vocera de la Red Antimineria de la patagonia, Pamela Díaz.

“Nosotros estamos completamente seguros que el camino al desarrollo pasa por el turismo, que tiene muchos matices, acá hay muchas cosas que se pueden hacer, eso si hay un turismo estacional, pero apostamos por el turismo, que es una actividad que tiene una connotación de sustentabilidad, que podemos trabajar”, comentó.

 

La minería llena los bolsillos de algunos y destruye los territorios de todos. La promesa eterna de mejorar la calidad de vida gracias al dinero que genera las mineras, es repetido como mantra por los gerentes de estas empresas, pero ¿Cómo puede mejorar la vida de las personas una actividad que destruye los ecosistemas y los espacios en los que se desarrolla la vida?

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-organizadas-exigen-patagonia-sin-mineras/?fbclid=IwAR3q3glk_0GJ-ffLmhhT8DiJdde897pR_zVuPiW3vB7MSo7jTp2Ga6wnKmE

Mexico

Denuncian invasión de tierras ejidales para construcción de presa en Zacatecas

Autor: Redacción Proceso.com

El Gobierno del estado de Zacatecas intenta imponer la construcción de la Presa Milpillas en terrenos del ejido de Atotonilco, en el municipio de Jiménez del Teúl, sin contar con la autorización de la asamblea agraria, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

En un comunicado, la organización informó que pobladores del ejido impidieron el acceso de trabajadores con maquinaria pesada que intentaban comenzar con la construcción de la presa el pasado 20 de octubre.

“La población (…) decidió no permitir que personas ajenas a su territorio de propiedad comunal intenten destruir su patrimonio”, afirma Rema.

Recordó que los ejidatarios de Atotonilco han realizado dos asambleas agrarias en las que rechazaron otorgar 44 hectáreas de su territorio comunal para la construcción de la cortina de la presa, que tendría una dimensión de 88 metros de altura y seis de ancho.

La Red informó que, pese a la negativa de los ejidatarios, el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Zacatecas “ha sido capaz no sólo de mentirle a la ciudadanía, sino a los diputados” del Congreso del Estado, al asegurar que ya disponen de todos los permisos necesarios para la construcción, incluyendo los del ejido de Atotonilco.

En su comunicado, Rema también informó que, en el ejido vecino de El Potrero, funcionarios municipales, estatales y federales apoyados por unos 100 policías vulneraron y violaron el procedimiento de la asamblea hasta imponer el proyecto de la Presa Milpillas.

De acuerdo con el sitio en internet del Gobierno de Zacatecas, el Sistema Milpilla es el proyecto hídrico más importante de la gestión del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

“Dicha obra beneficiará a más de 515 mil habitantes del corredor integrado por los municipios Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, que corresponde a un 35 por ciento de la población total del estado”, asegura un comunicado emitido el 13 de agosto.

El mismo documento asegura que ya existe un título de concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Gobierno de Zacatecas para un volumen de 42 millones de litros cúbicos, para aprovechamiento del agua almacenada con fines de uso público-urbano, por lo que se rechaza la versión de que el líquido sería vendida para uso industrial.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/557399/denuncian-invasion-de-tierras-ejidales-para-construccion-de-presa-en-zacatecas?fbclid=IwAR0DCN-tYkdkSoSx-mu-Xpld29yC4-pagzjl57XXYevtAeUiG4Mz8CgsFmQ

Chile

Aprueban plan para sacar relaves de playa Grande de Chañaral

Autor: El Mercurio / Revistatecnicomineros.com

La bahía de Chañaral es uno de los problemas de contaminación marina más serios en el mundo, consignó hace unos años el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Ahora, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Playa Verde, que busca extraer cobre de los relaves de la Playa Grande de Chañaral.

La iniciativa tiene una inversión de US$ 95 millones y limpiará un sector donde hay 35 millones de toneladas de arenas mineralizadas y se pueden obtener 8.640 toneladas anuales de cobre en siete años. La extracción de cobre comenzará en el segundo semestre de 2019.(ElMercurio)

Fuente:http://www.revistatecnicosmineros.com/2018/10/aprueban-plan-para-sacar-relaves-de-playa-grande-de-chanaral/

Chile

Sancionan a minera Kinross por daño ambiental en Atacama

Autor: El Desconcierto / Relaves.org

Minera fue sancionada luego que se indicara a la minera Kinross secó 70 hectáreas de un humedal de la tercera región.

La Corte Suprema desestimó los recursos presentados por la minera y confirmó la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente para recuperar el agua de los humedales del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación de parte de la empresa y confirmó la sanción de la Superintendencia de Medio ambiente (SMA) en contra de la empresa canadiense Kinross por no cumplir con prever y hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos a 70 hectáreas de humedales provocando su desecamiento en la Región de Atacama.

El daño ambiental realizado por la minera ocurrió en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además corresponde a un sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales conocida como Ramsar, que tiene por objetivo la conservación y el uso racional de estos sitios naturales.

La decisión de la corte hace efectiva la sanción de la SMA de clausurar parcialmente la extracción de agua de los pozos del proyecto minero “El Refugio”, desarrollado por la minera Maricunga, filial de Kinkross. Desde ahora en adelante, la empresa tendrá una cuota mensual de extracción que considere la recirculación en las pilas de lixiviación, que permiten la humedad, y el agua fresca para los trabajadores, que deben permanecer en la faena de forma preventiva.

El argumento de la empresa minera fue que se habían cometido errores técnicos e ilegalidades en la resolución que implicaron el cese de funciones del proyecto minero. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó lo argumentado por Kinross.

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=26

Perú

Aprueban Tercera Modificatoria del EIA de Las Bambas

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

A inicios de octubre, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) aprobó la Tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Las Bambas, la misma que permitirá a la empresa ampliar ampliar el tajo Ferrobamba y diversos componentes del proyecto minero, tales como los almacenes de concentrados y el depósito de desmonte.

Según se informó, la empresa habría subsanado las 167 observaciones emitidas por el Senace (134), la Autoridad Nacional del Agua (14) y el Ministerio de Agricultura (19). Cabe indicar que, a la luz de los impactos del transporte de carga pesada por la carretera que conecta Las Bambas con la estaciones de Pillones, SENACE pidió a la empresa incluir en el estudio de este tercer MEIA una “Evaluación de Impactos de la ruta de transporte”.

Como se recuerda, el polvo constante, las vibraciones y el ruido ocasionado por el paso de 250 camiones diarios, son algunos de los impactos más mencionados por la población local, a tal punto que la carretera ha sido motivo de los mayores conflictos sociales hasta el momento en este proyecto.

Adicionalmente a ello, CooperAcción y el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas presentaron en abril un conjunto de observaciones que abarcaban aspectos como la ausencia de una línea de base actualizada, la ausencia de estudios a nivel de factibilidad, así como vacíos en el tema de agua. Estas observaciones técnicas fueron entregadas para su consideración por el SENACE.

Cabe recordar que este proyecto ha sido modificado en varias oportunidades, mediante tres MEIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios, lo que ha ido generando impactos que no estuvieron previstos inicialmente para la población local. Debido a esta situación es que desde CooperAcción hemos insistido en la necesidad de una Actualización de EIA que permita integrar en un único instrumento de gestión ambiental este conjunto de modificaciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/aprueban-tercera-modificatoria-del-eia-de-las-bambas-boletin-amp-232-octubre-2018/

Internacional

El Partido Popular alienta el expolio del territorio atacando la Ley de urbanismo

Autor: Ecologistas en Acción.org

La propuesta de autorizar las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española.

Ecologistas en Acción denuncia que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la “burbuja minera”, que junto a la explotación porcina industrial esta relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

Fiel a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales del subsuelo regional. La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular en las Cortes es como él reconoce desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León.

Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid o los consorcios internacionales que operan detrás de la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no. En otros casos como las minas de feldespato de la provincia de Ávila o las innumerables canteras de caliza y pizarra de León, los beneficiarios serían empresas locales vinculadas, en muchos casos, a dirigentes provinciales del Partido Popular.

Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la franquista Ley de Minas, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son un obstáculo que hay que remover. Hay que destacar que la minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos), que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando en cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social.

La Junta de Castilla y León ya fijó su posición extremadamente favorable a la actividad extractiva en su Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León (2017-2020), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de agosto de 2017. En relación con el objetivo entonces expresado de “reconfigurar el modelo administrativo de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero”, se explica la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León ahora pretendida por el Grupo Parlamentario Popular.

Ecologistas en Acción señala que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. La organización ambiental estima que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

Por otro lado, la Ley de Urbanismo de Castilla y León ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad, de manera que la modificación pretendida carece de sentido ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección.

En opinión de la asociación ambiental, el Partido Popular agita el espantajo del “ecologismo radical” para esconder de manera desvergonzada la oportunidad de nuevos negocios que ve en un posible “boom” de la minería a cielo abierto, ahora que está de capa caída la especulación inmobiliaria, nicho tradicional de las comisiones ilegales. Por ello, Ecologistas en Acción combatirá junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León.

Los problemas que ocasiona la minería son analizados en la propuesta de modificación de la Ley estatal de Minas que Ecologistas en Acción ha hecho pública tras presentarla formalmente al actual gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En esencia, se propone una norma que: a) valore el dominio público como un bien común que no debe quedar al servicio del beneficio privado de especuladores o multinacionales; b) proteja la diversidad y los recursos geológicos como un valor no renovable; c) impida que su extracción pueda producir impactos territoriales, urbanísticos y ambientales; d) tribute en caso de ser autorizado con más razón que otros usos de dominio público renovables; y e) se planifique por las administraciones competentes.

Fuente:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=108502

Honduras

Desalojo de comunidades en Tocoa

Autor: Acafremin.org

La coordinadora de organizaciones populares del aguan(COPA).
Tocoa Colón Honduras Centro América

Desalojo en marcha después de campaña de criminalización, difamación y desprestigio

En marcha un plan para Violentar los derechos Fundamentales de las comunidades, ciudadanos y ciudadanas desde el Estado de Honduras contra quienes estamos en campamento en defensa del derecho fundamental al agua.
Las comunidades en el campamento Guapinol en defensa del agua y la vida han estado de manera pacífica en defensa de los ríos Guapinol y río San Pedro y así como las fuentes de agua para consumo humano, pero está en marcha un plan para desalojar y violar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tocoa Colón sin dar una respuesta a la demanda legítima que desde el 1 de Agosto nos encontramos en Campamento sin ser atendidos de manera responsable ante la problemática.

Las familias han estado recibiendo agua totalmente sucia producto de los daños de la empresa minera Inversiones los Pinares y que ahora se está sub sanando esa situación grave a 59 días de campamento pacífico en defensa del agua y la vida pero se ve amenazada nuevamente cuando las instancias estatales garantes de la protección de la ciudadanía se han puesto del lado de la Empresa minera Inversiones los Pinares y dejando indefensos a las comunidades para que se cometan crímenes ambientales y de personas defensoras de los derechos humanos y Ambientales.

Denunciamos que las instituciones del Estado se prestan para confabularse con las empresas mineras aunque estas estén destruyendo ambientalmente los municipios poniendo en riesgo el bienestar y los derechos de las comunidades, aunque se demuestre que han cometido delitos ambientales, aunque se demuestre que hubo actos de Manipulación y supuestos actos de corrupción en los procesos para otorgar las concesiones, aunque se demuestre que esas concesiones fueron solicitadas en 2008 y que posteriormente fueron investigadas e incautadas supuestamente continúan con otros dueños sin tomar en cuenta las comunidades.

Hacemos un llamado internacional para estar pendiente con lo que puedan hacer ya que se ha dado una campaña de criminalización, desprestigio y difamación contra organizaciones, líderes y liderezas en la defensa de los derechos humanos y BIENES comunes y que van con el objetivo de capturar personas que luchan pacíficamente por sus derechos y las comunidades, dejando en impunidad todo acto cometido por la Empresa minera Inversiones los Pinares y el grupo armado de choque contratado para confrontar y asesinar líderes y liderezas de las comunidades.

Exigimos detener dicho desalojo ilegitimo y plan en marcha para capturar personas, criminalizar y quitar el campamento Guapinol, que está en legítimo derecho a la defensa de los ríos, cuencas y microcuencas, así como la flora y la fauna en el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos por el equilibrio y

Tocoa Colón es altamente vulnerables y pondríamos en riesgo los más de 90,000 habitantes , cultivos y viviendas que pueden ser destruidos ante desastres de fenómenos naturales.

Exigimos la cancelación de las concesiones y licencias ambientales ya que ponen en riesgo el derecho fundamental al agua y la vida, se han cometido delitos ambientales y están en zona núcleo del parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía antes Montaña de Botaderos, donde no se permite la explotación de minería y ninguna actividad económica ya que es el patrimonio nacional y pulmón de la región y del país garantizando las fuentes de agua para consumo humano de la región y protección de todos y todas.

El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y hemos observado que se han inclinado con la Empresa minera Inversiones los Pinares y pretende violentar las comunidades negándose a dar respuesta a las peticiones de las comunidades y sectores del municipio de Tocoa Colón en primera instancia el Alcalde Adán Funes Martínez de LIBRE en realizar un Cabildo abierto municipal con la convocatoria de participación de todos ciudadanos y ciudadanas, las autoridades de Mi Ambiente, INHGEOMIN han negado la información y documentación íntegra de los expedientes.

COPA somos co peticionarios de Medidas Cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH y en el Campamento se encuentran beneficiarios de las MC 5014 líderes y liderezas, defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra organización, de organizaciones campesinas y exigimos su protección y garantías tanto de los beneficiarios y de las comunidades,las fuentes de agua y el Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos se respete el campamento y las personas beneficiadas que allí se encuentran por estar en su legítimo derecho. Un desalojo solo pone en riesgo la vida de los beneficiarios por lo tanto responsabilizamos al mecanismo de protección y al gobierno de Juan Orlando Hernández ante la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH por lo que puedan hacer en ése momento ó posterior los empleados de la Empresa minera Inversiones los Pinares y activistas del Alcalde Adán Funes Martínez que son quienes han criminalizado y se han armado contra quienes defendemos nuestros derechos legítimos contenidos en las leyes nacionales e internacionales así como en el hecho mismo de la existencia de nuestra vida y la comunidad por miles de años en esos territorios.

Se pretende imponer la ilegalidad y negación de Justicia

Coordinadora de organizaciones populares del aguan, COPA

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras/311-desalojo-de-comunidades-en-tocoa