25/04/2024
Crédito: Minera Collahuasi
Siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, en Chile, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la calificación ambiental favorable del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” de la minera del mismo nombre.

La causa, admitida a trámite, se presentó en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que las asociaciones estiman que el organismo realizó una evaluación deficiente al no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable (MPS) sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el área de influencia.

Por lo anterior, los reclamantes solicitan que se anule la aprobación del proyecto o que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de apertura de un proceso de consulta indígena por la afectación a los grupos humanos pertenecientes a dichos pueblos. Respecto a esta última solicitud se argumenta que el proyecto no habría descartado debidamente los impactos ambientales significativos sobre estos grupos humanos, de manera que existiría una susceptibilidad de afectación que hace procedente la realización de una consulta indígena.

Proyecto
El objetivo del proyecto es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un período estimado de 20 años, para lo cual se va a mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170 ktpd (miles de toneladas por día) a 210 ktpd, mediante la extensión de los permisos medioambientales.

También, considera una fuente complementaria de abastecimiento hídrico para lo cual se contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar.

Asociaciones indígenas reclaman por calificación ambiental favorable de proyecto Collahuasi

Michael Lieberherr, Mongabay Latam 28/04/2024
Ampliación de Pelambres con tubería de cobre a metros de casas tiene en vilo a comunidad ruralPupío y el camino de tierra que marca el paso de la tubería. / Foto: Revista Pasto Seco
Derrames de petróleo y metales pesados son algunos de los daños causados por la mina Pelambres. Ante tal historial, vecinos de Pupío se oponen al proyecto que contempla tuberías a 100 metros de sus casas, mientras la empresa minera demanda a los vecinos por oponerse a la construcción de un camino.
La segunda semana de octubre de 2023, una familia completa fue demandada por la empresa Minera Los Pelambres. ¿La razón? Ni esta, ni ninguno de los habitantes de su comunidad, Pupío, aceptaron la ampliación de un camino que le permitirá a la minera instalar dos nuevas tuberías: una que llevará 1200 litros por segundo de agua industrial y otra que transportará concentrado de cobre proveniente de la extracción que la empresa hace en la cordillera de Los Andes, al norte del país, en la región de Coquimbo.

Ambas tuberías pasarán a menos de 100 metros de la casa de la familia Silva, y el temor de que una filtración afecte su vivienda fue la razón que la llevó a oponerse al proyecto.

Si bien ya existe una tubería en esa zona, actualmente sólo transporta 400 litros por segundo de agua industrial. En 2023 se aprobó el nuevo proyecto de Adaptación Operacional presentado por la empresa, con la que aquella tubería pasará a llevar tres veces la cantidad actual y, además, se sumará otra tubería con concentrado de cobre.

La comunidad de Pupío nunca pensó enfrentarse judicialmente a una empresa tan grande como Minera los Pelambres, una de las 15 mayores productoras de cobre en el mundo.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las acciones de la minera? Te lo explicamos en tres claves.

Las demandas
La minera argumentó que en algunas de las instancias de diálogo con los dueños de predios en Pupío, “no fue posible acordar las indemnizaciones por las servidumbres de paso”, es decir, por la construcción del camino que se requiere para instalar las tuberías.

Por eso, dice la empresa, “se solicitó a un tercero imparcial determinar cuál es el precio justo a pagar por las servidumbres, lo que se realiza a través de un peritaje independiente y experto en los diferentes casos que actualmente se tramitan”.

Sin embargo, en Pupío acusan que tal diálogo no ha existido y que sólo se han enterado de los avances de la demanda a través de las notificaciones oficiales emitidas por el tribunal de Illapel. En total son 27 los habitantes de Pupío los que están demandados en un juicio civil por no aceptar la ampliación de la servidumbre de paso para la minera.

“Dentro de los demandados hay dos adultos mayores, uno de 88 años y el otro de 89 años. Personas de campo que jamás han pisado un tribunal de justicia. Para ellos esto ha sido terrible. Hay noches que ni siquiera pueden dormir por la preocupación. También, dentro de los demandados hay dos personas con capacidades diferentes, uno de ellos vive conectado a un respirador”, explica Oscar Montalva, otro de los habitantes de Pupío que fue demandado por la empresa minera.

Las tuberías y los planes
Los 27 demandados en Pupío por oponerse a la ampliación de la servidumbre de paso no son los únicos que se enfrentan judicialmente a la empresa. En la provincia de Choapa, ubicada al sur de la Región de Coquimbo, también existen demandados e impactos por la minera que opera allí desde 1997.

El concentrado de cobre que la empresa extrae en la zona cordillerana de Choapa, cerca del límite con Argentina, es trasladado a través de tuberías por toda la provincia hasta llegar a la costa donde es cargado en barcos para su traslado y posterior comercialización.

Los excedentes del proceso minero son trasladados por otras tuberías hacia los dos tranques de relaves más grandes de la región de Coquimbo: Los Quillayes y El Mauro.

Además, la minera cuenta con diferentes obras industriales para facilitar ese traslado, como una bomba booster, que reimpulsa el concentrado de cobre desde la zona de menos altitud de la provincia, el sector rural de Choapa Viejo, hacia la costa.

En 2015, el concentrado fue derramado desde este sistema hacia los terrenos agrícolas y el río Choapa que históricamente abastecía a las familias del sector. Esto ha hecho que las cerca de 200 familias que habitan la localidad, a menos de 15 kilómetros de Pupío, se abastezcan del agua embotellada que les entrega la minera.

En julio de 2023, un grupo de vecinos de Choapa Viejo bloqueó el acceso a la bomba booster para exigirle a la empresa soluciones para poder acceder nuevamente al agua potable. Como consecuencia de esa manifestación, cinco habitantes de Choapa Viejo fueron demandados por la empresa por indemnización de perjuicios por un monto total de $942.977.528 pesos chilenos, equivalentes a más de 1 millón de dólares.

Aún con estos antecedentes, el 20 de octubre del 2023, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime, y por recomendación de la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente en Coquimbo, el nuevo proyecto de Minera Los Pelambres, “Adaptación Operacional”, que contempla la inversión de 1000 millones de dólares.

Su objetivo es desarrollar un nuevo trazado para las tuberías que transportan el concentrado de cobre desde la cordillera al mar, atravesando toda la provincia de Choapa.

También se establece un aumento de la vida útil del proyecto minero, hasta que el tranque de relave El Mauro complete su capacidad máxima de almacenamiento autorizado: 1700 millones de toneladas.

Por último, se considera la construcción de una desalinizadora para emplear agua de mar en los procesos industriales y dejar de utilizar agua dulce, aunque la empresa todavía no aclara qué hará con el derecho a 829 litros por segundo que mantienen hasta hoy.

Los graves impactos ambientales
La larga lista de daños ambientales que tiene la minera mantiene en vilo a los habitantes de la provincia de Choapa. Temen que el proyecto “Adaptación Operacional” traiga consigo derrames, como el ocurrido en 2022 cuando la rotura de la tubería que trasladaba el concentrado de cobre provocó un derrame que contaminó los predios agrícolas cercanos.

“¿Quién podría vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un desastre como los que ya le han ocurrido a Minera los Pelambres en el valle del Choapa con proyectos de menor envergadura?”, cuestiona Oscar Montalva. La preocupación de los vecinos quedó demostrada en las más de 200 observaciones ciudadanas al proyecto Adaptación Operacional que fueron ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental.

El derrame del 2022 no ha sido el único sufrido por los vecinos de Minera Los Pelambres. En agosto del 2008, el río Cuncumén recibió aguas infiltradas desde el tranque de relaves Los Quillayes y material proveniente de una piscina de emergencia alcanzó el estero Camisas.

Sólo un mes más tarde, en noviembre, la empresa derramó más de 10 000 litros de petróleo, y en diciembre aguas procesadas escurrieron desde el vertedero de seguridad del tranque de relaves El Mauro hasta el estero Pupío.

Por todos esos daños, la empresa fue sancionada por la antigua autoridad ambiental con la mayor multa efectuada contra la minera hasta ese momento: 82,5 millones de pesos (unos 140 000 dólares al cambio de esa fecha), y que corresponden al 0,02% de las utilidades obtenidas por Minera Los Pelambres en 2009. En agosto de ese año, 13 000 litros de concentrado de cobre cayeron directamente al río Choapa.

En noviembre de 2021, una de las piscinas de emergencia filtró agua industrial en una zona agrícola a pocos metros de la ribera del río Camisas, ubicado en la comuna de Salamanca. Por si fuera poco, informes científicos dan cuenta de que Minera Los Pelambres también removió glaciares rocosos en la zona cordillerana de la provincia de Choapa, entre los años 1997 y 2006.

Para defenderse, algunas de las personas demandadas en Choapa han financiado un abogado particular y otros han solicitado el apoyo de la municipalidad para que los respalde con un abogado. En la mayoría de los casos —aseguran— ni con la venta de todos sus bienes lograrán pagar a la empresa en caso de perder la demanda.

Lee el reportaje completo aquí. https://es.mongabay.com/2024/03/chile-proyecto-minero-cobre-avanza-personas-demandadas-amplio-prontuario-ambiental/

https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/04/28/ampliacion-de-pelambres-con-tuberia-de-cobre-a-metros-de-casas-tiene-en-vilo-a-comunidad-rural.html

María del Mar Parra 29/04/2024
Imagen referencial. / Foto: Agencia UNO.
En la zona más afectada por la sequía en el país, la minera de la familia Luksic deberá pagar una multa de $662 millones por extracción ilegal de agua, mientras que el Ministerio Público investigará el posible delito ambiental, que con la nueva legislación puede ser sancionado incluso con cárcel.
Coquimbo está al borde del colapso por la crisis hídrica, y el Estado ha debido llegar a acuerdos con los grandes usuarios de agua como regantes y mineras, para redistribuir el recurso y evitar cortes de servicio en los hogares de la región.

En dicho contexto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) encontraron extracciones no autorizadas de aguas subterráneas y superficiales por parte de la minera Los Pelambres ligada a la familia Luksic. Además, identificaron que la empresa no estaba cumpliendo con el acuerdo de distribución establecido con la Junta de Vigilancia del río Choapa.

Durante los últimos días de abril, la DGA estableció una multa de $430 millones contra la empresa minera por el robo de agua, y otra de $228 millones por no cumplir con la redistribución del recurso. Además, el organismo ordenó a la minera detener de forma inmediata la extracción no autorizada y acatar los acuerdos de la Junta de Vigilancia.

Pero más allá de la multa, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público ya que, según la directora regional de la DGA, Cinthya Álvarez, se identifica por primera vez en la región un posible delito ambiental de acuerdo a la nueva legislación.

La directora se refiere a la nueva Ley contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, aprobada en el país en 2023, y donde algunos hechos relacionados al daño ambiental se agregan como delitos en el código penal, por lo que pueden ser sancionados incluso con penas de cárcel.

Tras la inspección de la DGA en terreno, se constató que en 4 bocatomas de agua superficial y en 8 pozos de agua subterránea se extrajo más recurso del permitido, mientras que en las bocatomas tampoco se respetó el prorrateo al que se deben someter los usuarios de la Junta de Vigilancia del río Choapa por la extrema sequía.

Cabe destacar que la minera presentó un recurso de reclamación contra el decreto de redistribución de las aguas de la Junta de Vigilancia del río Choapa, dictado de conformidad al artículo del Código de Aguas sobre severa sequía. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2023.

Las faltas constatadas ocurrieron cuando la región estaba bajo decreto de escasez hídrica, en la cuenca del río Choapa que se encontraba agotada, y en el sector hidrogeológico de Choapa Alto que está declarado como zona de prohibición. Estos hechos constituyeron agravantes para ponderar las multas.

Cabe recordar que la mina Los Pelambres ha protagonizado eventos como derrames de petróleo, aguas industriales o concentrado de cobre, por lo cual ha sido sancionada en múltiples ocasiones.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/04/29/otra-de-pelambres-minera-es-multada-por-robo-de-agua-e-investigan-posible-delito-ambiental.html

Columna de opinión por OLCA
20/04/2024

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado el 4 de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica, y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Este acuerdo tiene sus raíces en el principio N°10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.

Chile se volvió un Estado Parte a partir de septiembre del 2022, y en la actualidad, el encargado a nivel nacional de impulsar y promover la implementación de este acuerdo es el Ministerio del Medio Ambiente. Este Acuerdo, al tener un carácter vinculante, implica que su cumplimiento es obligatorio una vez que ha sido ratificado.

La importancia del Acuerdo reside en su carácter pionero a nivel mundial al incorporar disposiciones específicas sobre defensoras/es de los Derechos Humanos en asuntos ambientales. Además, este destaca por ser el primer acuerdo en la región que aborda algunos de los desafíos del medio ambiente. El acuerdo aborda, en lo medular, los derechos de acceso: (1) Acceso, generación y divulgación de información ambiental (Artículo 5 y 6), (2) Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (Artículo 7) y (3) Acceso a la justicia en asuntos ambientales (Artículo 8); y, así como se señaló, un apartado sobre defensoras/es de los derechos humanos en asuntos ambientales (Artículo 9).

La ratificación del Acuerdo generó resistencia en Chile, pues el segundo gobierno de Sebastián Piñera se negaba a su ratificación a propósito de señalar que el país ya contaba con un marco legal que incorporaba varias de las disposiciones y requisitos establecidos en el Acuerdo, particularmente, respecto de los derechos de acceso: información, participación y justicia. Si bien esto era en parte cierto, desconoció que el Acuerdo podría reforzar estos derechos en la normativa nacional, en tanto tienen un débil funcionamiento en la práctica, o bien, implementar una normativa sobre defensoras/es ambientales. Es más, desde su ratificación por el presidente Gabriel Boric y hasta la fecha, no hay ninguna norma que reconozca y otorgue un marco de protección a defensoras/es. Además, a pesar de la implementación previa de los derechos de acceso, es evidente la necesidad de actualizaciones en relación con el desarrollo del Acuerdo.

Desde la ratificación por Chile en 2022, se han señalado distintas problemáticas a nivel nacional en torno a los ejes del Acuerdo de Escazú, las críticas han venido desde distintos sectores. Por ejemplo, en el reciente informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente de Naciones Unidas, la aplicación de Escazú es lenta y a pequeña escala, no se ajusta a materias de derechos humanos, así también, indica que no se ha respetado el Convenio 169 OIT y la consulta previa, libre e informada de Pueblos Indígenas, además de que no existen mecanismos de asesoría técnico-jurídico accesibles.

Desde organizaciones socioambientales se ha criticado que el lenguaje técnico representa una barrera en la comprensión de estos instrumentos, faltando documentos que lo explique en términos más sencillos; que el Acuerdo no asegura participación vinculante, no habiendo una mejoraría de lo que ya estaba en las normas del país; así como falta de diálogo con comunidades que hacen defensa de sus territorios y transparencia en los avances y recursos disponibles para la implementación del Acuerdo.

Además, se ha insistido que hay limitaciones en cuanto a participación, pues no hay claridad cuando inician los procesos o sus resultados. Pero no sólo esto, pues con los recientes proyectos de ley presentados por el actual gobierno, la tendencia en términos de participación es a una mayor desregulación en la materia a propósito de lo que el empresariado ha denominado “permisología” y que el gobierno ha acatado a pie juntillas, queriendo incluir en materia de evaluación ambiental técnicas como la de la “participación temprana”, la que desconoce la situación de asimetría entre empresas y comunidades, haciendo de cuentas como si las empresas fueran parte del territorio y tuvieran el mismo derecho a decidir por este; además de obligar a comunidades a llegar acuerdo con estas empresas bajo la falsedad del “valor compartido”, que no es más que el encantamiento de sirenas que ofrece más trabajos precarizados, el fin de prácticas culturales, sociales y económicas de los territorios, así como la desposesión y el incremento de las labores de cuidados para mujeres.

Por cierto, uno de los puntos más críticos ha sido en materia de defensoras/es, pues es evidente la falta de una regulación especial, considerando que hacer defensa del territorio, sobre todo en caso de grupos vulnerables, como mujeres o pueblos indígenas, es una actividad de alto riesgo, tal como señaló el Relator de Naciones Unidas, y como lo han señalado por años las comunidades y defensoras/es.

En la tercera Conferencia de las Partes, más conocida como la COP 3, a realizarse en las oficinas de la CEPAL en Chile -dado que ningún país quiso ser anfitrión-, se busca la consideración y aprobación del Plan de Acción, el que se comenzó a trabajar en la COP 2. Además, se presentarán informes de la Mesa Directiva, Secretaría y el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y rutas de implementación nacional. Para el caso de Chile, y debido a las críticas mencionadas más arriba, el país presentó en al COP 2 el Anteproyecto del Plan de Implementación del Acuerdo (PIPE), el cual tiene como objetivo ser implementado en un periodo de 6 años, desde el 2024 hasta el 2030, y que será presentado en esta COP.

El anteproyecto fue objeto de varias críticas, tales como que, en materia de información, no se mencionan formas de generar reportes e informes que incluya a los grupos de vulnerabilidad; en materia de participación, no se mencionan los mecanismos que se aplicarán, así tampoco se aplicó a la consulta indígena del anteproyecto, lo que pone en duda la efectividad de las medidas; en materia de justicia y defensoras/es, no hay una propuesta de una definición de defensor, falta que se consideren medidas para defensoras/es que son parte de comunidades indígenas y mujeres, entre otros.

El anteproyecto PIPE fue aprobado el lunes 15 de abril de 2024, una semana antes de la COP 3, a realizarse entre los días 22 y 24 de abril. Sin embargo, desconocemos la versión final del PIPE, así como el Protocolo para la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos aprobado el 4 de abril por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “esto de acuerdo con las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos y especialmente con el Tratado de Escazú”.

En este escenario y ad portas de la COP 3 nos preguntamos: ¿No sería este el caso en donde se debe aplicar el derecho al acceso a la información que contempla el Acuerdo y poder tener con anticipación estos documentos para poder entender e incidir en la instancia? ¿Qué está entendiendo el gobierno por democracia ambiental? ¿Sigue el interés por cautelar los derechos de acceso para las comunidades o la “permisología” ganó la batalla? Parece que el gobierno aún nos guarda sorpresas, pero mientras tanto, seguimos exigiendo que se cumplan los acuerdos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y construyendo democracia ambiental desde los territorios.
https://radio.uchile.cl/2024/04/20/acuerdo-de-escazu-perspectivas-desde-la-conflictividad-socioambiental/