5/8/2020
La minera canadiense Lupaka informó este martes que ha firmado un acuerdo de financiación de arbitraje con Bench Walk Advisors para respaldar el reclamo de arbitraje de la compañía contra Perú en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Perú del 2009.

El acuerdo incluye hasta USD 4.1 millones para respaldar el arbitraje y los costos relacionados. Todos los fondos que BWA adelantará no tienen aval y solo son reembolsables al completar una demanda exitosa donde se recuperan los fondos. Como tal, el monto del financiamiento no se diluye a los actuales accionistas de Lupaka.

De acuerdo con la minera, la disputa surge de ciertos actos y omisiones de Perú en violación del TLC y el derecho internacional relacionados con la inversión de la compañía en el proyecto de oro Invicta.
Proyecto de Oro Invicta

Invicta se encuentra en la provincia de Huaura, aproximadamente a 120 kilómetros al norte de Lima. Para Lupaka, la comunidad indígena de Parán erigió un bloqueo ilegal en octubre de 2018 al impedir el acceso a la mina.

“La compañía había comenzado sus envíos planificados desde la mina a plantas de procesamiento de terceros en el tercer trimestre del 2018, pero tuvo que suspender dichos envíos como resultado del bloqueo ilegal de Parán”, recordó la firma.

Sin acceso al sitio del proyecto Invicta, Lupaka Gold no pudo continuar extrayendo, enviando y procesando el material extraído. A pesar de las numerosas solicitudes de asistencia de la fuerza policial y de los funcionarios locales, estatales y federales del Gobierno peruano, la asistencia solicitada no se brindó y el bloqueo ilegal continuó.

“Sin la capacidad de enviar y vender su producto, Lupaka no pudo pagar el préstamo adquirido para completar el desarrollo e inicio de la producción comercial, el prestamista ejecutó la garantía del préstamo y Lupaka finalmente perdió el proyecto (Invicta)”, agregó.

El 12 de diciembre del 2019, Lupaka entregó al Ministro de Economía y Finanzas (MEF) del Perú una Notificación de Intención para Presentar una Reclamación de Arbitraje de conformidad con el TLC.

La presentación de la notificación de intención inició un período de consulta de seis meses entre las partes durante el cual deben intentar resolver la disputa de manera amigable.

Las reuniones entre los representantes del Gobierno peruano, Lupaka y sus abogados de arbitraje, LALIVE, han tenido lugar durante este período de seis meses, pero no se ha presentado ninguna resolución. La compañía ahora está en condiciones de iniciar procedimientos de arbitraje internacional contra el Perú de conformidad con el TLC.
Fuente: Gestión

Lupaka obtiene financiamiento para arbitraje contra Perú

Ana Leyva V.  – Cooperaccion
03/08/2020
Imagen: Tecnología minera
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) acaba de publicar en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 019-2020-EM, que modifica 13 artículos y una disposición complementaria transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de Exploración Minera (Decreto Supremo N° 042-2017-EM). A continuación se describen los cambios más importantes y sus implicancias en la reducción de estándares ambientales.

Artículo 6: en esta modificación se hace un añadido a la redacción inicial del artículo. La parte que se mantiene vigente es de por sí bastante irregular y establece un beneficio arbitrario para los intereses de las empresas mineras. Señala que si en una zona existen proyectos del mismo titular minero o de titulares asociados o vinculados (por manejo financiero, dirección, control, capital, derechos de voto o cualquier mecanismo que le diera a uno influencia dominante sobre el otro), se consideran como uno a efectos de la presentación del instrumento de gestión ambiental (Ficha técnica Ambiental, Declaración de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental). Esto supone que el titular o los titulares de todos ellos pueden presentar un solo instrumento de gestión ambiental, y si uno de los proyectos ya tiene un estudio aprobado, los otros pueden presentar solo modificatorias a ese estudio y no uno nuevo como correspondería y se exige en cualquier parte del mundo. Esto hacía suponer que se aplicaba a proyectos contiguos o muy próximos.Respecto a ello esta nueva norma nos deja implícito (nos dan a entender) que los proyectos que se consideraran como si fueran uno, no tienen que estar juntos, que basta que se ubiquen en el mismo ámbito de una microcuenca, que sus yacimientos tengan características geológicas similares, o que entre ellos se generen impactos sinérgicos o acumulativos. Para entender mejor esta figura, hagamos una analogía. Es como si una persona que compra varios terrenos dispersos en San Isidro, se le exigiera solo una licencia de construcción para todos con el argumento de que se trata del mismo dueño y del mismo distrito. Esta “gran idea” que debilita el sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene como antecedente un pronunciamiento del Servicio Nacional de Evaluación de las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que aprueba los EIA detallados, para el caso del proyecto de explotación Coroccohuayco. Este proyecto inicialmente fue pensado como independiente del proyecto Antapaccay y la empresa titular estuvo inicialmente elaborando un nuevo EIA. SENACE le dijo que no tenía que hacerlo, que bastaba una modificatoria del EIA de Antapaccay porque ambos proyectos compartían componentes mineros y por ello se les podía considerar como una sola unidad productiva, a pesar de ocupar juntos 20,000 has. Como la osadía es premiada en el Perú, ahora solo basta que los proyectos de exploración tengan un solo dueño o socios para considerarlos como si fueran una solo unidad, relativizando su ubicación.
Artículo 21: antes de su modificación, este artículo establecía que si en las labores exploratorias se intersectaban aguas subterráneas, el titular debía registrar y comunicar el hecho por vía informática, dentro de las 48 horas, a la autoridad competente(MINEM),al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico(INGEMMET). Para el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la obligación del titular era el aviso inmediato, bajo responsabilidad. Estas obligaciones se han relativizado. Ahora basta que el titular del proyecto dentro de las 48 horas comunique a la autoridad competente, y ella debe encargarse de correr traslado de la información recibida a las otras entidades. Uno se pregunta por qué el cambio, si era importante la comunicación directa para una pronta actuación. No lo sabemos.
Artículo 39: anteriormente, este artículo señalaba que el titular del proyecto de exploración podía ampliar el cronograma de sus actividades por seis meses, por única vez, comunicando por vía informática a la autoridad competente y a OEFA. Ahora puede ampliar su cronograma, más de una vez, siempre y cuando las modificaciones sumen seis meses.
Artículo 40: antes de su modificación, este artículo señalaba que todas las aprobaciones y modificaciones de estudios ambientales estaban sujetas al silencio administrativo negativo. Es decir, si no se daba el pronunciamiento explícito de la autoridad evaluadora, en el plazo establecido, se entendía que el estudio había sido desaprobado. La modificatoria ahora establece que para los casos de evaluación de fichas técnicas ambientales (FTA) se aplica el silencio administrativo positivo. Es decir, podemos considerar aprobada la FTA, sin necesidad de pronunciamiento de la autoridad competente. Cabe precisar que la FTA, es un instrumento de gestión ambiental para proyectos de exploración minera que, dada su ubicación y características, tienen impactos negativos no significativos[1]. Consideramos que la exploración minera es una actividad siempre riesgosa que puede afectar aguas subterráneas o que puede dejar desechos, y que, por lo tanto, requiere siempre que se evalúe con detenimiento las afectaciones que puede producir, lo cual conlleva un pronunciamiento explícito de la autoridad competente sobre los impactos o afectaciones que se pueden producir.
Artículo 44: Respecto a los requisitos para la presentación de un FTA, el artículo 44 señalaba que se debía acreditar la realización de un taller participativo. En la modificatoria se dice que cuando el proyecto se ubica en terrenos eriazos o de propiedad de la empresa, el taller se puede remplazar por otro mecanismo de participación ciudadana. Además, se añade que, si el taller participativo se suspende por caso fortuito o fuerza mayor, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) puede reprogramarlo o remplazarlo por otro mecanismo de participación ciudadana.
Artículo 56: antes de esta modificatoria, este artículo establecía la posibilidad de que, mediante una comunicación previa, de manera virtual se realice la reubicación de componentes principales o auxiliares proyectados, siempre y cuando esas reubicaciones no infringieran lo dispuesto en las categorías de clasificación anticipada y no modificara el área de uso y actividad minera previamente aprobada. La norma precisaba que esas reubicaciones no debían modificar el programa de monitoreo ambiental y que, si bien era posible la reducción del número o dimensión de los componentes, esto no incluía a los componentes relacionados al manejo ambiental. Además, precisaba que no se podía reubicar componentes en áreas que estuvieran a menos de 50 metros de una fuente de agua, o menos de los 100 metros de distancia de nevados, de tierras de protección y bosques primarios. El actual contenido del artículo 56 permite no solo reubicaciones sino también otro tipos de cambios, que incluyen el programa de monitoreo. Tiene dieciséis tipos de cambio realizables y la lista es abierta pues pueden incorporarse otros más si el MINEM, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM), lo cree conveniente. Uno de esos cambios es la posibilidad de variar la capacidad de almacenamiento e insumos químicos dentro de las instalaciones o la variación del número, longitud, azimut (ángulo) e[M1] inclinación de los sondajes dentro de las plataformas. Las reubicaciones sin modificación de estudio ambiental solo se prohíben en la propia fuente de agua, nevados, tierras de protección o bosques, no en sus áreas cercanas, como decía la anterior redacción de este artículo.
Artículo 58: este artículo anteriormente indicaba que, cuando se quiere presentar un nuevo estudio ambiental o su modificatoria en áreas donde se ejecutaron actividades de exploración, la nueva solicitud debe considerar también las actividades contempladas en el anterior estudio, salvo que el titular declarara haber cerrado total o parcialmente las plataformas o componentes aprobados. Además, señalaba que en proyectos de hasta 700 plataformas se debía exigir el cierre de por lo menos el 60% de las plataformas aprobadas previamente o su no ejecución. En esta última modificatoria se establece que en este último supuesto, es necesario que se hayan cerrado o no ejecutado las plataformas aprobadas, salvo que el titular esté en tránsito a la explotación, con un EIA detallado aprobado. Cuando ello ocurre, dicha condición no es exigible.
Artículo 60: anteriormente, este artículo exigía al titular rehabilitar las áreas afectadas por su actividad exploratoria, salvo aquellas a las que daría un uso futuro. En este caso, debía compensar esa área con la reforestación de otra con una especie nativa. Con la modificatoria, solo se le exige al titular que proponga una medida compensatoria, es decir, aquella que mejor le parezca. La modificatoria de este artículo también establece que, cuando se están cerrando las labores exploratorias, se pueden dejar en pie (además de componentes auxiliares, como las oficinas administrativas o caminos) las plataformas de exploración si la comunidad campesina, gobierno local, regional o nacional lo pide para usarlo con fines de interés público o cuando un tercero lo solicita. Es decir, la empresa puede ir dejando en el territorio plataformas, un componente principal que anteriormente era inaceptable o impensable dejar.
Artículo 68: este artículo establecía que el OEFA tenía la obligación de verificar el cumplimiento de las labores de cierre contenidas en los informes de cierre de proyectos presentados por los titulares. Con la modificatoria, la fiscalización priorizará los casos de proyectos que por sus características requieren de un plan de cierre de minas con garantías para su cumplimiento, por el nivel de sus impactos o aquellos que se encuentran en zonas de conflicto socio ambiental. Es decir, ya no lo tiene que hacer en todos los casos.
Finalmente, es importante señalar que en este periodo de pandemia se vienen haciendo una serie cambios en el sistema de gestión ambiental para facilitar la reactivación. Se ha establecido la posibilidad de líneas de base para estudios ambientales sin trabajo de campo, participación ciudadana y fiscalización ambiental principalmente virtuales, la suspensión de entrega de informes de monitoreo y otros.

Creemos que este debilitamiento del sistema de gestión ambiental y principalmente del sistema de evaluación del impacto ambiental apuesta por una promoción de la inversión y reactivación económica a cualquier costo. Este comportamiento irresponsable de las autoridades reguladoras nos pasará factura en unos años y hará que los daños, que pueden terminar siendo cuantiosos, tengan que ser asumidos por el Estado y todos los peruanos, como ha ocurrido siempre. Además, pone en evidencia, la enorme influencia que tiene el sector minero, en el MINEM y MINAM, ya que uno aprueba las normas sectoriales ambientales y el otro le da su visto bueno.

2/7/2020 | Actualidad, Rafael Salgado Olivera, Últimas Noticias

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado
En Espinar el conflicto entre la minera Glencore y las comunidades se torna más violento, con heridos, muertos y desaparecidos, debido a nuevos incumplimientos por parte de la empresa al Convenio Marco, a saber la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia. A pesar de ello, en su último discurso presidencial Martín Vizcarra solo repitió el mismo viejo discurso sobre el rol de la minería en el desarrollo del país e incluso anunció el proyecto Ampliación Coroccohuayco, de la misma empresa. No sé ustedes, pero yo estoy cansado de escuchar siempre lo mismo.

El presidente parece ser vocero de un sector minero que, aprovechando la pandemia, nos vuelve a hablar de crisis económica y de la necesidad y rol fundamental de la minería para afrontarla. Nada dicen de las consecuencias de 30 años de neoliberalismo, años en los que en paralelo al crecimiento macroeconómico -PBI, creció sostenidamente la desigualdad. El efecto combinado de todos esos factores -neoliberalismo, desigualdad y la pandemia- lo tenemos frente a nosotros: somos el tercer país en la región latinoamericana (según la Universidad de Johns Hopkins al 30 de julio) –séptimo en el mundo– con más casos de COVID-19.

De poco o nada sirvió ser de los primeros en aplicar medidas de confinamiento y distanciamiento social. Esas medidas, nunca fueron acatadas por el sector minero, que siguió trabajando durante toda la cuarentena. Si bien es cierto, disminuyó la intensidad de sus actividades, también es cierto que presionó desde el inicio para reactivarlas en su totalidad, logrando incluso ser considerada dentro del conjunto de actividades excluidas de acatar el aislamiento obligatorio.

En el protocolo sanitario para actividades mineras solo se hace mención a una declaración jurada que los trabajadores y contratistas mineros deben presentar, en la que indican que no tienen síntomas de COVID-19. El resultado son los casi 3000 trabajadores mineros contagiados con el virus, como lo indicó antes de su salida la exministra de Energía y Minas Susana Vilca. ¿Realmente al sector minero y al Gobierno le importa la protección adecuada de los trabajadores y poblaciones aledañas?

Por eso me cansa e indigna que hoy los gremios empresariales de este sector se presenten como «la solución», y ejerzan presión para “destrabar” toda la cartera de proyectos mineros, que suman un total de 48. Incluso el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, sostiene que así se generan “más ingresos fiscales para que el Estado pueda utilizarlos en mitigar los problemas sociales y económicos que nos dejará el COVID-19”. ¿En serio? ¡¿Mitigar?!

¿Qué van a mitigar?
Un sector como el minero, y junto a él todo el sector extractivo, tienen como resultado de sus actividades, regiones con altos índices de contaminación. El registro que lleva el MINEM da cuenta de aproximadamente 8500 pasivos ambientales mineros. Si este sector no puede ni mitigar la contaminación que genera ¿cómo va a poder mitigar [aliviar] otros problemas?

En los últimos años hemos visto incrementar los conflictos socioambientales. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, el sector minería e hidrocarburos representan 80% de los conflictos en Perú. En el mes de junio se registraron 128 conflictos sociosambientales activos y latentes, de los cuales la minería y los hidrocarburos representaron 64% y 17%, respectivamente. Esto es gravísimo, más aun, cuando la conflictividad en la minería ha dejado un rastro de 282 muertos entre 2006 y 2019, según la Defensoría.

Los estados de emergencia como medidas excepcionales, también decretados en los últimos años y sin pandemia, parecen haberse convertido en la norma para asegurar la implementación de megaproyectos mineros y energéticos, principalmente en el sur peruano. Ahí está el caso de Espinar que tuvo durante muchos meses un estado de emergencia que solo profundizó el conflicto. Por eso es sumamente preocupante que se haya decretado el fin de la cuarentena, pero no el estado de emergencia nacional. No perdamos de vista ese hecho, el conflicto de Espinar nos muestra que es usado para implementar los proyectos extractivos de acuerdo a intereses.

Tampoco se realizan regularmente las consultas previas a las poblaciones indígenas. Es más desde el Gobierno nacional se propone la ‘genial’ idea de hacerlas por internet. No puede ser más que una burla. Sobre todo en un país con muy bajos índices de conexión a internet; situación que se agrava en las zonas rurales, justamente en donde se encuentran los territorios de las poblaciones indígenas y los yacimientos mineros. Entonces, ¡¿qué van a mitigar?!

Frente a toda esta situación es más indignante aun que el sector agrícola, específicamente el que agrupa a más de dos millones de familias agricultoras, no tenga más apoyo por parte del Gobierno. El mismo Estado peruano reconoce la importancia de este sector, pues produce más del 70% de alimentos que se consumen en el país; contribuye con el 83% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector agropecuario. Sin embargo el plan de reactivación agrícola está orientado al mediano y gran empresario agroindustrial.

Y así tienen el atrevimiento de decir que gracias a la minería podremos mitigar los problemas económicos y sociales del País.

*Ingeniero químico, laboró en áreas de influencia minera y es especialista en desarrollo y medioambiente

Los viejos discursos que intentan destrabar la minería, por Rafael Salgado

…. A PESAR DE SUSPENSIÓN DE PROTESTA DESDE LAS 00 HORAS
Muqui 27/07/2020    https://muqui.org/
El día de hoy debía realizarse la reunión de los dirigentes sociales de Espinar, representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, del Comité de Lucha provincial, los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Espinar, con la Comisión de Alto Nivel del gobierno liderada por el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, Augusto Cauti, e integrada por viceministros de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo, Ambiente, Salud, Justicia y Derechos Humanos e Interior; sin embargo, los viceministros no llegaron a la reunión, y tampoco la representación de la empresa minera.

Los dirigentes sociales iban a presentar los 6 puntos de la agenda de lucha del Comité: reformulación del Convenio Marco para que la población de Espinar tenga beneficios directos; la problemática de los afectados por metales tóxicos; las afectaciones del corredor minero por donde transitan los camiones de las empresas mineras; la ampliación del proyecto minero Coroccohuayco; el cambio de jueces y fiscales en los juicios que se sigan desarrollando desde el 2013 contra ex dirigentes sociales de la provincia tras las protestas del 2012; y la agenda de derechos humanos respecto a las torturas que han sufrido los jóvenes y mujeres.

Desarrollo de la reunión
La reunión inició a las 12 y 20pm con las palabras del obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, designado como mediador y facilitador del diálogo, que estuvo presente en la reunión junto al comandante Albino de la PNP, informando que el gobierno había emitido un comunicado minutos antes del inicio de la reunión señalando que los viceministros que arribaron a Cusco a las 8 y 30 am, no asistirían a Espinar porque habían tomado «conocimiento que diversas organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Espinar desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el Gobierno. Además, se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social».

Comunicado emitido minutos antes, a las 12 y 13pm por la PCM:

Sin embargo, los alcaldes distritales de Espinar mostraron la extrañeza del comunicado porque la provincia de Espinar se encontraba sin protestas y sin bloqueo de carreteras.

El alcalde del distrito de Coporaque señaló: «el Comité de lucha con dirigentes de todas las organizaciones de Espinar y los alcaldes estamos presentes, y los viceministros nos hacen venir por las puras; desde lejos venimos y dejamos nuestras responsabilidades».

Los dirigentes sociales del Comité de Lucha de Espinar expresaron que era una falta de respeto que los representantes del gobierno no hayan llegado a la reunión, cuando desde la 00 horas, Espinar se encontraba en paz social y tranquilidad para el desarrollo de la reunión tal como había solicitado el gobierno, a pesar de las torturas que recibieron varios jóvenes en las protestas desarrolladas el miércoles 22 de julio.

El dirigente del Comité de Lucha saludó, además, la presencia del comandante de la policía: Albino. «Hombre respetable; sin embargo, hay policías que nos han robado el celular y quitado el dni, a golpes nos han quitado, como a muchas señoritas que también golpearon». Como se recuerda, el 22 de julio, los espinarenses denunciaron al coronel Vargas como responsable del operativo policial que produjo 3 heridos de bala y tortura a los jóvenes que se trasladaban en un camión para apoyar las protestas. Tras las denuncias, el comandante Albino es quien ha asumido la responsabilidad a cargo de la policía en Espinar.

Los dirigentes señalaron que el comunicado emitido por el gobierno es «deshonesto. El cual el día de hoy responsabiliza a los dirigentes usando excusa para no llegar a la reunión. Eso es falta de respeto. Prefieren apoyar a la empresa minera Glencore Antapaccay».

El presidente del Comité de Lucha, Rolando Condori, señaló: «La PCM invocó, sra Paola Bustamante ahí esta tu espacio y no estás. Donde están los ministros», preguntó.

Una dirigente señaló al congresista del Cusco presente, Alexander Hidalgo: «usted congresista ha visto que no somos violentos, sí somos contestarios. ¿A quien defiende el gobierno?». También estuvieron presentes en la reunión la gobernadora del gobierno regional de Cusco, Delia Condo, y la regidora provincial de Espinar, Yeny Huillca, representante alterna de la Municipalidad en el Comité de Gestión del Convenio Marco.

Protesta pacífica
Uno de los dirigentes del Comité de Lucha manifestó que el día de mañana, miércoles 28 de julio, realizarán un mitin pacífico en la plaza de Espinar con la bandera a media asta debido a la agresión que han recibido de parte del gobierno -policía- y la empresa minera.

Frente al desplante de la comisión enviada por el gobierno; los alcaldes, dirigentes sociales y representantes del Comité de Gestión del Convenio Marco, solicitan la presencia de los ministros de Estado en la Comisión de Alto Nivel.

Acta de la reunión desarrollada sin la presencia de los viceministros y la empresa minera: