Uno de los más importantes proyectos de incremento y mejoras de la infraestructura para la industria extractiva en América del Sur es el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que coordina la puesta en marcha y operación de proyectos en 12 países de América del Sur que conforman la UNASUR. El objetivo es la planificación y el desarrollo de proyectos para el incremento y la optimización de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. Ver el documental.
Para los realizadores del documental, el IIRSA “no es simplemente una adecuación técnica-material, sino que constituye más bien una avanzada colonizadora jamás imaginada –en términos económicos, políticos y culturales- sobre todo el subcontinente”. Asimismo, recalcan que “Actualmente nos encontramos frente al mayor re-ordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea.
Con presencia de organizaciones y comunidades de 13 países de América Latina, se realizó el taller “Ponerle rostro a las empresas mineras en la defensa de la vida”, convocado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y las organizaciones canadienses MiningWatch-Canadá y Above Ground.
Ciudad del Vaticano 05-11-2016 (REDIM).- 
Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
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No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
La gasificación subterránea de carbón, que implica una forma de energía extrema, es presentada como una forma limpia de aprovechamiento de ese mineral. Sus promotores aseguran que con esta técnica se reducen las emisiones de dióxido de carbono y se resuelve el problema de la disposición final de cenizas, ya que quedan alojadas en las profundidades del subsuelo. Sin embargo, en Australia, el fuerte rechazo de la población y los impactos ambientales verificados en experiencias piloto, llevaron a la prohibición de su aplicación en los estados de Queensland y Victoria, en abril y agosto de este año. Las autoridades de ambos estados concluyeron que eran mayores los potenciales riesgos para el sector agropecuario, actividad central de sus economías, que los beneficios que se obtendrían a partir de los proyectos energéticos.
Dos décadas y media de expansión minera obligan a pensar en generar nuevas tendencias y verdaderos escenarios de transiciones que permitan salir del actual modelo extractivo exacerbado y depredador que afecta derechos y produce una fuerte y creciente conflictividad social a nivel global. En los países latinoamericanos, en casi todos los casos se apuesta por economías profundamente dependientes del sector extractivo a pesar de los distintos signos políticos u orientaciones. El peligro es seguir sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos. Las poblaciones expresan una abierta defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, frente a la presión de los modelos extractivistas imperantes en los países: los intentos que apuntan a sostener el extractivismo minero son cada vez más criticados y deslegitimados por amplios sectores de la sociedad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.