El avance de dos proyectos de oro y plata en Guatemala enardece los conflictos entre las comunidades afectadas, contrarias a la actividad minera por sus “nocivos” efectos socioambientales, y las empresas operadoras, para quienes las críticas obedecen solo a “desinformación”.
El último episodio de las disputas cada vez más violentas entre las dos partes ocurrió el 19 de noviembre, cuando vecinos de Mataquescuintla, en el suroriental departamento de Jalapa, incendiaron cinco vehículos de la empresa Minera San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe Resources Inc.
– Los auténticos representantes de la resistencia de los pequeños campesinos que defienden el agua y la vida, vinieron a Lima a denunciar que el proyecto Conga no está detenido y que continúa matando la vida.
· Asegura la Prodemi que información ha sido entregada a las autoridades federales
El Pacto por México establece que los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece.
-El Plan de Desarrollo Urbano lo impide
La ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras que comenzoa a regir desde noviembre de 2012, es sin duda, un avance en el marco regulatorio de la actividad minera, pues obliga a las empresas a hacerse cargo de los pasivos mineros que tanto afectan a la población y al medio ambiente. Aunque sea sólo desde la perspectiva de “asegurar la estabilidad física y química” de éstos y el “resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y del medioambiente”, dejando fuera la posibilidad de “re-establecer el medioambiente” para que pueda ser destinado a otros usos, como ocurre en países más avanzados.
