Argentina

91 años de plomo

17/11/2020
NOALAMINA
En 1987 Metal Huasi, una planta fundidora de plomo ubicada en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, y que durante treinta años había sido la principal actividad del pueblo, cerró sus puertas. Al hacerlo, abandonó, donde estaba situada la planta, pero también en depósitos a cielo abierto en distintos puntos de la localidad, alrededor de 60.000 toneladas de material, entre rocas listas para ser fundidas y con una altísima concentración de plomo, y escoria o restos de fundición, igualmente contaminantes. Estaban al aire libre, sujetos a la constante erosión de un clima extremo.
El Proyecto Navidad, en la meseta de Chubut prevé la extracción de 632 millones de onzas de plata y
cerca de tres mil millones de libras de plomo
Fuente: El país
El plomo ingresa al organismo ya sea por inhalación o ingesta. Los niños lo absorben hasta dinco veces más que los adultos. El cuerpo confunde el plomo con calcio ya que molecularmente son parecidos. Una vez absorbido, casi no existe forma de retirarlo del cuerpo. Tener carencias nutricionales y el estómago vacío favorece, en gran medida, la absorción. Ser pobre te hace ser más vulnerable. Ser un niño pobre en un ambiente contaminado es prácticamente una condena de por vida. La medida de lo considerado aceptable fue gradualmente bajando de 10µg/dl en los años setenta, a 5 µg/dl en los noventa, a 3 µg/dl hace unos años, y hasta 0 µg/dl en la actualidad. La OMS sostiene que no existe una concentración segura de plomo en sangre.

El paisaje social de la Puna no se modificó demasiado desde entonces. El neoliberalismo de la década de los años noventa fue atroz para esta zona cuyos habitantes son en su mayoría de origen coya. Hacia finales de siglo en los pueblos de la región, la desocupación laboral rondaba el 70% y la desnutrición infantil afectaba al 50% de los niños. Así lo destacaba entonces un equipo de la Cátedra de DDHH de la Universidad de Texas en un estudio realizado en 2009.

Un 81% de los niños analizados tenía niveles de plomo en sangre por encima de cualquier máximo tolerable

A comienzos de siglo un grupo de docentes y médicos comenzaron a preguntarse qué es lo que pasaba con los niños de Abra Pampa, que presentaban dificultades cognitivas y físicas distintas a la de otros de localidades cercanas. Se comunicaron con un grupo de padres y les pidieron su autorización para realizarles análisis de sangre a sus hijos. Analizaron la sangre de nueve menores de edad en esa primera ronda de pruebas. Julio García, quien hoy tiene 27 años, fue uno de esos niños. “Todos teníamos plomo en la sangre, después hicieron otras pruebas a un grupo más grande de chicos de la escuela, y los resultados fueron los mismos”.

En 1995, el Gobierno regional tuvo la ocurrencia de hacer uso de parte de los escombros para obras de bacheos y rellenos. El barrio 12 de Octubre y el asentamiento Esperanza fueron construidos encima de escombros esparcidos por el mismo municipio como relleno.

Raúl García es el padre de Julio. El mismo año que le pidieron permiso para analizar a sus hijos, él había comprado un terreno en el Barrio 12 de Octubre, justo enfrente de las montañas de escombros que habían sido abandonados por la fundidora y estaba construyendo ahí su casa, donde continúa viviendo en la actualidad. Raúl contactó con un abogado y político de la capital, Riad Quintar, que se ofreció a llevar su caso gratis, y le propuso hablar con sus vecinos, para comenzar a elaborar una demanda colectiva. García se convirtió en el eje movilizador y nexo de todos los vecinos. Durante tres años García y otros habitantes de la zona que se sumaron, hicieron reuniones informativas y posteriormente elaboraron las carpetas médicas, pruebas, análisis e historiales suficientes para presentar una demanda civil colectiva de más de 500 vecinos contra las autoridades municipales por permitir la contaminación ambiental de los pasivos de Metal Huasi y las generaron en la salud.

Eduardo Vázquez señala algunos restos de escoria en una de las paredes laterales de su casa en el barrio 12 de octubre. La mayoría fueron construidas con escombros de la fundición cerrada. IGNACIO CONESE

En el 2006 el INQA, un Instituto dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, realizó un estudio intensivo sobre la población infantil del pueblo, tal como se cuenta en el Enviromental Justice Atlas. El resultado arrojó que un 81% de los niños analizados tenía niveles de plomo en sangre por encima de cualquier máximo tolerable. Un año después, el Estado Nacional solicitó un préstamo al BID para la remediación ambiental y creación de oportunidades en Abra Pampa. El préstamo fue de 35,7 millones de euros y el Estado argentino se comprometió a sumar otros

Eduardo Vázquez señala algunos restos de escoria en una de las paredes laterales de su casa en el barrio 12 de octubre. La mayoría fueron construidas con escombros de la fundición cerrada. IGNACIO CONESE

El manejo de estos fondos quedó en manos de la Secretaría de Minería de la Nación bajo un programa denominado GEAMIN. Después de diez años la mayor parte de los restos de Metal Huasi fueron eliminados. Dos obras fueron construidas como parte de la llamada remediación. Un anfiteatro a cielo abierto —sin considerar el clima extremo de la Puna de sol, viento y frío—, donde la planta fundidora estaba ubicada, y un polideportivo con una cancha de fútbol de césped sintético. A la fecha, el anfiteatro nunca fue inaugurado ni puesto en uso. En cuanto al polideportivo ubicado en el barrio 12 de Octubre — donde estaban una gran cantidad de minerales y escoria depositados — su uso es de pago y caro para la gran mayoría de los abrapampeños.

El programa de remediación fue cerrado en 2017. Para las autoridades lo realizado había sido suficiente y dieron el asunto por cerrado. Aunque los historiales médicos de los afectados con plomo en la sangre digan que tienen alta médica, cuando deberían estar bajo un tratamiento que dura al menos una década según los protocolos establecidos para este tipo de envenenamiento, tratamientos que en la localidad nadie nunca recibió.

Una demanda colectiva desde hace 20 años

La demanda colectiva que iniciaron García y compañía —que fue lo que trajo la atención de las autoridades, y por consecuencia, el préstamo millonario del BID, la remediación y las obras— lleva casi dos décadas en la justicia provincial, habiendo cumplido ya todos los procesos hace más de un año y esperando sentencia en el escritorio de la jueza Elba Cabezas, en San Salvador de Jujuy, la capital provincial.

La gente se está muriendo, los niños ya son adultos, y la Justicia como si nada

VERÓNICA MENDOZA, VECINA DE ABRA PAMPA

La demanda colectiva que iniciaron García y compañía —que fue lo que trajo la atención de las autoridades, y por consecuencia, el préstamo millonario del BID, la remediación y las obras— lleva casi dos décadas en la justicia provincial, habiendo cumplido ya todos los procesos hace más de un año y esperando sentencia en el escritorio de la jueza Elba Cabezas, en San Salvador de Jujuy, la capital provincial.

“Mi papá se murió de cáncer esperando, mi tío y mi prima murieron de cáncer también… La gente se está muriendo, los niños ya son adultos, y la Justicia como si nada”, relata Verónica Mendoza. Como tantos otros en el pueblo, todos los miembros de su familia están envenenados con plomo. “El sueño de mi papá era que con ese dinero pudiéramos comprar una chacrita donde instalarnos la familia entera en el campo, lejos de toda esta contaminación”. Su hija de ocho años sufre de dolor de huesos cada vez que hace actividad física. Verónica cuenta que ella tiene problemas con la memoria. “Mi papá se murió de cáncer esperando, mi tío y mi prima murieron de cáncer también… La gente se está muriendo, los niños ya son adultos, y la Justicia como si nada”, relata Verónica Mendoza. Como tantos otros en el pueblo, todos los miembros de su familia están envenenados con plomo. “El sueño de mi papá era que con ese dinero pudiéramos comprar una chacrita donde instalarnos la familia entera en el campo, lejos de toda esta contaminación”. Su hija de ocho años sufre de dolor de huesos cada vez que hace actividad física. Verónica cuenta que ella tiene problemas con la memoria.

Algo similar cuenta Julio Garcia: “A veces pienso, ¿qué es lo que estoy haciendo, o qué estaba diciendo? Y tengo que parar y pensar hasta darme cuenta qué era”. Silvia García, la hija mayor de Raúl, quedó embarazada de Airón cuando tenía 19 años. Su hijo nació sin un riñón y sin el antebrazo y el pulgar derecho. “No me permitieron conocerlo hasta veinte días después porque se lo llevaron a la capital y yo quedé acá”, recuerda Silvia sobre el nacimiento de su hijo y cuando supo de su condición: “Al principio me costó aceptarlo, era como que no quería amarlo como lo amaba… Yo era chica y tenía toda una idealización en mi cabeza de lo que iba a ser mi hijo, y mi hijo era incompleto».

Raúl cuenta que tuvo que luchar por su nieto desde que nació, ya que los médicos querían extirpar la mano derecha y él no lo permitió. Después luchó para que fuera aceptado, y para que los padres del niño demandarán al municipio con los mismos argumentos que la demanda colectiva, pero una generación más tarde. La Justicia fue más rápida en su caso fallando a favor del niño. Airón, quien hoy tiene ocho años, se convirtió en un precedente para la demanda colectiva. La esperanza de que el mismo criterio que se aplicó a su caso sea aplicado al resto de los demandantes.

Eduardo Vázquez es un maestro rural que ha trabajado en media docena de escuelas distintas a lo largo y ancho de la Puna. Hace veinte años atrás con sus primeros sueldos pudo comprar un lote al municipio donde construir su casa. Como muchos en la cuadra donde vive, en el barrio 12 de Octubre, Eduardo utilizó lo disponible como material para los cimientos y los ladrillos de adobe. Lo disponible eran los escombros, escorias, rocas y fierros de Metal Huasi. Con las rocas negras hizo los cimientos, con la tierra y con las rocas más finas hizo los ladrillos.

“Nosotros participamos de la segunda ronda de exámenes que se hizo en el pueblo. Escuchamos por la radio que estaban haciendo exámenes, y como Alexis, nuestro hijo mayor, ya tenía problemas, quisimos saber si estaban relacionados al tema del plomo que se estaba hablando… cuando me enteré de que mi hijo tenía plomo en la sangre se me vino el mundo encima. Me pasé meses casi sin comer para poder ahorrar y por lo menos revocar y revestir las paredes interiores de la casa, pero no es suficiente. El polvo blanco del plomo cae de los techos. Esto nos está llevando la vida de a poco”, relata Eduardo.

Su hijo Alexis, el mayor de tres hermanos, nació sin un riñón y con su ojo derecho sin desarrollar. Además, tiene un soplo en el corazón y sufre de constantes dolores en la boca del estómago. Como casi todos los afectados, también tiene la esperanza de que el juicio alguna vez salga y pueda tener los fondos para irse del pueblo. “No es que yo no quiera a mi pueblo, porque no pasa por ahí, pero quisiera poder vivir en otro lado… Me da bronca que pueda venir una empresa y hacer lo que nos hizo, ellos no pagaron nunca las consecuencias, las pagamos nosotros”, dice Alexis.

Tras 91 años de actividad ininterrumpida, Compañía Minera Aguilar (una empresa que pertenece a la multinacional Glencore) cierra porque se terminó el mineral extraíble. Y la salud de la gente. Dicen que el yacimiento de zinc, plomo y plata alcanzó su madurez El yacimiento de zinc, plomo y plata alcanzó su madurez …

91 años de plomo

Perú

[Informe] Reportan siete conflictos sociales hasta agosto de este año

Escrito por Jornada
16/11/2020
Luis Frank Tacuri
De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo en la región de Ayacucho se registraron siete conflictos sociales, de los cuales seis son activos y uno latente. Estas son en su gran mayoría por problemas socio ambientales, comunales, asuntos del Gobierno Regional, demarcación territorial, entre otros.
La entidad registró un caso en octubre de 2019, donde pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas, y Páucar del Sara Sara rechazan la presencia de la actividad minera en su territorio y en las cabeceras de cuenca, las mismas que vendrían generando impactos y contaminación al medio ambiente y actividad agrícola de la zona.

La Defensoría informó que los actores primarios como son el Comité de lucha contra la contaminación minera de la cabecera de cuenca y de terrenos productivos de las provincias afectadas, y los Frentes de Defensa han intentado mantener un diálogo con los representantes de la empresa cuestionada, pero que, a la fecha, no se tiene nada concreto.

Otro conflicto se dio en la comunidad campesina de Chiquintirca en Anco – La Mar, donde la población continuaría demandando la revisión del contrato entre el gobierno nacional y dicha localidad; además de la indemnización de los terrenos afectados en la construcción del gaseoducto operado por la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Se sabe también que el funcionamiento de un helicóptero habría originado fuerte contaminación sonora. Otro de los pedidos de los pobladores es la reubicación de los 200 metros del gaseoducto, la masificación del gas en la zona, y el cumplimiento de las reparaciones por daños ambientales como el derrame ocurrido en el 2015.

Un tercer caso que viene de enero de 2019 también se produjo en el sur, donde el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la zona sur de Ayacucho (Fredasur) denunció que el transporte de minerales que desarrolla la empresa minera Catalina Huanca estaría originando impactos ambientales negativos, así como afectaciones a las actividades agrícolas y ganaderas.

En otro conflicto, el Frente de Desarrollo Comunal y Afectados por el Transporte de Gas de Camisea (Fredcom) demanda a las empresas TGP y Perú LNG la renegociación de contratos de servidumbre suscritos debido al incumplimiento de compromisos ambientales, económicos y sociales con las comunidades de Sallalli, San Luis de Picha, Chocyacc, Qansanccay, Ranracancha y Qochapunku en Vinchos.

De igual modo, las autoridades de la comunidad de Taca ( distrito de Canaria – Fajardo) vienen solicitando a la Sociedad Minera Catalina Huanca SAC, la renegociación del contrato de servidumbre celebrado el 14 de mayo de 2007 por el incumplimiento de algunos compromisos laborales.

NUEVOS CONFLICTOS

La Defensoría del Pueblo consideró que existen hechos que muestran elementos iniciales de contradicción entre sectores de la sociedad, el Estado y el mercado que debe ser conocidos como casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Tal es el caso de las comunidades de Andamarca, Cabana y San Juan de Lucanas, quienes expresaron su rechazo a la presencia de la empresa minera “Cantoral” en el lugar denominado Qatum Ccollpa, precisando que la actividad minera que realiza es informal y que esta no cuenta con autorización para el uso superficial de los terrenos comunales. Los pobladores solicitan a dicha empresa a retirarse del lugar.

Otro incidente similar se suscitó en el distrito de Paras – Cangallo, en la cual pobladores denunciaron probables impactos ambientales provenientes de la mina “Tambo del Cóndor” en el río Pampas, así como el incumplimiento de los compromisos asumidos por dicha sociedad minera.

De otro lado, los comuneros del anexo de Villapatarí (distrito de San Francisco de Ravacayco – Parinacochas) están preocupados por la contaminación del agua para consumo humano. Señalan que el río Pataría estaría contaminando a causa de la actividad minera efectuada a pocos metros de la localidad.

Finalmente, en los distritos de Chaviña y San Pedro (Lucanas) los comuneros de Para – Chaviña tienen conflictos por linderos territoriales con el caserío de Ccechccapampa.
https://jornada.com.pe/index.php/regional/item/310-informe-reportan-siete-conflictos-sociales-hasta-agosto-de-este-ano

Chile, Litio

Albemarle lucha por acceso a estudio de agua en salar chileno

18/11/2020
La estadounidense Albemarle acusa a su principal rival, la chilena SQM y al regulador estatal Corfo de mantener en secreto un codiciado informe sobre el impacto ambiental de la industria de litio en el Salar de Atacama en Chile.

Corfo, que supervisa la extracción de litio en Atacama, negó en agosto a Albemarle acceso al tan esperado estudio del agua, según documentos obtenidos por Reuters por ley de Transparencia. La estatal dijo que el reporte aún estaba en revisión y contenía información comercial confidencial.

El informe, que permanece reservado, tiene por objeto terminar la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la actividad minera en el salar.

Tanto SQM como Albemarle contribuyeron al informe. Pero mientras que el contrato de SQM con Corfo le permite revisar los borradores de trabajo de los estudios encargados por la agencia y relacionados con el agua en el Salar, el contrato de Albemarle no incluye esa cláusula.

SQM se opuso a la divulgación, argumentando que la información era “sensible y confidencial”.

Albemarle criticó la decisión en una apelación presentada al Consejo para la Transparencia y vista por Reuters, calificando el estudio como público. El consejo resuelve disputas relacionadas con las leyes de registros abiertos del país.

“Han tenido por único fin ocultar información que en ningún caso es secreta”, dijo el abogado de Albemarle en una presentación de agosto, y agregó que el estudio en cuestión era de “alta relevancia” para comprender los efectos ambientales de la minería en la zona.

Alegó que la única razón por la que los contenidos podrían ser sensibles era si revelaban “incumplimientos o actuaciones que contravengan la normativa” y dijo que el derecho exclusivo de SQM de revisar el estudio era injusto y colocaba a su principal competidor en una “posición de privilegio”.

El estudio y el estado real del suministro de agua en el Salar ha sido por mucho tiempo una obsesión de los observadores de la industria debido a la enorme importancia del área para satisfacer la creciente demanda. El litio es vital para las baterías de teléfonos celulares y autos eléctricos.

Corfo afirma que el estudio revisado se completará en febrero de 2021. La agencia no especificó si el documento se hará público y cuándo.
Fuente: Reuters

Albemarle lucha por acceso a estudio de agua en salar chileno

Brasil

Estado de Minas Gerais rechaza oferta de casi USD 4.000 millones de Vale

18/11/2020
Foto: Vale
El jefe del estado brasileño de Minas Gerais, donde colapsó la presa Brumadinho de Vale, en enero de 2019 y dejó 270 muertos, ha rechazado el acuerdo propuesto por la minera de alrededor de 21.000 millones de reales (de casi USD 4.000 millones).

El secretario general de Minas Gerais, Mateus Simoes, dijo al periódico local Isto e Dinhero que el estado se opone tanto al monto como a algunos de los términos ofrecidos por Vale.

Según Simoes, el monto ofrecido ni siquiera cubre los daños materiales causados ​​por el accidente, que el estado estima en 26.000 millones de reales (USD 4.900 millones).

Minas Gerais solicita una indemnización de 54.600 millones de reales (USD 10.300 millones), una cifra que incluye la reubicación y el daño psicológico sufrido por los sobrevivientes y las familias de las víctimas.

Este fue el segundo intento de negociación, el primero de los cuales ocurrió el 22 de octubre, también sin acuerdo entre las partes. Se programó una nueva audiencia para el 9 de diciembre y se centrará en los términos, más que en los valores, señaló Simoes.

Las negociaciones para una conciliación buscan evitar una batalla legal de años o décadas, comenzando a reparar los daños sociales y ambientales de manera inmediata. El gobierno enfatiza que se trata de una acción que involucra daños económicos y sociales colectivos causados ​​al Estado, sin interferir en acciones sobre los derechos individuales de los afectados, que constituyen procesos separados.
Fuente: Estado de Minas

Estado de Minas Gerais rechaza oferta de casi USD 4.000 millones de Vale

Chile

Proyecto de Ley de Glaciares: Senadores de oposición ceden a la presión y presentan indicaciones que legalizan la destrucción

“Llamamos a rechazar todas las indicaciones y defender el espíritu del proyecto Original”

La tarde previa a la sesión de la Comisión de Minería y Energía del miércoles pasado, 11 de noviembre, que debía votar el proyecto, la Sala del Senado acordó un nuevo plazo para ingresar indicaciones. Además de los senadores de “oposición” Provoste (DC), Girardi (PPD) y Elizalde (PS), presentaron indicaciones los senadores García Huidobro (UDI) y el senador Juan Castro Pietro (RN), ambos senadores por el Maule. Ante lo sucedido y luego de analizar las nuevas indicaciones sistematizadas en el comparado, declaramos lo siguiente:

1. Nos parece impresentable esta apertura a nuevas indicaciones en último momento y a espaldas de la ciudadanía. Vemos con profundo malestar que la denunciada estrategia dilatoria para no llegar al momento de la votación del proyecto durante sesiones, cursó efecto tras la materialización de esta jugada, confirmando que es el resultado de la cocina que denunciamos en agosto. La que de manera grave contradice lo expresado y buscado por Girardi y Provoste una semana antes; el senador comunicando que pediría votar el proyecto “tal como está”, es decir votar el proyecto original con el paquete anterior de indicaciones, y la senadora por su parte expresando que pediría que el proyecto se despachara de la Comisión de Minería.

2. Reprochamos enérgicamente que los senadores de “oposición”, en vez de unirse para votar en contra de la indicación del gobierno, se unan para presentar una indicación que al final, va en el mismo sentido que la del gobierno; la desprotección, la relativización, la flexibilización, y la regularización y legalización de la intervención, perdiendo y cediendo el necesario sentido del proyecto original (inspirado en la ley de protección de glaciares Argentina) que concibe que la protección de los glaciares refiere la preservación del ECOSISTEMA GLACIAR, en donde tanto ambiente glaciar, como periglaciar y sistema permafrost son intocables.

3. La propuesta establece, por ejemplo:

– Una definición de glaciar en la que se dispone un criterio excluyente, puesto que se determina que deben tener una permanencia de al menos 10 años, y los que se vean reducidos en su tamaño a 0,1 há (o 1.000 m²), dejarán de ser considerados glaciares. En el proyecto original la definición no tiene este tipo de restricciones, las cuales sólo sirven para dejar espacios abiertos para la desprotección.

– Sólo se establece la prohibición general a todo tipo de actividades EN glaciares. Esto es importante, puesto que se apunta simplemente a proteger el objeto (o el hielo) pero no el espacio que lo circunda y que es fundamental para su permanencia. Muy por el contrario, de forma explícita se plantea que dicho territorio o ambiente periglacial, y lo mismo para el permafrost, puedan ser intervenidos por medio de actividades y proyectos de inversión vía EIA aprobados en el SEIA.

– Se establece reconocer a los glaciares como Bienes Nacional de Uso Público. Años atrás y analizando el proyecto de (des)protección glaciar de Bachelet, la Corte Suprema señaló claramente que, “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales, conforme el inciso 1° del artículo 589 del Código Civil, dado que su uso no lo puede disponer la autoridad”.

– Vemos con preocupación que sustituyen el ámbito de protección de los Glaciares, a diferencia de lo que plantea el proyecto original que apunta a todo el territorio nacional sin distinción. Esta nueva indicación abre paso a que la protección se aplique sólo para los glaciares y zonas periglaciares y permafrost identificadas en el Inventario Nacional tal como busca el Gobierno, lo cual es gravísimo ya que como hemos dicho de forma incansable no todos los glaciares están inventariados y muchos siempre quedarán fuera por temas de incapacidad de percepción. La ley no debe estar sujeta al Inventario.

– Finalmente, la propuesta señala burdamente que las actividades que se desarrollen en glaciares deberán cesar excepto aquellas en las que su paralización implique daño a un glaciar.

4. Que la protección no se aplique para el ambiente periglacial ni al permafrost, es un argumento demandado por las mineras que persiste desde los anteriores procesos de proyectos de ley. Llamamos a que se ponga atención sobre la importancia del permafrost, como fuente de agua, algo que incluso fue reconocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual del 2015, cuando se tramitaba el proyecto de glaciares de Bachelet. El instituto señaló: “La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general de los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares”. Por tanto, de aprobarse estas indicaciones también vulnerarían los Derechos Humanos.

5. Finalmente es un ataque al sentido común y a la experiencia en carne de los territorios. Los mismos senadores de “oposición” han manoseado lo ocurrido con el proyecto Pascua Lama, usándolo de ejemplo de destrucción de glaciares, sin embargo, hoy proponen indicaciones que dan pie a nuevos proyectos como ése. Pascua Lama es el proyecto que a la fecha ha tenido el “mayor estándar” de protección brindado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Se aceptó el proyecto con la condición de no tocar, remover y destruir los glaciares descubiertos (blancos), no obstante, aparte de que la empresa los impactó directamente (cuando en rigor no podían), gran parte de la causa de su afectación fue por obras indirectas realizadas en sus alrededores, es decir, en el ambiente periglacial.

6. Volvemos a exigir la Inhabilidad de Prohens, el conflicto de interés que lo afecta es gravísimo y pone en mayor tela de juicio todo lo que sucede con la tramitación de este proyecto de ley. Seguiremos insistiendo hasta tener una respuesta a nuestra solicitud de inhabilidad.

7. Finalmente, llamamos a recapacitar a los senadores de la “oposición”, ya no están los tiempos para la medida de lo posible. Y por última vez los llamamos a rechazar todas las indicaciones y resguardar el espíritu original del proyecto que es el que corresponde en los tiempos que vivimos. Debemos entender que lo que está en juego es crucial para el presente de millones de habitantes y el futuro de las próximas generaciones. La VIDA, para humanos y los ecosistemas, depende del agua que proveen de forma constante los glaciares y otras crioformas, por lo que su correcta protección es una de las decisiones a nivel país de mayor envergadura. Estamos hablando de que no protegerlos, afecta “desde una perspectiva de los derechos humanos directamente en el goce y ejercicio de diversos derechos. Por impactar directamente al derecho a la vida, a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a participar de la vida cultural” tal cual lo sostuvo el 2015 el INDH en su informe anual.

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

CONTACTOS: María Jesús Martínez +56 9 6397 0135/ Constanza San Juan +56 9 9 6241 3008

Stefanía Vega+ 56 9 844 1009

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Glaciares no son mercancía.jpeg

Argentina

Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieron la mecha

17/11/2020
Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieron la mecha
La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje financiero. La reacción social no se hizo esperar y estallaron los espacios públicos en rechazo a la avanzada a pesar de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia.La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje financiero. La reacción social no se hizo esperar y estallaron los espacios públicos en rechazo a la avanzada a pesar de los protocolos establecidos en el marco de la pandemia.

Por Pablo F. Quintana* para Opsur

Para comprender el conflicto social hoy en Chubut hay que realizar un breve repaso de los últimos, al menos, tres años. Donde la economía provincial vive un profundo proceso económico recesivo. La reacción social, en estos días, se desató poco después de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero su intención de habilitar la explotación a minera cielo abierto en una provincia que viene movilizada desde el 2003, cuando se intentó desarrollar la megaminería en Esquel.

En esa mesa nacional, Arcioni compartió el espacio con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias. Lo secundaron al gobernador el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; el titular del Instituto Provincial del Agua (IPA), Gerardo Bulacios, y los presidentes comunales de Telsen, Leonardo Bowman, de Gastre, Genaro Pérez, y de Gan Gan, Santiago Huisca. Además del presidente de la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM) del Chubut, Gerardo Cladera.

El deterioro de los principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo es el resultado de un diseño que, cuanto menos, tiene orígenes hace tres años. Por ese entonces Arcioni era el vicegobernador que acompañó a Mario Das Neves hasta que este murió el 31 de octubre del 2017. El contador había sido electo como diputado nacional, pero declinó su banca para asumir la conducción de la provincia y, ya por entonces, la debacle financiera, con un endeudamiento importante, se presentaba como un obstáculo difícil de sortear. No obstante, apañado por Sergio Massa, logró ser reelecto.

Para lograr su elección aseguró que iba a otorgar una paritaria de cerca del 40%, más cláusula gatillo para los docentes y aumentos de sueldos para el sector estatal. Pero tras el período electoral comenzaron los pagos escalonados de los salarios hasta llegar a los dos meses adeudados, más medio aguinaldo. Todo ello sin contar la deuda que acumula Chubut que rondaría los 2700 millones de dólares. Pero no sería la única promesa sin cumplir a poco de asumir.

El escribano Arcioni llegó a conducir los destinos de la provincia con otro eslogan incumplido. Rechazar la actividad extractiva por el cuidado de los bienes naturales en territorio chubutense. Fue durante su campaña como candidato a diputado nacional por Chubut Somos Todos en las elecciones legislativas de 2017.

La megaminería es el último eslabón de esta crisis de diseño de la que se habla en Chubut. El anuncio de la posible explotación minera como única salida para poder paliar la crisis de una provincia atada a las regalías petroleras y la coparticipación federal de impuestos desató la reacción social. Nunca la dirigencia política asumió una verdadera discusión para lograr diseñar una nueva matriz productiva en la región, sabedores sus dirigentes del rechazo a la actividad extractiva y el trance que registra la actividad hidrocarburífera.

El economista Facundo Ball, director del Departamento Economía FCE-UNPSJB, sostiene que en el presente semestre hay 20.939 nuevos pobres en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, la zona más rica de la provincia, en relación al segundo semestre del año pasado. Según la estimación del INDEC pasaron de 61.054 a 81.993 las personas bajo la línea de pobreza en este aglomerado urbano. Allí donde la extracción hidrocarburífera lleva más de 100 años.

Muchas han sido las avanzadas mineras. La del 2002/2003 está en la memoria y retina de todos, cuando Esquel provocó un sismo al rechazar por plebiscito la realización del emprendimiento minero. Uno de los últimos había sido el del 2018 bajo el régimen del expresidente Mauricio Macri. Fue cuando el mismísimo ex ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren se hizo presente en la meseta de Chubut para presidir reuniones en la pequeña localidad de Telesen y promover la megaminería.

Todos los atropellos tienen un actor en común. La ley 5001 que prohíbe esa actividad desde 2003 (hoy Ley Provincial Nro. XVII – 68). Pero es a esa misma legislación a la que apeló el gobierno de Arcioni para reactivar las intenciones de una zonificación. Los legisladores de entonces crearon una norma, que surgió ante el temor de las movilizaciones que tuvieron lugar en el 2003, en la que dejaron una puerta abierta para que el lobby minero no diera todo por perdido. En su 2º artículo establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar la zonificación del territorio de la provincia para la explotación minera y que la legislatura debería aprobar o rechazar.

Papá, ¿cuándo es Navidad?

La madre de todas las batallas se llama “Proyecto Navidad”. Un yacimiento de plata y plomo considerado uno de los más grandes del mundo con sus 600 onzas de plata y 3500 millones de libras en plomo. Un emprendimiento que tiene en su corto historial (en diciembre del 2002 el gobierno provincial había otorgado la concesión de exploración) escándalos por donde se lo mire. Demanda judicial entre dos empresas mineras: IMA Exploration y Aquiline Resources. Curiosamente el litigio por unas 10 mil hectáreas de la meseta chubutense se resolvió en estrados judiciales, pero no argentinos sino canadienses. Sería luego en el año 2009 cuando Pan American Silver, una de las grandes compañías del sector, adquirió el yacimiento. El otro hecho inaudito fue la profanación de un cementerio mapuche que estaba en el pretendido yacimiento. En el 2005 el chenque fue traslado del lugar con el acuerdo de sólo dos de las siete comunidades indígenas de la zona.

Es mucho lo que está en juego en Chubut por estos días. No sólo por lo que implica el pretendido desembarco minero, sino porque la crisis institucional de la provincia pone en evidencia que la democracia representativa tal cual como la conocemos se fue deshilachando hasta convertirse en una mera democracia delegativa. Lo que está en juego es el propio sistema o lo que queda de él. El movimiento antiminero demostró más vocación democrática que los propios partidos. No sólo por sus dinámicas de participación sino por apelar a un mecanismo de democracia semidirecta garantizada por la Constitución Provincial. De la mano de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses se elevó este año otra Iniciativa Popular (IP). 30 mil firmas la avalan. El propósito es prohibir, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa.

Pero este proceso democrático ya había sido estafado. En el 2014 había llegado a la Legislatura la primera IP y la dirigencia política esperó hasta el último día de plazo para darle tratamiento. Fue el 25 de noviembre de ese mismo año. El acto del fraude legislativo para quebrar la voluntad popular terminó con la aprobación de una ley que nada tenía que ver con el proyecto presentado (al año siguiente fue derogada). De esos vergonzosos días queda el testimonio de la foto en la que se ve el intercambio de mensajes entre el diputado justicialista Gustavo Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.

Hoy, ante la presentación de la segunda IP, el gobierno anunció la zonificación. Otra bofetada a la expresión popular y decisión democrática.

Mano dura con protocolo

El modelo extractivo sólo encajaría con represión. De la mano del ministro de Seguridad, Federico Massoni el pasado 12 de noviembre se demoró a vecinos en Rawson que participan en las asambleas. El propio funcionario acompañó a las fuerzas de la seguridad en los allanamientos por incidentes que días atrás habían ocurrido en inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Las intervenciones fueron ordenadas por el juez penal Fabio Monti y el fiscal Fernando Rivarola. El mismo fiscal que fue denunciado en el 2015 por el espionaje ilegal a 26 vecinos de la cordillera chubutense. El fiscal había recibido en ese momento de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia información detallada de vecinos que participaban de asambleas contra la minería, integrantes de pueblos originarios y periodistas. Todos ellos con un punto en común: rechazo a la actividad extractivista. Como dice el pensador uruguayo Raúl Zibechi, el modelo extractivo tiende a generar una sociedad sin sujetos, porque nos hay sujetos vinculados al modelo extractivo, es un modelo de tierra arrasada.

El escenario se prepara en ese sentido. El gobierno dispuso en los últimos días una polémica resolución que regula la utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y se asemeja al protocolo que fuera impulsado por el macrismo en el 2018 conocida como ‘Doctrina Chocobar’. “Protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”, así lo denomina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew emitieron un comunicado repudiando la resolución 145/2020 impulsada por Massoni.

Los guiños de Fernández

El asalto no viene solo. El gobierno nacional ya anunció su deseo de avanzar con la megaminería y actúa en consecuencia. Se aumentaron los beneficios económicos para las mineras con una baja del 12% al 8% a la adecuación de los derechos de exportación de metales. Casi como una continuidad con la ley de inversiones mineras elucubrada en los ’90, el andamiaje jurídico para un negocio perfecto.

En su intención por revertir la situación de Chubut, una de las siete provincias en la cual está prohibida la megaminería, el gobierno de Alberto Fernández le propuso a Chubut que el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martin Cerda estuviera al frente del frente del Consejo Federal de Minería.

Sin olvidar cuando en diciembre del año pasado el mismo presidente sostuvo “hemos logrado que en la meseta de Chubut se explote oro y plata”. Lo dijo en el marco de un almuerzo con la Asociación Empresaria Argentina. La ley que prohíbe la megaminería aún está vigente, aunque los deseos del primer mandatario y el lobby minero sean de facto. El estado de derecho y la movilización popular que se ha multiplicado en los diversos rincones de la provincia, parecieran ser la única garantía para frenar una vez más el avance minero.
*Periodista y docente en contexto de encierro. Desde Trevelin, Chubut.
Foto: Nicolás Palacios

Chubut: los intentos de avanzar con la minería encendieron la mecha

Chile, Litio

Polémica en el salar de Atacama: Albemarle acusa a Corfo y SQM de “ocultar información” de estudio ambiental de la extracción de litio

17/11/2020
Salares Atacama
Albemarle criticó la decisión en una apelación presentada al Consejo para la Transparencia, calificando el estudio como público.
Una nueva batalla en el salar de Atacama, uno de las mayores reservas de litio en el mundo. Ahora Albemarle acusa a SQM y Corfo de mantener en secreto un codiciado informe sobre el impacto ambiental de la industria de litio en el salar, según documentos legales vistos por Reuters.

La estatal, que supervisa la extracción de litio en Atacama, negó en agosto a Albemarle acceso al tan esperado estudio del agua, según documentos obtenidos por Reuters por ley de Transparencia. Corfo dijo que el reporte aún estaba en revisión y contenía información comercial confidencial.

El informe, que permanece reservado, tiene por objeto terminar la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la actividad minera que durante mucho tiempo ha ensombrecido el salar, hogar de una cuarta parte de la producción de litio del mundo, pero también de comunidades indígenas, áreas protegidas y flamencos en peligro de extinción.

Tanto SQM como Albemarle contribuyeron al informe. Pero mientras que el contrato de SQM con Corfo le permite revisar los borradores de trabajo de los estudios encargados por la agencia y relacionados con el agua en el Salar, el contrato de Albemarle no incluye esa cláusula.

SQM se opuso a la divulgación, argumentando que la información era “sensible y confidencial”.

Albemarle criticó la decisión en una apelación presentada al Consejo para la Transparencia, calificando el estudio como público.

“Han tenido por único fin ocultar información que en ningún caso es secreta”, dijo el abogado de Albemarle en una presentación de agosto, y agregó que el estudio en cuestión era de “alta relevancia” para comprender los efectos ambientales de la minería en la zona.

Alegó que la única razón por la que los contenidos podrían ser sensibles era si revelaban “incumplimientos o actuaciones que contravengan la normativa” y dijo que el derecho exclusivo de SQM de revisar el estudio era injusto y colocaba a su principal competidor en una “posición de privilegio”.

Corfo no quiso comentar la disputa.

SQM no se refirió directamente a la acusación de Albemarle cuando fue contactado por Reuters. La minera dijo en un comunicado que Corfo “ha contratado de forma independiente a especialistas de primer nivel” para el estudio y agregó que se había adherido a los términos de su contrato con Corfo y entregó a la agencia toda la información solicitada.

El estudio y el estado real del suministro de agua en el Salar ha sido por mucho tiempo una obsesión de los observadores de la industria debido a la enorme importancia del área para satisfacer la creciente demanda. El litio es vital para las baterías de teléfonos celulares y autos eléctricos.

Legisladores, académicos, ambientalistas, comunidades locales, el fabricante alemán de autos Volkswagen y, más recientemente, un tribunal ambiental chileno, han subrayado la importancia del estudio del agua para ayudar a disipar las dudas persistentes sobre los impactos de la industria de litio.
Fuente: Diario Financiero

Albemarle acusa a Corfo y SQM de “ocultar información” de estudio ambiental

Chile

Superintendencia del Medio Ambiente formuló seis cargos a Minera Cosayach

Infracciones fueron adoptadas luego de constatar entre 2015 y 2018 diversas denuncias ciudadanas y del Consejo de Monumentos Nacionales referidas al impacto sobre vestigios en sitios históricos patrimoniales vinculados a la Guerra del Pacífico y época salitrera.
16/11/2020
Minería Chilena
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos –tres graves y tres leves- a la Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, titular del proyecto “Aumento de Producción de Yodo, Negreiros, SCM Cosayach”, ubicado en la comuna de Huara, provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

Los cargos graves dicen relación con la destrucción y afectación de tres huellas históricas asociadas al sistema de explotación calichero que se desarrolló en el sector a inicios del siglo pasado. Dicha afectación se traduce en la interrupción de dos huellas históricas por rastros de actividad de maquinarias, y la destrucción de una tercera huella histórica, como consecuencia de los movimientos de tierra realizados por la empresa.

Se comprobó también, tal como se denunció por parte de ciudadanos y del Consejo de Monumentos Nacionales, que el titular está realizando labores de explotación y producción de yodo al interior del buffer de protección de la ex salitrera Porvenir, detectándose movimiento de maquinaria, pilas de lixiviación y una piscina de proceso al interior del buffer.

Por último, se comprobó la ausencia de registros de aplicación de supresor de polvo entre 2015 a 2019, y la existencia de letreros con un registro de velocidad máxima superior (45 KM/Hrs.) a la establecida en su Resolución de Calificación Ambiental, lo que constituye un incumplimiento de las medidas destinadas a evitar la generación de emisiones atmosféricas por el proyecto.

En cuanto a los tres cargos leves, estos se formulan por diversos incumplimientos asociados a los reportes del monitoreo patrimonial que debía realizar la empresa, los cuales no fueron realizados ni remitidos con la frecuencia comprometida; por superar el número de piscinas de almacenamiento de soluciones de proceso que fueron autorizadas por la autoridad ambiental, las que además, presentan una excedencia en cuanto a capacidad de un 77%, en relación con el valor comprometido; y, por último, porque 182 de las 331 pilas de lixiviación (acumulaciones de material mineralizado que se realiza en forma mecanizada, formando una especie de torta o terraplén continuo de 6 a 8 m de altura) presentan dimensiones mayores a las aprobadas en RCA, presentando en promedio una excedencia de un 28%, y en el caso de 6 pilas sus dimensiones duplicaban lo aprobado.
https://www.mch.cl/2020/11/16/superintendencia-del-medio-ambiente-formulo-seis-cargos-a-minera-cosayach/

Argentina

Minera Aguilar anuncia cierre por fin de ciclo productivo en Argentina

17/11/2020
Foto: Anddes
Compañía Minera Aguilar, subsidiaria argentina de la suiza Glencore, cerrará su planta de zinc, plomo y plata por la finalización de su ciclo productivo, dijo el lunes la empresa en un comunicado.

Luego de 91 años de actividad, la planta en la provincia norteña de Jujuy (Argentina) alcanzó la madurez debido a la declinación natural de sus recursos minerales, señaló la firma.

En un comunicado dirigido a los empleados, la empresa señaló que “la campaña de exploración 2017-2020 no arrojó los resultados esperados, a pesar de los recursos económicos y humanos destinados a este proyecto”.

Guillermo Apraiz, presidente de Minera Aguilar, afirmó que “si bien estaba prevista su continuidad operativa hasta marzo de 2021, la condición sanitaria actual ha forzado el adelanto de esta determinación”.

La actividad de la mina fue interrumpida en setiembre por la pandemia de coronavirus.
El Dato
Minera Aguilar fue pionera en Argentina en materia de minería, siendo actualmente la minera más antigua en actividad y el principal productor de minerales metalíferos (plomo y zinc). A partir de julio de 2005, se incorporó en su totalidad al Grupo Glencore, líder en el comercio de metales básicos y con participación internacional en operaciones mineras y metalúrgicas.
Fuente: Reuters

Minera Aguilar anuncia cierre por fin de ciclo productivo en Argentina

Argentina

Dólares, minas y balas

16/11/2020
Compartimos aquí el texto del periodista Martín Ulacia, de Comodoro Rivadavia, editorial de su programa radial Tarde Para Miles (que se emite por la 100.1 de esa ciudad). Una amplia reseña de la compleja y alarmante situación de Chubut, repasando los hechos más destacados de la agenda provincial, dominados por la vuelta de la actividad minera a la escena. Su conexión con la situación económica nacional e internacional. La tesis comunicacional del «grupo extremista». Novedades balísticas del Ministro Proselitista, con un Protocolo de uso de armas de fuego que reedita, una vez más, en Chubut, el debate sobre la Doctrina Chocobar y los casos de gatillo fácil.

Fuente: milpatagonias.com. Audio aquí

por MARTIN ULACIA.

Se dice que la economía nacional está necesitada de dólares. Una de las maneras que tiene un país para conseguirlos es exportar. Un país puede exportar muchas cosas: tecnología, ferrocarriles, vacunas. También puede exportar materias primas: soja, trigo, carne de cerdo, oro, plata.

El llamado “acuerdo porcino” para instalar decenas de megafactorías de carne de cerdo; el avance en términos de productividad que está discutiendo el Concejo Agroindustrial Argentino, que entre otros eventos busca producir trigo transgénico o trigo HB4, es decir pan genéticamente modificado; y la explotación intensiva de la minería metalífera, son algunos de los proyectos productivos en agenda, que busca impulsar el gobierno nacional junto a grandes capitales locales e internacionales. En muchos casos, capitales relacionados a las deudas financieras soberanas, sub-soberanas y con organismos multilaterales de crédito como el FMI. En este marco los proyectos productivos se transforman en prendas de cambio muy políticas. Basta mencionar el fondo de inversión BlackRock como exponente de esta triangulación.

DÓLARES

La brutal competencia internacional que vive el mercado mundial, signada por las guerras comerciales y por una crisis preexistente que la pandemia agravó, junto al traumático devenir de la «bimonetariedad» argentina (en palabras de la vicepresidenta), es el marco general geopolítico y económico que explica esta pulsión exportadora argentina, y esta aceleración de los mencionados proyectos, que en gran medida son cuestionados por colisionar con el medioambiente y los recursos naturales, o bienes comunes. Por ende también, con los seres humanos.

Esta orientación nacional fue temprana. Todas las fichas a Vaca Muerta. En 2020 se ha vuelto Vaca Zombie. A principios de 2020 se intentó pegar un salto en materia de minería metalífera en Mendoza. Lo frenó una pueblada. El 18 de diciembre de 2019 Alberto Fernández dijo en una cumbre de la Asociación Empresaria Argentina que se había avanzado con “oro y plata en la meseta chubutense”. Eso en efecto no era cierto, por la existencia de la Ley 5001. Pero en ese entonces ya estaba en danza, e incluso era conocido por la composición anterior de la legislatura provincial, un proyecto de ley para emprender proyectos de minería metalífera en el marco lo estipulado en el articulado de la mencionada ley, que es muy conocido pero refrescamos, dice así:

Artículo 2°.- El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:

a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley.

Artículo 3°.- La aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por Ley.

Como adelantábamos en esta misma columna el jueves pasado, el COPRAM se reunió por primera vez en más de 15 años, aprobó un reglamento y sesionó esta semana. Y aún más, el ministro de Ambiente Eduardo Arzani, declaró que en los próximos días el gobernador Mariano Arcioni enviará a la legislatura dicho proyecto, del cual se conoce poco y nada. Arcioni ya había anunciado ante primeras líneas nacionales como Matías Kulfas y Alberto Hensel, y con su apoyo, que se avanzaría con proyectos en la meseta.

MINAS

Durante los últimos días la agenda pública en Chubut estuvo prácticamente dominada por este tema. Mencionemos algunos hechos destacados.

Movilizaciones en rechazo a la actividad minera en las principales ciudades de la provincia, Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia. Escraches a funcionarios públicos. El pronunciamiento un tanto ambiguo pero en principio también de rechazo del bloque legislativo del Frente de Todos provincial, que dicen puso los pelos de punta a los Kulfas y Hensel. El pronunciamiento en contra del vicegobernador Ricardo Sastre, que va y viene ambiguamente con el tema. Pronunciamientos también algo ambiguos de varios importantes jefes municipales. Una movilización en Rawson convocada por asambleas ambientales y sindicatos que empezó en la Legislatura finalizó con el ingreso a la fuerza de manifestantes en Casa de Gobierno, frente al cual la Fiscalía de Estado ya ha presentado una denuncia. La propuesta de Carlos Linares, peso pesado del PJ provincial, de realizar un plebiscito junto a las elecciones de medio término de 2021. El NoEsNo como consigna histórica, la idea del “debate” y el “diálogo” para cosechar consenso o licencia social. Las hasta ahora entelequias que suenan bien como “desarrollo de cadenas de valor”, “diversificación productiva”, “nuevas tecnologías”, etc. Pocos datos duros y concretos hasta ahora por parte de los sectores gubernamentales.

Hay mucho más, pero subrayaremos una tesis que circula, espectral. La tesis del “grupo extremista”. Una visión peligrosa y desde ya para nada inocente, relativizada incluso por la misma fiscalía de Estado, de la mano de Andrés Giacomone, frente a los disturbios en Rawson, al sostener, parafraseando, que no se puede responsabilizar mecánicamente a un colectivo por conductas individuales. Ni nos meteremos en la interesante y espinosa discusión sobre las violencias más o menos legítimas, más o menos legales. Para lo cual recomendamos fervientemente para empezar a hablar el escrito del filósofo judeo-alemán Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia”, de 1921.

Que son “grupos extremistas” los que protagonizan el rechazo a la minería es una formulación refutada por la misma realidad.

Pero es algo de moda, hay un interesante trabajo acerca de una estrategia comunicacional similar reciente, de Trump contra el movimiento antiracista Black Lives Matter. Pero aquí, más cerca, basta como prueba las miles de familias ecoterroristas que marcharon en el día de ayer, pacíficamente, en la ciudad de Esquel, cuna del No a la Mina. Basta la particularidad de Chubut, casi una singularidad nacional y hasta internacional podríamos decir: que sindicatos, es decir, organizaciones de trabajadores y trabajadoras se pronuncien por una cuestión ambiental. Es algo poco visto, repetimos, en el país y en el mundo.

Silvia de los Santos, una abogada referente de este heterogéneo movimiento, dijo: “Si van contra la 5001 se va a replicar Mendoza”. La información reciente, muchas veces poco subrayada, da cuenta de una tendencia en este sentido. Es muy probable que en los días venideros la población se manifieste más aún, que salga a las calles, con sus argumentos y sus diversos métodos de expresión, en el marco que las libertades democráticas permiten.

BALAS

¿Qué puede pasar si se cruza esta tendencia a la movilización de la población, con la hipótesis de los “grupos extremistas” blandida desde el mismo Estado?

Se trata de una frontera difusa, más presente en algunos sectores de la prensa. Sin embargo las novedades de cuatro allanamientos con detenciones incluídas, por los incidentes en Casa de Gobierno, por parte de la División Policial de Investigaciones de Rawson. En una causa caratulada «DIVISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIONES S/INTERVENCIÓN DE OFICIO, DAÑOS EN CASA DE GOBIERNO».

Por estas horas la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) emitió un comunicado que sostiene: «Chubut convulsionada: luego de las multitudinarias movilizaciones de transcendencia internacional el gobierno se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes por los incidentes en inmediaciones de la casa de gobierno».

En los últimos años de crisis provincial, siempre que el gobierno optó por la vía represiva, fue leña al fuego.

¿Y qué pasa si, arriesguemos, justo en momentos donde se asoma este cruce peligroso entre movilización y criminalización, el Ministro Proselitista coloca en escena un protocolo de uso de armas de fuego que parece una versión recargada de la Doctrina Chocobar que la ex ministra Patricia Bullrich buscó impulsar en 2018?

Entre muchos fragmentos destacables, el Protocolo presente como Anexo 1 en la Resolución 145 del Ministerio de Seguridad, con fecha del 22 de octubre pero publicada en el Boletín Oficial hoy 12 de noviembre, considera un “peligro inminente” que habilita el uso de un arma de fuego para los agentes de la Policía del Chubut, en las siguientes situaciones:

a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.
b) Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones. c.1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas. c.2.- Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros. c.3.- Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma.
d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque.
e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.
f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves, en este punto se debe tener en cuenta el uso escalonado de la fuerza.
g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.-
¿Otra muestra de la política de “mano dura”, que siempre «garpa» en las crisis? ¿Otra muestra tragicómica de bolsonarismo local?

O quizá simplemente sea uno de los tantos fuegos de artificio de un ministro con gran iniciativa en el mundo del espectáculo mediático, que desde ya no se autodetermina políticamente.

¿O esta remake de la Doctrina Chocobar es un temprano comienzo de la campaña electoral del massismo en Chubut?
Un turbulento compostaje de dólares, minas y balas.

Dólares, minas y balas