En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia” acompañada por ciencia, científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T, y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento, pero que al final funcionan como administradores del despojo, al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio, porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo, a través de las consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario, de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando, pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitar en amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya, por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal, conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA, nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defender la continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que, incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que, “gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad, de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong´s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente” y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis. De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocer los daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos, emocionales y afectivos, que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aún es reducir, a la retórica de las consultas, lo que se considera “justo” para imponer y legitimar la destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país, porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda, todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal; de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida. No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crear la misma situación que ya estaba arraigada desde hace años. La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas, y ahí, en el mismísimo infierno, tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándares o lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos, es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E,

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Fuente:https://movimientom4.org/2019/12/ley-minera-permiso-para-el-depojo/?fbclid=IwAR277h2717L-PJkzPrzK9WDq4bLINRoka_rNgJeSf_kZXV924fFBYD-lkdc

La activista indígena Epitacia Zamora Teodoro, defensora del territorio de la comunidad de Zacualpan en contra de la minería, fue reconocida de manera post mortem con la condecoración “Eleanor Roosevelt”.

Dicho reconocimiento es otorgado cada año por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a quienes destacan en la promoción y protección de los derechos humanos en la entidad.

El organismo también reconoció al fallecido activista Jorge Iglesias de la Cruz, quien se distinguió por la lucha a favor de los derechos de los pacientes con VIH.

Además, reconoció al teniente coronel Zenón Cisneros Martínez, por sus propuestas en materia de derechos humanos al interior del Ejército.

El galardón a Epitacia Zamora fue recibido por sus hijas Carmen y Leticia Guzmán Zamora, mientras que el de Jorge Iglesias fue entregado a su hermana Guadalupe Iglesias de la Cruz.

Epitacia Zamora murió en febrero de 2015, a los 57 años de edad, a causa de una anemia mielodisplásica contraída por el contacto con agroquímicos durante su trabajo como jornalera en plantaciones de papaya.

Fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, en el municipio de Comala, Zamora Teodoro luchó los últimos años de su vida contra la instalación de una mina de oro en terrenos de su comunidad.

Fue la primera mujer secretaria de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, desde donde fue parte fundamental de la declaratoria de Zacualpan como “territorio libre de minería”.

Casada a los 15 años de edad, Epitacia Zamora fue madre de cuatro hijas y dos hijos, estos últimos ya fallecidos, y durante las dos últimas décadas de su vida se involucró en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres del campo.

También participó en Comunidades Eclesiales de Base y comités de apoyo a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los que recorrió poblados del Colima, Jalisco y Michoacán.

“Hay muchas mujeres tímidas que prefieren dejarse maltratar por miedo, que les dicen que no valen nada. Yo les digo que sí valemos y debemos hacernos valer.”

“A todas esas mujeres yo les diría que se rebelen, que se defiendan y denuncien, y si no les hacen caso que exijan en las calles con marchas y que digan: somos mujeres y aquí estamos”, señaló en una entrevista con el portal Colima3.0 antes de su muerte.

Denuncian escasez de agua

Al acto de entrega de la condecoración “Eleanor Roosevelt”, en el Teatro Hidalgo de esta ciudad, acudieron decenas de comuneros de Zacualpan, quienes aseguraron que la lucha continuará hasta hacer que los sueños de Epitacia Zamora se hagan realidad y se respeten los derechos de tierra y dignidad de las comunidades indígenas.

Ante el secretario del Trabajo, Vicente Reyna García, quien acudió en representación del gobernador, y frente al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, los comuneros denunciaron también la escasez de agua que han sufrido en su comunidad durante los últimos meses, a pesar de que irónicamente en su territorio se encuentra el manantial que abastece a cerca de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

En su intervención, tras recibir el reconocimiento a su madre, Carmen Guzmán Zamora recordó al pueblo de Colima que la lucha contra los daños ambientales que provoca la minería no la han realizado sólo por el pueblo de Zacualpan, sino por toda la población.

“En mi pensamiento digo que no lo hagamos por querer tener más dinero, hagámoslo porque nuestro planeta, nosotros, estamos en peligro de extinción, ya basta: reconozcan nuestros derechos, reconozcan que somos indígenas, tengan un poco más de respeto porque lo merecemos, no estamos empezando a tener dignidad, la dignidad la estamos recuperando porque esa ya era de nosotros”.

Con la voz entrecortada por la emoción, la hija de la luchadora social prosiguió: “Nos sentimos indígenas de corazón, no dejemos que nuestro planeta se destruya poco a poco porque tenemos hijos todos y queremos dejarles algo mejor, que era lo que quería Epitacia Zamora”.

Víctima del desabasto de medicamentos

Jorge Iglesias de la Cruz, el otro activista homenajeado y quien murió en 2015, víctima del desabasto de medicamentos contra hepatitis C, contraída a consecuencia de ser portador del VIH.

A lo largo de casi 20 años participó en el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y fundó la asociación Amigos Colimenses contra el VIH/Sida (Acolsida), desde donde luchó contra la discriminación y la mejor atención a los pacientes con esta enfermedad.

También fue integrante del Consejo Municipal contra la Discriminación en la capital del estado.

En su discurso, el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores, destacó que quienes se esfuerzan y dan el último aliento de vida para dejar un legado de lucha y generosidad, confieren el reto de no abandonar esa lucha, sino sostenerla y acrecentarla.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610533/reconocen-a-epitacia-zamora-activista-contra-la-mineria-en-colima?fbclid=IwAR2suDcJ7z7mqHa7ADBXWuzDq2YpYrGhUrX85YFZl6MBDPc2JKg0kzYwG_k

En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.

“Recuerden que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de 2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.

El funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos– aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.

“Fue un pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.

Este segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí ocurrió”.

La revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

El titular de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”, aclaró.

En el primer recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los 381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora, la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.

En esto cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.

La información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto al fondo del traspatio.

El director de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó el contenido de los documentos allí guardados.

Eran los mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en “contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla” o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6 de octubre de 2014.

“Estos mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.

Y después justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los centros de salud estatales y federales”.

Tras el recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense.

Antes de la intervención con los habitantes, el titular de la Cofepris soltó una nueva revelación ante los representantes de los medios de comunicación allí presentes.

“Definitivamente, las aguas de la zona están contaminadas fuera de normas de metales pesados y eso hay que corregirlo. Se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos, para tener una certeza sobre el asunto, sobre este tema”, puntualizó.

Se trata de 60 muestras tomadas en pozos y tomas domiciliarias que fueron analizadas por el laboratorio de Cofepris, donde se encontraron metales pesados por encima de los estándares nacionales.

“Nosotros vamos a volver a tomar muestras en marzo o en mayo, cerca de la sequía, porque durante la sequía los valores varían, porque se concentran los metales pesados y durante la época de lluvia se diluyen”, profundizó Novelo Baeza.

Los enviados presidenciales ofrecieron volver y se comprometieron a resarcir los daños ambientales y de salud ocasionados por el vertedero de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, por una irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

El hecho fue considerado el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la minería.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610498/caso-rio-sonora-cofepris-revela-segundo-derrame-el-gobierno-de-pena-lo-oculto?fbclid=IwAR2yWh8J6_-kjZaRkEF7f69Jlg7STqvTUU2HMmp3g0aZZQ79QJhDiJNw7wI