Latinoamerica

Eduardo Gudynas: Teologías extractivistas y espiritualidades herejes

La catástrofe de Brumadinho es posiblemente un ejemplo extremo de los extractivismos en el siglo XXI. Entendidos como la explotación masiva o intensiva de recursos naturales para exportarlos como materias primas, por un lado son claros los enormes impactos sociales y ambientales que acarrean.

La evidencia es abrumadora, y no solo por los accidentes mineros en Brasil, sino por otras situaciones, como los derrames petroleros en Ecuador, las enormes amputaciones ecológicas de la minería colombiana, o el avance de la soja en Argentina. Nadie puede sostener que los extractivismos sean seguros, dado que los accidentes se repiten en todo el continente. Tampoco puede insistirse en que automáticamente generarán bienestar económico, porque siguen enclavados entre los sitios más pobres en cada país.

Pero a pesar de todas estas evidencias y de las resistencias ciudadanas, de todos modos los extractivismos siguen avanzando. Son defendidos por empresas como todos sabemos, pero también hacen lo mismo, y con toda intensidad, casi todos los políticos, la mayorías de las academias universitarias, y una buena parte de la opinión pública. El respaldo es mayoritario, especialmente en las ciudades, justamente porque esas personas viven alejadas de los sitios donde verdaderamente ocurren los impactos.

Esto obliga a reconocer que los extractivismos descansan en creencias profundamente arraigadas y que se comparten tanto por las posturas políticas y partidarias de conservadores a progresistas, de derecha o izquierda. Son actos de fe que los hace inmunes a todas las evidencias de impactos o accidentes.

Teología extractivistas

Por todo esto es justificable abordar a los extractivismos como una teología. Con ello no apunto tanto a considerar que estamos en algo así como un cristianismo extractivista, aunque no han faltado intentos en ese sentido. Por ejemplo, en 2013 en Colombia se celebró un muy comentado encuentro sobre “Cristianismo y Minería”, donde el CEO de una empresa afirmaba que esos emprendimientos son un mandato de Dios. Aunque, en sentido contrario, la encíclica Laudato Si’ está repleta de elementos para desmontar a los extractivismos.

En cambio, me refiero a una teología política, entendida la producción de políticas que al contrario de lo que proclaman, no son neutras ni racionales, sino que están inmersas en creencias y espiritualidades. En ellas se genera una cierta sacralidad es usada para legitimar y fundamentar ordenamientos y prácticas políticas entre los humanos y en la relación con la Naturaleza.

En efecto, aquella idea de la Modernidad de una secularización que la desprendería de toda trascendencia para volverse objetiva y neutra, en realidad terminó generando otras creencias. Con ello han sido exitosos en anular la organicidad y encantamiento de la Naturaleza, pero que a la vez hemos entronizado a la utilidad y la mercantilización. Allí están las raíces de teologías políticas extractivistas que posee sus narrativas, su sacralidad y hasta sus liturgias.

Todas comparten una narrativa de lo inevitable y esencial que es el aprovechamiento intensivo de la Naturaleza. Un ejemplo conocido es la sentencia, repetida desde hace casi 200 años, que Perú es un país minero. Parecería que la condición de la minería fuera una ontología de todo un país, de cada individuo, y de cada sitio en su geografía.

El crecimiento económico se sacraliza como sostén del desarrollo, y éste debe ser alimentado por las exportaciones de minerales, hidrocarburos o granos. De este modo se genera la condición de imperiosa necesidad de explotar la Naturaleza para evitar un apocalipsis económico.

Se despliegan pastorales extractivistas que insisten no solamente en legitimar a los extractivismos, sino en desearlo. Desde la economía se editan reportes que enfatizan los éxitos económicos, pero que en cambio no calculan los costos económicos de los impactos sociales y ambientales; desde los ministerios se imprimen folletos anunciando a los proyectos extractivos como trampolines para el desarrollo; y desde los medios de comunicación se celebra las explotaciones mineras o petroleras.

La oposición es imposible, pero además es casi impensable. Los que critican a los extractivismos estarían locos decía el presidente de Ecuador Rafael Correa, y alertaba que en un país desarrollado todo ellos estarían encerrados en el manicomio.

Estamos rodeados de liturgias extractivistas. Son las celebraciones de presidentes, ministros o empresarios que festejan una nueva mina o torre petrolera, o un incremento en las exportaciones. Tal vez uno de los ejemplos más dramáticos lo dio el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2015 en el acto de inauguración de la explotación de un nuevo yacimiento que triplicaba las reservas de hidrocarburos del país. El presidente se encontraba rodeado de ministros y otras altas autoridades, y a su frente se encontraba el público y la prensa. Parado al pie de una enorme válvula, la giró para empapar su mano en crudo, y luego, como si fuera el párroco oficiando la misa dominical en la iglesia del barrio, pasó a untar crudo en los casos que tenían cada una de esas autoridades. La bendición política gubernamental se hacía con crudo.

También existe una institucionalidad extractivista que alimenta estas teologías. En ellas se encuentran las grandes asociaciones empresariales de mineros, petroleros y de agronegocios. Todo este entramado legitima y defiende a los extractivismos, pero además incide en las políticas públicas, genera campañas de publicidad y hasta puede decidir el nombramiento de un ministro).

Espiritualidades herejes

Es necesario entender estas teologías extractivistas para poder plantear alternativas que sean capaces de llegar a ese profundo núcleo de conceptos, sensibilidades y espiritualidades. La solución a los extractivismos no pasa por un mero cambio entre elencos de gobiernos, entre quienes de dicen de derecha o de izquierda, y los países del sur ya lo saben muy bien porque han vivido todo tipo de experiencias extractivas.

Este esfuerzo no es solo necesario sino urgente. La acumulación de impactos sociales y ambientales es intolerable en América del Sur, y ha alcanzado niveles tan altos que la integridad ecológica de todo el planeta está en cuestión. El cambio climático global es un claro ejemplo de esto.

El primer paso en romper con las teologías extractivistas es recuperar la capacidad de pensar alternativas y en poder decidir otros caminos, ensayar o incluso desear otro modo de relación con la Naturaleza y con las personas. Dicho de otro modo, necesitamos herejes que puedan poner en entredicho a esas teologías. Recordemos que más allá de sus usos corrientes, herejía en su significado original quiere decir elección. El concepto hoy está revestido de sentidos negativos, y por ejemplo se denuncia como herejía plantear, pongamos por caso, una moratoria a la explotación de petróleo en la selva amazónica ya que ello violaría las necesidades de los mercados. Pero si se apela a su sentido original es la elección la que nos permitiría construir espiritualidades herejes para pensar y sentir otro tipo de vínculos entre nosotros humanos y con la Naturaleza (1).

Estamos rodeados de esos intentos y ensayos, aunque las teologías extractivistas los invisibilizan y ocultan. Pero hay múltiples experiencias en toda América Latina de relaciones con la Naturaleza que no descansan en los extractivismos, y que aseguran la calidad de vida. También hay organizaciones que ofrecen espacios para hacer evidentes los impactos de los extractivismos y explorar respuestas desde la fe, como es el caso de la red Iglesias y Minería (2).

Es posible compartir algunos elementos de esas espiritualidades herejes a modo de una primera reflexión. Es claro que se deben abordar tanto el pensar como el sentir –es por lo tanto un cambio en los sentipensares. No bastan las transformaciones en tecnologías o planes de desarrollo, sino que también las afectividades deben cambiar.

Sin duda se debe asegurar la calidad de vida de las personas y que eliminar la pobreza, pero también hay que admitir que los actuales niveles de consumismo son intolerables. Entonces estamos frente a espiritualidades que incorporan la austeridad.

Se debe romper con la dominación y en todas sus formas. Esto incluye tanto la dominación por ejemplo de veteranos sobre jóvenes, como las de los varones sobre las mujeres. Es por lo tanto un esfuerzo que apuesta a la vez a la convivialidad y a la despatriarcalización.

Las nuevas espiritualidades deben ser ecuménicas e interculturales. Distintos aspectos de los sentipensares de los pueblos indígenas nos enseñan otros tipos de vínculos con el ambiente y los territorios.

A partir de esto se pueden derivador otros elementos. Comenzaré por señalar la importancia de escuchar a las rocas. En las teologías de los extractivismos los empresarios y los economistas “escuchan” al mercado, y nadie parece sorprenderse por ello. Por lo tanto, la alternativa es comenzar a escuchar a las rocas, al suelo, a los árboles. Esto no quiere decir que se les enseñará a hablar, pero es nuestra responsabilidad y tenemos la capacidad de descifrar lo que ellos nos dicen sobre la salud del ambiente. Y allí hay todo tipo de señales y mensajes sobre el drama ecológico.

El ritmo del tiempo es de los alerces. Las teologías de los extractivismos siempre trabajan en el muy corto plazo, e incluso es raro que vayan más allá de unos pocos años propios de una presidencia. Para ellas no existen las generaciones futuras. Ante esto, los el ritmo de los alerces nos ilustran cómo debe entender el tiempo estas espiritualidades herejes. Esos majestuosos árboles andinos que pueden vivir mil años, y por ello con cada incendio que destruye bosques nativos en el sur de Chile y Argentina, queda claro que las medidas de restauración ecológica debe ponerse pensarse en el tiempo que necesitan los alerces para recuperarse. O sea, mil años. Esto mismo se repite en los demás ambientes sudamericanos. Todo esto nos lleva a repensar nuestras responsabilidades en el largo plazo, y comenzar a abordar una cuestión que cada vez será más necesaria ¿cómo podemos ser mejores ancestros para asegurar que las generaciones futuras puedan vivir?

La justicia por cierto que es imperativa, pero debe ser una justicia social y ecológica. De un lado, los extractivismos actuales están repletos de injusticias, con el caso extremo de violencias contra personas y la Naturaleza, y las teologías dominantes las han naturalizado. Es necesario rebelarse hasta hacer intolerable que, por ejemplo, se asesina impunemente a líderes ambientales o se destruyen miles de hectáreas de ambientes naturales. La erradicación de la pobreza debe ir de la mano con la preservación ambiental.

Finalmente, es fundamental un cambio radical en cómo se entienden los valores. La visión tradicional, compartida por muy distintas corrientes propias de la Modernidad, insiste en que únicamente los humanos son sujetos de valor y por ello la Naturaleza termina siendo una colección de objetos que pueden ser aprovechados.

Eso permite el reduccionismo de concebir a la Naturaleza pero también a las personas como recursos, algunos con valor económico y otros que pueden ser desechables. Las categorías de capital social o naturales se aceptaron y un utilitarismo mercantilista se convirtió en la forma generalizada de sentir y entender el entorno ecológico y social. Posiblemente la herejía mayor se encuentra en romper con esas ataduras y reconocer que otras formas de vida también tienen valores que les son propios y que éstos son independientes de la utilidad para los humanos.

El antecedente más claro de ese esfuerzo es el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en Ecuador, a los que han seguido, por ejemplo un reconocimiento análogo a la Amazonia de Colombia –otra vez queda en claro que estamos rodeados de ensayos de alternativas. Este es un cambio ético, pero no sobre su dimensión moral, sino sobre cómo se entiende el valor y cómo se lo adjudica.

Todos estos puntos, que no dejan de ser preliminares, tienen en común intentar romper con los blindajes que las creencias otorgan a los extractivismos. Esa es una dimensión que es por muchos rechazada o menospreciada, asumiendo que las transformaciones no son cosas de los sentimientos sino de la razón. Pero las teologías extractivitas existen y nos dejan en claro que es indispensable abordarlas para promover cambios reales. Y, tal como se indicó arriba, es indispensable hacer esto antes de que sea demasiado tarde.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2019/03/01/eduardo-gudynas-teologias-extractivistas-y-espiritualidades-herejes/?fbclid=IwAR0uYXuhAo8-TlDhr8GStRnMj97RaKCKMCpRrBijb_Rmkbvh0oynfig2i9Q

Latinoamerica

Mito que minería genere progreso: Red de afectados ambientales

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –de la que forman parte poblanos del Consejo Tiyat Tlali- desmintió el supuesto “progreso minero” promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aseguró que, por el contrario, la actividad extractiva es sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

Indicó que el pasado 5 de Marzo en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el BID hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica” en el que tergiversando la realidad presentó a la minería como una actividad sustentable.

En los hechos hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros”.

El BID, denunció, apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo al financiar proyectos privados “de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos”.

Y en el caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, como “el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V.” para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora.

Además ha dado dinero para proyectos de producción de energía “muy controvertidos y rechazados como los parques eólicos Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de Tehuantepec”, precisó.

“Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte” que se han enfrentado con la resistencia de las comunidades y pusieron como ejemplo al municipio de Fresnillo en Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.

“Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social

(educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue sólo de 4 por ciento”, detalló la REMA.

En la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., la Secretaría de Economía del gobierno federal ha otorgado 440 concesiones mineras y, aunque algunas han sido canceladas, representan el 66 por ciento de su territorio, además se han dado permisos para la instalación de más de 10 hidroeléctricas y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa y se usará la fractura hidráulica o fracking.

 

Fuente:https://regeneracion.mx/mito-que-mineria-genere-progreso-red-de-afectados-ambientales/?fbclid=IwAR2_CQh7-ah4kpLmbkjstkbGUrzYztG7TYeBegpQkxS6bOa1KYp0tbNkpjk

Perú

Estado vs. Estado: Calidad de agua y salud en Espinar

Espinar, es una provincia con un nivel de conflicto socioambiental permanente y en ascenso, debido a la presencia de la Empresa Minera Glencore Antapaccay, quien ha demostrado una ineficiente capacidad de negociación colectiva en los temas ambientales y sus impactos. También es resaltante la fragilidad del Estado para atender a la población afectada como parte de su obligación de garantizar el bienestar de las personas en la Provincia de Espinar y con mayor razón de las Comunidades Campesinas quienes denuncian desde hace años que viven con metales tóxicos en su sangre.

La Minería es para el “Estado” la principal fuente de ingresos para resolver demandas sociales a través del Canon y Sobre Canon distribuidas en todos los niveles de gobierno. El Gobierno refuerza el discurso que las actividades extractivas son la ‘columna vertebral’ de nuestra economía, y no realiza un verdadero sistema de fiscalización por temor de ahuyentar a las ‘grandes inversiones’.

La Red de Salud Canas Canchis Espinar, en noviembre 2018, ha emitido un informe sobre la situación del agua potable indicando que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, exceden los límites máximos permisibles, y como es sabido, su ingesta podría ocasionar algún daño a la salud e incrementar la anemia y desnutrición crónica en niños menores a 5 años. Esta información ha sido proporcionada por el sector de Salud, quien ha creado preocupación sobre la calidad del agua. Sin embargo, en el mes de febrero en una reunión cerrada y sin convocatoria pública, la Dirección Regional de Salud (DIRESA – Cusco) ha emitido un comunicado indicando que el agua es apta para el consumo humano, desmereciendo el informe de la Red de Salud.

Frente a este panorama, las Comunidades Campesinas de la Provincia de Espinar emitieron un “MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR” dirigido a diversas entidades del Estado, entre ellas al Presidente de la República, Congreso de la Republica, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional Cusco, Municipalidad de Espinar, mostrando su indignación colectiva por el discurso institucional Estatal desde el Ministerio de Salud respecto al tratamiento y atención de la Salud y el Agua en Espinar.

Ese doble discurso del sector de Salud causa preocupación, porque hasta la fecha no se ha socializado en Espinar ante sus Autoridades y Sociedad civil sobre la situación de Agua en Espinar, por ello Las Comunidades Campesinas exigen que se esclarezca la verdad, y que el Estado asuma el rol protector de la persona humana.

En el memorial se destaca principalmente: i El Ministerio de Salud y la DIRESA actué con transparencia y sin faltar a la verdad. ii La Defensoría del Pueblo participe como ente veedor en la visita programada para el mes de marzo por parte del sector de Salud en Espinar. iii Establecer mecanismos de comunicación idónea con la Plataforma Nacional de Personas Afectadas con Metales Pesados y permitir la participación de entes veedores independientes.

Frente a este panorama es necesario instalar una MESA DE TRABAJO SOBRE LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR compuesta por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, la Plataforma de personas afectadas y la Sociedad Civil debidamente representada en la que se pueda administrar mejor las políticas emprendidas desde el sector de Salud y con fiscalización permanente para su cumplimiento. Retomar el trabajo de Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Provincia de Espinar como parte de las políticas de un Estado que garantiza los derechos humanos fundamentales abonando presupuesto público para el tratamiento en la salud de las personas afectadas con metales pesados y evitar la contaminación del agua potable en la Provincia de Espinar.

VER Y DESCARGAR MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR:

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/estado-vs-estado-calidad-de-agua-y-salud-en-espinar/?fbclid=IwAR33enKSJ_a_UjVHI0nQaHAIJpzNwon3ayWrnCLG4cY-CT1WJNtHbSIXcyo

Perú

Por riesgos inminentes, Ley de remediación de Pasivos Ambientales debe ser discutido y aprobado

El día de ayer, martes 5 de marzo, en la mañana, se suspendió la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que tenía que discutir el pre dictamen sobre Pasivos Ambientales, para posteriormente aprobarse y ser discutido por todo el Pleno del Congreso. La sesión se suspendió por falta de quórum porque solo estaban presentes 4 congresistas: Wilbert Rozas, presidente de la Comisión y María Elena Foronda del Frente Amplio; Juan Carlos Del Águila de Fuerza Popular y Marisa Glave del Nuevo Perú.

Sin embargo, el día de hoy, miércoles 6 de marzo, se discutió el pre dictamen en la Comisión de Energía y Minas, pero no se aprobó, por lo que es importante que el próximo martes la Comisión de Pueblos sí logue el quórum, discuta y aprueba el pre dictamen para que pueda pasar a ser discutido al pleno del Congreso.

Recientemente, el lunes 4 de marzo, se realizó el Foro: “Peligros en la cuenca del río Rímac y alternativas de solución”, en el Congreso de la República. Foro organizado por la Comisión de Pueblos, la Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); con el apoyo de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la Cuenca Alta del Río Rímac y la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Rímac.

Pasivos Ambientales en la Cuenca del río Rímac

Red Muqui, a través del especialista Edwin Alejandro Berrospi, señaló que en la cuenca alta del rio Rímac se han identificado 220 pasivos ambientales mineros (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en el distrito de Chicla) que representa más del 2% a nivel nacional, de los cuales 140 pasivos se encuentran clasificados como de muy alto riesgo.

Agregó que la alarmante cifra de los pasivos ambientales constituye un grave riesgo para la salud de la población de Lima. “Un movimiento sísmico o un aumento de caudal del rio Rímac provocarían un desastre ambiental porque la gran cantidad de desmontes de mina y relaves mineros que se encuentran depositados en los cauces del río Rímac afectaría a la ciudad de Lima. El caso más conocido es el depósito de relaves de Tamboraque que tiene más de medio millón de toneladas de desechos tóxicos ubicado al borde del Rímac y sumados a los otros 19 depósitos de relaves de Millotingo, Chinchan, Casapalca, Yauliyacu, Tablacah, superan más de 3 millones de toneladas de desechos tóxicos que son una bomba de tiempo”, finalizó.

El fiscal de la comunidad campesina de San Mateo de Huanchor, Asencio Montes, parte de la Plataforma de la Cuenca Alta del Río Rímac, señaló que “en el barrio de San Antonio se toma agua con arsénico, que ha sido contaminada por el vertimiento de aguas de mineras de la parte alta. Además, la relavera ubicada en Ticlio está expuesta a 300 metros, y contamina los pastizales que comen nuestros ganados”.

El Foro también contó la participación de los representantes de las instituciones mencionadas y el Frente de Defensa de los Intereses de Chicla (FREDICH); el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando Licera y Carmen Yupanqui de la Dirección de Calidad de la ANA; y Fánel Guevara, presidenta del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA).

La presidenta de IPROGA señaló que las principales actividades contaminantes en la zona provienen de la minería; actividades industriales; manejo de residuos sólidos; y el vertimiento de aguas de actividades domésticas. En ese orden.

Agregó que “el drenaje ácido de minas que se produce por las empresas mineras atraviesan las aguas subterráneas y a través del contacto con los cuerpos de agua, o desmontes directo de las mineras; también por el vertimiento de agua que se usa para procesar el mineral; por la desertificación que se produce por la eliminación de vegetación y suelo orgánico en las operaciones a tajo abierto y por el uso intensivo de agua que genera contaminación del agua subterránea, superficial y del aire”.

Propuestas

El jefe de la ANA, Walter Obando, y la ingeniera Carmen Yupanqui, Directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la ANA, explicaron que frente a los problemas señalados vienen implementando el programa integral de control de avenidas, acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, sistemas de información geográfica y la implementación del Plan Maestro para la restauración del río.

Asimismo, el jefe de la ANA, a solicitud de la Comisión de Pueblos, señaló que su institución remitirá al Ministerio de Agricultura el proyecto de Marco Metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca; un instrumento importante para avanzar en el proceso de reglamentación y proteger las cabeceras de cuenca frente a las amenazas de los relaves mineros existentes y frente a los nuevos proyectos mineros que buscan instalarse en zonas donde no debería desarrollarse la minería.

Fánel Guevara de IPROGA, indicó que es necesario garantizar mecanismos que promuevan el ordenamiento territorial en la cuenca, estableciendo un organismo de gestión para el Rímac que responda a su realidad, adecuando e implementando instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de estándares nacionales de calidad ambiental, advirtiendo la instalación de actividades mineras cerca de las fuentes de agua.

En el turno de la Comisión de Pueblos, el presidente de la Comisión, Wilbert Rozas, recogiendo también lo expuesto por los dirigentes sociales, concluyó que es importante discutir y aprobar el pre dictamen para la remediación de pasivos ambientales por la actividad minera; el cual reúne 8 proyectos de ley y propone hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en el país.

Finalmente, desde Red Muqui señalamos que es fundamental discutir y aprobar el pre dictamen sobre pasivos ambientales, debido a que los relaves mineros que se encuentran sobre las cuencas y ríos en el país en un contexto de intensas lluvias y huaycos, son un grave riesgo para las poblaciones aledañas y para el agua que toman las personas en general.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/856-por-riesgos-inminentes-ley-de-remediacion-de-pasivos-ambientales-debe-ser-discutido-y-aprobado
Honduras

Guapinol: ¡Se ganó una batalla, pero la lucha sigue!

Hasta mediados del año 2018, Guapinol era una aldea completamente desconocida. La concesión de los ríos San Pedro y Guapinol (mismo nombre que la aldea) puso a la comunidad en el escenario público tras iniciar una lucha para detener a la Minera Inversiones Pinares.

Sin embargo, Guapinol cobró vigencia internacional luego que el Ministerio Público llevara a los tribunales a 12 de los líderes de la lucha ambiental, en medio de un proceso judicial lleno de vicios y arbitrariedades, que ha dejado una serie de lecciones y evidencias históricas sobre cómo opera el sistema de justicia de Honduras, cuando se colude con el poder.

Un baño con lodo en Guapinol

Para entender lo que viven la población de Guapinol, quizás sea necesario cerrar los ojos e imaginarse esto: “desde que abrieron la calle el sedimento cayó al río. Estuvimos tres meses bañándonos con lodo; no se podía lavar ni un plato porque era el vivo lodillo que llegaba a las llaves y las pilas”. Esa expresión no es una invención, es parte de la narración que nos hizo Juana Zúñiga, uno de tantos días en los que estuvo en las afueras del Juzgado en materia de Extorsión, en Tegucigalpa, espera de la resolución sobre las acusaciones que se presentaron en contra de 12 de sus compañeros de lucha.

Agregó, “para bañar a los niños teníamos que comprar botellones de agua y por eso nos levantamos, por eso nos oponemos a la minera y por hacerlo, nos criminalizan. El delito que cometemos es defender la vida, el agua y por eso acusaron a los compañeros”, dijo Ana, de forma sencilla pero tan profunda para ejemplificar el por qué un pueblo se levantó en Honduras en contra de una empresa minera.

La voz de Juana no es la única que se alzó contra la minera Inversiones Los Pinares. Hoy, 20 comunidades resisten y exigen que la minera salga de la zona. Pero, por emprender la lucha, 12 pobladores (11 hombres y 1 mujer) fueron llevados a los tribunales hondureños. Sin embargo, estas 12 personas son parte de los 31 líderes y lideresas que fueron procesados. Su delito: defender el agua, los recursos, su territorio y la vida. Pero por defender esos bienes, el Ministerio Público los acusó de usurpación y daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado.

¿Cómo surge el conflicto?

Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.

Ese pueblo está convencido que la minería debe salir y que el Gobierno debe cancelar esas dos concesiones que les están destruyendo la montaña. Por eso se organizaron, buscaron apoyo de organizaciones.

“Estamos en lucha no sólo para defender el río Guapinol, sino el río Tocoa, Zamora, Taujica que son nuestros afluentes de agua en Colón”, dice Orbelina Flores Hernández, Miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, mientras agrega, “el agua es vida y por defenderla nos están criminalizando a los compañeros. Están en juego intereses millonarios y nos están condenando a estar sin agua y eso, no lo vamos a permitir, hasta la muerte vamos a seguir luchando”.

A las comunidades nunca se les informó que la empresa llegaría al lugar. Nunca se les dijo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), dio los permisos para la explotación de la montaña. Estaban desinformados y el único camino que les quedó fue impedir que las máquinas continuarán destruyendo la zona. Pese a la oposición de la población, ha habido contubernio de las autoridades que han permitido que la empresa opere.

Los afectados

Son unos 100 mil habitantes, los que serán afectados en el departamento de Colón con la explotación. No sólo se trata del municipio de Tocoa, también el impacto alcanza a los municipios de Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental. Ante la amenaza, como medida, los pobladores han denunciado a sus municipios libres de minería, una declaratoria que los blinda por tres años. Tienen claro, por experiencias registradas en otras zonas de Honduras, que, si la minería continúa, en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.

“Vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales y pobladores, estamos apoyando la lucha. La familia Facussé llegó a Colón a hacer estragos y han causado mucho sufrimiento a las familias en Colón. Quieren a toda costa trabajar la minería y el gobierno se los permite. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de mi hermano, su pecado fue estar al frente de la lucha, ser presidente de los bienes municipales en Colón”, dijo con contundencia Melvin Espino, hermano de Juan López, uno de los que fue detenido y quien, además, es el Coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Obligados a salir de su propia tierra

En Ceibita, poblado aledaño a Guapinol, varias familias han tenido que huir. Las presiones los han obligado a dejarlo todo. Kevin Esquivel, contó al equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que desde octubre viven un calvario. Denuncia que les han mandado personas “encapuchadas” para advertirlos que si no se van pagarán con su vida.

“La última vez fueron cuatro individuos fuertemente armados con Akas (AK-47). Nos presionaron. No nos quedó más y salimos un 28 de octubre del 2018 de la aldea La Ceibita en Tocoa, Colón. Salimos sólo con la ropa que andábamos puesta. Dejamos nuestra casa. Fueron 49 años de esfuerzo de mi padre, toda una vida. Atrás quedó todo, atrás quedó botada la casa”, dijo en su relato Kevin, hijo de José Eugenio Esquivel, uno de los 12 líderes requeridos por el Ministerio Público.

El proceso en contra de las y los líderes de Guapinol

Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George, José Adalid Cecilio Mendoza, y Lourdes Elizabeth Gómez Rocías, se entregaron de manera voluntaria.

Este problema se origina con un decreto que sometió a consideración ante el Congreso Nacional, un diputado del Partido Nacional del departamento de Colón, para que se concesionara la zona núcleo del parque nacional Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras”, explicó Adilia Castro, del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.

Lo anterior, pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.

Esa irregularidad fue detectada por la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que pese a las limitantes encontradas para obtener información, fue la que constató en los decretos legislativos la modificación y alertó a las comunidades para evitar la destrucción. “Apoyamos a las comunidades en la búsqueda de información. Ellos no podían acceder a la información completa; cuando se constató la disminución de la zona núcleo se organizaron. Las comunidades se auto-convocaron, hicieron asambleas sectoriales, declararon los municipios libres de minería, hicieron asambleas populares y hasta tomas permanentes frente a la municipalidad en Tocoa. Fue así como se estableció un campamento por la vida y seguimos luchando con el pueblo”, expresó Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez.

El proceso de la ilegalidad fue descubierto. Pero las concesiones ASP 1 y ASP 2 ya se habían emitido, utilizando 100 hectáreas cada una, en la zona núcleo. Es decir, la cantidad que redujeron los diputados es ahora la zona donde la empresa hará la explotación.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se ubican en la zona de Guapinol, San Pedro y La Ceibita. La empresa tiene el permiso para explotar la montaña por 10 años.

Días de detención y de angustia

Desde el mes de octubre del 2018, el Ministerio Público (MP) urdió la acusación en contra de los líderes.  Pero se hizo de conocimiento público en el mes de enero del 2019. Fueron Edy Tabora, Omar Menjívar, Efraín Ramírez, Kenia Oliva, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y Mario Rojas, los abogados que conformaron la defensa de los pobladores de Guapinol. El cuerpo de abogados sugirió a los pobladores presentarse voluntariamente y así fue, pero allí comienza la serie de irregularidades.

Fueron 10 días de detención. La angustia y la desesperación arroparon a las familias de los 12 líderes, quienes, desde su captura, enfrentaron con valentía un proceso que se dirimió en Tegucigalpa, pese a que correspondía al caso, la jurisdicción de Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Su conciencia estaba tranquila y el equipo de abogados creyó en su inocencia, se blindó de sus conocimientos y luchó para desvirtuar cada delito que les formuló a la “banda criminal de la aldea”, tal como la denominó el Ministerio Público de Honduras. Ese ente estatal hasta presentó un organigrama para sustentar el delito de asociación ilícita, en el que se incluyó la ficha de dos pobladores que fallecieron hace cuatro años.

Las acusaciones

La acusación por usurpación y daños en contra de los 31 líderes de Guapinol, se registró en el expediente 148-2018, mientras que en el expediente 22-2019, se les acusó de asociación ilícita, portación ilegal de armas, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Estos son delitos que el Ministerio Público en último momento acreditó para los pobladores.

Al filo de las dos de la madrugada del lunes 4 de marzo, con un resultado a favor de los acusados, en las afueras de los Tribunales en materia de Extorsión (adonde se desarrolló la audiencia en Tegucigalpa desde el jueves 28 de febrero) un “SÍ SE PUDO”, estalló.

En medio de la alegría de familias y pobladores, surgieron abrazos, lágrimas, oraciones y gritos. La justicia dejaba en libertad a los defensores de Guapinol. “Lo logramos”, gritaban.

“Demostramos que los delitos por los que los acusaban no existieron. Vemos con mucha preocupación las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. El Poder Judicial el día de hoy emitió una resolución apegada a los derechos fundamentales”, dijo Tábora, uno de los abogados defensores.

Y es que, para los abogados defensores, el requerimiento fiscal formulado por el MP en contra los habitantes de Guapinol, se basó en el “derecho penal del enemigo”. La Fiscalía consideró a las comunidades como enemigas y eso es algo que preocupa tanto a los apoderados legales, como a los defensores del ambiente.

“Alrededor de esa concepción del derecho penal la Fiscalía construye pruebas. Afortunadamente hoy demostramos que fue una prueba construida, que Fiscales no tienen las más mínimas intenciones de apegarse a lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, cuestionó Tábora.

En indefensión, comunidades que luchan por sus recursos naturales

Lo ocurrido con Guapinol dejó en evidencia muchas situaciones que merecen documentarse. Por un lado, las comunidades que determinan defender sus recursos naturales se enfrentan a: amenazas, hostigamiento, ataques por parte de los cuerpos policiales y militares que asisten a las empresas extractivas; agresiones físicas y en el peor de los casos, asesinatos.

Por otro lado, con Guapinol quedó claro que el sistema de justicia hondureño, lejos de propiciar investigaciones contundentes, profundas, creíbles y a favor de quienes defienden los derechos humanos de la población, decide adoptar el papel de defensor de los grupos de poder que, en este y otros casos, están representados por quienes detentan las concesiones de ríos y territorios para explotar sus recursos de forma inconsulta y arbitraria.

El cuerpo de abogados que defendió a los líderes de Guapinol, afirma que la institucionalidad del Estado se utiliza para criminalizar a las poblaciones que defienden sus territorios, sin tomar en cuenta aspectos claves como la consulta libre, previa e informada.

Guapinol ganó una batalla, no la guerra: la concesión sigue vigente

“La verdad y la justicia reinó. Ganó el pueblo, ganó la vida y ganaron nuestros ríos. La lucha sigue y no se para”, dijo Esly Banegas, lideresa de COPA y defensora del ambiente en Colón. Sin embargo, los pobladores no desconocen que este es el gane de una batalla, no de la guerra.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se prevé  va a continuar. La empresa tiene permiso para explotar la zona por 10 años. Es decir, la concesión finaliza en el 2024.

Tabora afirma que la situación se mantiene en alerta, pero dice que, a partir de hoy, “debemos exigir que ese Ministerio Público, que se convierte en instrumento de criminalización para los que defienden sus territorios, cambie, y que actúe con imparcialidad”.

Con el sobreseimiento de los líderes y lideresas apenas se cierra un capítulo. Sin embargo, la sociedad hondureña continuará atenta al final de una trama que comienza a replicarse en otras zonas del país, en donde otras comunidades se levantan para defender sus bosques y ríos.

 

Fuente:https://cespad.org.hn/2019/03/04/guapinol-se-gano-una-batalla-no-la-guerra/

Argentina

Una vez más, gobierno Argentino de rodillas ante las Mineras.

El presidente Macri y otros integrantes del gobierno nacional recibieron en Olivos a varias corporaciones de megaminería transnacional con planes de habilitar la continuidad del saqueo de oro y cobre en Catamarca, ya concluido el ciclo de Bajo La Alumbrera.

El Presidente de la Nación recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado “Agua Rica”.

Mauricio Macri recibió este viernes a autoridades de las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto “Agua Rica” para la extracción de oro y cobre en los próximos 25 años en la provincia de Catamarca.

El acuerdo de integración permitirá que el proyecto sea desarrollado y operado utilizando la infraestructura e instalaciones de Minera Alumbrera Limited, según se informó.

Macri recibió a los empresarios en la residencia de Olivos junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripodi. El sector empresario estuvo representado por el fundador y presidente ejecutivo de Yamana Gold, Peter Marrone; el gerente general de Glencore Chile, Andrés Souper Herrera; el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de la también canadiense Goldcorp, Brent Bergeron, entre otros representantes de las firmas.

La vida útil de la mina se estima en más de 25 años con una producción anual promedio de aproximadamente 236.000 toneladas de metal equivalentes en cobre, incluidas las contribuciones de oro, molibdeno y plata durante los primeros 10 años de operación.

Las empresas que Agua Rica contiene reservas minerales probadas y probables de aproximadamente 4,5 millones de toneladas de cobre y casi 200 toneladas de oro contenidas en aproximadamente 910 millones de toneladas de mineral, según se indicó.

Yamana ya tiene operaciones en Cerro Moro (Santa Cruz), Glencore en Aguilar(Jujuy) y Goldcorp en Cerro Negro(Santa Cruz).

Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/42544-una-vez-mas-gobierno-argentino-de-rodillas-ante-las-mineras

Perú

Mina Arasi recibió 30 medidas administrativas por violar leyes ambientales en Puno

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que emitió 30 medidas administrativas durante 2018 en contra de la unidad minera Arasi, por infringir normas ambientales. Las llamadas de atención se dieron por diversa índole, entre ellas se evidenció la alteración de la calidad de agua de la zona por actividades de Arasi, manifestó el jefe de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Puno, Yuri Coila Choque.

Entre las disposiciones más importantes está el cierre final del tajo Jessica y el botadero Jessica de Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, de la provincia Lampa, y que pertenece a la empresa Aruntani S.A.C.

El OEFA, en diciembre de 2018, notificó a Aruntani la Resolución Directoral N°68-2018-OEFA/DSEM, que le advierte que le impondrá multas en caso de incumplir las medidas administrativas dictadas a su unidad fiscalizable Arasi. Las sanciones podrían ir desde una (1) hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Estas acciones se hicieron para evitar dañe el ambiente y la salud de las personas.

Mexico

Minería submarina en el Golfo de Ulloa, proyecto que más avance lleva y más preocupa por su afectación al ecosistema marino: Enrique Fernández

Para avanzar en temas de ANP y detener proyectos mineros submarinos, hay que empezar por “desenmascarar” a quienes están metidos en la pesca ribereña, pero no están a favor de ella, sino de la pesca industrial y de estos proyectos tóxicos; “urge que barran la casa de arriba para abajo”, acotó

San José del Cabo.- El presidente de la Fundación para la Conservación de los Peces Picudos, Enrique Fernández del Castillo, advirtió que la minería submarina en el Golfo de Ulloa, es el proyecto que más avanzando se encuentra y es el que más preocupa porque afectaría a todo el ecosistema marino y es un asunto en el que hay que estar muy al pendiente de lo que pudiera ocurrir.

En cuanto a la iniciativa de Área Natural Protegida (ANP) que quedó pendiente de la anterior administración federal, dijo que se va a seguirse empujando, hoy más que nunca ante esta amenaza de la minería submarina

“No sabemos si va a quedar como área natural protegida, nosotros vamos a seguir empujándola, no sé si se va a llamar reserva de la biósfera, pero se habrá de seguir empujándola, porque hay que recordar que ahora con el anuncio, nos preocupa mucho lo de la minería submarina, se quiere hacer y se pierde un poco de vista que esa es la que va más adelantada, la del Golfo de Ulloa, y esa sí mata a todas las especies marinas”, acotó.

Por supuesto aseveró, que como Fundación están hermanados con todas las asociaciones civiles que están luchando contra la minería tóxica en el estado y seguirán colaborando en pro del medio ambiente en la entidad y criticó la actitud de algunos funcionarios públicos de Comondú que con sus acciones dan a entender que apoyan la minería y pesca industrial.

“Nos preocupa un poco la actitud de algunos funcionarios públicos de Comondú, que dan entender que apoyan la minería y a la pesca industrial, sus nombres son Alejandro Magaña que es regidor de Comondú y Miguel Lizárraga que además de ser un “coyote”, se fastidió a varios pescadores ribereños con un paquete enorme con la almeja generosa, ahora está en Oomsapas; entonces, ojalá y que sí barran la casa de arriba para abajo, hace falta”, acotó.

Recalcó que lo que se tiene que resolver para poder lograr un acuerdo de todo Baja California Sur  para sacar el tema de ANP es desenmascarar a toda esta gente.

Para lograr sacar lo del Área Natural Protegida, tenemos que desenmascarar a todos estos tipos de “caballito de Troya” que están metidos en la pesca ribereña, no están a favor de ella, sino de la pesca industrial; “lo cual sería muy bueno que se fueran a trabajar con ellos a Mazatlán, que es de donde vienen y que nos dejen en paz a los que sí queremos trabajar en Baja California Sur en beneficio tanto de pescadores ribereños y de la pesca deportiva”, aseveró.“- No vamos a soltar el dedo del renglón, tenemos que seguir, si no protegemos el recurso nos acabamos todos, si se cae la pesca deportiva empieza un efecto demoledor tipo dominó que no nos podemos dar el lujo de tener”.

Observó que están buscando alianzas muy fuertes, la gran mayoría con la pesca ribereña, hay problemas en San Carlos pero se va hablar con actores políticos, pescadores ribereños y resolver el problema: “No podemos por tres o cuatro gentes que se dicen líderes y están firmando cosas a favor de la pesca industrial, que a todos nos afecten, me cuesta trabajo pensar que un pescador ribereño que se dice líder llega y le dice a los pescadores ribereños: oye, quieren alejar los barcos industriales de la costa, qué fastidio. Eso de jugar a los profetas en territorio propio no se los creo”, concluyó.

Fuente:https://www.tribunadeloscabos.com.mx/mineria-submarina-en-el-golfo-de-ulloa-proyecto-que-mas-avance-lleva-y-mas-preocupa-por-su-afectacion-al-ecosistema-marino-enrique-fernandez/

Argentina

La amenaza de la megaminería en el paraíso

La increíble saga del litio en Traslasierra alcanza ribetes de realismo mágico: un intendente local mantuvo reuniones con los empresarios mineros, sin embargo se animó a decir sin ruborizarse: «Yo no sé qué es el litio, no tengo ni idea».

Patricia camina por el paraíso. Pasea junto a sus hijos. Las Tapias, al igual que Las Rosas, son localidades situadas en el departamento San Javier, provincia de Córdoba, una zona más conocida como Valle de Traslasierra. Imprevistamente, entre el predominio de varias gamas de verde, pueden encontrarse con predios fuertemente custodiados. Alguien pudo aventurarse en esas zonas prohibidas para los ojos inquietos. Allí, en la cima de un montículo, aparece un caño. Parece de pvc. Es blanco. Tiene un número grabado. Dice LT-18-11. ¿Qué hace esto acá?

«La primera reunión de vecinos, de las que tuvo importancia, y donde supimos del tema, fue en la escuelita de Las Tapias. Está apenas a 400 metros del lugar donde se comenzaría -según la misma página oficial de la minera Dark Horse- a trabajar en la extracción del espodumeno, que contiene el litio», cuenta.

Patricia hace referencia a que el Foro Ambiental de Traslasierra presentó un documento, en noviembre de 2018, en el que volcaron toda la información recogida tras las investigaciones realizadas por la sociedad transerrana, con el fin de alertar sobre el peligro que se cierne sobre gran parte de la población local, ante la posible realización de un proyecto extractivista, principalmente de litio.

Según estudios realizados por diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Maryland (EEUU), por la ubicación de la mina, a escasos 0,4 y 1,6 kilómetros de la escuela de las Tapias y de la plaza de Villa las Rosas, ambos predios estarían directamente afectados por el polvo tóxico que se produce durante la extracción y procesado primario, e igualmente peligroso para la fuente de agua que alimenta la ciudad de Villa Dolores, que ubica esta mina a 700 metros de la costa del dique nivelador.

«Los chicos que trabajan en el Foro Ambiental habían llegado hasta la Secretaría de Medio Ambiente, y pidieron los expedientes para ver qué había informado la minera australiana. Salimos de allí pensando si podía ser cierto, e hice lo que la mayoría habrá hecho: googleé el nombre de la minera», recuerda Patricia.

Pampa Litio adquirió 34.000 hectáreas con licencias para exploración y la expansión de las minas existentes en Las Tapias

¿Por qué se busca litio? La demanda ha crecido -y crecerá exponencialmente- ante la necesidad de reemplazar los motores de combustión interna por motores eléctricos a baterías. Esto hizo que los precios internacionales suban, llevando los valores -por tonelada- desde los 450 dólares que costaba en 2003, hasta los 10.000 dólares en 2018. Un verdadero negoción.

Allí aparecen las mineras, que cuentan con numerosas regulaciones, sin embargo, casi todas son a favor de los proyectos extractivistas:

– No pagan impuesto a las ganancias

– No pagan ganancias mínimas presuntas.

– No pagan el IVA a las exportaciones que realizan.

– No pagan impuestos a los activos.

– No pagan tasas de la ley de sellos.

– Están eximidos de pagar derechos de importación de equipos, maquinarias, repuestos y accesorios destinados a la explotación.

– Están autorizados a descargar de ganancias los gastos de exploración.

– Sólo dejan un 0,6% de regalías en la provincia donde se encuentra el yacimiento. Este valor se calcula de lo que extraen a “boca de mina” (sin ningún valor agregado).

– Son las propias empresas las que mediante declaración jurada manifiestan qué tipo y qué cantidad de minerales y metales extraen.

– Se les permite a las empresas mineras dejar todas sus ganancias en el exterior, sin tener que ingresar la contrapartida de lo exportado en divisas como lo hacen empresas nacionales.

– 0% de retenciones a las exportaciones y 3% al estado provincial, que se reduce aproximadamente a un 1% si le descontamos las exenciones conferidas por leyes.

– El 0% de retención a la exportación, se transforma en un monto subsidiado, si hacen uso del reintegro adicional por exportaciones a través de puertos patagónicos (producción patagónica).

La Dark Horse Resources, minera australiana, es una de ellas. «Hablando poco a poco con otros vecinos nos encontramos con que, si esta empresa realizaba su instalación aquí, iba a ser un desastre, tanto ecológico como económico, y en la parte de salud también».

«También nos dimos cuenta que, a pesar de haber algunas leyes anti minería en esta zona, que es principalmente turística, esta era una empresa con muchos contactos con los gobernantes, tanto nacionales como provinciales. Así que nuestra única posibilidad para evitar que se instalen, es recurrir a la voz del pueblo, e imitamos lo que se hizo antes aquí, con una mina de uranio en Nono, cuando se realizó una caravana desde Dolores hasta Córdoba», señala.

                                                     ***  

¿Lo sabías? Según el informe elaborado por el Foro Ambiental Traslasierra, cuatro empresas producen más del 80% del litio mundial: Albemarle, SQM (NGL), FMC y Tianqi. A su vez, unas 10 empresas (Panasonic, Samsung SDI, LG Chem, entre otras) concentran el 90% del mercado de baterías. En varios casos, estas últimas participan directamente (como parte accionaria) en las empresas productoras para asegurar la disponibilidad del insumo”. En su mayoría los capitales provienen de EE.UU., China y Australia.

Dark Horse tiene un enfoque particular en Argentina, donde ha invertido en proyectos de oro y litio. Tiene como objetivos:

– Controlar la participación provincial de recursos de litio, extraído de espodumeno, y produciría hidróxido de litio de alto grado para los mercados internacionales de baterías y electrónicos.

– Descubre y define varios yacimientos de oro multimillonarios.

– También tiene una filial de generación de energía, Dark Horse Energy, con una importante participación (33%) en la exploración de petróleo y gas.

– Posee en Argentina dos proyectos principales:

* SAN LUIS Y CÓRDOBA LITIO

Extensos campos (40.000 hectáreas) de pegmatita, ricos en litio, con importantes resultados en las propiedades de Las Tapias, El Totoral y Los Chañares. La exploración ha comenzado con los mapeos geológicos y geofísicos, más la perforación para apuntar al reporte técnico.

Nos dimos cuenta que, a pesar de haber algunas leyes anti minería en esta zona, esta era una empresa con muchos contactos con los gobernantes

* PROYECTO DE ORO LOS DOMOS

Son 20.000 hectáreas con 3 licencias en Santa Cruz. Exclusividad sobre una importante cartera de arrendamientos minerales en Santa Cruz y Río Negro. Varios objetivos de exploración, incluyendo La Punta, con resultados de 1.6g de oro y 57g de plata por tonelada. Exploración finalizada a fines de 2017.

¿Qué ocurre específicamente en Las Tapias?

Pampa Litio adquirió 34.000 hectáreas con licencias para exploración y la expansión de las minas existentes en Las Tapias. Esta mina ha sido un importante productor de berilo (un mineral asociado con el litio), durante varios períodos desde 1938 hasta 1965. La mina contiene zonas de hasta 80% de espodumeno con algunos cristales de hasta 3 metros de largo. El espodumeno contiene un grado promedio de 5.5% de Óxido de litio. Desde 1978, la mina ha estado en producción esporádica de cuarzo, feldespato y mica. Dark Horse está investigando los socavones y relaves existentes en busca de contenidos significativos de litio en pegmatita, así como explorar otras áreas cercanas en detalle para detectar la existencia de espodumeno.

«Como habitante de este hermoso lugar te digo que espero que todos -y especialmente nuestros gobernantes- piensen qué estamos haciendo con nuestro hogar», lamenta Patricia y sostiene: «Leyendo, me encuentro con que esta locura por el litio es sólo por negocio. Se pueden reemplazar las baterías de litio por las de sodio y las de potasio, que son muchísimo menos contaminantes, y hasta se pueden hacer en forma casera. Pero como no les daría ganancias a las empresas extractivistas, no les interesa».

Patricia está en lo cierto. El litio es un metal alcalino. Es el metal sólido más ligero. Es blando, de bajo punto de fusión y reactivo. Es uno de los metales más abundantes. Tiene varias aplicaciones en la vida cotidiana. Su compuesto principal es el hidróxido de litio. Es un polvo blanco. El carbonato tiene aplicación en la industria de cerámica y en la medicina como un antidepresivo. Su principal uso industrial es espesante para grasas lubricantes.

Nada es gratis, y menos si se trata de la salud. El cuerpo humano contiene unos 7mg de litio. Se desconoce que tenga alguna función biológica. Sin embargo sí tiene una influencia fuerte sobre el metabolismo y -por consecuencia- también sobre el estado de ánimo. Con una dosis adicional de 10 mg por litro, se experimenta una intoxicación ligera; con una de 15 mg por litro se evidencian estados de confusión y discapacidad de la lengua; mientras que una dosis de 20 mg puede ser letal.

¿Qué ocurre si se inhala litio?

Da una sensación de quemadura, tos, respiración trabajosa, falta de aire y dolor de garganta. Puede causar edema pulmonar. Provoca una fuerte irritación en nariz y garganta, debido a su alcalinidad.

¿Qué ocurre si el litio toca nuestra piel?

Produce enrojecimiento, quemaduras cutáneas, dolor y ampollas. Causa quemaduras semejantes a las de la soda cáustica.

¿Qué ocurre si cae polvo de litio en los ojos?

Provocará enrojecimiento, dolor, quemaduras severas y profundas.

¿Qué ocurre si se lo ingiere?

Producirá calambres abdominales, dolores intensos, sensación de quemaduras, náuseas, shocks o colapsos, vómitos y una intensa debilidad en todo el cuerpo.

Según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, donde se estudian sus efectos de forma terapéutica, se señalan como síntomas de intoxicación con litio, fuertes problemas gástricos como diarrea, vómitos, náuseas y una debilidad constante, que -en estadios más agudos- comienza a dañar la coordinación de manos y piernas, temblores musculares y oculares, para finalmente caer en coma.

Esta locura por el litio es sólo por negocio. Se pueden reemplazar las baterías de litio por las de sodio y las de potasio, que son muchísimo menos contaminantes

En caso de que la contaminación no sea tan fuerte, pero sí constante, como podría ocurrir en inmediaciones de una mina, se puede mostrar una agudización de los reflejos, junto con ligeros temblores, mala pronunciación y problemas de memoria. El cuerpo humano, al intentar procesar el metal, empieza a tener síntomas de fallas renales, pérdida de sales corporales y una posible tendencia a la psicosis. Por esa misma causa es que el litio se utiliza en forma de sales para tratar enfermedades psiquiátricas como el trastorno bipolar (psicosis maniaco-depresiva) y depresiones, ya que funciona como un estabilizador del ánimo.

El litio puede afectar las funciones de la glándula tiroides y de los riñones. A las mujeres embarazadas se les recomienda no consumirlo, ya que puede afectar el desarrollo del feto. El hipotiroidismo es un trastorno metabólico que puede provocar depresión, fatiga, pérdida de memoria, aumento de peso y sensibilidad al frío.

El desastre medioambiental

¿Qué riesgos implica el almacenamiento de grandes cantidades de litio? Es altamente inflamable. En consecuencia, puede causar fuego o explosiones. En este contexto, libera vapores (o gases) irritantes y tóxicos. Además puede arder espontáneamente en contacto con el aire, cuando se dispersa en finas partículas; y reacciona violentamente con el agua, formando gas hidrógeno, el cual es altamente inflamable y vapores corrosivos de hidróxido de litio.

Patricia cuenta que «al principio costó que todos se enteraran de lo que se nos venía. La gente se empezó a comprometer de tal manera que -creo que- va a servir para sentirnos más partícipes de las decisiones que se toman sobre nuestra vida. Estar más atentos y comunicarnos entre vecinos, para resolver mejor estas cuestiones».

«Cuando sabés los daños que causa la megaminería, no queda ninguna duda de que no la queremos. Se llevan todo lo que pueden. Arrasan con la naturaleza, y nos dejan la contaminación», señala con sabiduría.

Resulta inconcebible pensar que existan ciudadanos y ciudadanas que apoyen estos mega proyectos contaminantes, a sabiendas del peligro que corren sus vidas. Los efectos ambientales de una mina de litio son devastadores. En principio, no difieren demasiado de la extracción de otros minerales: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había, generación de residuos sólidos y químicos.

El litio reacciona con el vapor de agua, con el nitrógeno, el oxígeno y en el aire. Cuando entra en contacto con el ambiente y su superficie forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. Entre ellos, el hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva, debiéndose prestar especial atención a su impacto en organismos acuáticos.

Quizá uno de los puntos más irónicos y paradójicos es que, por su utilización en baterías, y frente a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de dejar de utilizar los combustibles fósiles, la explotación del litio está en alza.

El TEG geopolítico

Como si fuera el afamado juego de mesa, los territorios mundiales se van conquistando por apenas un puñado de jugadores. Según el actual secretario de coordinación política minería, Daniel Meilan, Argentina producirá para 2025, 335.000 toneladas anuales de litio, convirtiéndose en el primer productor mundial. Los datos oficiales de la Secretaría de Minería estiman que ya hay una inversión de unos USD 2.000 millones en al menos 53 proyectos de capital extranjero.

El mapa del litio argentino, elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, junto con el Servicio Geológico Minero argentino, determinó que en Argentina hay unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio, con 53 proyectos de extracción, de los cuales 27 poseen acuerdos de tenencia minera.

En tanto, a nivel regional, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile y Perú acordaron avanzar en la investigación alrededor de la explotación del litio.

El hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva

Los salares de Argentina, Bolivia y Chile -el llamado «Triángulo del Litio»- concentran cerca de 26 millones de toneladas de las reservas probadas de este metal estratégico, las cuales significan casi el 60% a nivel mundial.

Ahora Perú se sumó a la conversación tras anunciar el hallazgo de depósitos de litio en roca, similares a los de Australia, con una concentración de litio siete veces superior a los salares. Y tendría reservas estimadas en aproximadamente 2,5 millones de toneladas en el marco de 8.000 hectáreas, dentro de las 92.000 exploradas.

Ante este escenario atroz, Patricia asegura que la ciudadanía mundial precisa «cambiar urgentemente nuestros hábitos, aprender a reciclar, y respetar este Planeta».

Las lucecitas esperanzadoras

En las últimas horas, el Concejo Deliberante de Villa Dolores sesionó para emitir una ordenanza anti minera. Fue aprobada por unanimidad. Fue un gran logro para los pobladores de Traslasierra. Aseguran que significará un antes y un después en la experiencia de todos los transerranos, en la lucha por derechos y por justicia.

Si bien el alcance es sólo municipal (en Villa Dolores) se espera que la resolución se multiplique en otras localidades. Como ocurrió en Las Tapias, donde -tras una masiva movilización popular- la ciudadanía local le dijo NO a la mina. Las Tapias está conducida por el intendente Ricardo Hidalgo, desde hace dos mandatos. Dicen de él que «no se ocupa ni siquiera de que su gente tenga agua potable».

Hidalgo, envuelto en una magnífica expresión de realismo mágico, tuvo que salir a decir que «no existe ninguna mina de litio en Las Tapias». Es más, se atrevió a declarar: «Yo no sé qué es el litio, no tengo ni idea. Acá nunca vino nadie a decirnos que van a poner una mina. Lo mejor es que venga esta gente de minería y nos expliquen bien».

«La secretaría es la que habilita o no, yo no tengo ni idea de cómo se hace, es un sistema que regulan ellos», dijo el intendente de Las Tapias. Se ocupó además de decir firmemente que nadie «avasallará» los derechos de los vecinos, al mismo tiempo de avisar que la decisión depende de la Provincia.

Y si bien el mandatario afirma que «no sabe nada de nada» en torno al litio, empresarios responsables de Dark Horse expresaron públicamente que ya mantuvieron reuniones con autoridades de Las Tapias.

En este contexto, el Concejo Deliberante local, en sesión extraordinaria y por unanimidad, también aprobó en las últimas horas, una nueva ordenanza que, entre otras cosas, prohíbe toda actividad vinculada a la minería a cielo abierto que genere un impacto negativo sobre el medio ambiente.

Uno de los datos más inquietantes es que el gobierno de la provincia afirma que la empresa Dark Horse no avanzará en la explotación del litio, puesto que aseguraron que no encontraron suficientes cantidades de ese material. Sin embargo, en la Secretaría de Minería se registran 11 expedientes abiertos, en los que se menciona que sí continuarán con las tareas, durante un lapso de 18 meses, tiempo en el cual afirman que comenzarán a extraer el litio, para la venta del espodumeno, es decir, la roca que lo contiene.

El litio es el elemento fundamental de las baterías que alimentan computadoras, automóviles híbridos y eléctricos, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía en general. En un mercado impune y ávido de consumir estos elementos que rigen la modernidad capitalista mundial, velar sobre los efectos en el medio ambiente que generan estas prácticas extractivistas parecen quedar en manos de la ciudadanía consciente.

 

Fuente:http://revistacitrica.com/la-amenaza-de-la-megamineria-en-el-paraiso.html

Argentina

Andalgalá: las mineras contaminan, la Justicia duerme

Después de casi dos décadas de amparos ambientales y de que el río tuviera 20 mil veces más de arsénico que lo permitido, la Corte Suprema de la Nación falló a favor de la Asamblea de Vecinos, pero el que tiene que cumplir la sentencia es el mismo juez que ordenó la represión en 2010. Mientras tanto, las multinacionales y el poder de turno aceleran la persecución y su campaña de desprestigio contra luchadores sociales.

Si uno recorre un poco menos de 250 kilómetros hacia el norte de la capital catamarqueña se encontrará con Andalgalá, conocida por los lugareños como «La Perla del Oeste Catamarqueño”.

Como todos estos lugares Andalgalá fue habitado por pueblos originarios, más concretamente por las naciones diaguitas y calchaquíes que con heroísmo pelearon bravíamente contra el imperio español. La historia relata episodios valientes que demoraron que ese tramo cayera bajo dominio español.

El río que lo recorre tiene su mismo nombre: río Andalgalá, que acaricia los pies de la Sierra de Aconquija y nutre un seco territorio. Gracias a su riego, esa zona puede producir nueces, vid, aceitunas, duraznos y algunas especies. De la generosidad de este río también depende la vida del ganado caprino y ovino. Hombres y mujeres hacen lo suyo y utilizan sus frutos para la producción de dulces y otros manjares.

Pero Andalgalá tampoco escapa a la riqueza que alberga su subsuelo: en Minas Capillitas se extrae una piedra semipreciosa como es la rodocrosita.

Lo que sucedió y sigue sucediendo en Andalgalá es importante de contar, pues fue en este lugar donde comienza la historia de emprendimientos mineros que prometen mucho, cumplen poco y contaminan todo.

En el subsuelo de esta localidad catamarqueña se encuentran las minas de oro y de cobre más importantes de la Argentina. En 1997 comenzó a funcionar Bajo La Alumbrera, el primer gran emprendimiento minero instalado en nuestro país conformado por empresas canadienses y suizas. En realidad estas multinacionales tienen el permiso de explotación, pues ambos yacimientos pertenecen al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y al Estado nacional.

En el subsuelo de Andalgalá se encuentran las minas de oro y de cobre más importantes de la Argentina

Todos firmaron un contrato para ceder la explotación a la empresa suiza Xstrata  y a dos empresas canadienses: Goldcorp  y Northern Orion.

Bajo La Alumbrera fue y sigue siendo un caso emblemático. Llegó a remover, diariamente, más de 300 toneladas de roca y consumía por minuto casi 70 mil litros de agua. El estado catamarqueño le concedió impúdicamente autorización para utilizar hasta 100 millones de litros de agua de manera diaria, una barbaridad si se tiene en cuenta que la OMS  argumenta que una persona puede satisfacer todas sus necesidades con un mínimo de 50 litros de agua por día. Un cálculo simple nos dice que la Alumbrera puede utilizar en un día lo mismo que necesitan más de dos millones de personas. Y lo peor es que todo esto sucede en una zona donde el agua escasea.

Semejante daño y gasto no redundó en las arcas del estado catamarqueño, pues las regalías que dejaban eran ínfimas.

Nada nuevo

Aunque sí fueron generosos en dejar un pasivo ambiental fenomenal que se calcula en –por lo menos- cinco derrames con tóxicos en sus valles y sus ríos, la voladura de montañas, el cambio del paisaje.

El uso de explosivos obligó a todo un pueblo a tener que convivir con una nube de polvo permanente, sulfuros, producto de las explosiones y –según relatan algunos- una lluvia ácida tan molesta como perjudicial para la salud.

Allí comienza la historia de emprendimientos mineros que prometen mucho, cumplen poco y contaminan todo

Al igual que sucede con las poblaciones donde reina el monocultivo, la siembra directa y las  fumigaciones, los pobladores de estas zonas enferman y mueren en proporciones mucho más grande que en otros lados.

Y renace la pregunta: ¿casualidad o causalidad?

Luis Alberto Flores es médico generalista, trabajó en el hospital zonal de Andalgalá, y fue muy claro cuando alertó que desde que se radicó la minería en ese lugar aparecieron distintos tipos de cáncer.

Lo que preocupó al profesional es la cantidad de chiquitos y adolescentes que mueren por cáncercuando –se sabe- es una enfermedad que, por lo general, ataca a la segunda y tercera edad.

Fue el mismo Flores quien en un reportaje concedido al medio Nuevo Diario, de Santiago del Estero, reveló números que asustan: la incidencia de cáncer juvenil en la zona trepaba un 2400 por ciento.

Semejante realidad llevó al profesional –y a otros- a concretar una investigación y relacionarlo con algún componente químico que esté consumiendo la población, y aunque el médico fue presionado por el gobierno provincial para no difundirlo, con valentía Flores pudo informar que entre las posibles causasse mencionan los residuos tóxicos de la megaminería y las antenas telefónicas.

No fue el único. El perito Héctor Oscar Nieva denunció que el dique de cola contaminó las napas de la zona. Otras denuncias de vecinos, de la Fiscalía General de Cámara del Poder Judicial de Tucumán y de la Universidad de Córdoba relatan distintas contaminaciones producidas en el lugar.

Bajo La Alumbrera puede utilizar en un día la misma cantidad de agua que necesitan más de dos millones de personas

Con el tiempo se supo que lo contaminado es inaudito: 20 mil veces más de arsénico, 5 mil veces más en cadmio, 10 mil veces más en mercurio que lo permitido por la ley nacionaly cantidades exorbitantes de plomo fueron la única inversión dejada por las multinacionales.

La realidad de Bajo la Alumbrera es la misma que ocurre en otros lados: promesas de progreso y de respeto al ambiente que no se cumplen. Se dijo que el pueblo cambiaría: que habría trabajo, que se construiría un hospital, barrios, escuelas. Pero nada de esto sucedió: según los habitantes del lugar, en el mejor momento, contrataron a menos de un centenar de personas, la mano de obra calificada vino de afuera y ninguna obra de infraestructura fue concretada.

En 2009 se hablaba de otro proyecto en ejecución: el yacimiento Agua Rica, un proyecto de extracción de oro, plata y cobre que se encontraba a tan solo 15 kilómetros de Andalgalá. Era  demasiado. Los vecinos se organizaron. No estaban dispuestos a otro saqueo.

Buscándole tiempo a sus vidas se encontraban, charlaban, discutían y conformaron a mediados de diciembre de 2009 la “Asamblea El Algarrobo”. Lo bautizaron así porque su nacimiento fue a la sombra generosa que brinda ese árbol.

Se trata de la organización de una comunidad hastiada y que pelea por la vida: interpelan a las autoridades, piden explicaciones y los sábados dejan la comodidad de sus casas para concretar caminatas por la ciudad con carteles y cantos que reclaman basta de la minería a cielo abierto. La respuesta del poder político es la misma de siempre: acusarlos de “extremos”, intentar desarticular la organización, asustar para que los pobladores no participen y hasta amedrentar cualquier intento de organización con presencia policial.

El nivel de contaminación es inaudito: el río tiene 20 mil veces más de arsénico, 5 mil veces más de cadmio y 10 mil veces más de mercurio que lo permitido

Nada los paró. Se movilizaron hasta la puerta del emprendimiento minero y el 15 de febrero de 2010 fueron desalojados por orden judicial del Juez Rodolfo Cecenarro, previa brutal represión policial también ordenada por el mismo funcionario judicial. Las fuerzas eran desproporcionadas: un grupo especializado como fuerza de choque, infantería, la policía con perros y refuerzos de otras localidades fue la bestial movilización de las fuerzas de seguridad para descomprimir una asamblea de vecinos.

Hubo resistencia y fue tan importante que un juez debió dictar una medida de suspensión de toda actividad minera en el yacimiento Agua Rica.

No fue la única represión sufrida por los asambleístas. Se fueron repitiendo cada vez que se manifestaron. Hasta llegaron a judicializar la protesta e inventaron causas penales contra vecinos.

Como en tantos lados, los asambleístas sabían que debían dar lucha en diferentes frentes: el político fue uno; el judicial, otro. Presentaron proyectos de ordenanzas que fueron ignorados, pidieron que se convocara a un plebiscito de carácter vinculante que en un principio se aprobó, pero finalmente no se llevó a cabo ya que fue declarado inconstitucional.

Estaba claro que la idea era vencerlos, cansarlos.

Nada más lejos de la realidad. Los vecinos continuaron la lucha.

En septiembre de 2012, ciento cincuenta vecinos  presentaron una medida autosatisfactiva –esas medidas de carácter urgente que responden a una situación que requiere necesariamente una imperiosa solución— para que  se suspendan todas las exploraciones y explotaciones de yacimientos megamineros en el cordón montañoso Sierras del Aconquija hasta tanto el Instituto de Nivologia y Glaciología realizara el inventario de glaciares.

Nunca tuvieron una respuesta.

Asambleas, manifestaciones, caminatas por la vida, campamentos en las puertas de los yacimientos, en  la intendencia e –incluso- frente a los Tribunales de la Nación en Buenos Aires fueron la manera que tuvieron los vecinos de mantener la lucha.

En 2014 y 2016 acamparon en la misma puerta de los Tribunales Federales pidiéndole a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que dictamine a favor de los amparos ambientales presentados seis años antes.

Se sabe: la Justicia es lenta.

El 1º de marzo de 2016 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá y la Justicia de Catamarca debía anular la resolución que autorizaba el emprendimiento minero de Agua Rica.

El fallo fue unánime y en contra de la sentencia del Superior Tribunal de Catamarca, que había rechazado el amparo de los vecinos que, basados en la protección de su salud, pedían la suspensión del proyecto.

Era una victoria importante pero había que seguir.

El 9 de septiembre de 2016 fue viernes. El  Concejo Deliberante de Andalgalá  debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por sectores autoconvocados  que  solicitaba la prohibición de la  minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá.

Los 7 concejales votaron a favor. Se prohibía la minería a cielo abierto en búsqueda de oro, cobre, plomo, plata y también de minerales nucleares descubiertos o a descubrirse en la cuenca del río Andalgalá.

El pueblo convive con una nube de polvo permanente y sulfuros, producto de las explosiones, y lluvia ácida

Otro artículo de la ordenanza prohíbe el uso de cianuro y mercurio, y toda sustancia química contaminante y peligrosa. Además no permite el uso del agua de río, vertientes o subterránea para la explotación. También plantea que las empresas serán jurídicamente responsables en caso de daño ambiental.

La ordenanza  lleva el número 029/16 y fue sancionada por el intendente  Alejandro Páez, quien ocupa su cargo después de haber protagonizado la campaña electoral con un fuerte discurso anti minero y con promesas de no permitir este tipo de emprendimientos.

Queda claro que la insistencia y dignidad popular fueron claves.

Sin embargo, la lucha debe continuar porque la voracidad empresarial y la corrupción política son dos hermanos tan tenaces como indignos.

Aquel amparo que tiene resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió al fuero judicial de Andalgalá y cayó en manos del mismo juez que ordenó el desalojo y la represión en 2010, el Doctor Rodolfo Cecenarro.

Los vecinos temen, con justa razón, que aquel juez al que no le tembló el pulso para mandar a reprimir, ahora haga lo imposible por no cumplir la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La respuesta de la asamblea no se hizo esperar y en febrero de este año presentaron una denuncia penal contra el magistrado por prevaricato y desobediencia judicial. Semejante “mojada de oreja” iba a tener respuesta.

A mediados de febrero de este año una desproporcional fuerza policial allanó la casa de Sergio Martínez, un integrante de la Asamblea El Algarrobo. El allanamiento no cumplió las normas procesales tales como mostrar la orden judicial al inicio de la acción y llevar testigos que certifiquen la acción policial. La acusación es que Martínez y su hijo  consumían drogas ilegales.

“Sabemos que es parte de una campaña de desprestigio, hay hechos que lo demuestran, por ejemplo, el allanamiento se desarrollo entre las 17 y la 1 de la madrugada,  y ese mismo día los diarios ya tenían todos los datos, el nombre de nuestro compañero y de su hijo y se lanzó una campaña de desprestigio con fotos de ellos y de otros integrantes de la asamblea”, asegura Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo desde sus inicios.

Nada nuevo: buscar en la zona el desprestigio de los luchadores sociales que, como dice la misma Rosa: “Tenemos que sufrir esta realidad”. Rosa cuenta que acompañan a Sergio Martínez, que saben que se trata de otro manotazo del poder para quebrarlos, pero que solo lograrán fortalecerlos.

El hijo de Martínez estuvo nueve días preso. Fue una manera de amedrentar. Y también una prueba del lazo estrecho que existe entre el Poder Judicial y los contaminadores y saqueadores de siempre.

 

Fuente:http://revistacitrica.com/aldalgala-las-mineras-contaminan-la-justicia-duerme.html?fbclid=IwAR2eVCMWFUtaBcm6dLzQxvvAVAH4D32LkJVBUv9yka-5x1zCcC7ZWFTpruI