Hasta mediados del año 2018, Guapinol era una aldea completamente desconocida. La concesión de los ríos San Pedro y Guapinol (mismo nombre que la aldea) puso a la comunidad en el escenario público tras iniciar una lucha para detener a la Minera Inversiones Pinares.
Sin embargo, Guapinol cobró vigencia internacional luego que el Ministerio Público llevara a los tribunales a 12 de los líderes de la lucha ambiental, en medio de un proceso judicial lleno de vicios y arbitrariedades, que ha dejado una serie de lecciones y evidencias históricas sobre cómo opera el sistema de justicia de Honduras, cuando se colude con el poder.
Un baño con lodo en Guapinol
Para entender lo que viven la población de Guapinol, quizás sea necesario cerrar los ojos e imaginarse esto: “desde que abrieron la calle el sedimento cayó al río. Estuvimos tres meses bañándonos con lodo; no se podía lavar ni un plato porque era el vivo lodillo que llegaba a las llaves y las pilas”. Esa expresión no es una invención, es parte de la narración que nos hizo Juana Zúñiga, uno de tantos días en los que estuvo en las afueras del Juzgado en materia de Extorsión, en Tegucigalpa, espera de la resolución sobre las acusaciones que se presentaron en contra de 12 de sus compañeros de lucha.
Agregó, “para bañar a los niños teníamos que comprar botellones de agua y por eso nos levantamos, por eso nos oponemos a la minera y por hacerlo, nos criminalizan. El delito que cometemos es defender la vida, el agua y por eso acusaron a los compañeros”, dijo Ana, de forma sencilla pero tan profunda para ejemplificar el por qué un pueblo se levantó en Honduras en contra de una empresa minera.
La voz de Juana no es la única que se alzó contra la minera Inversiones Los Pinares. Hoy, 20 comunidades resisten y exigen que la minera salga de la zona. Pero, por emprender la lucha, 12 pobladores (11 hombres y 1 mujer) fueron llevados a los tribunales hondureños. Sin embargo, estas 12 personas son parte de los 31 líderes y lideresas que fueron procesados. Su delito: defender el agua, los recursos, su territorio y la vida. Pero por defender esos bienes, el Ministerio Público los acusó de usurpación y daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado.
¿Cómo surge el conflicto?
Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.
Ese pueblo está convencido que la minería debe salir y que el Gobierno debe cancelar esas dos concesiones que les están destruyendo la montaña. Por eso se organizaron, buscaron apoyo de organizaciones.
“Estamos en lucha no sólo para defender el río Guapinol, sino el río Tocoa, Zamora, Taujica que son nuestros afluentes de agua en Colón”, dice Orbelina Flores Hernández, Miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, mientras agrega, “el agua es vida y por defenderla nos están criminalizando a los compañeros. Están en juego intereses millonarios y nos están condenando a estar sin agua y eso, no lo vamos a permitir, hasta la muerte vamos a seguir luchando”.
A las comunidades nunca se les informó que la empresa llegaría al lugar. Nunca se les dijo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), dio los permisos para la explotación de la montaña. Estaban desinformados y el único camino que les quedó fue impedir que las máquinas continuarán destruyendo la zona. Pese a la oposición de la población, ha habido contubernio de las autoridades que han permitido que la empresa opere.
Los afectados
Son unos 100 mil habitantes, los que serán afectados en el departamento de Colón con la explotación. No sólo se trata del municipio de Tocoa, también el impacto alcanza a los municipios de Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental. Ante la amenaza, como medida, los pobladores han denunciado a sus municipios libres de minería, una declaratoria que los blinda por tres años. Tienen claro, por experiencias registradas en otras zonas de Honduras, que, si la minería continúa, en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.
“Vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales y pobladores, estamos apoyando la lucha. La familia Facussé llegó a Colón a hacer estragos y han causado mucho sufrimiento a las familias en Colón. Quieren a toda costa trabajar la minería y el gobierno se los permite. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de mi hermano, su pecado fue estar al frente de la lucha, ser presidente de los bienes municipales en Colón”, dijo con contundencia Melvin Espino, hermano de Juan López, uno de los que fue detenido y quien, además, es el Coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.
Obligados a salir de su propia tierra
En Ceibita, poblado aledaño a Guapinol, varias familias han tenido que huir. Las presiones los han obligado a dejarlo todo. Kevin Esquivel, contó al equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que desde octubre viven un calvario. Denuncia que les han mandado personas “encapuchadas” para advertirlos que si no se van pagarán con su vida.
“La última vez fueron cuatro individuos fuertemente armados con Akas (AK-47). Nos presionaron. No nos quedó más y salimos un 28 de octubre del 2018 de la aldea La Ceibita en Tocoa, Colón. Salimos sólo con la ropa que andábamos puesta. Dejamos nuestra casa. Fueron 49 años de esfuerzo de mi padre, toda una vida. Atrás quedó todo, atrás quedó botada la casa”, dijo en su relato Kevin, hijo de José Eugenio Esquivel, uno de los 12 líderes requeridos por el Ministerio Público.
El proceso en contra de las y los líderes de Guapinol
Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George, José Adalid Cecilio Mendoza, y Lourdes Elizabeth Gómez Rocías, se entregaron de manera voluntaria.
Este problema se origina con un decreto que sometió a consideración ante el Congreso Nacional, un diputado del Partido Nacional del departamento de Colón, para que se concesionara la zona núcleo del parque nacional Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras”, explicó Adilia Castro, del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.
Lo anterior, pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.
Esa irregularidad fue detectada por la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que pese a las limitantes encontradas para obtener información, fue la que constató en los decretos legislativos la modificación y alertó a las comunidades para evitar la destrucción. “Apoyamos a las comunidades en la búsqueda de información. Ellos no podían acceder a la información completa; cuando se constató la disminución de la zona núcleo se organizaron. Las comunidades se auto-convocaron, hicieron asambleas sectoriales, declararon los municipios libres de minería, hicieron asambleas populares y hasta tomas permanentes frente a la municipalidad en Tocoa. Fue así como se estableció un campamento por la vida y seguimos luchando con el pueblo”, expresó Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez.
El proceso de la ilegalidad fue descubierto. Pero las concesiones ASP 1 y ASP 2 ya se habían emitido, utilizando 100 hectáreas cada una, en la zona núcleo. Es decir, la cantidad que redujeron los diputados es ahora la zona donde la empresa hará la explotación.
Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se ubican en la zona de Guapinol, San Pedro y La Ceibita. La empresa tiene el permiso para explotar la montaña por 10 años.
Días de detención y de angustia
Desde el mes de octubre del 2018, el Ministerio Público (MP) urdió la acusación en contra de los líderes. Pero se hizo de conocimiento público en el mes de enero del 2019. Fueron Edy Tabora, Omar Menjívar, Efraín Ramírez, Kenia Oliva, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y Mario Rojas, los abogados que conformaron la defensa de los pobladores de Guapinol. El cuerpo de abogados sugirió a los pobladores presentarse voluntariamente y así fue, pero allí comienza la serie de irregularidades.
Fueron 10 días de detención. La angustia y la desesperación arroparon a las familias de los 12 líderes, quienes, desde su captura, enfrentaron con valentía un proceso que se dirimió en Tegucigalpa, pese a que correspondía al caso, la jurisdicción de Tocoa, Colón, norte de Honduras.
Su conciencia estaba tranquila y el equipo de abogados creyó en su inocencia, se blindó de sus conocimientos y luchó para desvirtuar cada delito que les formuló a la “banda criminal de la aldea”, tal como la denominó el Ministerio Público de Honduras. Ese ente estatal hasta presentó un organigrama para sustentar el delito de asociación ilícita, en el que se incluyó la ficha de dos pobladores que fallecieron hace cuatro años.
Las acusaciones
La acusación por usurpación y daños en contra de los 31 líderes de Guapinol, se registró en el expediente 148-2018, mientras que en el expediente 22-2019, se les acusó de asociación ilícita, portación ilegal de armas, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Estos son delitos que el Ministerio Público en último momento acreditó para los pobladores.
Al filo de las dos de la madrugada del lunes 4 de marzo, con un resultado a favor de los acusados, en las afueras de los Tribunales en materia de Extorsión (adonde se desarrolló la audiencia en Tegucigalpa desde el jueves 28 de febrero) un “SÍ SE PUDO”, estalló.
En medio de la alegría de familias y pobladores, surgieron abrazos, lágrimas, oraciones y gritos. La justicia dejaba en libertad a los defensores de Guapinol. “Lo logramos”, gritaban.
“Demostramos que los delitos por los que los acusaban no existieron. Vemos con mucha preocupación las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. El Poder Judicial el día de hoy emitió una resolución apegada a los derechos fundamentales”, dijo Tábora, uno de los abogados defensores.
Y es que, para los abogados defensores, el requerimiento fiscal formulado por el MP en contra los habitantes de Guapinol, se basó en el “derecho penal del enemigo”. La Fiscalía consideró a las comunidades como enemigas y eso es algo que preocupa tanto a los apoderados legales, como a los defensores del ambiente.
“Alrededor de esa concepción del derecho penal la Fiscalía construye pruebas. Afortunadamente hoy demostramos que fue una prueba construida, que Fiscales no tienen las más mínimas intenciones de apegarse a lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, cuestionó Tábora.
En indefensión, comunidades que luchan por sus recursos naturales
Lo ocurrido con Guapinol dejó en evidencia muchas situaciones que merecen documentarse. Por un lado, las comunidades que determinan defender sus recursos naturales se enfrentan a: amenazas, hostigamiento, ataques por parte de los cuerpos policiales y militares que asisten a las empresas extractivas; agresiones físicas y en el peor de los casos, asesinatos.
Por otro lado, con Guapinol quedó claro que el sistema de justicia hondureño, lejos de propiciar investigaciones contundentes, profundas, creíbles y a favor de quienes defienden los derechos humanos de la población, decide adoptar el papel de defensor de los grupos de poder que, en este y otros casos, están representados por quienes detentan las concesiones de ríos y territorios para explotar sus recursos de forma inconsulta y arbitraria.
El cuerpo de abogados que defendió a los líderes de Guapinol, afirma que la institucionalidad del Estado se utiliza para criminalizar a las poblaciones que defienden sus territorios, sin tomar en cuenta aspectos claves como la consulta libre, previa e informada.
Guapinol ganó una batalla, no la guerra: la concesión sigue vigente
“La verdad y la justicia reinó. Ganó el pueblo, ganó la vida y ganaron nuestros ríos. La lucha sigue y no se para”, dijo Esly Banegas, lideresa de COPA y defensora del ambiente en Colón. Sin embargo, los pobladores no desconocen que este es el gane de una batalla, no de la guerra.
Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se prevé va a continuar. La empresa tiene permiso para explotar la zona por 10 años. Es decir, la concesión finaliza en el 2024.
Tabora afirma que la situación se mantiene en alerta, pero dice que, a partir de hoy, “debemos exigir que ese Ministerio Público, que se convierte en instrumento de criminalización para los que defienden sus territorios, cambie, y que actúe con imparcialidad”.
Con el sobreseimiento de los líderes y lideresas apenas se cierra un capítulo. Sin embargo, la sociedad hondureña continuará atenta al final de una trama que comienza a replicarse en otras zonas del país, en donde otras comunidades se levantan para defender sus bosques y ríos.
Fuente:https://cespad.org.hn/2019/03/04/guapinol-se-gano-una-batalla-no-la-guerra/