El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.
Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco.
El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su territorio.
Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a raíz de la rotura del dique.
Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas.
Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio. Toda la población perdió su historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”.
El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta el momento hacen que las violaciones de derechos y el crimen continúe a diario, con la empresa minera Samarco que sigue operando.
Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres.
Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”.
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años después.
Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/brasil-mina-samarco-atenta-contra-las-mujeres/
Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este 10 de noviembre la Procuraduría General del Estado.
El origen del encuentro a realizar en Ciudad Guatemala del 15 al 17 de noviembre de este año, se gesta a partir de una añeja discusión que en toda la región Latinoamérica, así como en el Norte del continente, los pueblos originarios, tribales, afrodescendientes, campesinos y los pueblos equiparables han estado realizando para defender y reclamar el derecho a participar en todas aquellas leyes, proyectos, estrategias u obras que “afecten” sus territorios y sus vidas, misma que ha tomado dimensiones no previstas, a partir de que el modelo extractivo entró en una fase de expansión por todo el mundo.
Hace 20 años cerró Real de Ángeles, la primera mina a cielo abierto de Zacatecas y una de las primeras del país, operada por Grupo Frisco, la cual produjo cientos de toneladas de plata durante más de dos décadas para su dueño, Carlos Slim Helú.
El desastre ambiental ocurrido en Quintero y Puchuncaví ha derivado en una jornada solidaria de movilización nacional para este jueves. Miles de personas, en diferentes localidades del país, protestarán por la contaminación y proyectos mineros extractivistas que afectan a sus territorios.
Se tramitan 230 proyectos mineros a cielo abierto en la región. El de Valdeflores se emplaza a 2 km de la ciudad de Cáceres, el de Alconchel a 500 metros de una fortaleza medieval, y otro de grandes dimensiones en la Siberia, candidatura a la Reserva de la Biosfera, entre los más llamativos
El gobernador de Antioquia confirmó que los 17 acuerdos que han logrado los municipios para prohibir la minería han sido demandados y de esos, 13 de municipios como Jericó, Támesis, Titiribí, Tarso, Caicedo, Pueblorrico, Concordia, Fredonia, Carolina, Valparaiso, entre otros, han sido declarados inválidos.
El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.
Con más de 300 activistas, especialistas e investigadores de todas las partes del mundo se dio inicio, el día de hoy, lunes 12 de noviembre, en Johannesburgo – Sudáfrica, al Foro mundial que tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma política común y global que pueda consolidar la resistencia y adelantar alternativas al modelo económico dominante.
Desde el 30 de octubre las y los comuneros de Alto Huancané en Espinar – Cusco – se encuentran en estado de protesta frente a las instalaciones de la empresa minera Glencore Antapaccay. Exigen un nuevo acuerdo de Convivencia responsable en el cual se respeten los derechos colectivos y se mitiguen las afectaciones producidas por las actividades mineras.