El Pacto por México establece que los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece.
Para ello, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, PAN y PRD acordaron expedir una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción.
Benito Morales, de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya de Occidente expresó que en el caso que se sigue contra Peridot S.A, por falsedad ideología, señaló: “Después de exigir al Ministerio Público una labor más dedicada a la investigación del caso, el Ministerio Público tomó la decisión de desestimar la misma, bajo el argumento de que no hay delito. Sus razonamientos, entre los principales, son de que no se concretó la desmembración de la fracción de terreno, y que no hay certeza de que la fracción de terreno que se quiso titular pertenezca al Pueblo Maya mam en San Miguel Ixtahuacán”.
“Señores Magistrados los pueblos exigimos justicia, su silencio no contribuye a la paz, la armonía y al Estado de Derecho”[2]
En un comunicado reciente, Las Autoridades del Pueblo Maya de Occidente denunciaron públicamente su preocupación por el silencio de la corte de Constitucionalidad. “A más de 8 meses de presentada la acción de inconstitucionalidad general total de la ley de minería, y a más de 4 meses de haberse realizado la vista pública en la sala de debates de la corte de constitucionalidad, estamos preocupados ante el silencio de los Magistrados y Magistradas de la Corte de constitucionalidad. En nuestras Mentes y corazones, surgen incógnitas: ¿Estarán recibiendo presión de los sectores de poder económico y minero?, ¿No conocen nuestra constitución?, o ¿es una actitud discriminatoria?”, indica el comunicado de prensa.
-El Plan de Desarrollo Urbano lo impide
-480 millones de metros cuadrados concesionados a la canadiense
La minera canadiense Argonat Gold Inc. presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe preventivo [1] por el cual pretende hacer planes de exploración minera directa dentro de un polígono de 10 millones de metros cuadrados en el municipio de La Paz, Baja California Sur, a pesar que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) prohíbe este tipo de actividades, alertaron las organizaciones Niparajá, Agua Vale Más que El Oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
• Plantea la prohibición de la minería metalúrgica en áreas naturales
protegidas por la SEMARNAT y zonas turísticas sustentables.
• Con ello da respuesta a una sentida petición de los sudcalifornianos.
El senador de la República por el Partido Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis presentó
iniciativa de reforma para prohibir la minería con fines metalúrgicos en áreas naturales protegidas y
en zonas de desarrollo turístico sustentable.
La ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras que comenzoa a regir desde noviembre de 2012, es sin duda, un avance en el marco regulatorio de la actividad minera, pues obliga a las empresas a hacerse cargo de los pasivos mineros que tanto afectan a la población y al medio ambiente. Aunque sea sólo desde la perspectiva de “asegurar la estabilidad física y química” de éstos y el “resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y del medioambiente”, dejando fuera la posibilidad de “re-establecer el medioambiente” para que pueda ser destinado a otros usos, como ocurre en países más avanzados.
Con el aval de unas 24.480 firmas, personas organizadas en la campaña “No al golpe de Rio Tinto Alcan” entregaron ayer al Ejecutivo y al Congreso un petitorio para el cese de las negociaciones entre el Gobierno y la empresa multinacional, sobre la que hacen fuertes denuncias.
La ingeniera Mercedes Canese, exviceministra de Energía, fue una de las que encabezó la entrega del petitorio, con las 24.480 firmas, dirigido al presidente Federico Franco y una copia, luego, a Jorge Oviedo Matto, presidente de la Cámara de Senadores.
En la nota, señalan que sobre la multinacional Rio Tinto Alcan, dedicada a la producción de aluminio, pesan graves denuncias y condenas por violación de derechos humanos, políticos, laborales y ambientales en Canadá, Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea y otros países.
La comunidad Zapoteca de Capulálpam de Méndez, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo Minero (M4), SURCO A.C. y CENAMI A.C. invitan al Encuentro de Pueblos de Mesoamérica: Si a la Vida, No a la Minería, dicho evento tiene el objetivo de analizar las consecuencias de la minería en Territorios de Mesoamérica para generar alternativas de defensa y organización desde los Pueblos mediante 4 líneas de trabajo: Contexto sobre la situación minera en Mesoamérica, Derechos de los Pueblos Indígenas y Minería, Estrategias de Defensa y Alternativas desde los Pueblos para el Buen Vivir; el Encuentro se desarrollará durante los días 17 al 20 de enero de 2013.