El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.

Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al Convenio 169 del que es parte.

“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve conversación con Apro.

“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado por México en 1990.

El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.

El objetivo del Convenio “es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio”.

Diálogo previo con los pueblos

En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169, explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la Constitución”.

Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho proyecto.

Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el trabajo decente.

El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de empresas sostenibles.

Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.

Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo.

“Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destaca la OIT.

“No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales”, advierte.

A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter sus quejas al organismo laboral de la ONU.

La consulta, responsabilidad del gobierno

La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos.

“Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica.

“Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.

Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso”.

Más de un millón de personas pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los detalles del megaproyecto.

Cuestión que va en contra de los lineamientos de la OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio”.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/561506/convenio-de-la-oit-obliga-a-mexico-a-consultar-megaproyectos-a-pueblos-indigenas?fbclid=IwAR33wAMMKnYbP12WH7Ry_aAj4FQcJQzw6Rm2whOIfL7BRFweK6gSDsnHF-w

Cabo San Lucas.-Al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 42 títulos de asignación minera en el país, entre ellos uno para la zona de Todos Santos con una superficie de 2 mil hectáreas, a sólo 2 km de Pescadero.

Cabe mencionar que en Baja California Sur los tres niveles de gobierno se han pronunciado contra la instalación de proyectos mineros en la zona de amortiguamiento de la Sierra la Laguna, como el que anuncia la presente asignación.

El senador con licencia Víctor Castro Cosío, quien a partir de hoy cumple funciones como delegado único del Gobierno Federal en Baja California Sur se ha pronunciado contra la instalación de empresas mineras en la zona sur del estado; al igual que el hoy delegado regional del Gobierno Federal en Los Cabos, Daniel Torres, quien en su etapa de dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, llegó a encabezar marchas de protesta contra la misma intención.

En el caso del gobernador Carlos Mendoza Davis, en su toma de protesta y en sus tres informes de gobierno ha expresado su rechazo y compromiso para no permitir la instalación de proyectos de minería tóxica en Los Cabos y en ese mismo sentido lo han hecho los alcaldes de Los Cabos y La Paz, Rubén Muñoz y Armida Castro, respectivamente, incluso ésta última participó activamente en una manifestación ciudadana en San José del Cabo a unos días de tomar protesta de su encargo; pronunciándose todos ellos a favor del medio ambiente, la sustentabilidad, la salud y el derecho al agua de los habitantes de la zona sur de la entidad.
Sin embargo, los sudcalifornianos amanecimos con la noticia de que en la versión matutina del DOF se publicaba el:

“TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 374.- NOMBRE DEL LOTE.- TODOS SANTOS.- AGENCIA.- LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR”.

De acuerdo al documento el titular de la asignación es el Servicio Geológico Mexicano, en un lote denominado “Todos Santos”, una superficie de 2 mil hectáreas ubicado en el municipio de La Paz, más precisamente “La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: el lado derecho de la carretera no.19, carril Los Cabos-La Paz, a la altura del kilómetro 66+200 a 2 km de el poblado de El Pescadero.
Destaca que la asignación minera a que se refiere este título deberá respetar a los lotes mineros con mejores derechos que se ubiquen en el interior de su perímetro.

La vigencia de esta Asignación Minera será de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, de la Ley Minera, que a la letra dice:

“…Las obras y trabajos mineros que al amparo del presente título se desarrollen, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según el caso de las autoridades que tengan a su cargo los bienes que resulten afectados, atento a las disposiciones aplicables. Asimismo, su titular deberá sujetarse a las normas oficiales relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad, de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Este título únicamente otorga derechos sobre los minerales, mas no sobre el terreno superficial”.

Fuente:https://www.tribunadeloscabos.com.mx/sorpresa-de-fin-de-sexenio-en-bcs-asignacion-minera-de-2-mil-has-en-todos-santos/

El pasado martes 27 de noviembre, la Asamblea General de Comuneros de la Comunidad “Vergel de Bernalejo”, Municipio de San Luis de la Paz, en el Estado de Guanajuato, de manera unánime, determinó no permitir que los proyectos extractivos mineros atenten contra su territorio, sus bienes naturales y su comunalidad. Le apuestan a la preservación de la vida y con ello dan un inédito y gran paso en la lucha por la defensa del territorio en el Estado de Guanajuato, históricamente relacionado con la extracción minera.

Desde la Red Mexicana de las y los Afectados por a la Minería les enviamos todo nuestro reconocimiento y respaldo por este gran acuerdo comunitario que han tomado, con el cual, sin duda, demuestran que las y los habitantes de los pueblos de México son capaces de tomar sus propias decisiones, dirimiendo y discutiendo -con información oportuna y suficiente- sobre aquellas problemáticas que les preocupan, a través de sus estructuras de gobernanza para definir soluciones.

Felicitamos a todas y todos los habitantes de la Comunidad “Vergel de Bernalejo” por sumarse a cientos de comunidades que apuestan por la defensa del territorio y la vida.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE LAS Y LOS AFECTADOS POR A LA MINERÍA

Corte niega amparo a indígenas zapotecos de Oaxaca contra proyecto eólico. En México, el ministro Cossío presentó ante la SCJN un análisis superficial en el que niega el amparo y avala la consulta realizada para un proyecto eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto que dicho ejercicio se había dado previo a la instalación de la infraestructura, ignorando la firma previa de contratos, la entrega de permisos gubernamentales y la crítica situación de violencia vivida durante el proceso de consulta. La corte falló a favor, sentando un precedente de legitimación del despojo y la imposición de proyectos con consultas a modo, como un trámite más al alcance de las empresas y el gobierno.

Coincidió con una de las principales celebraciones para los pueblos de México,  a los fieles difuntos o el Xandú como le llamamos en nuestra lengua zapoteca. Fueron los pasados 30 y 31 de octubre, cuando un grupo de 50 mujeres y hombres zapotecas del Istmo de Tehuantepec salieron de sus comunidades y viajaron por 12 horas para plantarse durante 48 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el centro de la ciudad de México. En esa ocasión se discutiría la presentación del ministro José Ramón Cossío sobre el proyecto de ponencia del amparo 213/2018, interpuesto por 1166 indígenas zapotecos del Istmo contra la llamada “Consulta” implementada en Juchitán de Zaragoza. El ministro presentó un análisis superficial en el que niega el amparo y avala la consulta realizada para un proyecto eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto que dicho ejercicio se había dado previo a la instalación de la infraestructura, ignorando la firma previa de contratos, la entrega de permisos gubernamentales y la crítica situación de violencia vivida durante el proceso de consulta.

Los ejercicios de derechos a la Consulta Previa, Libre e Informada en México se han distinguido por estar plagados de actos de violencia, irregularidades, pactos previos y constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En un país en el que en los últimos diez años han sido asesinados 108 defensores del ambiente, la tierra y el territorio (66% indígenas) y donde la territorialidad de los pueblos indígenas se entrama con las áreas de  gran diversidad ecológica, no es casual que estas zonas se encuentren en abierta disputa entre dos visiones de manejo, una que busca la reproducción de la vida y otra enfocada en la acumulación de capital. La posición que adopta el Estado mexicano con la implementación de consultas a modo, deja en claro que su interés es salvaguardar los derechos de las empresas y garantizar el despojo del territorio de los pueblos indígenas.

La sesión de los magistrados no alcanzó a discutir la ponencia en la primera ocasión, se pospuso para el siguiente 15 de noviembre cuando la sala 9 de la SCJN determinaría la sentencia. Por segunda vez un grupo de 40 personas, pertenecientes a distintos pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec, nos plantamos y manifestamos durante 48 horas frente a las oficinas del tribunal. Una avalancha de solidaridad volvió a llenar las horas de vigilia, compañeras y compañeros de distintas luchas asentadas en la ciudad de México procuraron acompañar el frío y la lluvia. Mario Luna vocero de la Tribu Yaqui y Russell Peba Ocampo de la Asamblea Maya Múuch Xíinbal, hicieron presencia para denunciar como desde el norte en Sonora hasta el sur en la península de Yucatán, los pueblos de México nos encontramos enfrentando la violación sistemática de uno de nuestros derechos fundamentales: el de la autodeterminación. Es decir, el reconocimiento pleno a decidir sobre lo que ocurre con el territorio desde los modos de vida y cosmovisión propias.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cualquier proyecto de infraestructura o medida administrativa que afecte directamente a pueblos y comunidades indígenas y tribales, debe ser consultado mediante un procedimiento apropiado de manera previa, libre, informada y de buena fe. En México, en ningún caso se ha cumplido con estos elementos, en repetidas ocasiones las autoridades mexicanas llegan incluso a solicitar a las comunidades que “certifiquen” su identidad indígena en intentos por deslegitimar sus demandas o en situaciones más graves, como contra la Tribu Yaqui, se ha llegado a encarcelar a defensores del territorio.

En su reciente visita al país, la relatora sobre pueblos indígenas de la ONU Victoria Tauli Corpuz, hizo énfasis en que los proyectos de infraestructura en México están siendo asociados a procesos de consulta realizados una vez que las autorizaciones institucionales ya están otorgadas, incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. La nueva tendencia del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador de anunciar implementación de consultas como la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o la proyectada para el Tren Maya, sólo contribuye a banalizar estos ejercicios, donde los pueblos afectados directamente no son siquiera los principales consultados, simplificando todo el proceso a la emisión de un voto en una urna.

El amparo contra el proyecto “Eólica del Sur” presentado por organizaciones del Istmo de Tehuantepec en septiembre de 2015, se fundamentó en que dicho proceso no fue realizado de forma previa pues ya existían permisos administrativos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), contratos firmados con posesionarios de la tierra y con sindicatos de transportistas y construcción. Por estas mismas condiciones no se trató de un proceso libre, pues los asistentes estaban ya coaccionados por pactos previos; se trató de sesiones con presencia de representantes de las empresas custodiados por personas armadas y constantes agresiones verbales a quienes se mostraban críticos al proyecto.

De los magistrados que discutieron el amparo sólo la magistrada Norma Lucía Hernández Piña, única mujer de la sala, aceptó escuchar a representantes de las comunidades que viajaron a manifestarse a la ciudad de México, con un particular interés en conocer la perspectiva de las mujeres respecto a la problemática. La lucha de las mujeres por la defensa del territorio es una lucha por la vida, desde las compañeras del Istmo que se reunieron con la magistrada para hablar de cómo estos proyectos las atraviesan, del aumento la prostitución por la migración de obreros y trabajadores varones y las lesiones a la soberanía alimentaria por el cambio en el tipo de usufructo de la tierra; hasta la defensa del agua de Berta Cáceres en Honduras o la de los bosques de Guadalupe Campanur de Cherán, luchas por las que ambas perdieron la vida.

Pasadas las dos de la tarde las compañeras que estaban presenciando el fallo salieron de la SCJN. Arropados aún por la solidaridad proveniente de distintos rincones de la ciudad escuchamos la confirmación de lo que ya se sospechaba. El voto de la magistrada Piña fue uno de los dos emitidos en contra de la presentación del Ministro Cossío y a favor de los pueblos, los otros tres votos del resto de los magistrados terminaron por definir el rumbo con el que continuará la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, sentando un precedente de legitimación del despojo y la imposición de proyectos con consultas a modo, como un trámite más al alcance de las empresas y el gobierno. Después de esta batalla perdida, doce horas de viaje nos separaban aún de nuestra región de viento  y mar pero, como dijo la compañera Bettina Cruz: “la lucha no queda acá, esto no es lo último, los estamos esperando en la región, tenemos que plantar cara por el futuro de nuestro territorio, de nuestro hijos y de nuestra región”. El viaje no se nos hizo tan largo cargados como estábamos de lucha y solidaridad.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/la-consulta-previa-ha-sido-avalada-por-la-justicia-mexicana-como-instrumento-del-despojo-a-pueblos-indigenas/

Anda muy activa la bancada de MORENA realizando iniciativas de ley. Lamentablemente es muy visible el alineamiento de estas para optimizar el proceso para el saqueo de los bienes naturales de los pueblos por parte de las insaciables empresas privadas. Se alinea el hecho que será a través de la implementación de consultas manipuladas, como continuará la venta del “progreso y desarrollo de la Cuarta Transformación”, al mismo tiempo que aceleran el paso para la incorporación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS), como un complemento a otras similares que, por cierto, llevan años demostrando su ineficiencia, como sucede con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Por otra parte, consideramos lamentable el contenido mostrando, tanto en las iniciativas para la Ley de Desarrollo Agrario, como en la Ley Minera, ambas recientemente presentadas y en las que rápidamente se observa tienen un claro perfil de regulación administrativa. Por lo tanto, carentes de procedimientos para la rendición de cuentas. Tampoco dan espacio para la atención de las problemáticas de fondo, así como revelan el poco conocimiento que tienen los legisladores sobre la temática, además de mostrar una notoria falta de información respecto al proceder violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento forzado como centro de la problemática. No sobra señalar que la iniciativa de reforma a la ley minera es la afirmación de lo determinado por el presidente electo en su Plan de Nación 2018-2024.

La iniciativa de la senadora Angélica García Arrieta, adiciona 8 artículos a la Ley Minera (http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Ley_Minera_201118.pdf), y en ninguno hace énfasis a la urgente necesidad de asumir medidas que resuelvan la política de despojo, destrucción e impunidad ocasionada por el modelo extractivo depredador en todo país. Refrenda la continuidad de la misma política permisiva y promocional que tenemos actualmente, y sólo plantea actos administrativos de regulación que, para el poder actual de los capitales privados no serán ningún problema atender, porque mucho de lo propuesto ya se ha venido legislando en otras partes del mundo.

En REMA consideramos un despropósito pretender que el Servicio Geológico Mexicano realice “Estudios de Impacto Social” y que la Secretaría de Economía declare “zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo”, cuando está plenamente documentado que los impactos de la mega minería tóxica son múltiples, estructurales e irreversibles; terribles impactos ambientales, sanitarios, económicos, productivos, culturales, entre otros, que han sido ocultos por instancias gubernamentales fieles e incondicionales operadores de los intereses empresariales. El “conflicto social negativo” a que se alude en la iniciativa, constituye en sí mismo un elemento determinante de tipo estructural del extractivismo y, en ese contexto, todo México es una “zona inviable de explotación” en los términos del extractivismo minero actual.

La iniciativa también plantea “atender los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones que se pretendan desarrollar”, y aquí radica uno de sus puntos críticos, porque es a través del mito del “progreso y desarrollo” que ofertan, con lo cual nuevamente se traza una política gubernamental de corte colonialista, por lo tanto, es previsible que el nuevo gobierno no desarticulará la política de despojo y destrucción que, a través del Modelo Extractivo, está impuesta en México y en todo el mundo.  En contrasentido, sería deseable que la premisa del desarrollo que nos ofertan, deba interiorizar en todas sus letras que; “los pueblos y las comunidades no somos recursos ni depósitos de recursos”, somos sujetos sociales en emancipación, no semi-ciudadanos sumisos, ignorantes, carentes de criterio y requeridos siempre de recetas ajenas e impuestas. Los pueblos y comunidades no estamos esperando a funcionarios y dependencias o incluso a empresas para que “nos desarrollen”. Los pueblos y comunidades tenemos referentes propios de cómo vivir, referentes que, por cierto, además de haber sido negados e invisibilizados, porque desde hace siglos se nos ve como inferiores e incapaces de dirimir y definir nuestras propias vías de vida, tampoco están inscritos en los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, porque tampoco ahí se nos ha considerado.

La Ley Minera actual es la más retrógrada de todas las leyes mexicanas que tenemos, y por ello en REMA nos parece inconcebible que para lograr “la cuarta transformación del país”, la iniciativa refrende la política que prioriza el pago de los daños obligando “a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano sustentable”, y no aborde con toda la fuerza que se requiere, la atención de los daños a la salud y al ambiente, muchos de ellos irreversibles. Es totalmente errónea la praxis que con dinero se puede resolver la depredación y muerte que genera el extractivismo minero actual. Invisibilizar un referente básico como el principio precautorio o el del bien común, aun presentes en nuestra Constitución, es una señal preocupante.

Si quienes dicen promueven la Cuarta Transformación de México, en verdad quieren hacerlo a través de la participación de los pueblos, que les parece si a todas las resistencias que vivimos las desgracias mineras, nos envían un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma y, para empezar, antes de hacer más y más alineamientos a favor de las empresas, mejor “CANCELAN TODAS LAS CONCESIONES QUE HAN SIDO ENTREGADAS DE FORMA ILEGAL E IRRESPONSABLE”…MÁS O MENOS SON 26 MIL.

En REMA discutimos arduamente que el tamaño de la problemática que enfrentamos no puede continuar siendo soslayada, menos aún por este nuevo gobierno que tiene condiciones históricas para reencontramos con lo que somos como nación, y no con lo que quieren que seamos.

NO MÁS INICIATIVAS AJENAS E IMPUESTAS

NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁN EN VENTA

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA

Fuente:http://www.remamx.org/2018/11/35493/

Denuncia del asesinato de Mariano Abarca, crimen perpetrado el 27 de Noviembre de 2009. Han paso 9 años en que aún la justicia no dá un dictámen.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/11/comunicado-nueve-anos-de-impunidad-en-el-asesinato-de-mariano-abarca-roblero/

La bancada de Morena en el Senado de la República ampliará los requisitos para asignar concesiones mineras, y sólo se otorgarán a proyectos que cuenten con estudios de impacto social, además del ambiental.

La iniciativa, que ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes no cumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.

La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, de acuerdo con la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Buenos días a los medios que nos acompañan en esta conferencia de prensa. El mensaje que les vamos a compartir está dirigido, en primer lugar, a la ciudadanía de Baja California Sur, así como a la del resto del país y a la solidaria comunidad internacional que está atenta al desenvolvimiento de la amenaza de minería en Sierra La Laguna; como verán a continuación, también contiene mensajes específicos dirigidos al gobierno y sus diferentes instancias, así como a Ricardo Salinas Pliego y su empresa Desarrollos Zapal, responsable del proyecto minero Los Cardones.

En primera instancia, queremos hacer del conocimiento de todas las personas que habitan Baja California Sur y de las que están preocupadas en la lucha ciudadana por el agua y la vida, aquí y fuera del estado, que ciudadanos con un alto valor cívico han interpuesto demandas ciudadanas en contra del resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a Desarrollos Zapal de forma condicionada el 12 de junio de 2014, otorgado, decíamos, de manera ilegal, violando leyes y reglamentos que regulan la materia, tanto en el ámbito nacional como el internacional.

De las diversas demandas ciudadanas, la más reciente corresponde a un amparo ingresado en el mes de octubre del 2018, contra la autorización condicionada del proyecto minero Los Cardones que la DGIRA expidió en 2014. Dicho recurso fue admitido por la autoridad judicial (Juzgado Primero de Distrito en el estado, expediente 1256/2018), y el juez que revisa el caso, otorgó el 7 de noviembre del 2018 la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute el oficio número SGPA/DGIRA/DG-05124 del 12 de junio del 2014, expedido por Semarnat, lo que significa que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no está autorizada a hacer ninguna clase de obra ni modificación en el sitio en el que pretende instalar la mina de oro a cielo abierto, y la autoridad está obligada a vigilar la estricta observancia de ello.

Antes de tocar una sola planta, una sola piedra, la empresa necesita obtener todos los permisos y condicionantes que le fueron impuestos con el resolutivo de la MIA:

1. a) AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES, conforme a lo dispuesto en los artículos 53, fracción I, y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).
2. b) AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP), para la exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).
3. c) AUTORIZACIONES DE LA CONAGUA consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).
4. d)  PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, QUE SE REQUIERAN POR PARTE DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. Por lo que el inicio de obras y actividades está sujeto a que las autoridades municipales y estatales lo permitan, aun cuando éstas han manifestado en reiteradas ocasiones el compromiso que tienen con la protección del ambiente, el cuidado y la conservación del patrimonio natural del Estado, y el desarrollo sustentable de la región (Término Sexto de la Resolución de la MIA-R, página 162).

Entre otros, deberá solicitar al Ayuntamiento de La Paz, autorización para disponer las aguas residuales en la planta de tratamiento de la Ciudad de la Paz (Condicionante 10, página 173).

1. e) AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE para el manejo de especies de la flora y la fauna silvestre (Condicionante 5).

La empresa no cuenta con ninguno de los condicionantes mencionados y, por si fuera poco, aunque los consiguiera, no podría hacer nada en la zona, hasta que este juez no resuelva el amparo mencionado. Los ciudadanos organizados nos mantenemos alertas ante cualquier movimiento de la empresa, tanto físico como administrativo, con especial atención a las prácticas de negociación secreta mejor conocidas como corrupción; hacemos un llamado a todos los ciudadanos responsables tanto dentro de la administración pública como fuera de ella, para que, en congruencia con el espíritu del Pacto de Todos Santos firmado el 12 de septiembre del 2014, denuncien cualquier movimiento que Desarrollos Zapal realice a favor de instalar la mina de oro a cielo abierto en Sierra La Laguna. Saludamos a todas y todos quienes quieran sumarse a la construcción de una vida digna, incluyente, que reconozca y garantice el patrimonio natural y cultural sudcaliforniano, con un medio ambiente sano y el agua que nos da vida.

La estrategia de los ciudadanos organizados es y será hacer que se cumplan las leyes que protegen el medio ambiente, pese a la clara intención de las autoridades de permitir que personajes como Ricardo Salinas Pliego pasen por encima de los derechos de los ciudadanos, como ocurrió con los regidores corruptos del XIV Ayuntamiento en septiembre de 2015; en todo momento vigilaremos que las leyes se cumplan, por ello estamos impugnando el acto mismo de la autorización condicionada, que es la raíz que mantiene en vilo a la sociedad sudcaliforniana por el riesgo ambiental que implica la minería de oro a cielo abierto, sin dejar de mencionar, el grave peligro que pesa sobre el agua de existir semejante contrasentido en una reserva de la biósfera, en un estado con alarmantes carencias hídricas, justo en el lugar de mayor captación del vital recurso, del que dependemos las comunidades del sur del estado para la subsistencia.

Por otra parte, hacemos un llamado a la autoridad para que haga cumplir la ley, no permitiendo que la empresa realice ninguna clase de obra ni modificación de la zona bajo ningún pretexto. Cualquier movimiento de la empresa en la zona en la que pretende de forma estéril llevar a cabo el proyecto minero Los Cardones, debe ser impedido y sancionado por la autoridad correspondiente y los responsables remitidos ante ésta para pagar por el daño hecho y por violar las leyes y reglamentos en la materia, además de desacatar el mandato judicial de suspensión definitiva. Le recordamos a la autoridad que la omisión de su parte en este punto, le convierte, en automático, en corresponsable de los actos cometidos por la empresa que pudieran violentar los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua.

También queremos dejar en claro que rechazamos toda consulta que parta del supuesto de que los derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, puedan ser conculcados arbitrariamente. Los derechos humanos fundamentales, son irrenunciables, inalienables, NO CONSULTABLES. Pretender someterlos a consulta, va contra la Constitución Mexicana y las leyes internacionales firmadas por el Estado Mexicano. Le advertimos a la nueva administración federal y municipal, que los habitantes de Baja California Sur no aceptamos un retroceso respecto del derecho humano al agua y al medio ambiente sano. Sabemos de la cercanía de Ricardo Salinas Pliego con López Obrador; no nos amedrenta ni nos va a detener. Nos asiste la razón y la ley. A los ciudadanos y ciudadanas, a los habitantes de Baja California Sur, nos toca defender nuestro territorio y nuestros derechos, contra quien sea, sin importar su riqueza ni su posición política.

Para concluir, por anticipado señalamos a la autoridad y a Ricardo Salinas Pliego y sus esbirros como responsables en caso de que la integridad de los ciudadanos demandantes sea puesta en peligro o bajo amenaza. En todo momento los ciudadanos nos hemos conducido de forma pacífica en apego al derecho vigente y no esperamos nada distinto ni de la empresa ni del Estado. Llamamos a las comunidades, grupos y habitantes de otras regiones, estados y naciones, a que sigan solidarizándose con la lucha del pueblo sudcaliforniano. Reiteramos nuestra invitación a todas las personas que deseen sumarse a este movimiento popular a favor del agua y la vida; reivindicamos nuestro derecho a un ambiente sano y a la libertad de elegir y rechazar aquello que nos afecta. ¡Nunca más un país sin que se escuche clara y fuerte la voz de los ciudadanos y sin que se respete la voluntad soberana del pueblo mexicano!

Fuente:https://rzsud.org/2018/11/23/tropezon-a-la-minera-los-cardones/?fbclid=IwAR3CNlHed0s1yc5GViPY_4KTqil2LWbEOqfFxR5G4pegBUF5DKyjHq3Chog

Ante los impactos sociales y ambientales que ha originado la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam México recomendó al Estado cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos de los pueblos indígenas y equiparables, en particular por proyectos extractivos y de infraestructura.

En su estudio Minería y privilegios, captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, sobre el caso de San José del Progreso –financiado por la Unión Europea–, la organización que participa en un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de injusticia y pobreza, hace un análisis de la actividad minera en Oaxaca, específicamente en la región de los Valles Centrales y del proceso organizativo contra la minería, la vocación agrícola de la región y cómo está amenazada por la actividad minera.

También, hace una revisión del proyecto minero San José del Progreso, donde abordamos los impactos sociales y ambientales que la actividad minera generó y genera dentro de este municipio.

Marco de regulación

De esta manera, Oxfam México exhortó al Estado asegurar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente.

En particular, fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva, a partir de los mejores estándares y prácticas internacionales.

Además, mejorar los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal, especialmente a proyectos de gran escala y de la industria extractiva, para prevenir futuros accidentes con afectaciones masivas a los derechos humanos, así como garantizar la realización de investigación y sanciones en casos de incumplimiento.

Igualmente, que el Estado recuerde la imperiosa necesidad de respetar el derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, considerando que el derecho a la autonomía y a la autodeterminación deben ser los puntos de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales, bajo los estándares internacionales y del derecho constitucional comparado.

Aparte de esto, que el Estado y las empresas reconozcan públicamente la importancia del trabajo de las personas defensores de derechos humanos, asegurando su protección y absteniéndose de apoyar directa o indirectamente cualquier acción para criminalizar o amenazar sus acciones.

Así también que el Estado investigue y castigue a actores empresariales acusados de violar los derechos de quienes defienden los derechos humanos.

Consulta previa

Del mismo modo, Oxfam México recomendó al sector empresarial minero respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, así como tener políticas de derechos humanos y remediar los daños y rendir cuentas acerca de cómo abordan los impactos negativos en los derechos humanos.

Y respetar el estado de derecho, el marco legal y las decisiones administrativas y judiciales, así como no interferir de forma alguna en los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/105809/defiende-oxfam-indigenas-en-oaxaca-de-mineras

Luego de un largo proceso donde no hay claridad en cuanto al tema de explotación minera en el municipio de San Lorenzo, norte de Nariño, el próximo dominio se realizará una consulta popular. “Es legítima y autónoma en defensa del agua, la vida y el territorio”, dijo el dirigente Robert Elio Delgado de la Coordinadora Nacional Agrario. Este evento contará con presencia de observadores nacionales e internacionales.

¿Cómo inició?

 El proceso comenzó en el año  2008, luego de que el Gobierno Nacional sin tener en cuenta a las comunidades entregara títulos para la exploración y explotación minera, actividad que según las comunidades pone en riesgo la producción del agua, la comida, la economía campesina en general, la tranquilidad y la pervivencia en el territorio.

Justificación

En este sentido los moradores expresaron que las experiencias vividas con la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en San Lorenzo y en las veredas Olaya y El Volador en Arboleda, constituyen testimonios de los desastres ambientales, sociales y de violencia generados por la gran minería.

Foro

El dos de julio del año pasado en el municipio de  Berruecos, se cumplió un Foro por el Agua y en contra de la minería, en ese escenario se tomó la decisión de adelantar la consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria en cinco municipios del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño.

Testigos

Estarán presentes la Misión de Observación Electoral –MOE-, La Asociación Minga, una delegación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá y representantes de organismos de Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente de carácter internacional.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/al-norte-de-narino-pelea-por-mineria-se-define-en-las-urnas-482305