En el corregimiento La Caucana de Tarazá, un centenar de familias se preguntan por qué las tierras baldías que habitan y trabajan desde hace más de 20 resultaron en manos de la empresa minera Cerro Matoso S.A., y no adjudicadas a ellos.
Adriana Balbín, campesina antioqueña nacida, criada y forjada en las bravías tierras del corregimiento La Caucana de Taraza, Bajo Cauca antioqueño, no se explica cómo el pedazo de tierra baldía que su padre colonizó, que luego le heredó y donde ha vivido los últimos 30 años de su vida sin más soporte legal que los testimonios de familiares y vecinos, resultó siendo propiedad de la empresa minera Cerro Matoso S.A.
En asamblea popular del 12 de septiembre de este año una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, Baja California Sur, recuperando ese espacio que ha estado ahí desde siempre, el espacio público, recuperándolo, ocupándolo con un propósito fundamental, exigir el respeto a sus derechos, exigirle al gobierno el respeto por su derecho a la vida. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del estado. También asistieron decenas de extranjeros avecindados en Baja California Sur y algunos ciudadanos de otros estados de la República. La multitud era de muy diversos lugares así como de diferentes filiaciones políticas y religiosas. En suma, una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de surcalifornia, dándole vida a esta agreste y hermosa tierra; y la defensa del litoral de la península, fuente de trabajo para las comunidades de pescadores y de alimento para la población, además de que el litoral y sus atractivos naturales son una de las razones fundamentales del posicionamiento turístico de Baja California Sur. Defensa que implica el rechazo total de la ciudadanía a los megaproyectos mineros terrestres y submarinos, y en general a cualquier proyecto extractivo minero tóxico (¿y cuál no lo es?). De eso trata el Pacto de Todos Santos (www.facebook.com/frenteaguayvidabcs/photos/pcb.568198699973671/568188879974653/?type=1&theater), del derecho a la vida. Pero va más allá.
Cientos de campesinos y ciudadanos marcharon esta tarde en Teziutlán Puebla, para exigir al gobierno de Rafael Moreno Valle y del edil Antonio Vázquez cancelar la instalación de minas e hidroeléctricas en dicho municipio, ya que pone en riesgo la biodiversidad e incrementa la contaminación en los ríos, lo que pone en peligro la salud de los habitantes.
La empresa Minera de inversión Subo abandonó labores de explotación de manganeso en la comunidad Rio Mulatos (Potosí), lo que provocó que pobladores de la región se declaren en alerta, debido a deuda de haberes y por la presencia de altos índices de contaminación ambiental.
Ante el pleno de la LXI Legislatura se presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita la creación de una Comisión Especial para el estudio del impacto ecológico de la minería en el estado de Zacatecas.
Los ciudadanos de Coclesito, Villa del Carmen y comunidades adyacentes, denuncian en una carta el deterioro de su calidad de vida como agricultores y productores en la región por más de cuatro décadas.
La Comunidad Organizada de Andacollo solicitaban a la empresa Teck una inversión de 2 millones de dólares en infraestructura, otros 4 millones de dólares para el Plan de descontaminación y 1,5 millones de dólares para proyectos de la comunidad. El triste panorama de los enclaves mineros: desinversión estatal, relevo de su lugar por parte de las mineras y alta contaminación.
En todo el territorio del Estado de Morelos no se permite la minería metálica a tajo abierto, sentenció el Gobierno del Estado en el decreto por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos.
En la actual administración federal en Coahuila se ha cancelado una concesión minera y tres más se mantienen suspendidas por incumplimiento de los concesionarios y derivado de accidentes en la extracción del carbón, explicó el delegado de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores.
La empresa minera canadiense y otras, violarían lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, ya que contaminan los ríos, además, las presas de jale deberían estar a unos 25 kilómetros de distancia de la población y no obstante no se cumple con la norma.