Desde nuestra llegada a la capital de Colima, las y los integrantes de la Misión de Observación hicimos un planteamiento claro y conciso sobre las perspectivas por las cuales nos agrupamos representantes de Redes, Académicos, Defensores de Derechos Humanos, Intelectuales y Medios de Comunicación de distintas partes del mundo y del país, mismas que ratificamos siempre fueron “hacer una documentación de hechos sobre las graves afectaciones a la vida comunitaria que han estado sucediendo con la población indígena de Zacualpan, a pesar de existir una serie de resoluciones judiciales y administrativas que supone son suficientes para el restablecimiento del estado de derecho, la gobernabilidad, la paz social”.
En primer lugar, queremos resaltar que constatamos por distintas vías y medios las causas que originaron el conflicto, y estamos totalmente convencidos y seguros que éste ha sido desencadenado por una política implementada por el Gobierno Federal, quien de forma indiscriminada y sin respetar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras, sin que los pueblos de todo el país y en especial de este estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.
Alrededor de 450 granaderos de la Polícia Federal Preventiva (PFP) arribaron a Cananea para resguardar la mina Buena Vista del Cobre del plantón que montarán a partir de este lunes afectados por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi e integrantes del sindicato minero sección 65.
En una misiva del Jefe Sargento Les Dolhun, responsable de la División K, de la Policía Federal Sur y del Equipo de la Integridad Financiera, con sede en Calgary, AB. Canadá, fechada el 18 de febrero 2015 (Archivo: 2009-479985) y dirigido a la organización MiningWatch Canadá, el gobierno canadiense responde al caso de la Blackfire Exploration Ltd. y Blackfire Exploration Mexico S. de R.L. de C.V. en torno al soborno y corrupción que ésta empresa minera cometió con el entonces Presidente Municipal del PRD en Chicomuselo Julio César Velázquez Calderón, en el año 2008.
En un nuevo capítulo de derrames tóxicos en el país, se confirmó que la empresa “Minera María”, en Cananea, Sonora, derramó 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre, como resultado de una falla en el sistema de bombeo.
La Ley General de Aguas, cuya discusión ha sido pospuesta en el Congreso de la Unión, “abre la posibilidad de facto del despojo y privatización de las reservas o cuerpos de agua en tierras de propiedad social”, las cuales podrían ser utilizadas por las mineras para el fraking, advirtió Gian Carlo Delgado Ramos, integrante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que cuenta con información sobre la alta contaminación que existe en la región minera de La Cañada de Taxco, por lo que llamará a Grupo México (GM), para resarcir los daños ocasionados por los desechos de extracción minera que “inmediatamente se ven”, desde cualquier punto de Guerrero por vía aérea.
La avidez de la industria extractiva por los bienes minerales de Baja California Sur es un pozo sin fondo. En noviembre pasado, la Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) pedimos a las autoridades no otorgar más concesiones de exploración a Mexicana del Arco S.A. de C.V., filial del Grupo México, cuyo proyecto minero “El Arco” amenaza las áreas naturales protegidas del Valle de los Cirios y de El Vizcaíno.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente multó con 22 millones 959 pesos a la empresa minera Buenavista del Cobre por derrame de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.