El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) ha
documentado inquietantes incidentes de violencia relacionados con las compañías mineras canadienses en América Latina. En general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o reportando tales incidentes.

Lo que hemos hallado sobre el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015
El presente informe documenta incidentes corroborados por al menos dos fuentes independientes:

• incidentes en que aparecen involucradas 28 compañías canadienses;
• 44 muertes, 30 de las cuales clasificamos como “selectivas”;
• 403 personas heridas, de las cuales 363 lo fueron durante protestas y confrontaciones;
• 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; y
• una amplia distribución geográfica de violencia documentada: las muertes ocurrieron en once países; resultaron heridas personas en trece países; la criminalización se produjo en doce países.

Adicionalmente, nuestra investigación muestra que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen reportes de violencia en sus divulgaciones obligatorias sobre el desempeño corporativo. Entre 2000 y 2015:

• las compañías que cotizan en bolsa reportaron solo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe; y
• las compañías más grandes propendieron a informar sobre los incidentes de forma general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle.

¿En qué radica la importancia de este estudio?

Este informe sobre la violencia y la criminalización relacionadas con la industria minera canadiense en América Latina es el primero que:

• compila información sobre los incidentes reportados a lo largo de un período de 15 años;
• menciona los nombres de las compañías involucradas, y busca sus comentarios sobre los incidentes; y
• brinda los detalles y las fuentes de los incidentes, de manera que terceras partes puedan reproducir nuestros resultados.

Los incidentes documentados en este informe parecen ser solo la punta del iceberg. En el curso de la realización de nuestro estudio nos encontramos con que no podíamos incluir muchos reportes de muertos, heridos y casos de criminalización, porque no podían ser corroborados mediante dos fuentes independientes. No nos resultaba posible incluir amenazas de muerte, quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, desplazamientos forzosos, intentos de asesinato sin heridas reportadas, enfermedades causadas por la contaminación ambiental, o traumas sicológicos provocados por la violencia, debido a que hubiera sido necesario examinar un excesivo número de fuentes para documentar estos casos. La violencia que se reporta es solo la ocurrida en América Latina, y no comprende la que se relaciona con las minas canadienses en otras partes del mundo.

El mundo está fijando su atención en las compañías canadienses, no precisamente por su importancia comercial, sino por su indebido comportamiento Canadá ha sido criticado internacionalmente por su falta de supervisión de las compañías mineras canadienses. Se señala a Canadá por el hecho del gran número de compañías mineras que están domiciliadas en este país en vez de en otros. El 41% de las mayores compañías mineras que operan en América Latina son canadienses.

• Cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre la responsabilidad de las compañías canadienses, y ha solicitado a Canadá que adopte medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
• En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Trudeau, en la que demandan acciones sobre las promesas de un mecanismo de responsabilidad corporativa y estatal.

Las actuales políticas del gobierno canadiense no están enfrentando el problema

El gobierno de Canadá continúa promoviendo la “Marca Canadiense”, que se basa en normas voluntarias, no obligatorias, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evaluar la conducta de las compañías. Las dos principales instancias responsabilizadas con la RSC son la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Consejero RSC), y el Punto Nacional de Contacto (PNC), que responde a la intergubernamental Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas dos instancias no realizan investigaciones ni tienen poder para sancionar a las compañías directamente o para compensar a las víctimas; únicamente están autorizadas para recomendar la retirada de la financiación por parte del gobierno canadiense, y el apoyo de las embajadas.

No hay referencias de que se realice una sistemática evaluación del comportamiento de las compañías, y no existe información disponible que indique que el actual Consejero RSC haya respondido a los informes de violencia o considerado la retirada del apoyo de una embajada canadiense.

No hay evidencia de que el gobierno no tenga capacidad para atender más reclamaciones

La comunidad internacional demanda un mecanismo más firme de exigencia de responsabilidades al Estado y a las compañías, pero quienes se oponen argumentan que el gobierno no tiene capacidad para manejar las reclamaciones. Sin embargo, nada indica que el actual Consejero RSC tenga un exceso de casos que atender, como tampoco lo tiene el PNC:

• La Oficina del Consejero RSC se creó en 2009, y solo ha atendido seis reclamaciones hasta la fecha.
• El sitio web del actual Consejero no muestra indicaciones de alguna investigación, mediación en disputas, realización de diálogos o cualquier otra participación en conflictos específicos.
• La oficina del actual Consejero RSC no ha presentado un informe anual, y las únicas publicaciones que ha realizado son notas de prensa sobre seis discursos pronunciados por el Consejero desde su nombramiento en 2015.

Por su parte, el PNC solo ha atendido un caso en 2015, y cinco en total desde 2011.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/la-marca-canadiense-la-violencia-y-las-companias-mineras-canadienses-en-america-latina/

Isidro Baldenegro tenía 51 años. Era un activista indígena mexicano. El jueves 12 de enero del presente año fue a la comunidad de Coloradas La Virgen. Una tía suya estaba enferma y quería acompañarla a una revisión médica en la comunidad de Baborigame. Si el también asesinado Víctor Jara cantó a la vida eterna en cinco minutos, la muerte agazapada esperaba en las cinco horas de viaje que separan Coloradas La Virgen de Baborigame. En un recodo de aquellas altas tierras, Isidro recibió seis balazos. El autor del crimen es un sicario relacionado con el crimen organizado. Isidro Baldenegro había sido galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, al norte de México. Era la cuarta muesca de las pistolas asesinas de la región tarahumara en un año. En 2016 habían sido muertos los activistas Victor Carrillo, Elpidio Torres y Valentín Carrillo.

AQUEL TRES DE MARZO SIN ESPERANZA

Viñeta del Paisá sobre Berta Cáceres

Hace un año y unos pocos días, La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras, dormía. Conocida como la “ciudad del manto blanco” por sus neblinas, ignoraba que aquella noche iba a caer sobre ella negro sudario. Cuatro sicarios avanzan por las calles silenciosas y oscuras. Se detienen frente a una casa de tejado de doble agua. Nada rompe la paz de la noche. Salvo ellos. Penetran en la vivienda y, sigilosos y criminales, llegan hasta la habitación donde ella duerme. Los disparos resuenan y algo muy bello y necesario de este mundo es asesinado.

Berta Cáceres, líder y activista indígena, había recibido el premio Goldman Environmental Award por la valiente defensa de los ríos de su tierra.

Podríamos añadir más casos, más nombres, más rostros… más cadáveres.

Por ejemplo. Sandra Viviana Cuéllar, colombiana responsable del Global Forest Coalition, líder de las luchas contra el “desierto verde”, defensora de los derechos laborales y ambientales frente a la expansión del cultivo de palma aceitera y de caña y opuesta a la explotación minera de la Pacha Mama. Andarina que recorrió durante dos las américas a pie, bailarina apasionada en los desfiles del Cali Viejo, fue “desaparecida” en 2011.

O por ejemplo, Bety Cariño, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), defensora de los derechos humanos, resistente frente a las multinacionales mineras, asesinada en una emboscada de paramilitares en el estado mexicano de Oaxaca en abril de 2010. Escuchen, por favor, sus palabras un momento:

“Aquí no más vergüenza por la piel/ por la lengua, por el vestido, por la danza/ por el canto, por el tamaño, por la historia/ Aquí el orgullo de sernos/ morenitas, chaparritas, llenitas,/ ñuu savis bonitas,/ ñuu savos valientes,/ con la frente digna/ aquí no el silencio/ aquí el grito/ aquí la digna rabia”

UN TERRORÍFICO SUMA Y SIGUE

El año pasado se dio a conocer un informe que estremeció si no al mundo, al menos a las personas que se enteraron de sus conclusiones. Estaba avalado por Front Line Defenders, una ONG con sede en Dublín.

La activista Berta Cáceres

Según esta organización, en 2015, al menos 156 activistas pro Derechos Humanos habían sido asesinados o muertos mientras estaban detenidos en 25 países del mundo.

Más de la mitad de las muertes, 87, habían sido en América Latina, destacando Colombia con 54 asesinatos.

Fuera de América, Filipinas era el país con peor registro, con 31 asesinatos de activistas de Derechos Humanos.

El 45% de los asesinatos en América Latina estuvieron relacionados con la defensa del medioambiente, las tierras y los derechos de los pueblos indígenas.

Los conflictos por la tala derivaron el año pasado en los asesinatos de 15 ecologistas en el mundo, según el informe de la ONG. La minería (42), la agroindustria (20), las hidroeléctricas (15) y la caza furtiva (13) fueron los otros sectores cuyas disputas ocasionaron más muertes.

El segundo grupo más golpeado fue el de los defensores de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intersex (LGBTI) con el 15% de los 87 asesinatos en América Latina.

En el informe se responsabiliza a los agentes estatales, las empresas y los grupos paramilitares de una buena parte de las agresiones e intimidaciones contra los activistas.

Como resume Front Line Defenders: “Defender los Derechos Humanos en América Latina siguió siendo extremadamente peligroso y la criminalización de los movimientos de Derechos Humanos y protesta pacífica persistió. El tema más preocupante continúa siendo la violencia extrema”

LAS CORPORACIONES Y LA LÓGICA CAPITALISTA

Que en América Latina la vida no valga nada no es resultado de una condena bíblica, de un particular ADN al sur del río Grande o de una sangre atávica en sus venas abiertas. Los asesinatos, desapariciones y criminalización de activistas defensores de los derechos por la tierra son el fruto podrido de maniobras orquestales no tan en la oscuridad. Detrás de esta persecución sistemática están los caciques y las corporaciones. Son los intereses depredadores de los ricos y poderosos locales aliados a las grandes multinacionales mineras, hidroeléctricas y agroindustriales los que mecen y pagan las manos que empuñan las pistolas. En cada bala que mata a quien defiende a la tierra y a los indígenas está la sombra alargada de una presa hidráulica, de una tala de bosques, el desierto verde de un monocultivo intensivo o la destrucción de una sierra para extraer sus entrañas.

Esta espiral de terror responde a la tradicional lógica del capitalismo colonial, reforzada en este periodo de hegemonía neoliberal con una vuelta de tuerca al proceso de acumulación por desposesión. Las comunidades indígenas, el mundo campesino, los activistas en defensa del medio ambiente y de un desarrollo sostenible son palos en la rueda implacable de la maximización del beneficio. Lisa y llanamente hay que apartarlos del camino de la acumulación de capital. El indio bueno es el indio muerto.

LA COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES

Complicado sería para los caciques y las multinacionales llevar a cabo sus campañas de terror si tuviesen la oposición de los aparatos represivos del estado. Pero como es de imaginar esto no sucede y, además de sicarios y grupos paramilitares, los vampiros de la tierra gozan de la política de avestruz de las autoridades. La impunidad con que actúan los asesinos, extorsionadores y torturadores es tan amplia como vergonzosa. Mientras que la mano que mata y el cerebro que ordena pasean sus mil artimañas y sus mil influencias por juzgados y comisarias, las víctimas se las ven y se las desean para hacerse oír por la, más que vendada, maniatada justicia.

Pero no hay solo permisividad, existe también colaboración estatal con los caciques y las corporaciones. Sencillamente, los activistas son perseguidos por las autoridades. Las denuncias falsas, los juicios amañados, las detenciones arbitrarias, la brutalidad policial y la violación de domicilio y oficinas son algunos de los medios utilizados contra los defensores de la tierra y los derechos humanos. Junto al terror de los sicarios, la criminalización desde el estado de los activistas, para así apartarlos de la lucha y dejar el camino libre a los expoliadores y piratas.

Urge pues acabar con la impunidad de las multinacionales, el vampirismo de los caciques y la corrupción de los estados. Medidas internacionales de control y rendición de cuentas a las corporaciones son necesarias. Pero, ¿son posibles?, ¿quién pone el cascabel al tigre del beneficio desalmado?

Por ahora, quien lo intenta en América Latina muere. Mejor dicho: lo asesinan.

por RAMÓN QU, periodista y escritor

Fuente:http://www.remamx.org/2017/03/america-latina-donde-el-ecologismo-cuesta-la-vida/

En el Día Internacional de las Mujeres y como justo homenaje a las defensoras de la naturaleza y la vida, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Censat Agua Viva y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice), queremos visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres a través del Mapa “Mujeres Latinoamericanas Tejiendo
territorios”.

(Este mapa muestra las afectaciones a las mujeres por actividades extractivas y su rol en la construcción de alternativas. Se incluyen apenas 21 de muchos casos que se evidencian en América Latina y busca difundir y potenciar los liderazgos de las mujeres.)

En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacíficas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.

Las mujeres que se movilizan por las soberanías de sus pueblos suelen ser criminalizadas y sus vidas puestas en peligro. De acuerdo con Global Witness, de los 185 defensores ambientales asesinados en el mundo en 2015, 122 casos tuvieron lugar en América Latina. Diversos casos del mapa dan cuenta de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por las actividades extractivas. El asesinato de mujeres es parte de un patrón de persecución que se está denunciando como feminicidio.

La Dra. Leah Temper, coordinadora del ACKnowl-EJ y Directora del Ejatlas del ICTA-UAB, explica que “el mapa pone en evidencia el vínculo entre violencia y dominación contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres. Pero también pone en cuestión el mito de que estas mujeres son víctimas pasivas. De hecho, hay casos en que las minas han sido detenidas o los proyectos han sido rediseñados como resultado de su activismo”. Por ejemplo el caso del Tambor en Guatemala ha sido recientemente suspendido. En Piedras, (Tolima, Colombia) un grupo de mujeres fue el corazón de la primera consulta popular que se ha realizado en el país contra la minería.

Las actividades extractivas son altamente contaminantes y tienen altos impactos socioeconómicos, ambientales y de corrupción. Tienen, además, un impacto específico en las mujeres, provocando situaciones de violencia y discriminación contra ellas y poniendo en riesgo su salud, sus formas de vida y el acceso a los recursos. Las mujeres, responsables de la salud de las familias, están al frente de las luchas por la defensa de la naturaleza y la protección de la vida, el territorio y la comunidad, pese a ser objeto de persecución, criminalización, llegando a ser asesinadas por su resistencia.

Según Leah Temper, “estas mujeres son las verdaderas expertas en sostenibilidad y tienen mucho a enseñar a las supuestas expertas”.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/mujeres-latinoamericanas-tejiendo-territorios-mapa-de-luchas-de-las-mujeres/

A través de una carta pública dirigida al Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, la red ecuménica “Iglesias y Minería”, planteó la creación de un Ombudsperson independiente para las comunidades afectadas por las empresas extractivas canadienses.

La carta enviada el miércoles 8 de febrero, califica de “urgente la designación de Ombudsperson independiente” porque “Son miles las personas y muchas las comunidades que requieren de una oficina que reciba sus quejas y tramite sus denuncias relacionadas a problemas suscitados por empresas canadienses en nuestros países” de América Latina.

La Red Iglesias y Minería propone que la labor del Ombudsperson tenga las siguientes características:

Oficina independiente del gobierno canadiense.
Participación obligatoria de las empresas.
Investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas, con un conjunto de estándares para determinar si se han ocasionado daños.
Desarrollo de un proceso transparente que incluya informes públicos en varias momentos (por ej., difusión de los resultados de las investigaciones)
Un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (que puede incluir el gobierno canadiense)
Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
Pérdida de beneficios que brinda el gobierno canadiense a las empresas, en caso que éstas no cumplan con las recomendaciones

La red ecuménica, sostiene que contrariamente a la propuesta por parte de la industria canadiense de “reducir el mandato del mecanismo a la medicación entre las partes”, la creación de un Ombudsperson independiente, permitirá a las comunidades afectadas canalizar sus reclamos en Canadá y hacer que sus derechos se cumplan.

De acuerdo al Informe sobre los abusos de las mineras de Canadá en América Latina, publicado en octubre 2016, por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP), se ha registrado más de 400 incidentes de violencia vinculados con las explotaciones mineras canadienses en América Latina. En los últimos 15 años, se habrán producido al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros.

Sobre algunos casos recientes, podemos citar el de Barrick y el derrame de cianuro en la mina Veladero, en la provincia de San Juan (Argentina), el proyecto Pascua Lama en Chile; las demandas en contra de la empresa Hud Bay por casos de violación de derechos humanos en Guatemala, entre varios otros.

La red Iglesias y Minería también hace un llamado a otras instituciones, comunidades, ONGs y congregaciones religiosas para que escriban al Primer Ministro Justin Trudeau (justin.trudeau@parl.gc.ca) con copia al Ministro de Comercio François-Philippe Champagne (Francois-Philippe.Champagne@parl.gc.ca) demandando un ombudsperson independiente.

Mayor información y texto de la carta en:

http://iglesiasymineria.org/2017/02/08/iglesias-y-mineria-propone-a-canada-un-ombudsman-que-atienda-a-comunidades-afectadas-por-empresas-extractivas/

El vacio que nos dejan Isidro Baldenegro (México), la ecologista Laura Vásquez (Guatemala) y la activista Emilsen Manyoma (Colombia) asesinados el 15, 16 y 17 de enero de este año, Yoryanis Isabel Bernal Varela (Colombia) asesinada el 27 de enero,  suman la larga lista de defensores y activistas que defienden el territorio colectivo y cuyas muertes quedan en impunidad con la complicidad de gobiernos e intereses perversos y poderosos.

Redes criminales aliadas a empresas extractivas utilizan la violencia patriarcal  para imponerse en los territorios, olvidando que matando físicamente a Defensores y Defensoras, no silencian sus voces de lucha, lejos de eso, se fortalece la resistencia en cada uno de los países, porque defender el agua, los bosques, la naturaleza, el territorio y el cuerpo son decisiones colectivas y como dijera Berta Caceres “La bala muere al detonarse…La palabra vive al replicarse”.

Homenajeamos la memoria y el camino recorrido por Isidro Beldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Goldman Medioambiental por su lucha contra la tala de bosques (Mexico), a  Emilsen Manyoma activista por los Derecho Humanos, la líder de la red Comunidades Construyendo Paz en los  Territorios (CONPAZ), a Yoryanis Bernal líder indigena Wiwa (Colombia) destacada por su lucha en defensa de los derechos de las Mujeres .

En Guatemala, a Laura Vásquez, dirigente del Comité Local en Defensa de la Vida de San Rafael de Las Flores en Guatemala, que se oponía a la mina de El Escobal, un yacimiento de oro y plata de la minera canadiense, Tahoe Resources. La autorización minera ocasionó una  fuerte conflictividad social, pues  se dio sin que fueran escuchadas las alegaciones de la población, mayoritariamente contraria al proyecto.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos sociales y  Ambientales, condena  esta perversa forma de imponerse en los territorios y exige se  detenga la violencia extractiva  que esta arrebatando la vida  de defensores y defensoras  que mueren en manos de asesinos  a  sueldo que pretenden intimidar  y silenciar  la lucha de los pueblos con estos hechos que  marcan de luto la  labor de  defensa y  sobre todo convocan a fortalecer los procesos de lucha y defensa de los territorios.

Hacemos Eco de la denuncia pública que hacen las defensoras ancestrales articuladas en la Red Vida en riesgo político por la Defensa de Territorio Cuerpo Tierra y de la cual nos sentimos identificadas en nuestras resistencias: Violencia patriarcal que va desde el amedrentamiento, desalojos, despojos de agua, ordenes de captura, desplazamientos, estigmatización, criminalización, hasta el femicidio territorial.

Ante  a arremetida de muerte, dolor y violencia,  que trae consigo  el modelo extractivo en Latinoamérica, se vuelve cada vez mas necesaria la articulación de los movimientos y redes de Defensoras y defensores que son el blanco de los criminales que no  toleran opositores a sus perversas intenciones,  basadas en el capitalismo extractivo.

Las mujeres defensoras nos pronunciamos, para que el silencio no justifique la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos que forman parte de la  estrategia utilizada por este modelo capitalista, patriarcal, criminal y racial que invade como un cáncer los territorios sagrados, fuente de vida, que se seguirán defendiendo con firmeza para asegurar la estabilidad de la vida para las actuales y futuras generaciones.

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Acción Ecológica – Ecuador

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales,  Colectivo CASA – Bolivia

Programa Democracia y Transformación Global,  PDGT- Perú

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile

Asociación de Desarrollo Economico y Social, ADES – El Salvador

Ceiba,  Amigos de la Tierra – Guatemala

Asociación Censat Agua Viva – Colombia

Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico

Colectivo Otras Voces por la Tierra – Uruguay

—
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
www.redlatinoamericanademujeres.org

Publicado el 30 de enero del 2017

Pese a la reducción de las inversiones desde 2012, el flujo de caja también bajó por lo que muchas de éstas se financiaron con endeudamiento, según el Boston Consulting Group.

(El Mercurio) El crecimiento de la deuda neta de las empresas mineras en el mundo ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. Según datos del Boston Consulting Group (BCG), mientras en 2005 esta totalizaba unos US$ 35 mil millones, once años después -en 2016, según datos al primer semestre- sumaba US$ 231 mil millones, lo que se traduce en un alza de casi siete veces en el período. Lo anterior, aún cuando el valor de mercado de las firmas fue relativamente similar en ambos ejercicios.

El año pasado, el nivel de deuda mostró una leve reducción respecto de 2015, cuando fue de US$ 235 mil millones y alcanzó el récord de la década.

Gustavo Nieponice, socio y managing director de BCG, señala que esto se explica porque si bien a partir de 2012 las mineras definieron la disciplina en el uso del capital como una prioridad, la realidad es que en muchos casos esto no se llevó a la práctica en su totalidad. “Si bien el nivel de inversión se redujo a partir de 2012, el flujo de caja disponible para financiar las inversiones también cayó, y las inversiones se financiaron en muchos casos con deuda. Adicionalmente, los costos unitarios de inversión se mantuvieron altos, lo que hizo que la misma inversión absoluta generara menos producción adicional”, comentó el ejecutivo.

En paralelo, el valor de mercado de las mineras ha caído fuertemente, y entre 2010 y 2016 mostró una reducción de 51%.

Cambio urgente

Las mineras están haciendo esfuerzos por mejorar su situación en un escenario que no es fácil. Ejemplos claros de ello son Codelco y AngloAmerican, ambas empresas con altos niveles de deuda y con ambiciosas metas para mejorar sus balances.

Todo esto ante un panorama en donde el precio del cobre, aunque ha repuntado en el último tiempo, lo hace tras ir a la baja fuertemente en los últimos años. Eso sí, las perspectivas son mejores para este 2017.

Sin embargo, el desafío en el sector minero es inmenso. De partida, y tal como lo ha advertido Nieponice en otras oportunidades, las compañías deben concentrarse en recuperar la confianza de sus inversionistas, ya que si bien entre 2005 y 2010 la industria generaba retornos de 31%, entre ese último año y 2015 quienes apostaron por ella perdieron 17% de su valor anual, por lo que ha ido bajando su atractivo. Para que recuperen ese aspecto, Nieponice asegura que será necesario que cambien su estrategia.

Más que seguir recortando costos, la clave será implementar importantes mejoras en términos de productividad y buscar maneras para crear valor y atraer a los inversionistas.

El caso de Chile es complejo, porque la minería ya está muy avanzada y el territorio ha sido muy explorado por lo que es difícil encontrar yacimientos tan atractivos como en el pasado.

Las empresas que buscan crecer en el país en los próximos años deberán ser capaces de explotar activos de baja ley de mineral, entendiendo por ello la cantidad de mineral extraído por roca removida.

http://www.mch.cl/2017/01/30/deuda-empresas-mineras-crece-casi-siete-veces-los-ultimos-once-anos/

Ante la gran cantidad de masivos rechazos a la actividad extractiva y particularmente al desempeño de las mineras de origen canadiense en toda Latinoamérica, Canadá lleva a cabo un programa propiciado por la Federación Canadiense de Municipalidades, con la iniciativa denominada “Comunidades Inclusivas y Durables en América Latina” (CISAL) y el aval del ministerio canadiense de Relaciones Exteriores. El programa, que actualmente se aplica en Perú y Colombia, implica que funcionarios de diversas localidades canadienses visitan América Latina para exponer sus experiencias y ofrecer asesorías. Como ejemplo, el alcalde de Sudbury, Ontario, se encuentra por estos días en Perú, en una actividad auspiciada por CISAL.

La explotación minera es uno de los puntos que tienen en común Canadá y algunos países de América Latina.

Pero ese vínculo no ha sido necesariamente armonioso entre los diversos sectores y agentes participantes.

Por un lado están las empresas mineras, que explotan los recursos que constituyen su principal materia prima; por otra parte, los gobiernos de las naciones donde se lleva a cabo la explotación, que priorizan y alientan la misma, teniendo en mente los beneficios que puedan obtener de la actividad; pero, por otro lado están las comunidades, cuyas opiniones pocas veces son tomadas en cuenta y que son las primeras en recibir y padecer las consecuencias negativas de la minería, principalmente en lo que se refiere al medioambiente y al avasallamiento de los derechos de las comunidades originarias.

Es en ese contexto que se lleva a cabo un programa propiciado por la Federación Canadiense de Municipalidades, por medio de la iniciativa denominada “Comunidades Inclusivas y Durables en América Latina” (CISAL), y que cuenta con el aval del ministerio canadiense de Relaciones Exteriores.

El objetivo principal del programa, que actualmente se aplica en Perú y Colombia, es reforzar las instancias locales de gobierno, con eje central puesto en alcaldes o intendentes y consejeros municipales.

Para tal fin, Canadá apela a su historial extenso en la construcción de una relación fluida y amigable entre los municipios y las instancias de gobierno provincial y federal.

Funcionarios de diversas localidades canadienses visitan América Latina para exponer sus experiencias y ofrecer asesorías. Como ejemplo, el alcalde de Sudbury, Ontario, se encuentra por estos días en Perú, en una actividad auspiciada por CISAL.

Las similitudes y diferencias entre los recorridos canadiense y latinoamericano…

Una iniciativa que parece augurar un “mejor futuro para las empresas mineras” ¿se traducirá necesariamente en un mejor futuro para las comunidades afectadas?

Fuente:http://www.noalamina.org/latinoamerica/general/item/16823-masivos-rechazos-populares-y-desastres-mineros-en-latinoamerica-canada-envia-emisarios-para-convencer-a-los-alcaldes-e-intendentes

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó en enero un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina.

El documento se presenta en el marco de la Segunda Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, que organiza la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Latina del Sur (ACNUDH), y que tendrá lugar en Santiago de Chile, del 17 al 19 de enero.

El informe subraya el alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones.

El documento contiene además múltiples ejemplos sobre el tipo de abusos; así como recomendaciones específicas dirigidas a empresas y gobiernos.

Datos sobre los abusos en América Latina

De septiembre de 2013 a diciembre de 2016, el CIEDH invitó en 156 ocasiones a diversas empresas a responder a abusos en contra de personas defensoras que se oponían a diferentes proyectos empresariales.

En base a esta muestra, se encontró que los sectores en donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético con 41% del total de las invitaciones enviadas; el sector minero (27%), el sector de la construcción (13%) y el sector agrícola, alimentos y bebidas (12%).

También fueron documentadas 51 intimidaciones y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Los países más peligrosos fueron: Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Abusos registrados en Perú

En cuanto al Perú el informe menciona 47 asesinatos, registrados en los últimos 3 años en conflictos con empresas mineras y petroleras.

Todas las víctimas fueron miembros de comunidades que se oponen a las actividades extractivas por la falta de consulta previa, libre e informada, el derecho al agua y a la tierra.

Asimismo, reporta los recientes incidentes sufridos por Máxima Acuña y su esposo relacionados con la empresa minera Yanacocha, entre otros hechos recogidos.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad/12/01/2017/realizan-informe-sobre-abusos-defensoresas-de-derechos-humanos-relacionados

“La economía de América Latina depende de las regalías que originan las industrias extractivas, especialmente de la minería. Por eso se siguen impulsando más, pese a todos los conflictos socioambientales que se están dando”, dijo José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental y subdirector de la ONG Cooperacción en el marco de la sesión pública de la Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE) que se llevó a cabo en Lima el pasado mes de octubre.

De acuerdo a un estudio de febrero del presente año de la RLIE, titulado “América Latina al final del superciclo”, entre 2003 y 2008 se dio una crecida de los precios en los recursos extraídos por la minería. Entre las causas de esta subida, conocida como “el superciclo de precios”, están el dinamismo del comercio mundial, la abundante liquidez en los mercados financieros internacionales, el crecimiento de la inversión privada y los altos precios de los recursos naturales, se detalla.

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