La extracción de minerales por parte de poderes externos a la región es algo que siempre ha estado presente en América Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación minera en la región son las mineras canadienses. Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros canadienses en América Latina que presentan graves impactos en el ambiente y vulneraciones de Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué se llevan los recursos mineros?

MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países de la región.

De estos, 39 están en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú, la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148 conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras canadienses.

“En total tenemos registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el 70% de los conflictos de nuestra base muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla, coordinador del OCMAL.

De acuerdo con Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

MINERAS CANADIENSES
La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, e incluso al país se le considera “una potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos humanos.

Esto resulta relevante al tener en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las empresas mineras del mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares).

Entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.

Actualmente, las siete empresas mineras canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.

De acuerdo con el informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development Canada y de sus Embajadas.

Esto no ha cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau, primer ministro que se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones progresistas y pro refugiados. The New York Times se ha referido a esto como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.

En Costa Rica, en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo de Crucitas (norte del país). El abogado ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura que las empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno de ese país debería reponsabilizarse.

“La minería canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las más despiadadas en ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía política con el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente de ese gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas Latitudes.

“Si me quedó algo claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas, fue que la embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa. No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento tiene una corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.

Posterior a esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el país.

Para Araya, el gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades mineras en América Latina.

IMPACTO
Tanto las empresas canadienses como el gobierno de Canadá tienen conocimiento del grave impacto ambiental de estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con la contaminación del aire, las aguas y el suelo.

En seis de los casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes de agua.

“En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros factores, por la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un cauce de agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.

“En Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en 2008. En junio de 2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas de la Universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.

Por otro lado, en Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los glaciares.  En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de galería y un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para la construcción de la carretera de acceso, de helipuertos, de campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se ha determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha causado una fuerte contaminación del agua.

Además, varios proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son característicos: son previstos y gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad del proyecto.

Un ejemplo es el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.

“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.

Asimismo, la presencia de mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la protesta. También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a los proyectos y trabajadores de las minas.

En el informe se señala que en diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta de por lo menos 23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las consecuencias de las actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas: afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa, Canadá ve en América Latina Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría. Pero la contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y para) todos.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/el-rastro-de-sangre-de-las-mineras-canadienses-en-america-latina/

Tania Sosa, ingeniera y consultora independiente tiene experiencia en las industrias extractivas de minerías, Cambio Climático y Medio Ambiente. Forma parte de un equipo de investigación que trabajará el tema de la Minería, Economía y Derechos Humanos.

“Este es el enfoque que daremos a este estudio, que engloba a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua , donde buscamos, ante todo, fortalecer las capacidades de las organizaciones sociales a partir de los problemas comunes que les afectan y establecer estrategias ante nuevas posibilidades de lucha desde organizaciones como Madre Selva de Guatemala, Centro Humboldt, de Nicaragua, ERIC de Honduras y CRIPDES de El Salvador en el tema de minería”, dijo a Diario Co Latino .

-¿Cómo se constituye el proyecto?

El estudio contempla tres fases. La primera etapa tiene que ver con el análisis macroeconómico, porque hay diferencias entre países a excepción de El Salvador, que no tiene producción minera, ni exportación, o sea, nos estamos acercando a la perspectiva económica que incluye la generación de empleo, inversión financiera, o sea, todos estos aspectos de riqueza.
Después, exploraremos la parte sobre las concesiones (licencias de explotación) para ver el manejo de las mismas, entre el período 2006 al 2016, que utilizaremos en el estudio. Y el tercer aspecto, que es la principal, son las relaciones de derechos humanos por actividad minera tomando datos de cada país.
En este aspecto Madre Selva mandó documentado el Caso de explotación del Níquel, un proyecto de la CGN que fue comprada recientemente por una
empresa rusa, entonces, ahí hay muchos procesos de adquisición de propiedades, que han sido bastante irregulares. Hay muchas evidencias de violaciones a procesos de obligatorio cumplimiento, como la consulta a los Pueblos Indígenas, que por ley deben tomar en cuenta su decisión de los proyectos en sus territorios, y vale la pena tomar este tipo de casos, para evidenciar las irregularidades que son muy comunes en Guatemala.

-¿Qué sucede en Centroamérica que permite este tipo de empresas que afectan a la población y recursos naturales?

Hay que verlo así, la minería no es una actividad sostenible para comenzar, pese a que las empresas mineras digan lo contrario; la minería es una actividad extractiva que explota un recurso que es finito. Y en los casos que vamos a conocer analizaremos las denuncias de amenazas y violaciones a poblaciones o pueblos indígenas que son las más vulnerables. Y esta precariedad se da, porque estos pueblos, muchas veces, los gobiernos no han tenido el alcance o la capacidad para cubrir sus necesidades básicas como el empleo, agua, educación, entonces, la situación genera que todas estas necesidades se ven trasladadas a las empresas privadas y es de esta forma, que las transnacionales entran a las comunidades, convenciéndolas que les van a proveer o darán su apoyo en demandas como el agua, la salud y otros proyectos sociales.

Y claro, las empresas se refugian  bajo la sombrilla de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y desgraciadamente está de la mano con los Estados por la inversión.

– ¿Por qué criminalizar al movimiento social?

Si, la criminalización de los movimientos sociales ya tiene años, situación no resuelta y en cambio se ha ido incrementado. En Nicaragua antes no se hablaba de marchas que fueran reprimidas y ahora sí; en los años noventa la gente podía salir a la calle a reclamar y no existía el nivel de represión que hay en la actualidad, incluso, limitan los pueblos y no los dejan salir de su zona.
Hubo casos extremos como en la Mina Limón, al Occidente de Nicaragua, cuya, población tuvo una confrontación de frente con la policía; hubo muchos heridos y terminó en la destrucción de la propiedad de la empresa por el mismo tema de la violencia que se provocó; en fin, el tema es que la policía y los militares han venido a quedarse en la defensa y protección de la inversión extranjera que puede ser canadiense, estadounidense, china y rusa. Las que se han expandido y vulneran en términos de interés y derechos humanos a las comunidades que se oponen a este tipo de actividad.

– ¿Qué esperan evidenciar con el estudio?

El objetivo básico y ojalá podamos encontrar una manera en que todos los países trabajemos conjuntamente luego de presentado el estudio, y la búsqueda de una estrategia más efectiva para hacer denuncias alrededor de violaciones de derechos humanos en nuestras comunidades.
Denunciar también los impactos al medio ambiente y como se violentan los derechos de las comunidades y poner en alerta a todos nuestros Estados, que la actividad minera en nuestros países está generando un impacto negativo. Y que realmente no es una actividad sostenible, ni viable como ellos se han vendido; tampoco generan empleos, ni ingresos fiscales.

– ¿Qué ocurre en el área fiscal?

La forma o idea como ellos manejan sus inversiones está claro, nuestros países no se quedan con nada en términos de porcentaje que se cobra en Centroamérica por esta actividad extractivista, en algunos países solamente reciben el 3% del 100% que producen las empresas mineras, eso no es nada.

Gobiernos como Nicaragua y Honduras reciben un 3%, mientras en Guatemala 1% ; aunque en El Salvador, las cosas cambiaron con la Ley de prohibición de la minería metálica, pero igualmente recibía el 1% del total de la minera, frente a la transnacional que se quedaba con el 97% restante. He tenido la oportunidad de hablar con otros compañeros de organizaciones sociales como en África y ahí pagan entre el 25 a 35% sobre la producción del 100% de la industria minera, o sea, estamos regalando nuestros recursos naturales.

-¿Cuál es la situación de impuestos para las transnacionales mineras?

– El tema fiscal creemos que es importante porque no se había retomado de lleno, pero desgraciadamente en nuestros países hay pocos datos en ese sentido, ya sea, porque las instituciones los niegan que es el 88% de las veces o simplemente no hay capacidad en las instituciones para recoger esta información, y si bien, es limitado poder trabajar con pocos datos de los aportes de los inversionistas mineros; si podemos saber cuánto les exoneran. El ICEFI es una organización que trabaja en Guatemala y Honduras, que han ahondado muchos sobre ese tema, como la ganancia que dejan las mineras a los países y el sinnúmero de dispensas de pago.
Todos los Estados están en una condición de completa desventaja tanto jurídicamente en lo económico y medio ambiente; el hecho que les cobren tan poco significa que tuvieron una visión limitada de las leyes cuando las crearon que era, cuando las minerías no estaban en auge y no había precios como los que tenemos actualmente que están a 1, 200 dólares la onza troy. Y los gobiernos trataban de atraer inversión para mejorar la economía, pero la realidad es que se están regalando los recursos y dejando a la población más vulnerable.

-¿Cómo controlar esta situación de inversión versus pobreza?

– En el caso particular de Nicaragua el argumento eran que los proyectos servirían para hacer buenas carreteras, pero al final la construcción de la carretera era porque le servía a la minera para transportar sin dificultad su producción; entonces, que función real tenía de beneficio a la población si al final por la misma maquinaria pesada quedaban dañadas esas carreteras, o sea, el gran proyecto que iba ayudar a la comunidad no existía en el fondo. Hacen también proyectos básicos como pintar escuelas o se enfocan en proyectos de agua, pero la gente muchas veces, no está consciente que le están contaminando ese recurso y más, si es procesada en el lugar donde está las fuentes de agua, porque usan cianuro y muchos otros químicos que  implican contaminación permanente ¿Qué tanto se benefician las poblaciones esos proyectos de responsabilidad Social Empresarial?, nada, casi nunca nada.

Fuente:http://www.diariocolatino.com/proyectos-mineros-relacionados-la-criminalizacion-los-movimientos-sociales/

“Muchos gobiernos de América Latina criminalizan la protesta social y eso hace que defender el medio ambiente sea jugarse la vida”. Gustavo Castro Soto, defensor de la Tierra y del Medio Ambiente, testigo del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres, acogido en el programa de protección de Amnistía Internacional en España, ofreció ayer su testimonio sobre las dificultades que padecen las comunidades indígenas para defender su territorio de la especulación.

“Nos preguntamos por qué hay tantas muertes en América Latina, y la verdad es que la culpa de todo esto la tienen los gobiernos que venden los recursos a las grandes transnacionales”, indicó Castro. A su juicio, Berta Cáceres, a la que acompañó en su agonía, tenía muy claro que la iban a asesinar, “ella siempre decía que se acababa el tiempo para defendernos”. Gustavo Castro estima que el proceso de empobrecimiento de las poblaciones indígenas se irá agudizando a medida que los gobiernos firmen tratados de libre comercio. “Y en esta lucha, la violencia es cada vez más fuerte contra las mujeres, que son un símbolo de resistencia”, añadió. Ignacio Bernardo, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, destacó que no basta con defender los derechos humanos. “Hay que defender a sus defensores, que otros países se juegan la vida”. Celeste Intriago, de la Coordinadora de ONGD de Asturias, señaló que una parte de la lucha es “dar a conocer las situaciones injustas que se dan”. Castro fue uno de los fundadores del Movimiento Mexicano contra las Represas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/castro-defender-el-medio-ambiente-en-latinoamerica-es-jugarse-la-vida/

Si algo tienen en común Colombia y Perú es la presencia de una economía paralela ilegal y sin control estatal, vinculada al cultivo de hojas de coca y la posterior producción de cocaína a partir de ellas. De hecho, ambos países son los mayores productores mundiales de dicha sustancia. Asimismo, comparten otras particularidades como el conflicto entre los grupos armados y el Estado, lo que ha contribuido a delimitar un Estado paralelo en las zonas rurales. Por otra parte, es importante resaltar el papel que las empresas transnacionales desempeñan en áreas rurales a partir de su actividad extractivista. De esta forma la población que habita estas zonas se encuentra en medio de un fuego cruzado entre el Estado –o grupos paraestatales- y los movimientos de lucha armada. Para colmo de males deben soportar los daños colaterales de la contaminación producto de las mineras, quienes cuentan con el beneplácito estatal o bien actúan de manera ilegal por omisión de éste.

I

Tanto Colombia como Perú han tenido la particularidad de presentar una lucha armada cuyo principal escenario fue el territorio rural. En Perú el conflicto armado interno enfrentó en un frente al terrorismo que desarrollaron los grupos armados, especialmente Sendero Luminoso, y en el otro frente al terrorismo de Estado, ambos conformaron la denominada “guerra sucia” —con un altísimo costo en violaciones de los derechos humanos— que finalmente llevó a la derrota de los subversivos. El triunfo militar y la absurda parodia de “Acuerdo de Paz” celebrada en 1993, lejos de pacificar el conflicto permitió atizar el temor popular e insistir con la guerra como política para desbaratar todo intento de cuestionamientos al orden social o a la democracia. El retorno democrático luego de la década fujimorista, a fines de 2000, tampoco impulsó una política distinta respecto a Sendero Luminoso, por lo que sus miembros han continuado en zonas rurales como sicarios al servicio de los cultivos de coca, con apariciones esporádicas para ser utilizados como chivo expiatorio frente a cualquier situación de tensión social. Hoy la guerrilla no constituye un problema real para los pobladores rurales como sí lo representa la actividad económica extractivista.

En Colombia, el conflicto armado que ha asolado al país en el marco de un enfrentamiento entre grupos guerrilleros, paramilitares y las Fuerzas Armadas, ha sido otra de las causas del desplazamiento y la afectación a comunidades étnicas y pueblos indígenas en todo el territorio nacional, llevándolos incluso al peligro de la desaparición, como es el caso del pueblo Nukak Makú que ha vivido caminando en las selvas de la Amazonía, entre los ríos Guaviare e Inírida. Tradicionalmente, sus habitantes son cazadores y recolectores. Actualmente, desplazados, viven hacinados en ranchos, expuestos a las enfermedades y a la pérdida inminente de su cultura. Su población dispersa refleja la realidad del despojo territorial al interior de una pugna por un territorio estratégico. Históricamente el pueblo ha sufrido una importante presión para salir del territorio del Guaviare en disputa por la confluencia de intereses en torno al cultivo de coca, en donde las tareas de fumigación de los cultivos, las luchas territoriales, la dispersión de los colonos y los campos minados han supuesto una gran amenaza para esta población, que ya no puede acceder a sus territorios.

II

El 10 de mayo de 2016 salía a la luz en Lima, Perú, el informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”[1] del Instituto del Bien Común (IBC Perú), el cual busca responder de manera alternativa al discurso hegemónico reafirmado por el sentido común que sostiene que la modernidad debe conducir a la parcelación de las tierras comunales y a  individualizar los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas. El informe recoge información hasta marzo de 2016, y registra que las comunidades rurales alcanzan un total de 10.529, de las cuales alrededor de la mitad (4.023) no poseen título de propiedad, lo que constituye la mayor deuda histórica del Estado teniendo en cuenta que la mayoría de dichas comunidades preceden al propio Estado peruano. El informe describe el rol estatal evidenciando cómo los últimos cuatro gobiernos han sostenido la tendencia al debilitamiento del régimen de tierras comunales, facilitando su parcelación y loteo, lo que vehiculiza la transferencia de estas tierras rurales para ser explotadas y quedar a merced del gran capital, ya sea este transnacional o local. Para ello se han valido de una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas anticomunales.

En Colombia, con la promulgación de la Ley de víctimas y restitución de tierras- Ley 1448 de 2011- se dio un amplio avance en términos de reconocimiento social a las víctimas del conflicto y en particular a aquellas que sufrieron en el marco del mismo el desplazamiento forzado. Una de las principales medidas es el derecho a la restitución de tierras, una política que ha tenido enormes trabas en la implementación debido al desarrollo normativo contradictorio con el mismo dada la priorización que tienen frente a las disposiciones en cuanto a la restitución de tierras, estos son los Proyectos de Interés Estratégico Nacional^[2], las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, más conocidas como las “zonas francas para el agro”, criticadas por, entre otras cosas, legalizar la acumulación irregular de tierras adjudicadas como baldíos. Y la creación del grupo especial de Asuntos Medioambientales Minero Energéticos e Infraestructura para en la Unidad de Restitución, con orientación a estudiar las demandas de restitución traslapadas con los intereses de explotación de hidrocarburos, generalmente en conflicto con la presencia de pueblos indígenas.

III

En Colombia, después de dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe en los que el enfoque de los Planes Nacionales de Desarrollo se articuló en torno al eje de la Seguridad Democrática, con la llegada de Juan Manuel Santos al gobierno la apuesta dio el giro hacia la priorización del “Crecimiento Sostenible y la Competitividad”, bajo el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Democrática” (2010-2014).

Desde entonces el relato gira en torno a la necesidad de crecimiento económico como factor fundamental del bienestar económico, siendo las vías para llegar a este crecimiento la innovación, la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad y la dinamización de los sectores ‘locomotora’ que lideran el crecimiento económico, uno de ellos el sector minero energético.

El aperturismo estuvo guiado por el desarrollo de grandes descuentos tributarios y desregulación de la explotación del sector, dando lugar a tan solo un año después de la puesta en marcha del PND, a la entrega de 9000 títulos mineros (4% del territorio nacional).

Superado el primer gobierno y con la vía abierta hacia los diálogos de paz con las FARC el siguiente PND de Santos siguió priorizando la competitividad del país a partir de la consolidación del desarrollo minero-energético, entendiendo además que una Colombia pacificada sería también una forma más de fomentar el aperturismo en materia de explotación de recursos naturales.

Las tensiones evidentes en el marco de la ocupación de las tierras indígenas -sin atención a las demandas de los pobladores y sin tener en cuenta los procesos de consulta previa- han derivado en desplazamientos forzados de los territorios ancestrales, además de alarmas humanitarias por la desviación de ríos y arroyos. El caso del pueblo indígena Wuayuú es quizá uno de los casos más vergonzantes en el marco de la explotación minera a cielo abierto en América Latina.

La mina de Cerrejón acapara y utiliza millones de litros de agua del Río Ranchería que supone el desabastecimiento de agua para el pueblo Wuayuú; en marzo de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, confirmó la muerte de 19 niños y niñas ocurridas desde julio de 2013. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, han muerto 5 mil niños Wayúu en los últimos seis años. Las causas: desnutrición ligada a la falta de agua en la región.

A pesar de que la muerte y desnutrición de los niños está asociada al consumo de agua contaminada, agravada por la falta de atención médica oportuna y la obligada finalización de sus actividades culturales, las instituciones públicas insisten cubrir las demandas de la minera: la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, autorizaron al Cerrejón, el desvío del cauce del arroyo Bruno^[3], lo cual vulnera los derechos fundamentales y vitales de la población ahí asentada colocándola en grave riesgo.

La producción minera es un pilar fundamental de la economía peruana. En Perú rige el modelo de autoregulación corporativa de las relaciones empresa-comunidades, el cual se mantiene en pie a pesar de la propagación de conflictos que ha suscitado. Las empresas y las comunidades locales así como sus organizaciones se ven forzadas a entablar negociaciones en la esfera de lo privado. El rol del Estado se limita a una intervención que no hace más que profundizar las asimetrías y desplegar la violencia física para enfrentar la oposición organizada a proyectos mineros específicos.

Uno de los factores detrás de la aparición de conflictos es la ausencia del Estado, principalmente en su labor redistributiva de los aportes de la minería mediante el canon minero -dinero que recibe el Gobierno Local como transferencia de parte del Gobierno Nacional- el cual supone que los territorios en los que se realiza una actividad extractiva de un recurso natural no renovable deben contar con una participación proporcional del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona. El Canon Minero tiene por objeto el compensar a las comunidades por el beneficio privado de la extracción y comercialización de un recurso natural que constituye un bien público. En teoría, dicho canon debe contribuir a promover el desarrollo humano integral, sostenible y equitativo de toda la población que se encuentra en las zonas de influencia directa de la actividad minera, a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo y prevenir/contrarrestar los efectos o impactos negativos al medio ambiente que pudiera generarse por la actividad minera. Sin embargo la realidad dista mucho de la teoría.

Cajamarca, bastión clave en la organización anti-minería, tiene una vasta experiencia sobre las graves consecuencias que la actividad extractiva supone para la comunidad. Las localidades de San Juan, Magdalena y el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa, sufrieron el 2 de junio del 2000 las consecuencias de un derrame de cerca de 11 litros –equivalente a 150 kilos- de mercurio elemental. El saldo: una intoxicación masiva de alrededor de 1200 campesinos, entre adultos y niños. Actualmente el descontento de la población es tal que la férrea oposición al proyecto de Conga ha sido decisiva para obtener el primer lugar en suu distrito –Cajamarca- en las elecciones presidenciales 2016 del exgobernador regional, Gregorio Santos Guerrero. Las comunidades reclaman por la notoria afectación y contaminación de la cantidad y calidad de sus aguas de riego, el impacto de la minería en detrimento de sus habitantes es tal que ha pasado del cuarto al segundo lugar entre los departamentos más pobres del Perú. La minera Yanacocha en Conga, –cuyo accionariado está compuesto por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura–  representaba una inversión estimada de US$4.800 millones, sin embargo fue suspendida a finales del 2011 por protestas contra un plan que incluía el trasvase de cuatro lagunas (Perol, Azul, Mala y Chica), consideradas por agricultores de la zona como cabeceras de cuencas hidrográficas en Cajamarca.

La Oroya, ciudad de los Andes Centrales ubicada a 175 km de Lima, ha sido declarada en 2013 en quinto lugar entre las diez ciudades más contaminadas del mundo por el Instituto Blacksmith. El ranking anual efectuado sobre los sitios menos recomendables para vivir fue efectuado considerando la cantidad de sustancias tóxicas en aire, suelo y agua. Los autores del informe se basaron tanto en la presencia de metales pesados, mercurio, arsénico, pesticidas y radionúclidos en el ambiente. También se tomó en cuenta el número de personas potencialmente expuestas al impacto de esos factores.  La ciudad se encuentra sitiada por la contaminación causada por el complejo metalúrgico de la empresa estadounidense Doe Run, la cual afecta al 99% de sus 33.000 pobladores.

El proyecto de Tía María valorizado en US$1.400 millones e implementado por Southern Copper en Arequipa, derivó en uno de los conflictos que más víctimas ha cobrado en los últimos años registrando siete muertos y más de 230 heridos en 2016. El Frente de Defensa de Valle de Tambo –zona agrícola ubicada en el área de influencia de la minera– advirtió que el proyecto agravaría los problemas de disponibilidad hídrica. En septiembre del pasado año el Valle de Tambo fue declarado en emergencia por escasez de agua.

La zona de Madre de Dios en la Amazonía peruana ha sufrido fuertes modificaciones, por un lado debido al rápido incremento del precio internacional del oro y, por otro, a causa de la construcción de la Carretera Interoceánica. El arribo de la minería ilegal ha proliferado exponencialmente, causando a su paso un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales. Comunidades agrícolas y mineras -y en particular, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas de Madre de Dios- están expuestos a estos metales a través del consumo de peces, que son la principal fuente de proteínas en la Amazonía. En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco veces el límite aceptable, y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido por la OMS.

Hace algo más de una década, como consecuencia de un desastre ambiental en una mina en Brasil, las empresas mineras iniciaron una reflexión sobre los graves perjuicios que podrían provocar eventos climáticos extremos en sus procesos productivos. En el caso mencionado, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de un dique de contención de desechos mineros, generando un daño ambiental de magnitud en el Estado de Río de Janeiro y el colapso de las operaciones. Este tipo de evaluación comenzó a formar parte de la agenda de reflexión del Consejo Internacional de Minería y Metales.

Lo cierto es que en algunas operaciones mineras la situación sigue siendo preocupante y las catástrofes por desbordes se han repetido. Por ejemplo, en noviembre de 2015, en el propio Brasil ocurrió uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia reciente, como consecuencia de la ruptura de un dique de la minera Samarco (BHP Billiton-Vale), que contenía 62 millones de metros cúbicos de residuos de arsénico, cadmio, plomo, cromo, mercurio, etc. El hecho ocurrió en el municipio de Mariana en Minas Gerais y el saldo fue de 19 personas fallecidas y millares de afectados, el suministro de agua potable para 250 mil personas fue cortado por la cantidad de barro y la presencia de metales. El lodo, luego de recorrer 650 kilómetros, incluso llegó al Atlántico.

En el Perú también se han vivido situaciones complicadas, que además se pueden proyectar como tremendamente riesgosas por las características de ser un país sísmico y donde se presentan regularmente fenómenos extremos, que todo indica serán cada vez más frecuentes, agudos y variados.

Por ejemplo, el junio de 2010 colapsó el dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica en Angaraes (Huancavelica) y los desechos afectaron el río Escalera, afectando además varios afluentes. Esta empresa había construido el dique sobre una planta relavera sin la autorización correspondiente y la estructura simplemente colapsó, originando una catástrofe en la zona.

Otra afectación por el derrame de 15 mil metros cúbicos de un relave minero de la empresa Shila, se produjo en marzo 2016, en la provincia de Caylloma, Arequipa, contaminando afluentes del río Colca, como consecuencia de la ruptura de una geomembrana. La empresa Buenaventura adujo un tema de sabotaje provocado por los mineros informales de la zona.

Quizás, uno de los casos más preocupantes, que simboliza por un lado la desidia de las autoridades y por otro la irresponsabilidad de una empresa minera, es el de la relavera de Tamboraque, que se ubica en la cuenca alta del río Rímac, en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí (apenas a 93 kilómetros de la ciudad de Lima). Son cerca de 630 mil toneladas de residuos tóxicos que concentra la planta de relaves de Tamboraque, a pocos metros del río Rímac, que como se sabe es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Pese a que instituciones como Defensa Civil, Sedapal, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Lima, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, han planteado desde hace varios años la clausura inmediata de esta cancha de relaves y su reubicación a una zona segura, la empresa viene postergando su reubicación y este año ha pedido una nueva ampliación. En una zona donde se presentan regularmente lluvias torrenciales y continuos deslizamientos, los riesgos se incrementan y un colapso de la relavera sobre el río, dejaría a la ciudad de Lima sin agua por tiempo indeterminado. Además, no hay que dejar de considerar los riesgos que representa estar en una sísmica.

Otro caso que no puede dejar de mencionarse es el de las operaciones de la minería informal y abiertamente ilegal, que se desarrollan en varias regiones del país. En muchas de las zonas castigadas por el denominado «Niño Costero» se ubica una extensiva actividad de mineros ilegales: varias provincias de La Libertad, el distrito de Suyo, en Ayabaca y Las Lomas en Piura, Canta y Huarochirí en Lima, Caylloma y Caravelí en Arequipa, son solo algunos ejemplos de zonas en riesgo que deben ser evaluadas por el tipo de labores, el uso de mercurio y otras sustancias altamente tóxicas.

Lo cierto es que frente a los riesgos en temas de infraestructura, transporte y comunicaciones, impactos de lluvias torrenciales en algunas regiones y otros fenómenos, la llegada del «Niño Costero» pone en la agenda la reflexión sobre cómo el país debería desarrollar prevención y políticas de adaptación a este tipo de eventos climáticos extremos. Entre las distintas alternativas e instrumentos ocupan un lugar principal los planes de ordenamiento territorial por su enfoque preventivo, instrumentos financieros adecuados, planes de contingencia, restauración de servicios y planes de reconstrucción que deben considerar como premisa central el tema de la adaptación.

El tema de adaptación también involucra a los diferentes procesos productivos, entre ellos, los mineros. No debemos olvidar que en el Perú se presentan siete de las nueve características que aumentan la vulnerabilidad ante el cambio climático: zonas costeras bajas; zonas áridas o semiáridas; zonas expuestas a inundaciones; sequías y desertificación; ecosistemas montañosos frágiles; zonas propensas a desastres y; zonas urbanas con alta contaminación atmosférica.

Lo que se está viviendo en varias regiones del país, debería ser una clarinada de alerta: si no se implementan políticas de adaptación en serio y a fondo, los impactos serán cada vez más significativos. Si se quiere ver el lado económico, cálculos hechos para el Banco Central de Reserva del Perú proyectan pérdidas asociadas al cambio climático del orden del 6.3% del PBI al 2030 y de más del 20% al 2050.

Debemos reaccionar e iniciar procesos de transición con planes y estrategias que dejen de ser ambiguas, sin metas concretas ni plazos definidos y sin indicadores verificables. Es inaceptable que se pretenda seguir actuando como si la economía y el país se moviese al margen de este tipo de eventos climáticos que ya han tocado la puerta y han ingresado a nuestra realidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/706-la-mineria-y-los-eventos-naturales-extremos

La lucha contra el extractivismo en América Latina, es en gran parte liderada por las mujeres. Bien es se ha afirmado, que cuando las multinacionales impactan la tierra con su modelo de desarrollo, el cuerpo de las mujeres se ve paralelamente afectado. Y Justamente para visibilizar esas luchas investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, y Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra de Colombia crearon un mapa donde se sitúan las resistencias de las mujeres.

Se trata del mapa “Mujeres Latinoamericanas Tejiendo territorios”, que se presentó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Luchas de las Mujeres. Allí se destacan 21 conflictos, y con ellos, los testimonios y experiencias de las lideresas que han sido afectadas por las actividades mineras.

“El mapa pone en evidencia el vínculo entre violencia y dominación contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres. Pero también pone en cuestión el mito de que estas mujeres son víctimas pasivas. De hecho, hay casos en que las minas han sido detenidas o los proyectos han sido rediseñados como resultado de su activismo”, explica Leah Temper, coordinadora del ACKnowl-EJ y Directora del Ejatlas del ICTA-UAB.

Diversos casos del mapa dan cuenta de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por las actividades extractivas. El asesinato de mujeres es parte de un patrón de persecución que se está denunciando como feminicidio. Asimismo, visibiliza los casos en que las mujeres son criminalizadas y sus vidas puestas en peligro. Pero también, se muestran las propuestas de paz territorial que se forjan desde las lideresas y sus comunidades.

“Este continente es un hervidero de procesos de defensa territorial donde nosotras las mujeres tenemos un rol protagónico. La lucha por la defensa de nuestros territorios y de nuestros cuerpos es fundamental para enfrentar la andanada de proyectos extractivistas que se cierne sobre América Latina. ¿Qué mejor fecha para hacer este homenaje a las mujeres? El 8 de marzo es un día de resistencia, un día para conmemorar el papel de las mujeres en la construcción de la historia de la humanidad», expresa Daniela Rojas, de CENSAT Agua Viva de Colombia.

El mapa recoge testimonios como el de Rosa Govela, miembro de una red de afectados por la mina Tuligtic en Puebla, México, quien aseguró que se encuentran en resistencia “porque cuando se complica la producción de alimento en un territorio, ese efecto va directamente a las mujeres por la angustia de no saber de cómo darle alimento a su familia. Otra realidad es el aumento de la prostitución, de la venta del alcohol en las familias, de la violencia contra las mujeres aumenta y del tráfico de personas, la trata”.

Fuente:http://www.contagioradio.com/mapa-situa-la-lucha-de-las-mujeres-que-resisten-al-extractivismo-en-america-latina-articulo-37545/

Bolivia, Colombia, Ecuador y México. Un resumen en cifras de cuatro casos sobre poblaciones afectadas debido a actividad minera

Contaminación. Esa palabra resume de manera directa el problema  que abordó  Mongabay Latam en Minería Extrema, un especial en el que a través de casos en Bolivia, Colombia, Ecuador y México se muestra cómo  la actividad minera ha afectado los ríos y la salud de las personas.

En Bolivia se relata el caso de comunidades de Oruro y cómo estas vienen soportando décadas de contaminación debido a ríos cargados de metales pesados.

En Colombia la historia es sobre Buenos Aires y Suárez, dos pueblos mineros del norte del Cauca, y de cómo en menos de 15 años el mercurio ha afectado los ríos y los cuerpos de los habitantes.

En Ecuador, por su parte, alrededor de 15 ríos y esteros del norte de la provincia de Esmeraldas están contaminados y ya se han reportado problemas de salud.

En México, finalmente, está el caso de un municipio de Querétaro  en el que pobladores se han visto afectados por exposición a metales pesados.

A continuación presentamos una infografía con los números de cuatro casos por contaminación  minera en Bolivia, Colombia, Ecuador y México.

Seguir leyendo …..en https://es.mongabay.com/2017/03/mineria-extrema-los-numeros-nos-dejan-cuatro-historias-contaminacion/

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/03/mineria-extrema-los-numeros-nos-dejan-cuatro-historias-contaminacion/

Casi dos años después de que un grupo de expertos del Grupo de Trabajo en “Energía y desarrollo” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) resaltaran la urgencia de crear una “OPEP del litio” para que Bolivia,

Argentina y Chile controlen los precios del mineral y avancen en proyectos de industrialización, la propuesta parece estancada.
El interés de Bolivia y Argentina en años anteriores ha sido no solamente explotar y exportar el litio y sus derivados directos (carbonato de litio y cloruro de potasio), sino el de dar el salto tecnológico hacia la fabricación comercial de baterías, para lo cual la integración es vital, más allá de las diferencias de fondo respecto a cómo estos países están encarando la industria.
Pero estas diferencias son precisamente algunas de las principales dificultades para dicha integración. Una traba particular en los anteriores años fue la visión de Chile, que quiere  exportar la materia prima en su estado purificado (99,6% “grado batería”), buscando controlar el precio y el mercado, pues ya es el principal exportador del mundo de carbonato (seguidos por la Argentina), y no muestra intenciones de realizar la batería.
Un experto del grupo de trabajo de Clacso considera además que, por esta razón, a Chile no le interesa conformar la “OPEP del litio”, y que su postura está más cerca del libre mercado que tanto interesa a las transnacionales.
Por su parte, el investigador chileno Manuel Salazar Salvo, en un reciente artículo para la revista Punto Final de ese mismo país, muestra una abrumadora presencia transnacional, entre las que predominan la SQM y la Sociedad Chilena del Litio, filial de Rockwood Lithium.

SQM es controlada en Chile por Julio Ponce Lerou, quien, según Salazar, es “sindicado como uno de los principales financistas de la política a través de pagos irregulares y presuntos sobornos y cohechos”.
Esta empresa extrae el litio desde el Salar de Atacama por concesiones obtenidas en 1992. El economista e investigador argentino, Julián Zícari, advirtió que la presencia de SQM ya deprimió el precio del litio en un 40% en la década de los 1990s.

Chile: extraer y exportar
Junto a SQM, Rockwood es el otro productor de litio en Chile, mediante los contratos de arrendamiento que mantienen con Corfo en el Salar de Atacama. SQM ya ha ocupado el 55% del contrato que mantiene con la corporación estatal. En enero de 2016 Rockwood selló un acuerdo con Corfo que le permitirá subir su producción de 24 mil toneladas anuales hasta 80 mil toneladas.
Según Salazar, dicho convenio elevará las regalías pagadas por Rockwood, que deberá además entregar aportes a la investigación y desarrollo por un valor de entre 6 y 12,4 millones de dólares al año. El gobierno chileno espera recaudar desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta la fecha de término, en 2043, unos 2.700 millones de dólares.
La presencia transnacional se amplía el interés de tres empresas chinas (Vision Group, Kanhoo Group y MTL Shenzhen Group) junto a empresarios coreanos por levantar una planta de litio con un aporte inicial de 500 millones de dólares y una inversión final de 2.000 millones de dólares.
Las empresas Worley Parson, Posco, la Abu Dhabi Investment Authority y el equipo económico de la embajada de Francia también se han reunido con autoridades del Ministerio de Minería de Chile.
La australiana Lithium Power ya se está asociando a empresarios locales para extraer el mineral en el Salar de Maricunga, en la alta cordillera de Atacama mediante la inversión de 360 millones de dólares.

El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) ha
documentado inquietantes incidentes de violencia relacionados con las compañías mineras canadienses en América Latina. En general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o reportando tales incidentes.

Lo que hemos hallado sobre el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015
El presente informe documenta incidentes corroborados por al menos dos fuentes independientes:

• incidentes en que aparecen involucradas 28 compañías canadienses;
• 44 muertes, 30 de las cuales clasificamos como “selectivas”;
• 403 personas heridas, de las cuales 363 lo fueron durante protestas y confrontaciones;
• 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; y
• una amplia distribución geográfica de violencia documentada: las muertes ocurrieron en once países; resultaron heridas personas en trece países; la criminalización se produjo en doce países.

Adicionalmente, nuestra investigación muestra que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen reportes de violencia en sus divulgaciones obligatorias sobre el desempeño corporativo. Entre 2000 y 2015:

• las compañías que cotizan en bolsa reportaron solo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe; y
• las compañías más grandes propendieron a informar sobre los incidentes de forma general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle.

¿En qué radica la importancia de este estudio?

Este informe sobre la violencia y la criminalización relacionadas con la industria minera canadiense en América Latina es el primero que:

• compila información sobre los incidentes reportados a lo largo de un período de 15 años;
• menciona los nombres de las compañías involucradas, y busca sus comentarios sobre los incidentes; y
• brinda los detalles y las fuentes de los incidentes, de manera que terceras partes puedan reproducir nuestros resultados.

Los incidentes documentados en este informe parecen ser solo la punta del iceberg. En el curso de la realización de nuestro estudio nos encontramos con que no podíamos incluir muchos reportes de muertos, heridos y casos de criminalización, porque no podían ser corroborados mediante dos fuentes independientes. No nos resultaba posible incluir amenazas de muerte, quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, desplazamientos forzosos, intentos de asesinato sin heridas reportadas, enfermedades causadas por la contaminación ambiental, o traumas sicológicos provocados por la violencia, debido a que hubiera sido necesario examinar un excesivo número de fuentes para documentar estos casos. La violencia que se reporta es solo la ocurrida en América Latina, y no comprende la que se relaciona con las minas canadienses en otras partes del mundo.

El mundo está fijando su atención en las compañías canadienses, no precisamente por su importancia comercial, sino por su indebido comportamiento Canadá ha sido criticado internacionalmente por su falta de supervisión de las compañías mineras canadienses. Se señala a Canadá por el hecho del gran número de compañías mineras que están domiciliadas en este país en vez de en otros. El 41% de las mayores compañías mineras que operan en América Latina son canadienses.

• Cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre la responsabilidad de las compañías canadienses, y ha solicitado a Canadá que adopte medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
• En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Trudeau, en la que demandan acciones sobre las promesas de un mecanismo de responsabilidad corporativa y estatal.

Las actuales políticas del gobierno canadiense no están enfrentando el problema

El gobierno de Canadá continúa promoviendo la “Marca Canadiense”, que se basa en normas voluntarias, no obligatorias, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evaluar la conducta de las compañías. Las dos principales instancias responsabilizadas con la RSC son la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Consejero RSC), y el Punto Nacional de Contacto (PNC), que responde a la intergubernamental Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas dos instancias no realizan investigaciones ni tienen poder para sancionar a las compañías directamente o para compensar a las víctimas; únicamente están autorizadas para recomendar la retirada de la financiación por parte del gobierno canadiense, y el apoyo de las embajadas.

No hay referencias de que se realice una sistemática evaluación del comportamiento de las compañías, y no existe información disponible que indique que el actual Consejero RSC haya respondido a los informes de violencia o considerado la retirada del apoyo de una embajada canadiense.

No hay evidencia de que el gobierno no tenga capacidad para atender más reclamaciones

La comunidad internacional demanda un mecanismo más firme de exigencia de responsabilidades al Estado y a las compañías, pero quienes se oponen argumentan que el gobierno no tiene capacidad para manejar las reclamaciones. Sin embargo, nada indica que el actual Consejero RSC tenga un exceso de casos que atender, como tampoco lo tiene el PNC:

• La Oficina del Consejero RSC se creó en 2009, y solo ha atendido seis reclamaciones hasta la fecha.
• El sitio web del actual Consejero no muestra indicaciones de alguna investigación, mediación en disputas, realización de diálogos o cualquier otra participación en conflictos específicos.
• La oficina del actual Consejero RSC no ha presentado un informe anual, y las únicas publicaciones que ha realizado son notas de prensa sobre seis discursos pronunciados por el Consejero desde su nombramiento en 2015.

Por su parte, el PNC solo ha atendido un caso en 2015, y cinco en total desde 2011.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/la-marca-canadiense-la-violencia-y-las-companias-mineras-canadienses-en-america-latina/