Chile, Sin categoría

COVID-19: indígenas chilenos contagiados y en peligro por el turismo clandestino

por Michelle Carrere
13/04/2020
El tránsito entre la ciudad y el campo, los turistas que continúan llegando a las comunidades del altiplano y las faenas mineras que se mantienen activas son las principales preocupaciones de la población indígena en Chile.
El 4 de abril, una mujer mapuche de 70 años perteneciente a la comunidad indígena Carilafquén en la región de la Araucanía, al sur de Chile, murió de coronavirus. Su hijo, el líder mapuche Pablo Huaiquilao, le dijo a Mongabay Latam que también su padre y su hermano están graves, internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Hernán Henríquez Aravena de la ciudad de Temuco.

Aunque la madre de Huaiquilao es por ahora la única indígena que ha fallecido por contagio de COVID-19 en Chile, expertos y líderes comunitarios señalan que el desplazamiento de personas desde la ciudad a las zonas rurales pone en riesgo a este sector de la población.

En la comuna de San Pedro de Atacama, en el extremo norte del país, el turismo y las actividades mineras continúan desarrollándose en una zona donde la mayor parte de la población indígena es adulto mayor. Por lo mismo, tanto líderes indígenas como el alcalde de San Pedro de Atacama y empresarios del sector turismo han solicitado al gobierno que instale un cordón sanitario para la comuna. Hasta ahora, sin embargo, la solicitud no ha encontrado eco.

Mapuches: indígenas de la región con más fallecidos

En la región de la Araucanía, donde la tasa de pobreza multidimensional es la más alta del país (28,5 %), el 33 % de la población es indígena y prácticamente todos ellos pertenecen a la etnia mapuche. Esta región es también la segunda del país con la mayor cantidad de contagios y muertes producto del COVID-19. Hasta la publicación de esta nota, 17 son los fallecidos y 775 los contagiados, según el Ministerio de Salud. El riesgo de propagación de la enfermedad hacia las zonas rurales —que es donde mayoritariamente se ubican las comunidades mapuches— es una preocupación.

La mayor parte de la población mapuche de la región de la Araucanía habita en zonas rurales. Foto: Alianza Territorial Mapuche.
“Las personas constantemente van desde sus comunidades a Temuco para abastecerse, para vender sus verduras y hortalizas o para asistir a control médico y luego regresan a sus casas”, dice Andrés Cuyul, trabajador social y académico del departamento de salud pública de la Universidad de la Frontera. Ese tránsito entre la ciudad y el campo es hoy, asegura Fernando Pairican, investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), la principal amenaza que tiene el pueblo mapuche frente al COVID-19.

El desplazamiento colectivo, sin embargo, se encuentra suspendido desde que las ciudades de Temuco y Padre Las Casas entraron en cuarentena total el 27 de marzo. Los trayectos se han reducido notablemente, asegura Cuyul. El académico, quien es asesor de organizaciones mapuche en el Hospital Makewe, asegura que un segundo problema es que no ha habido una buena comunicación hacia la población indígena respecto de las medidas de control sanitario. “La cultura mapuche comprende la casa como la comunidad, por lo que el mensaje de no salir de casa no llega correctamente. Ellos continúan visitándose diariamente entre vecinos y familiares donde comparten la bombilla del mate o el vaso”, dice. “Recién ahora la gente está entendiendo que no puede hacer eso”, agrega.

El tránsito entre la ciudad y el campo es un riesgo para la comunidades mapuches frente al COVID-19. Foto: Alianza Territorial Mapuche.
El trabajador social especializado en salud pública asegura que la imposibilidad de viajar a Temuco ha comenzado a generar cierto desabastecimiento en las comunidades, sin embargo, agrega que los comunitarios se han organizado a través de whatsapp para ofrecerse entre ellos los productos que cultivan y producen en sus territorios y así evitar viajar a la ciudad. El problema, dice Cuyul, “es que el dinero en efectivo para hacer esas compras se va a acabar”.

Continúa el turismo en comunidades atacameñas

Ana Ramos, presidenta de la comunidad atacameña de Solor y vicepresidenta de la comisión de turismo del Consejo de Pueblos Atacameños, asegura que “están llegando algunos turistas al territorio”. Ello, a pesar de que los 23 sitios que conforman la oferta turística de San Pedro de Atacama y que son administrados por las comunidades indígenas atacameñas se encuentran cerrados desde el 18 de marzo. Según Ramos, “existen hospedajes que están actuando clandestinamente” y que reciben a “turistas nacionales y extranjeros que están rezagados en el país”.

Eduardo Yanjarí, presidente de la cámara de comercio y turismo de San Pedro de Atacama, señaló a Mongabay Latam que “estas personas que tienen clandestinos también tienen minibuses y los están llevando a diferentes lugares. Obviamente a los sitios que están cerrados, que tienen barreras, no pueden acceder, pero aquí en San Pedro hay muchos lugares que tienen vistas hermosas”, dice.


Turistas continúan llegando a los poblados de San Pedro de Atacama. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
Por otro lado, el Consejo de Pueblos Atacameños ha solicitado que se detengan las faenas mineras que continúan operando en la zona. “Pedimos que se suspendan las actividades mineras porque en ellas se aglomera mucha gente y vienen personas de otros lados”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños.

Al respecto, la empresa minera Albermale señaló a Mongabay Latam que “trasladó a todo el personal propio y contratista fuera de la localidad [de Peine, el poblado más cercano a las faenas de la empresa]». Además, la compañía señaló que se estableció la prohibición absoluta de circular fuera de las instalaciones del campamento, que se realiza un control diario de temperatura a los trabajadores, así como la limpieza de buses, espacios comunes y del campamento después de cada turno. A esto hay que sumarle que se realizan encuestas de manera permanente para mantener la trazabilidad en los desplazamientos.

La empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), por su parte, la principal empresa explotadora de las reservas de litio en Chile, señaló que “se disminuyó la presencia de trabajadores privilegiando aquellos que son de cada región, así como también se instruyó a todos los contratistas a retirarse de los pueblos” y que “mientras se mantenga la contingencia actual, se ha establecido el traslado directo de buses con personal de las comunidades vecinas desde su embarco en plantas hacia sus pueblos de destino y viceversa”.


El Consejo de Pueblos Atacameños ha solicitado que se detengan las faenas mineras que continúan operando en la zona. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
Si bien Cubillos reconoce que las mineras han tomado la medida de sacar a todos sus trabajadores de los pueblos, el líder indígena precisa que “hay gente nuestra trabajando dentro de las faenas”. Esas personas, al volver a sus casas, podrían poner en riesgo la salud de los habitantes de las comunidades al haber estado en contacto con personas que vienen de otros lugares, precisa Cubillos.

Debido a estas dos preocupaciones, turismo y minería, ciertas comunidades han decidido cerrar su acceso. Tal es el caso de Peine, el pueblo más cercano a las plantas extractoras de litio en el Salar de Atacama y que, desde el 30 de marzo, no permite la entrada de nadie ajeno al lugar. “Entendemos que somos una comunidad de alto riesgo por la cantidad de trabajadores que circulan y por la cantidad de visitas que se reciben, sobre todo el fin de semana”, señalaron en un comunicado los habitantes de Peine quienes, para hacer efectiva la medida, han organizado turnos para el control de las barreras.


Ciertas comunidades han decidido cerrar su acceso. Foto: Consejo de Pueblos Atacameños
El alcalde San Pedro de Atacama, Aliro Catur, solicitó a la Gobernación de Antofagasta “implementar el aislamiento de la comuna de San Pedro de Atacama para prevenir drásticamente el contagio y propagación del coronavirus”. Sin embargo, según Sergio Cubillos, “lamentablemente no hemos sido escuchados por las autoridades a pesar de que en nuestra comuna la infraestructura hospitalaria es muy deficiente y la mayor parte de la población indígena es adulto mayor. No tenemos insumos ni tampoco infraestructura física para poder albergar personas que estén contagiadas o poder reaccionar en caso de que algunas persona esté grave”, concluye.
https://www.business-humanrights.org/es/chile-pueblos-ind%C3%ADgenas-denuncian-contagiados-y-muertes-por-covid-19-relacionados-con-la-miner%C3%ADa-y-turismo-en-sus-territorios

Latinoamerica

La salud en manos mineras: La minería en America Latina en tiempos del Covid-19

Muqui Informa, Noticias
César Padilla / Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina (OCMAL
Abril 2020

Sin duda, la nueva situación que han tenido que enfrentar un sinnúmero de actividades económicas en los últimos meses han puesto de manifiesto una enorme falta de preparación para coordinar las acciones necesarias tendientes a proteger a la población de un invitado de piedra, la COVID 19.

La gran minería siempre se ha jactado del número de empleos que proporciona y con ello ha intentado legitimar una actividad tan lucrativa como destructiva.

Mas allá del hecho que la gran minería emplea relativamente poca gente comparada con otras actividades económicas, lo cierto es que esa masa de trabajadores mineros se mueve como rebaño desde las faenas a sus lugares de vivienda y viceversa.

También es cierto que esos desplazamientos generalmente desde y hacia lugares alejados, se realiza en masa, es decir cientos de trabajadores, en su mayoría hombres, se trasladan en buses hasta las ciudades mas cercanas y también muchas veces en avión a sus lugares de origen.

El empleo local es poco y lo que vemos es la instalación de tercerizados que ocupan los pueblos y localidades cercanas para desde allí, prestar servicios a la gran compañía minera. Son trabajadores mineros, pero ciertamente de segunda o tercera categoría pues no dependen de la planilla de sueldos de la empresa minera sino de intermediarios contratistas que son quienes tienen los contratos con la gran minera.

Estos dos grupos de trabajadores tienen ciertas características: trabajan en el entorno de las faenas mineras y tienen un contacto intensivo, tanto en los campamentos como en los medios de desplazamiento hacia la faena, en los comedores de los casinos, en los espacios abiertos y cerrados donde tienen que realizar las labores mineras.

También es imprescindible mencionar que la cadena extractiva de la minería requiere protocolos que no son de fácil alteración. La cadena extractiva es muy estricta en sus prodecimientos y muchos de ellos no pueden alterarse sin riesgo de que algo colapse en medio de tantas actuaciones humanas.

Cabe por otro lado señalar la sorpresa que han experimentado las poblaciones cercanas a las grandes faenas mineras al ver que los decretos de cuarentena y confinamiento afectaron a casi todas las actividades económicas excepto las mineras.

Ha sucedido en varios países de la región, bajo la presión de los gremios mineros con apoyo de los Estados, con el objetivo de sostener la actividad minera a modo de discriminación positiva para el bien del país.

Si bien es cierto, los precios de los minerales, exceptuando el oro, han descendido producto de la menor actividad que ha generado la emergencia sanitaria mundial, también es cierto que los stocks deberían soportar una menor producción, compensada con un menor consumo.

Pero la lógica minera ha funcionado siempre al revés: a menor precio de los minerales, mayor producción para compensar las pérdidas por precio. La OPEP, que intenta de manera articulada regular los precios del petróleo, hace exactamente lo contrario: reduce la producción para impulsar los precios.

Sólo se piensa en suspender actividades mineras cuando los costos de producción son mayores al precio de venta.

Esta parece ser la situación minera actual en la región. Las preocupaciones se dirigen a la productividad y comercialización en primer lugar y luego las otras prioridades, entre ellas la salud.

“Esta semana tomamos la decisión de contratar vuelos chárter y buses especiales para el traslado de nuestros trabajadores desde sus ciudades de origen, hasta llegar a las faenas. Con este transporte ida y vuelta, aseguramos que las medidas sanitarias se mantengan durante el trayecto completo”

Lo anterior suena al menos extraño. Con ciudades con cercos sanitarios que controlan a quienes ingresan y salen, con municipios con cuarentena total o parcial, con vuelos prácticamente suspendidos en su totalidad por la misma situación, la minería contrata vuelos chárter para distribuir a los trabajadores desde y hacia la mina.

Conociendo el comportamiento de la COVID 19 que entre sus características más particulares y al mismo tiempo más riesgosas tiene aquella que hace que el período de incubación sea de hasta 14 días, las mineras ponen énfasis en los desplazamientos de los trabajadores invirtiendo en buses y vuelos especiales para repartirles sin reparar en las probabilidades de contagio, tanto en las faenas como en los lugares de vivienda de los trabajadores.

Hemos visto también con asombro, cómo las empresas mineras en este caso se hacen cargo de decisiones que deben estar exclusivamente en manos de la autoridad y mejor aún, con apoyo de la población.

Es que la minería no sólo goza en la mayoría de los países de la región de un estatus especial, sino que tiene el poder de permear la autoridad e incidir en sus decisiones, desde criterios económicos, por sobre la salud, como ya mencionamos. (https://www.ocmal.org/ejecutivo-anade-la-mineria-en-actividades-permitidas-en-la-cuarentena-tras-reparos-de-la-confiep/)

Actividad de “utilidad pública” y con eso, lo que venga será tratado con la misma deferencia. Mientras tanto sabemos que lo que algún día pudo haber sido considerado de “utilidad pública” ya ha dejado de ser hace tiempo.

Si observamos el aporte fiscal que realiza la minería en América Latina vemos que no sólo es muy restringido, sino que en muchos casos los Estados terminan subsidiando la actividad minera. (https://www.ocmal.org/subsidiando-a-las-empresas-mineras/)

Las medidas drásticas se toman cuando la sangre ha llegado al río como ha sido el caso de Panamá que a fuerza de comprobar contagios ha tenido que clausurar una actividad minera considerada importante y estratégica para alimentar el extractivismo. (https://www.business-humanrights.org/es/ordenan-suspender-proyecto-minero-panam%C3%A1-0)

Finalmente, vemos que la delicada situación de crisis sanitaria que viven los países de América Latina es muy bien aprovechada por el empresariado minero. Reparten elementos de protección a la población y donan equipamiento médico. Una forma de quedar bien en tiempos de crisis y de paso blanquear la imagen deteriorada que tiene el sector por las consecuencias ambientales y sociales por las afectaciones a las comunidades, las destrucciones de fuentes de agua, la contaminación con metales pesados y tantos otros ejemplos de desprecio por la vida y seguridad ecológica del planeta.

Por cierto, sus donativos no compensarán el enorme daño causado a comunidades y ecosistemas; por el contrario, agravarán su responsabilidad en el contagio en este delicado momento que viven las comunidades. Y todo ello con la aprobación de nuestros débiles Estados.
15 abril, 2020/por RED MUQUI

Chile

Tribunal acoge demanda del CDE contra Minera Escondida por daño ambiental en salar

15/04/2020
Punta Negra

Consejo de Defensa del Estado acusó que la minera, operada por BHP, ha provocado un daño “continuo, acumulativo, permanente e irreparable” al salar de Punta Negra.

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogió hoy a trámite una demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Escondida, de la australina BHP. Esto, “por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del salar de Punta Negra”.

En su demanda, el CDE señaló que el daño ambiental causado se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Entre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.

Se funda, además, en que “dicha extracción sostenida fue tal que el acuífero no podrá recuperarse por sí solo en un orden de 100 años, lo cual a provocado a su vez, un impacto significativo” sobre la flora, fauna y biodiversidad del sector.

Otro de los aspectos de la demanda fue que hasta el año 2017 (fecha en la cual se cesa la extracción de agua) a lo menos cinco proyectos o actividades de la empresa contemplan el uso de aguas extraídas desde campos de pozos ubicados en el salar, los que tenían Resolución de Calificación Ambiental, RCA, favorable, no obstante, “en ninguno de ellos se reconocen ni evalúan los impactos significativos sobre el componente hídrico, ni tampoco medidas de mitigación o compensación asociadas”.

Para el Consejo de Defensa del Estado, si bien la empresa históricamente hizo uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas previamente constituidos, ello no evitó que la extracción causara un menoscabo o deterioro significativo sobre el acuífero del salar.

Según el abogado y jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, es especialmente relevante analizar los argumentos de la demanda del CDE, en lo referido a la calificación “continua” e “irreversible” del daño.

“Por un lado, está indicando que la prescripción de la acción solo podrá comenzar a computarse una vez que cesa el daño, lo que a juicio del CDE no ha ocurrido, más aún, persiste la extracción permanente de agua subterránea que ha impedido la capacidad de regeneración del acuífero. Por otra parte, será importante determinar cómo se acredita la irreversibilidad del daño generado en el acuífero, por cuanto dicha supuesto abre una discusión muy relevante en materia de indemnización de perjuicios”, indicó.
Fuente: Pulso
http://www.nuevamineria.com/revista/tribunal-acoge-demanda-del-cde-contra-minera-escondida-por-dano-ambiental-en-salar/

Mexico

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera

Después de que la Guardia Nacional abandonó el territorio donde operaba la minera Penmont de Alberto Bailléres, los ejidatarios recuperaron sus tierras pero se mantienen en la incertidumbre porque no se ha ejecutado la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario desde 2014
Tomado de: Reyna Haideé Ramírez
10/04/2020

El pasado 26 de marzo, ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, recuperaron físicamente los terrenos que eran ocupados de manera ilegal por la minera Penmont. Sin embargo, viven en la incertidumbre de que la minera vuelva a irrumpir, por lo que demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador garantías para que el Tribunal Unitario Agrario ejecute en definitiva la sentencia que es Cosa Juzgada desde 2014.

Esta semana, los ejidatarios informaron al presidente que la recuperación fue posible porque el mismo 26 de marzo se retiró la Guardia Nacional de su territorio, luego de que en la conferencia matutina él se comprometiera a revisar su denuncia.

Los ejidatarios denunciaron, en una protesta en Palacio Nacional, que la Guardia Nacional se unió a corporaciones estatales para proteger los intereses de la minera Penmont, cuyo socio mayoritario es Alberto Bailléres. Lo que impedía además restituirles sus tierras ganadas en juicio desde 2014.

Los ejidatarios entregaron a Presidencia una misiva que tiene sello de recibido el 6 de abril de este año. En ella explican que también salió de su propiedad el Ejército y la Policía Estatal.

“Sirva este escrito para hacerle saber que el jueves 26 de marzo… (sic) la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano abandonaron nuestras tierras dejando sola a la minera con la Policía Estatal, que también tuvo a bien retirarse horas más tarde”, indican en la carta sellada por Atención Ciudadana de Presidencia.

“La Guardia Nacional a semanas de existir ya se encargaba de proteger los intereses de la minera, confiamos y creemos también que dicha corrupción en la Guardia Nacional y Ejército Mexicano sólo se haya dado en los mandos más bajos y no venga desde arriba como en anteriores administraciones donde se le protegía desde el Ejecutivo Federal”, señalan en la carta.

El 26 de marzo, Pie de Página cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia matutina respecto a la protección que las corporaciones brindaban a la minera. Días antes, el 22 de marzo, se publicó en este medio el conflicto de los ejidatarios de El Bajío.

En la carta acusan también que Bailléres ha movido sus influencias para detener la ejecución de las sentencias ante el Tribunal Unitario Agrario.

“Con influyentismo ha logrado lo que su extenso equipo de abogados no pudo. Ha logrado evadir la justicia deteniendo la ejecución de las sentencias”, exponen.

“Después de más de seis años de tener 67 sentencias firmes contra la minera Penmont S de RL de CV, de Alberto Bailleres González, no han sido ejecutadas las mencionadas sentencias por el Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo. Pues los siete magistrados que han pasado por dicho Tribunal de 2015 a la fecha se han negado a ejecutar las sentencias.

“Nos oponemos a que la minera regrese pues vivíamos mucho mejor antes de que esta llegara y sólo pedimos interceda para que la Magistrada Janette Castro Lara, del Tribunal Unitario Agrario del distrito 28, en Hermosillo ejecute las 67 sentencias que se dictaron a favor y que causaron Estado desde el 28 de noviembre del 2014”, precisan.

Piden audiencia con el presidente

Los Tribunales Agrarios del país son de carácter administrativo, dependen del Ejecutivo, no del Poder Judicial. Por ello en la carta solicitan una audiencia. Mencionan la entrega de una copia de una de las 67 sentencias que son Cosa Juzgada y solicitan la intervención de López Obrador para que en forma definitiva les restituyan sus tierras.

“Anexamos a la presente, una copia simple del expediente 495/2013, una de las 67 sentencias de las que hablamos”, precisan.

Indican también la entrega de otras dos cartas dirigidas al presidente. Una es del 20 de marzo en la primera manifestación que realizaron en Palacio Nacional; otra del 28 de marzo, cuando López Obrador visitó San Luis Río Colorado, Sonora; y otra más entregada a la 45 Zona del Ejército con sede en Sonora, para solicitar que retiraran el apoyo a la minera.

Los ejidatarios rechazan que su intención sea explotar la región como mineros. Desde agosto de 1971, usan esa tierra para sembrar mezquite para el ganado.

Caborca es una zona agrícola y ganadera. Pero desde que llegó Penmont se explota la minería a cielo abierto.

“Deseamos dedicarnos a actividades agrícolas y ganaderas. Son tierras en condiciones aptas para esto, como lo eran antes de la ocupación ilícita que mantuvo la minera.

Minera rechaza acusaciones

El mismo lunes 6 de abril, la minera Penmont aseguró en un comunicado que desde el 2013 regresó los terrenos ejidales. Acusó que un grupo de personas pretende engañar a las autoridades estatales y federales. Se hacen pasar por ejidatarios y les intentan despojar de un predio denominado El Bajío que, aseguran, es de su propiedad.

“Minera Penmont reitera que siempre ha actuado legalmente y reitera su total disposición a colaborar con las autoridades competentes”, indican en el texto.

Intervención de Rafael Pavlovich

El 13 de julio del 2013, policías federales restituyeron las tierras ejidales a El Bajío, pero según acusan los ejidatarios, la empresa regresó a explotar una parte del predio en el 2015, a través de Rafael Pavlovich, tío de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

La minera consiguió un título de propiedad, fechado en junio de 2017 y firmado por la entonces titular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Con este documento regresó a explotar 571 hectáreas del ejido, en 2018..

Esta nueva incursión de la minera derivó en un nuevo juicio agrario, el 297/2019. Tres ejidatarios lo interpusieron el 8 de julio del 2019. Reclaman en particular esas 571 hectáreas. En este nuevo juicio la minera solicitó un amparo para continuar la explotación del lugar, pero le fue negado. Eso le impide legalmente ingresar al predio, hasta que se resuelva en definitiva esta demanda. Aunque nunca hizo caso y siguió extrayendo el oro del lugar, según denuncian los ejidatarios.

El ejido no presentó demanda, según explican, porque consideran que dicho título o es falso o se obtuvo de manera ilícita. Argumentan que el predio ya tiene como dueño al ejido y, sobre todo, está dentro de las 20 mil hectáreas que en el 2014 el Tribunal Unitario Agrario ordenó que se les restituyeran. También condenó a la minera a remediar el daño ambiental y devolver el oro que extrajo del lugar durante el juicio.

Por los hechos del 26 de marzo, la minera Penmont acusa a ejidatarios de diversos actos delincuenciales, por lo que interpuso demandas correspondientes.

“Estas incursiones criminales y violentas en terrenos de propiedad privada representan una situación insostenible para la mina que emplea 4,500 personas en la región, suma inversiones por cientos de millones de dólares y es una empresa altamente comprometida con el desarrollo sustentable, acreditada por instancias internacionales al respecto”, señala el comunicado.

En el escrito también demanda la actuación de las autoridades estatales y federales.

“Se espera su pronta intervención para brindar las garantías de seguridad necesarias para mantener la operación del complejo minero que localmente es uno de los más importantes polos de empleo de la región”.

Para los ejidatarios los presuntos “delincuentes” son los dueños de la mina. Ya que a pesar de que existe una sentencia como Cosa Juzgada, insisten en explotar ilegalmente el predio. Y mueven sus influencias para que las autoridades agrarias no ejecuten la sentencia. Esto último también se da a conocer al presidente en las cartas que le han enviado.

“La mina se amparó cuando le ordenaron no entrar y se lo negaron y aún así se mantenía explotando: ¿quiénes son los delincuentes?”, cuestiona el presidente ejidal Jesús Thomas.

Guardia Nacional rechaza proteger mina de Bailléres

El gobierno federal entregó a Pie de Página una nota informativa de la Guardia Nacional. La corporación rechaza mantener presencia en la mina Dipolo, que es el predio en disputa entre la minera Penmont y los ejidatarios de El Bajío.

Añaden que su presencia en el lugar ocurrió sólo en dos ocasiones.Obedeció, señalan, a reportes de dos hechos violentos en esa región, uno ocurrido el 1 de marzo y otro el 26 de marzo. En este último refieren que el enfrentamiento se dio entre ejidatarios y guardias de la minera Penmont.

“Se informa que la Guardia Nacional NO mantiene presencia en la mina DIPOLO, acudiendo en ambas ocasiones solamente para atender reportes del C5i respecto a los hechos mencionados (sic)”, indica la corporación.

“En ambas ocasiones, la Guardia Nacional fue alertada sobre la presencia de personas armadas en las cercanías de dicho Ejido, por lo que se atendió esta información y se realizaron patrullajes hacia el área donde se encuentra el multicitado Ejido, permaneciendo en el mismo solo el tiempo necesario para verificar la información respecto a la presencia de personas armadas, continuando con su patrullaje y posterior retorno a Caborca”, añade.

En el documento de la Guardia Nacional también se destaca que:

“La Base de Operaciones de la Guardia Nacional más cercana al Ejido El Bajío se encuentra en Caborca, Son. (90 Kms. de distancia del Ejido) (sic)”.

En su comunicado la minera también intenta desacreditar el trabajo de esta reportera con acusaciones falsas.

Ejidatarios recuperan su tierra; piden a AMLO garantías contra minera


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Perú

Mina peruana Antamina anuncia “parada estratégica” por Covid-19


Conflicto Relacionado: Antamina-Juprog-Huari


14/04/2020
Foto: Antamina

Antamina, minera de cobre y zinc, controlada por BHP Billiton y Glencore, realizará una “parada estratégica” durante dos semanas para tomar medidas de seguridad y adaptar sus operaciones para cuando termine una cuarentena ocasionada por el nuevo coronavirus en Perú.

La minera viene realizando labores esenciales en áreas de producción y mantenimiento desde que Perú decretó en marzo un estado de emergencia, que se extendió recientemente hasta el 26 de abril.

Los accionistas de Antamina, una de las mayores cupríferas en Perú, son BHP Billiton con 33,75%, Glencore 33,75%, Teck con 22,5% y Mitsubishi con 10%.

“Se trata de una detención temporal de operaciones con la que buscamos adaptar nuestras operaciones y servicios a esa nueva etapa a la que ingresará el Perú cuando haya terminado el Estado de Emergencia Nacional“, dijo Antamina en un comunicado.

La compañía detalló que durante ese periodo realizarán exámenes médicos a todos sus trabajadores y que “nadie saldrá o ingresará” de sus campamentos sin haber sido evaluados.

“No solo estamos buscando brindar un retorno seguro a nuestros trabajadores; también deseamos ofrecer tranquilidad y confianza a las comunidades vecinas”, refirió en su comunicado.

Antamina informó en marzo que uno de sus trabajadores, que había tenido interacción con otros dos empleados, había sido diagnosticado con coronavirus y que estaba evolucionando de forma favorable. Dirigentes sindicales de la compañía han denunciado sin embargo que los casos de infectados serían más.

La minería es clave para la economía local pues sus ventas representan el 60% de todas las exportaciones de Perú.

Fuente: Infobae

Mina peruana Antamina anuncia “parada estratégica” por Covid-19

Argentina

GOBIERNO DE CHUBUT CONTRATA OPERADOR MINERO POR 450 MIL PESOS

En el Boletín Oficial del lunes 13 de abril, se publicó la autorización a la Secretaría de Información Pública dependiente de la Secretaría General de Gobierno, para contratar servicios de monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales. Para ello, le pagarán 450 mil pesos a José Luis Gaud, quien por lo menos desde 2008 trabaja con el gobierno provincial y en 2010 fue asesor externo de Pan American Silver en el Proyecto Navidad.

Por No a la Mina
13/04/2020
No es extraño que los gobiernos contraten este tipo de consultorías o servicios de comunicación; sí es destacable que en un contexto en el que el gobierno provincial aún no ha pagado el sueldo de febrero y marzo a quienes trabajan en el Estado, se adjudique en plena pandemia 450 mil pesos a una persona que trabaja en medios pero vinculado a la megaminería, una actividad prohibida en la provincia por ley desde el año 2003.

En su perfil de LinkedIn, José Luis Gaud, indica en primer lugar que hace el diseño integral y la gerencia de campañas políticas. A continuación, indica que desarrolla “planes estratégicos de comunicación minera” y que desarrolló “un Manual para interpretar cómo trabajan los activistas del NO A LA MINA”. No hay que ahondar mucho en su perfil laboral para encontrarlo: es su propia presentación.

Gaud también indica experiencia con el Gobierno de la Provincia de Chubut desde hace 4 años, pero estas relaciones se pueden rastrear hacia el año 2008, incluso antes trabajó para la Justicia y para el Municipio de Rawson. Si bien hoy se dedica, según su propia presentación, a clasificar y armar un recorte en PDF para enviar al gabinete y funcionarios por WhatsApp, en 2010 fue “Consultor Externo de Comunicación Minera” para la multinacional canadiense Pan American Silver, la cual busca modificar las leyes provinciales para avanzar con una explotación de plata en la meseta central chubutense.

Desde No a la Mina nos preguntamos por qué el gobierno contrata a un operador de prensa que se jacta de haber hecho un «manual» sobre cómo trabajamos. Nos preocupa que se siga recolectando información sobre vecinos y vecinas, como ya hemos denunciado en la causa por espionaje que aún espera resolución. Nuestro compromiso con el agua y el territorio es público, así como son abiertas las asambleas a las que siempre convocamos en los medios.

Convocamos a la sociedad chubutense a repudiar la contratación de un asesor de Pan American Silver en plena pandemia, con la sociedad en aislamiento obligatorio sin poder salir a manifestarse más que por medios virtuales. Alertamos a la sociedad sobre una nueva avanzada minera impulsada por el gobierno de Mariano Arcioni.

Gobierno de Chubut contrata operador minero por 450 mil pesos

Republica Dominicana

Barrick invertirá en proyecto Pueblo Grande en República Dominicana

14/04/2020
Barrick Gold obtiene el derecho exclusivo para adquirir un 70% de participación en el proyecto Pueblo Grande de Precipitate Gold, adyacente a su mina Pueblo Viejo, en República Dominicana.

Barrick acordó adquirir 12 713 636 acciones ordinarias en Precipitate Gold, con sede en Vancouver, a C$ 0,11 por acción, por un precio de suscripción agregado de casi C$ 1,4 millones (USD 1 millón).

La inversión en República Dominicana se produce tras el anuncio de que Barrick adquiriría una participación del 70% en el proyecto de plata El Quevar de Golden Minerals, en Argentina.

Para ganar el interés en Pueblo Viejo, Barrick tiene que incurrir en un mínimo de USD 10 millones en gastos de trabajo calificado en seis años y completar al menos 7 500 m de perforación en ese tiempo. También tiene que entregar un estudio de prefactibilidad.

El presidente y director ejecutivo de Precipitate, Jeffrey Wilson, comentó en un comunicado que si el trabajo de Barrick resultara exitoso en la delineación de un recurso explotable significativo, Precipitate sería transportado por un interés retenido significativo sin desembolso de efectivo por parte de la compañía.

“La capacidad técnica y financiera de Barrick para llevar a cabo este trabajo proporciona a los accionistas de Precipitate un apalancamiento positivo, al tiempo que mitiga el riesgo y limita la posible dilución de acciones para financiar programas de trabajo de esta escala”.

La inyección de capital adicional en la compañía a partir de la colocación privada de USD 1 millón permite a Precipitate continuar el avance de sus otros proyectos dominicanos al 100%. Su enfoque de exploración se centrará inmediatamente en los objetivos de perforación a corto plazo que emergen dentro del cercano proyecto de oro Ponton de la compañía y el avance continuo de los objetivos existentes en el proyecto Juan de Herrera, inmediatamente adyacente al proyecto Romero de GoldQuest.
Fuente: Mining Weekly

Barrick invertirá en proyecto Pueblo Grande en República Dominicana

Argentina

La minera canadiense Barrick Gold explorará un nuevo proyecto de plata en la provincia de Salta

La empresa canadiense selló un acuerdo con la estadounidense Golden Minerals para para adquirir el 70% del proyecto El Quevar.
13/04/2020
La minera canadiense Barrick Gold anunció que explorará un proyecto minero ubicado en la provincia de Salta y cuyo nombre es El Quevar.

La compañía llegó a un acuerdo con Golden Minerals, la firma que hasta el momento estaba a cargo del emprendimiento. De esta manera, Barrick Gold se quedó con un 70% de la propiedad del proyecto de plata, plomo y zinc.

Para hacerse del 70% del proyecto de plata en Salta, Barrick Gold invirtió u$s1 millón. «De conformidad con una transacción de colocación privada a un precio de u$s0,21 por acción», explicó en un comunicado.

Según el acuerdo, la empresa canadiense tendrá que invertir u$s10 millones en exploración en un período de en ocho años. Los desembolsos se organizarán de la siguiente manera: u$s500.00 en el primer y segundo año; u$s1 millón en el tercero y cuarto año; y u$s2 millones en el sexto, séptimo y octavo año. «Los montos pueden gastarse antes de lo requerido», señala el comunicado.

El último año, Barrick deberá presentar el estudio de prefactibilidad «que cumpla con NI 43-101 que describe una operación potencialmente rentable con recursos minerales de no menos de 2 millones de onzas equivalentes de oro».

En la nueva firma que realizará el proyecto de plata en Salta, el 70% es de Barrick Gold y el 30% restante es de Golden Minerals, cuya sede se encuentra en Estados Unidos.
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«La financiación se dividirá en proporción a la propiedad de cada accionista», aclara el comunicado.

El Quevar es un proyecto de plata que comenzó en 2004 y está ubicado a 90 kilómetros de la localidad de San Antonio de los Cobres, en la puna salteña, indica EconoJournal.

Tiene una superficie de casi 70.000 (entre 14 concesiones de explotación y 6 de exploración) hectáreas y está a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Veladero, con extensión de vida

La empresa Barrick anunció el mes pasado la extensión por 10 años de la vida útil de la mina de oro Veladero en la provincia de San Juan, lo que demandará obras de desarrollo destinadas a incrementar su producción hasta las 500.000 onzas al año.

Así lo anunció esta tarde el presidente y CEO de Barrick, Mark Bristow, mediante una videoconferencia abierta desde las oficinas que la minera posee en Santiago de Chile, un recurso al que se apeló debido a las restricciones que se deben cumplir para evitar la propagación del coronavirus.
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Bristow también reveló que la compañía completó un estudio sobre el proyecto binacional Pascua Lama, que arrojó que el emprendimiento por el momento «no cumple con los criterios de inversión utilizando los parámetros actuales», por lo que se comprometió a seguir trabajando para transformar esos recursos «en una oportunidad para los dos países».

«Nuestro objetivo inmediato es extender la vida de la mina de Veladero más allá de 2030 y elevarla a un activo de primer nivel», dijo Bristow al explicar que la revisión incluyó la reinterpretación de la geología de la mina y una campaña de perforación en los territorios ubicados entre unos 4.500 metros de altura.

Para esta tarea se establecieron equipos de exploración y gestión de recursos para identificar depósitos satélites, es decir en torno al desarrollo de la mina que comenzó a producir en 2005, y que demostraron tienen el potencial de producir un aumento de los recursos y las reservas.

«Suplimos el agotamiento de la producción anual y agregamos 1,4 millones de onzas al plan aprobado año tras año, lo que permite extender la vida útil y llevarla más allá de 2030 y elevar su ranking a un activo de nivel 1», explicó Bristow al realizar el anuncio.

Sobre el proyecto de ampliación de Veladero, Bristow dijo que el nuevo valle de lixiviación demandará una inversión de US$ 145 millones, de los cuales ya se concretaron trabajos por US$ 93 millones con un 63% de avance.

Estos trabajos crearon nuevas oportunidades de empleo, ya que el número de operarios directos y contratistas aumentó de más de 1.400 personas en 2019 hasta llegar a casi 5.000 en la actualidad.
https://www.iprofesional.com/negocios/313669-minera-barrick-gold-explorara-un-proyecto-de-plata-en-salta

Colombia

Drummond reinicia operaciones en Colombia


Conflicto Relacionado: drummond-glencore-murray energy- el hatillo

14/04/2020
Drummond, productor de carbón térmico de Colombia, reinició parcialmente operaciones en sus minas al norte del país el viernes pasado.

Las principales empresas mineras que operan en el país redujeron desde el 24 de marzo sus actividades en medio de la cuarentena que decretó el Gobierno para contener la expansión del Covid-19.

“Se hace imprescindible retomar progresivamente nuestras operaciones bajo los más estrictos controles de bioseguridad y con la activa participación y autocuidado de nuestros trabajadores, para seguir contribuyendo con el desarrollo del país”, dijo Drummond en un comunicado.

La empresa detalló que el equipo que empezó operaciones el viernes pasado incluye dos turnos de alrededor de 400 trabajadores que se sumarán al personal que ha estado trabajando en el plan de contingencia.

Drummond opera las minas Pribbenow y El Descanso, ubicadas en departamento del Cesar, al norte de Colombia, y el carbón que extrae es transportado por un ferrocarril de 193 kilómetros hasta un puerto de aguas profundas en el Mar Caribe, desde donde se exporta.

La empresa cuenta con alrededor de 10.000 trabajadores directos y contratistas y en 2019 su producción alcanzó 32,7 millones de toneladas de carbón.

Aunque Colombia está en un aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de abril, las actividades de minería pueden continuar al ser considerada como una actividad esencial para el desarrollo del país.
Fuente: Reuters

Drummond reinicia operaciones en Colombia

Chile

Las huellas del extractivismo en los conflictos medioambientales y por el agua en contexto COVID -19

02/04/2020
En Chile, el despojo y saqueo extractivo, genera múltiples impactos y violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos, es el derecho al agua. En el actual momento de pandemia por el COVID-19, la escasez de agua gana proporciones aún más graves para la población en situación de mayor vulnerabilidad.

La consigna “No es sequía, es saqueo” se ha masificado en el contexto del estallido social en Chile. Esta es la expresión de los cientos de conflictos por el agua y medioambientales que han surgido en las últimas décadas frente al saqueo de la minería, el sector energético, el agronegocio y las empresas forestales. El desarrollo extractivo en Chile va de la mano de una gran presencia de capital extranjero. Las inversiones canadienses es una de las más importantes, principalmente en la minería, la electricidad, y en el lucrativo negocio de las empresas sanitarias.

Es importante resaltar que en Chile, el agua fue privatizada bajo la dictadura de Pinochet en la constitución de 1980. A través del código de aguas, entregó “derechos de aprovechamiento” a privados, de forma perpetua y gratuita, lo que ha privilegiado la creciente demanda de la industria extractiva.

El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), conversó con movimientos y organizaciones sociales que luchan por la defensa del territorio y por la recuperación del agua. La lucha del Movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA) ha sido emblemática en Chile, como nos cuenta Rodrigo Faundez: “La situación en Chile es muy crítica en distintos lados del país porque atravesamos un stress y una crisis hídrica que se viene acumulando cerca de 10 años producto de varios factores. Pero sumado a eso Chile es un país que tiene privatizadas sus aguas y un modelo primario exportador que exporta materias primas. Es uno de los exportadores mundiales de cerezas, paltas, cítricos, vinos y tiene muchísima superficie plantada en la zona central del país plantada por este tipo de cultivos. Esto genera un alto stress sobre los suelos de los territorios donde se emplazan estas actividades productivas. Esto ha generado con el tiempo sobretodo en la última década un número creciente de conflictos territoriales que se enfrentan a empresas que contaminan y es tanto el nivel de producción que terminan secando esteros, ríos y fuentes de aguas naturales. Entonces nosotros decimos que el saqueo extractivo efectivamente se expresa en las grandes empresas de distintos rubros, sobreexplotan el agua, la tierra, contaminan, y esta sobreexplotación amparada en la legislación privatizadora del agua y privatizadora y de todos los bienes comunes naturales termina por hacer estallar conflictos en distintas latitudes del país. La situación de robo de parte de las grandes empresas en cantidades industriales, el conflicto que se empezó a producir por distintas comunidades por el acceso humano y el derecho al agua decantó en la creación de este movimiento que lleva cerca de 10 años de existencia y de lucha a nivel nacional y que hoy estamos en distintas regiones del país. Ya estamos en 11 de 16 regiones del país porque la lucha por el agua ha crecido, se ha multiplicado y el movimiento ha pasado a ser uno de los más importantes en la denuncia nacional y a nivel internacional sobre el derecho al agua interviniendo en distintos debates públicos sobre el tema”.

En pleno estallido social, Chile participó al encuentro más importante del sector minero que tuvo lugar en marzo de este año en Toronto, Canadá. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) nos comenta sobre esto: “El litio en Chile se encuentra en salares donde viven comunidades indígenas, donde hay ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción y el ministro de minería va a Toronto a ofertar la posibilidad de explotar los 52 salares que existen en el norte de nuestro país. No sólo el Salar de Atacama que es el salar más importante que tiene nuestro país sino que todos los salares que algunos de ellos incluso están protegidos por convenciones ambientales internacionales como la convención de Ramsar (ya confirmado que se escribe así) en este caso de humedales alto andinos”.

Chile otorga a las concesiones mineras un derecho preferente para usar las aguas sin ninguna restricción. Gran parte de la matriz energética en Chile proviene de las hidroeléctricas, siendo el mayor consumidor de esta energía el sector minero. Esto ha impulsado el desarrollo hidroeléctrico en el sur del país principalmente en territorios de comunidades mapuches.
Ximena Cuadra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) que hace parte del Movimiento por el agua y los territorios (MAT), nos cuenta sobre la situación en la zona centro-sur del país: “En este territorio, los principales conflictos en torno al agua están asociados a los dos grandes procesos extractivos que se viven en el sur de Chile. Uno es la industria forestal y el segundo es la expansión de la hidroelectricidad. Para explicar el conflicto del agua con respecto al sector forestal, lo que es importante señalar es que las expansiones de tierra que ocupan las forestales son miles dentro del país. Las empresas forestales capturan una cantidad importante de agua que se produce a través de las napas subterráneas. Por lo tanto van secando las fuentes de agua de la que disponen comunidades aledañas a las empresas forestales las napas y eso tiene consecuencias directas en la población. Con respecto a los conflictos con las centrales hidroeléctricas, estas capturan el agua para construir embalses. En Chile la constitución reconoce el sistema privado del mercado de las aguas y por lo tanto el agua que corre por los ríos no es de quien posea la tierra, por lo tanto las centrales hidroeléctricas han acumulado derechos de agua más allá de los que utilizan. Entonces en la región de la Araucanía sólo el 3% de los derechos del agua se utiliza para el consumo y está en manos de sanitarias, comunidades mapuches y comités de agua potable. El resto de los derechos de agua están concentrados en el riego y para la hidroelectricidad. El 21,5% de las viviendas en la región de La Araucanía accede a agua potable en camiones aljibes y eso representa a 42 mil personas”.

Según OLCA, diversas regiones del país se han declarado como “Zonas de emergencia agrícola” afectando a más de 11 millones de personas. A esto se suma, las 147 comunas en situación de escasez hídrica, según lo denunciado por MODATIMA. Rodrigo Faundez, nos comenta cómo se enfrenta esta situación frente al COVID 19: “Por la crisis hídrica se multiplican cada vez más esa forma de abastecimiento de agua en las zonas rurales y eso significa que es probable que también sean una fuente de contagio y un vector del coronavirus porque no hay fiscalización ni vigilancia sobre esa red de camiones que distribuye agua potable en las zonas rurales. Estamos también demandando que los sectores relacionados con el agua vigilando que empiezan a imponer sus intereses especulativos y financieros en el covid o post covid en estos temas”.

Canadá es el tercer país que más invierte en Chile si se suma a su participación en la minería, al del sector eléctrico y de aguas sanitarias. Si consideramos solo el sector minero, Canadá es la principal fuente de capital extranjero, con más de 40 sociedades mineras y más de 100 proyectos en el país. Existen diversas instancias del gobierno canadiense que contribuyen a facilitar sus inversiones en el extranjero, como nos explica Lucio Cuenca de OLCA: “Una de las grandes problemáticas que ha profundizado la desigualdad y ha empobrecido nuestro país y ha precarizado la vida en muchas dimensiones son las inversiones extranjeras en la explotación de los recursos naturales y específicamente en la explotación de la minería. En ese ámbito, Canadá tiene un rol fundamental. Para eso, se ha contado con una política sistemática del Estado, del gobierno canadiense a través de la Agencia de crédito para las exportaciones de Canadá que otorgan créditos a empresas, pero no sólo eso sino que también entregan el respaldo político para que estas operaciones se puedan realizar en nuestro país. Ha negociado en condiciones favorables estos créditos y que todos sabemos, tienen beneficios para las empresas pero son condicionados por el gobierno canadiense para que se negocie directamente con otras empresas canadienses para proveer servicios, tecnologías, etc. por lo tanto son relaciones extremadamente interesadas y que hacen omisión a las violaciones de derechos humanos en Chile”.
El Fondo de pensiones de profesores de Ontario-Canadá es propietario de cuatro empresas sanitarias que proveen de agua potable, tales como Aguas del Valle, Nuevo Sur, ESVAL y ESSBIO. Controla así más de un tercio del lucrativo mercado sanitario. Según datos de MODATIMA, de las 10 ciudades con la tarifa de agua más cara en América latina, 7 de ellas son de Chile alcanzando un precio de hasta 346$ USD mensuales. De igual forma, el Fondo de pensiones de profesores de Ontario posee el 50% de la empresa de distribución y transporte de electricidad SAESA. Esta empresa está asociada a una serie de conflictos y violaciones de derechos humanos en territorios de comunidades indígenas al sur de Chile.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el conflicto con la comunidad newen de Tranguil asociado al feminicidio empresarial de Macarena Valdés, aún impune. Además, la empresa SAESA busca implementar una serie de torres de tendido eléctrico de alto impacto en la comunidad Mapuche Williche Alto Fundo Gamboa.

Lucio Cuenca de OLCA nos comenta sobre los intereses que están en juego para Canadá frente al estallido social. El gobierno canadiense ha hecho caso omiso de la situación de violación de derechos humanos: “Mucho de la precarización que se vive hoy en los territorios corresponde a la intervención de empresas canadienses. La apropiación del agua en muchos territorios que incluso dejan sin posibilidad de desarrollar la vida a muchas comunidades indígenas o campesinas del norte de Chile. La política de relaciones comerciales e inversiones entre Chile y Canadá es fuertemente impulsada por el gobierno canadiense y su embajada acá en Santiago. Esto se debe a la incursión de las inversiones canadienses en nuestro país donde la embajada canadiense por ejemplo actúa casi como una agencia de apoyo de estas empresas para ejercer presiones políticas, para buscar soluciones a los inconvenientes que tienen estas inversiones en nuestro país. Por lo tanto hay una relación muy íntima entre la inversión canadiense en minería, la apropiación de los recursos naturales no sólo mineros, sino que también en este caso en el agua y la violación de derechos humanos que ocurre en muchos lugares de Chile y por lo tanto ahí entendemos por qué el gobierno canadiense ha dado silencio luego del estallido social y de la revuelta social que hemos vivido en los últimos meses. No ha tenido una condena a la vulneración de los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Piñera”.

Desde Canadá, reporta Christina Ayala del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).

Enlace para descargar, Reproductor de Audio:
https://aler.org/node/7214?fbclid=IwAR1Wwh0h5c12AdS7Xxi_wvDA7E0PP_4SgfAU9i99FUlhsJJEDATmBSMk-JI