El día de hoy, 13 de marzo, se dio inicio a la reunión preparatoria entre la Comunidad de Pacopata y el Ministerio de Energía y Minas, con motivo de la realización del proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, en la región Cusco. Sin embargo esta reunión fue suspendida.

La suspensión se debió a la inasistencia de los representantes del Ministerio de Cultura (MINCUL), a pesar que previamente habían confirmado su presencia en esta reunión. La inasistencia se dio pese a las coordinaciones que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) había realizado.

Durante la reunión, el presidente de la Comunidad Originaria de Pacopata, Felipe K’ana, realizó una llamada telefónica a una funcionaria del MINCUL para consultar sobre su inasistencia. La funcionaria le informó que no pudieron asistir a la reunión debido a la emergencia sanitaria provocada por la propagación del Covid19 (coronavirus) en el país. Existe una responsabilidad del MINEM por no haber realizado las coordinaciones previas para garantizar la asistencia de un representante del MINCUL en la reunión.

Es importante resaltar que en la reunión preparatoria que se tuvo con las otras once comunidades implicadas en este proceso de consulta previa, sí participó el MINCUL en su condición de ente rector de los pueblos indígenas en el país y garante de que el proceso de consulta previa se lleve a cabo con normalidad.

Imagen: IDL

En esa misma línea, también se ha demandado la presencia del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Defensoría del Pueblo. En el primer caso, debido a que las demandas de la Comunidad de Pacopata se orientan a cuestionar los contenidos de la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Coroccohuayco. Este instrumento ha sido aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entidad adscrita al sector ambiente.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, se considera fundamental su presencia en su condición de entidad garante de los derechos de la Comunidad de Pacopata. No hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en más de una oportunidad en el sentido de que resulta necesario someter a consulta previa los Estudios de Impacto Ambiental, e incluso se ha manifestado para que se consulte la MEIA del Proyecto Coroccohuayco.

Por los motivos expuestos, la Comunidad Originaria de Pacopata solicitó la suspensión de la reunión, y que esta sea reprogramada en una siguiente fecha. Asimismo pidieron que en esta próxima cita deben estar las entidades estatales mencionadas, luego que la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus sea controlada, para evitar riesgos para los participantes.

Se adjunta acta de la reunión del día de hoy.
Cooperaccion

Luis Gárate
13/03/2020
Imagen: Jorge Chávez Ortiz
Uno de los problemas que se aprecia en nuestro país tiene que ver con la manera en que la Policía Nacional del Perú (PNP) se conduce en los conflictos y el trato que aplica a las comunidades y organizaciones sociales.

Recientemente un juzgado en la ciudad de Tambobamba (Apurímac), dictó una sentencia absolutoria a 19 acusados, miembros de las comunidades, en medio de un conflicto en la zona de influencia del proyecto Las Bambas el año 2015. Las acusaciones fiscales apuntaban a la tenencia de armas, pero la defensa de los acusados argumentó que la PNP habría obligado a algunos de los manifestantes a disparar armas para luego incriminarlos.

Estos hechos se vinculan con las relaciones distorsionadas que se mantienen entre algunas empresas mineras y la PNP. Por eso es importante recordar que el 11 de abril de 2019 el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó una demanda de amparo contra un convenio firmado entre la empresa minera que opera el proyecto Las Bambas y la PNP. Este convenio fue suscrito el 26 de octubre de 2017, con autorización del ex Ministro del Interior, Carlos Basombrío.

Este tipo de convenios, de “servicios policiales extraordinarios”, como los denomina el Decreto Legislativo Nº 1267, permiten a la PNP prestar servicios de seguridad a cambio de un pago de las empresas. En la demanda, se exige que el convenio suscrito entre la PNP y Las Bambas sea anulado. Este convenio -como los más de 138 que se han firmado en todo el país-, según señalan los demandantes, viola los derechos humanos y quiebra los principios del estado de derecho.

Recientemente, la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior –mediante un escrito judicial– ha insistido en defender la constitucionalidad del convenio suscrito por la PNP y la empresa minera Las Bambas. Se señala que “dicha actividad policial cuenta con un marco legal vigente que permite al personal policial, en forma voluntaria, brindar servicios de protección y seguridad en una jornada complementaria a su función policial”. En ese sentido, rechaza que se violen los derechos fundamentales a la seguridad ciudadana o a la igualdad.

Este tema plantea una discusión de fondo. Es conocido que la PNP tiene presupuestos exiguos y su personal vive con salarios bajos y condiciones difíciles. Sin embargo, la delgada línea por la que el personal policial puede pasar a servir como seguridad privada de grandes empresas, supone una situación que atenta contra la naturaleza de su función.

Un estudio presentado en el 2019, que fue elaborado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), Earthrights International y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mostró precisamente los problemas que se presentan a raíz de esos convenios y como estos han contribuido a la criminalización de la protesta[1].

La razón de ser de la PNP es la de proteger el orden interno y la seguridad ciudadana. El informe señala que la celebración de convenios constituye una vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación; en concreto, tratándose de discriminación por razón económica, en perjuicio de la población y en beneficio de la empresa.

La PNP tiene el deber constitucional de garantizar la seguridad de cualquier ciudadano peruano, independiente de su condición socioeconómica, étnica, de género. Pero en una situación donde entidades privadas, como las empresas mineras, tienen convenios mediante los cuales financian la logística a la autoridad policial, se rompe ese papel de intermediador en un conflicto. En concreto, la PNP puede terminar siendo -como ha mostrado el estudio- parte de la defensa de las corporaciones privadas, vulnerando de esa manera los derechos de las comunidades eventualmente afectadas por algún conflicto.

En este marco de reflexión cabe recordar a varios académicos, como el prestigioso sociólogo Francisco Durand, que señalan que vivimos en una suerte de República Empresarial. De esta manera subraya que instituciones públicas del Estado peruano se han acostumbrado a responder a las presiones de algunos sectores corporativos en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos.

El presidente Vizcarra dijo que se jugaría con nuevas reglas y que pondría por delante el dialogo antes que la represión en los conflictos sociales. Sin embargo, hasta el momento no se notan cambios. Una buena señal sería que defina una posición clara respecto a este decreto y a esta situación irregular que se mantiene.

[1] El documento se titula: Informe: “Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho”.

Cooperacción

Entidad descartó haber querido trasladar a las familias a Maranguita como aseguraron algunos padres.

Están a punto de cumplir un mes desde que vinieron desde su natal Cerro de Pasco con el fin de encontrar una solución en favor de la salud de sus hijos. Los padres de los niños con 12 metales pesados en la sangre y diagnóstico de leucemia esperaron diariamente recibir una respuesta efectiva por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para poder recibir un tratamiento especializado que en el Perú no existe, pero lo único que recibían era indiferencia.

El último martes, con 23 días haciendo protestas fuera del Minsa y ante la desesperación e impotencia, los padres de familia decidieron tomar la pista de la avenida Salaverry para que fueran atendidos por la propia ministra de salud Elizabeth Hinostroza, sin embargo, lo único que recibieron fue la represión de más de una docena de policías que usaron la violencia hasta con los propios niños afectados por la minería.

La presencia de los medios de comunicación hizo que representantes del Minsa se sientan obligados a brindar algún tipo de solución a este caso. Convencieron a los padres de ‘levantar’ la protesta y los hicieron ingresar al ministerio con el fin de conversar y llegar a un consenso. En comunicación con El Popular; Junior Castañeda, hermano mayor de una de las menores afectadas, afirma que existió un acuerdo entre ellos y los representantes del Minsa para que puedan viajar a Argentina a que los niños sigan el tratamiento adecuado para su enfermedad.

Sin embargo, el viaje está programado para quincena del próximo mes de abril y hasta esa fecha su ubicación se convirtió incierta ya que, según Daniel Koc Gonzales, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, los niños no deberían estar expuestos en ese ambiente.

Según Junior Castañeda, el viceministro de vivienda David Alfonso Ramos López les ofreció ser reubicados para que no sigan en las calles de la avenida Salaverry mientras esperan el viaje, pero el lugar resulta ser inhóspito y escandaloso: el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima o más conocido como Maranguita.

«El lugar es sumamente cochino, las puertas están rotas, las frazadas están sucias y hay manchas de sangre por todos lados. Ahí tampoco podemos exponer a nuestros niños», aseguró.

Consultado por este tema, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, rechazó tajantemente que se haya realizado una propuesta de este tipo. «Es imposible que se haya ofrecido algo así, ya que el Ministerio únicamente participa con la entrega de las viviendas definitivas y no cuenta ni administra albergues», refirió.

El funcionario agregó que, del diálogo y acompañamiento permanente que reciben estas cinco familias por parte del Sector, dos de ellas ya han sido reubicadas en departamentos que ellos mismos seleccionaron, a través del Fondo Mivivienda.

Asimismo, las tres familias restantes están por realizar su traslado, aunque dos de ellas están evaluando aún otras opciones de proyectos habitacionales.

PLOMO EN LA SANGRE
A mediados de 2017, un informe médico mostró presencia de altos niveles de cadmio, plomo, mercurio y arsénico en el organismos de niños menores de 15 años de Cerro de Pasco y La Oroya. En 2015, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas) del Minsa tomó muestras de sangre a 83 niños de Pasco, en donde se encontró hasta 22 microgramos de plomo en su organismo, cuando el límite permitido es 9.9 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo peor, aseguran que no hay ningún médico toxicólogo en la mencionada provincia que atienda a los afectados por metales pesados, solo pediatras y médicos internos.
https://elpopular.pe/actualidad/2020/03/12/padres-ninos-plomo-aseguran-ministerio-vivienda-quiere-enviar-maranguita-mientras-esperan-viaje-argentina-pasco-cerro-pasco-plomo-sangre-mineria-volcan-3257

Organizaciones civiles se pronuncian por la transparencia frente a escenario de corrupción en sector extractivo y de infraestructura.
Se pide al nuevo Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú sobre la Transparencia y el Acceso a la Información, así como al Ministerio de Energía y Minas que cumpla con los compromisos de Perú frente a la Iniciativa Mundial EITI sobre transparencia en industrias extractivas.

Lima, 2 de marzo de 2020.- Más de 30 organizaciones civiles emitieron ayer un pronunciamiento público exigiendo al Estado peruano que cumpla los diversos compromisos que tiene pendientes en relación a la mejora de estándares para la transparencia en nuestro país.

Esto toma especial relevancia frente al escenario de corrupción ampliado por los casos Odebrecht y Lava Jato, entre otros, así como a la inestabilidad política en los gabinetes ministeriales, asociada a sospechas de corrupción, y que viene ocasionando -entre otros- el incumplimiento de los compromisos del Perú frente a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), alianza internacional que tiene por fin publicar los pagos e ingresos que reciben los gobiernos por la explotación de los recursos naturales por parte de las empresas extractivas, así como de divulgar la información sobre los compromisos ambientales y sociales de las empresas.

Al respecto, uno de los puntos más graves es el débil compromiso del gobierno con respecto a EITI, los cambios sectoriales han producido retrasos, como es el caso es la publicación del VII Informe Nacional de Transparencia en las industrias extractivas EITI Perú 2017-2018, donde se transparentaría información de pagos ambientales de estas industrias. Este incumplimiento pone en riesgo al Perú de ser suspendido como miembro de esta Iniciativa mundial.

Otra de las principales demandas es que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre el acceso a la Información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que nuestro país vino impulsando en la región y que a la fecha no ha ratificado, aun cuando falta que por lo menos tres países lo ratifiquen[1] hasta este año para que entre en vigencia.

Asimismo, se propone mejorar los mecanismos de transparencia en los contratos de Asociaciones Público Privadas – APP, así como en el nuevo mecanismo de obras por convenio de gobierno a gobierno, y otorgar verdadera autonomía a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que actualmente es una Dirección del Ministerio de Justicia y no un organismo técnico especializado con autonomía para sancionar y/o fiscalizar a la Administración Pública.

Finalmente, se debe incluir acciones concretas para cumplir con el compromiso de hacer pública la información sobre los gastos sociales y ambientales, empresa por empresa en el sector extractivo, así como las relacionadas a proyectos de infraestructura, y promover una mayor participación de la sociedad civil en las iniciativas de rendición de cuentas y transparencia, así como en la protección de los defensores ambientales.

Nota al pie

[1] A la fecha el Acuerdo ha sido ratificado por Bolivia, Guyana, Uruguay, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador, estando pendiente en el caso de los últimos tres países el depósito formal de las ratificaciones en Naciones Unidas.

https://www.dar.org.pe/noticias/piden-al-estado-que-asegure-condiciones-de-transparencia-en-industrias-extractivas-y-de-infraestructura/

Fuerzas de seguridad golpearon a niños enfermos con cáncer, denunció un colectivo de familias contaminadas
11/03/2020NOTIMEX / FOTO: @WAYKAPERU

Niños enfermos de cáncer a causa de actividades mineras en Perú y sus madres, quienes protestaron ayer en demanda de soluciones, fueron golpeados por fuerzas de seguridad, acusó un colectivo de familias contaminadas por la minería en el Cerro de Pasco.

Las familias organizadas solicitaron el apoyo ciudadano para obtener árnica, crema para quemaduras, alcohol, gel, jabón desinfectante, agua oxigenada, suplementos de magnesio y vitaminas para niños, además de muestras médicas de pastillas para el dolor, en ánimo de auxiliar a los menores afectados.

Este miércoles las familias afectadas por metales tóxicos en la sangre, debidos a la contaminación de la empresa minera Volcán, operativa en la ciudad de Cerro de Pasco, cumplieron cuatro semanas de campamento de protesta ante el Ministerio de Salud, en demanda de soluciones.

El martes 10 de marzo decidieron bloquear la avenida Salaverry, lo que derivó en represión de agentes antidisturbios, quienes lesionaron tanto a padres como a menores, acusaron las familias. No obstante los golpes, el campamento no fue desalojado.

“Hemos identificado a un oficial de la Policía Nacional del Perú que agredió a la niña Sherly, de 13 años, con leucemia. El Ministerio del Interior del Perú nos dice que dialogará, pero por otro lado manda a pegar a niños y madres enfermas”, reprocharon los afectados.

Las autoridades han prometido verbalmente enviar a cinco familias afectadas fuera del Perú para que los hijos sean atendidos por especialistas, pero los padres exigen que el plan beneficie a todos los menores afectados, además de la construcción de un hospital para la desintoxicación de metales pesados en Cerro de Pasco.
https://www.excelsior.com.mx/global/denuncian-en-peru-golpes-a-ninos-con-cancer-por-actividad-minera/1369258

Foto © Luisenrrique Becerra | Noticias SER
Gabriel Ramon. Arqueólogo e historiador. Profesor asociado del Departamento de Humanidades PUCP.

Notas para un debate

1. “Ya no queremos que fallezcan más niños. Queremos que salgan fuera de Perú para que los curen en otro lado. No queremos más muertos en Cerro de Pasco. El lunes tiene tratamiento mi hijo y ya me cansé que a mi niño le saquen sangre a cada rato y no haya una solución. No hay tratamiento especializado en Perú. A las madres les está dando parálisis facial. Es fundamental que haya trasplante de médula para los niños que están con leucemia.”, agregó Irma Estrella” madre de Jhan Mauricio Estrella”.

2. La compañía minera Volcán S.A.A. auspició (2010) la restauración del magnífico cuadro de Luis Montero Los Funerales de Atahualpa (1865-1867), una de las pinturas claves del arte republicano peruano. Esa misma compañía es la que ha venido contaminando, desde hace dos décadas a los niños de Cerro de Pasco con su desregulada explotación de minerales. Ya en 2009 minera Volcán tenía una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia Climática, es decir no se trataba, ni siquiera entonces, de una entidad limpia.

3. Algunos dirán que sería peor que los “contamineros” ni siquiera apoyaran la cultura. Que deberíamos estar agradecidos de su aporte, que peor es nada. Pues bien, eso nos deja un corolario evidente: ¿deberíamos permitir a los narcotraficantes «apoyar la cultura»? ¿Por qué Volcán es mejor auspiciador que Barrio King?

4. Este debate no debería excluir al Estado que ha abandonado sistemáticamente a las familias de Cerro de Pasco y ha permitido las irregularidades de Volcán. El caso de Volcán es tan solo un ejemplo, pero es relevante ya que sintetiza un problema mayor.

5. Entre las tendencias historiográficas actuales sobre el estudio de los objetos, y en particular las obras de arte destaca la necesidad de estudiar su biografía completa, es decir desde su concepción/producción hasta su descarte y post-vida. Se trata, básicamente, de no dejar de lado ningún aspecto de su biografía para explicarla mejor. ¿Cómo abordar las restauraciones? ¿Cómo leer este proceso por el cual una empresa acaba impregnando su nombre en una obra emblemática (como Los Funerales de Atahualpa)? ¿Más aún si se trata de una empresa que ha malogrado la vida de tantas familias? El asunto nos remite al viejo problema ético/artístico de la relación entre autor y obra, pero añadiendo nuevas capas: es un tema importante y urgente.

6. Esta desgracia nos permite repensar también otros debates: ¿en realidad conviene implementar aquello de «cultura por impuestos» en este escenario? Imagínense que Volcán sigue apoyando el arte, es decir que una empresa con un record como el descrito sigue imprimiendo su sombra fúnebre en obras emblemáticas peruanas y además se libra de impuestos. En una época en que los museos del mundo se quieren “descolonializar”, esto sería una tremenda marcha atrás. Además de aplicar medidas concretas de descolonización de las artes, lo que debe hacer el Estado peruano es controlar bien los tributos de las grandes empresas y destinar una partida decente para la cultura, no mendigar.

7. En términos prácticos e inmediatos, las instituciones de arte peruanas deben tener criterios más estrictos para seleccionar a sus auspiciadores. Entonces, no pueden tener personas evidentemente corruptas como los dueños de Graña y Montero en sus directorios, de otro modo seguirá sucediendo lo mismo. Como todos sabemos, el escándalo es tan grande que la empresa implicada ha decidido borrar sus apellidos emblemáticos.

8. No se que les pasará a ustedes como visitantes de museos, pero yo, cada vez que vuelva a mirar Los Funerales de Atahualpa no podré dejar de pensar en todos los niños contaminados por Volcán, en el hijo de Irma Estrella, y en las familias que heroicamente protestan frente al MINSA. Más aún, ahora que vea la exposición de quipus en el MALI no voy a dejar de pensar en la contaminación provocada por minera Bateas, compañía de Fortuna Silver Mines Inc en México y Perú. Cobrará renovada vigencia aquello de: “No hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie” (Walter Benjamin).

9. En este espinoso escenario ¿de qué sirve la academia en el Perú? ¿Es un espacio de inteligencia crítica? ¿Si quienes escribimos sobre el pasado ignoramos estos problemas (por flojera, por miedo, por que no los consideramos relevantes, etc.), cómo estaremos escribiendo sobre ese pasado? ¿No estaremos dejando de lado precisamente aquello que mejor explica el pasado pero es ocultado por las consecuencias actuales que revelarlo tiene?

9.1. Por todo lo anterior, una vieja novela como En Octubre no hay milagros de Oswaldo Reynoso pese a no haber alcanzado la perfección técnica que algunos críticos le exigen, sigue siendo tan necesaria: porque conecta mundos que para algunos están artificialmente separados. Nos habla de extremos que se explican.

Necesitamos una historia conectada y crítica, pero en serio. Necesitamos museos (estatales y privados) que asuman ese compromiso. De otro modo, en nombre de la cultura, seguiremos aplaudiendo muestras financiadas con sangre contaminada.
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