La Red Canadiense sobre la Rendición de Cuenta de las Empresas (RCRCE) se alegra del anuncio que hizo el ministro de Comercio internacional acerca de la creación de un puesto de ombudsman para las empresas canadienses que operan en el extranjero. El ombudsman de los derechos humanos llevará a cabo investigaciones independientes relacionadas a quejas sobre operaciones de empresas canadienses en el extranjero y sus conclusiones en cuanto a alegaciones con respeto a perjuicios se harán públicas. Su oficina hará recomendaciones en materia de reparaciones, en lo que concierne la admisibilidad de las empresas a servicios gubernamentales y la reforma de las políticas y leyes.

“A lo largo de los años, se han planteado casos preocupantes, implicando alegaciones alarmantes según las cuales empresas mineras, entre otras, han sido responsables de violaciones de derechos humanos en diversos países”, declaró Alex Neve, Secretario general de Amnistía Internacional Canadá. “Por fin habrá un mecanismo y un proceso implementado para responsabilizar las empresas canadienses acerca de los derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

“La violencia sexual hacia las mujeres, particularmente las mujeres indígenas, ha sido asociada a proyectos comerciales canadienses en el extranjero”, declaró Jean Symes de Inter Pares. “La política extranjera feminista del gobierno actual requiere un ombudsman que se concentrará en la violencia que se ejerció en el pasado y trabajará para evitarla en el futuro.”

“Nuestro objetivo principal en el trabajo que se hizo para crear esta oficina ha sido de asegurar el acceso a la reparación para las personas afectadas por la explotación minera”, declaró Catherine Coumans de Mining Watch Canadá. “En casi 20 años, hemos visto el nivel de violaciones de derechos humanos y de conflictos vinculados a actividades mineras aumentar a nivel mundial, mientras que las empresas penetran cada vez más en regiones alejadas y en territorios de pueblos indígenas.”

“La credibilidad de esta nueva oficina se basa en su poder de acceder a informaciones pertinentes”, declaró Karyn Keenan de Above Ground. “La oficina del ombudsman debe estar dotada de las herramientas necesarias para poder obligar las empresas a divulgar sus informaciones.”

“Este nuevo mecanismo de rendición de cuentas de empresas canadienses debe ser transparente y libre de toda injerencia política cuando busca obtener información sobre actividades de empresas que afectan comunidades locales”, declaró Ian Thomson, especialista de políticas de las industrias extractivas de Oxfam Canadá.

“Las personas y las comunidades afectadas por las actividades mineras canadienses en todo el mundo podrán contar con esta oficina para prevenir y obtener reparación para las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses”, afirmó el Pastor Jordan Cantwell, moderador de la Iglesia Unida de Canadá.

“Los y las canadienses están pidiendo la creación de un puesto de ombudsman desde 2006”, declaró Serge Langlois, director general de Desarrollo y Paz-Caritas Canadá. “El anuncio de hoy es una respuesta a las acciones de más de 500mil canadienses que desde una década han estado pidiendo al gobierno que nombre un ombudsman.”

“La RCRCE continuará su trabajo con el gobierno para asegurar que el nuevo ombudsman de derechos humanos tenga la independencia y los poderes necesarios para garantizar su credibilidad ante todos los actores implicados, incluyendo las comunidades en el extranjero afectadas por las empresas canadienses”, declaró Emily Dwyer de la RCRCE.

Una oficina de ombudsman eficiente ayudará Canadá a posicionarse como líder mundial en el ámbito del negocio y de los derechos humanos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/01/las-comunidades-afectadas-por-las-empresas-canadienses-en-el-extranjero-por-fin-podran-hacerse-escuchar-el-gobierno-crea-un-ombudsman-para-los-derechos-humanos/

A pesar de la presión global para disminuir la minería del carbón y la quema del mineral para generar electricidad, varios países de América Latina y el Caribe mantienen en la actualidad proyectos para ampliar esa contaminante fuente energética.

Tales planes contradicen las metas climáticas adoptadas voluntariamente por las naciones de la región y el compromiso de incrementar las fuentes limpias y renovables, que forman parte del Acuerdo de París sobre el clima, aprobado en diciembre de 2015.

“América Latina no tiene un gran peso global en el sector, pero este sí tiene influencia regional. Además, Colombia exporta mucho carbón. El problema es que hay varios proyectos en planeación para explotar el mineral y eso amenaza con mantener esa dependencia por años”, dijo a IPS en esta ciudad alemana de Bonn, Heffa Schuecking, directora de la no gubernamental Urgewald.

La Lista Global para el Abandono del Carbón (GCEL, en inglés), elaborada por la organización alemana, exhibe la situación regional del mineral, en el marco del contexto global.

Urgewald presentó el reporte durante la 23 Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrolla desde el 6 y hasta el 17 en Bonn, parte de la que fue la franja industrial alemana, movilizada precisamente por la piedra negra.

El listado abarca unas 770 corporaciones extractivas, comercializadoras, prestadoras de servicios y generadoras termoeléctricas dentro de la cadena de valor del sector y señala que en América Latina y el Caribe, la capacidad termoeléctrica instalada con fuente carbonifera asciende a 17.909 megavatios (MW), de los cuales la mayoría opera en México (5.351 MW), Chile, (5.101 MW) y Brasil (4.355 MW).

Empero, los proyectos en marcha que contemplan el uso de carbón suman 8.427 MW, de los cuales Chile aportaría 2.647, Brasil 1.540, República Dominicana 1.070, Venezuela 1.000, Jamaica 1.000, Colombia 850 y Panamá 320. Esos emprendimientos anclarían aún más el contaminante mineral en la región y dificultarían su retiro para combatir el cambio climático.

La GCEL identifica 14 empresas originarias de la región, de las cuales cinco son brasileñas, otras cinco colombianas y una por país de Chile, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Además, empresas transnacionales como las estadounidenses AES y Drummond; la italiana Enel, la francesa Engie, la anglosuiza Glencore, la angloaustraliana BHP Billiton y la británica Anglo American también que operan en el sector del carbón en la región.

En la COP 23, cuya electricidad proviene parcialmente de la mina de lignito de Hambach, en las cercanías de Bonn, el reclamo en contra del carbón ha resonado, debido a la responsabilidad del mineral en la generación de gases contaminantes que recalientan el planeta.

Colombia extrae el mayor volumen de carbón en la zona -90 millones de toneladas en 2016-, en un sector dominado por las empresas transnacionales Drummond, Glencore, BHP Billiton y Anglo American.

Desde 2013, la extracción carbonífera colombiana ha oscilado entre los 85 millones y los 90 millones de toneladas, obtenidas principalmente en excavaciones a cielos abierto y destinadas principalmente a la exportación.

Mientras, la generación termoeléctrica de carbón ascendió a 1.369,5 MW en 2016.
Brasil produce unos ocho millones de toneladas de carbón al año y opera 21 turbinas termoeléctricas con el mineral que generan 3,71 millones de kilovatios, equivalentes a 2,27 por ciento de la capacidad instalada nacional.

En 2015, México produjo unos 7,25 millones de toneladas anuales, el nivel más bajo de los últimos años debido a que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha contraído la compra del mineral.

En paralelo, la generación carboeléctrica totalizó 30.124 millones de MW/h en 2015, 34.208 millones en 2016 y 24.274 millones en 2017 proveniente de tres plantas de CFE.

Chile pertenece al lote de los mayores generadores termoeléctricos de la región, con un parque a carbón constituidopor 29 unidades eléctricas que aportan 14.291 MW, equivalentes a 61,5 por ciento de la capacidad instalada nacional.

Carlos Rittl, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientales brasileñas, criticó aquí que su país carezca de una política clara hacia el carbón.

“Hay metas de energía renovable para 2030, pero se sigue subastando capacidad eléctrica para combustibles fósiles y se construyen plantas termoeléctricas. No hay un vínculo entre la agenda energética” y las metas voluntarias de reducción de gases contaminantes de Brasil, subrayó Rittl.

El ecólogo brasileño es uno de los 20.000 asistentes, entre delegados gubernamentales, académicos, de la sociedad civil, organismos internacionales y empresarios, a la COP 23.

La GCEL incorpora 88 por ciento de la producción mundial de carbón y 86 por ciento de la capacidad termoeléctrica instalada con base en el mineral.

Además, la base de datos identifica 225 compañías que planean la expansión de la minería del carbón y 282 que proyectan más plantas eléctricas.

De las 328 empresas mineras enlistadas, 30 cargan con más de la mitad de la producción mundial de carbón y de las 324 operadoras termoeléctricas, las mayores 31 poseen más de la mitad de la capacidad instalada global.

La campaña busca que los inversionistas retiren los fondos del sector carbonífero, a modo de cancelar nuevos proyectos y clausurar progresivamente los vigentes.

Colombia posee reservas carboníferas por 16.540 millones de toneladas. Mariana Rojas, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente del país, reconoció ante IPS la dificultad de abandonar ese fósil.

“Se trabajan diferentes estrategias para los diferentes sectores. Queremos incentivar el incremento de las renovables en la matriz energética, ha habido más competitividad por los bajos precios de las renovables. Pero no podemos llegar y sacudir a todos los sectores”, declaró la funcionaria.

El carbón quedó fuera del impuesto al carbono creado por la reforma tributaria de diciembre de 2016, prueba del poder de esa industria.

El informe “El carbón de Colombia: ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Minería, comercio global y cambio climático”, elaborado en 2015 por el no gubernamental Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, ya alertaba de que en el país andino se proyecta mantener la explotación minera de carbón hasta al menos 2079.

Brasil ya autorizó al menos otra planta en construcción por 340 MW, pero hay avales para al menos seis instalaciones más para generar 804 MW.

México afronta una situación similar, pues los permisos mineros vigentes expirarían a 2062 sobre reservas que superan los 700 millones de toneladas.

La estatal CFE de ese país ha recurrido desde 2015 a subastas electrónicas de carbón, para controlar el abastecimiento de más de dos millones de toneladas anuales y regular la actividad.

Schuecking, de Urgewald, instó a cerrar el grifo financiero a esos proyectos. “Un alejamiento veloz de las inversiones para el carbón por el sector financiero no es solo una cuestión de evitar activos devaluados, sino también de mantener un mundo habitable”, pidió.

Alemania ya le puso fecha de caducidad a ese material -2018-, mientras Canadá ya anunció que en 2030 dejará de quemarlo e Italia se comprometió a hacerlo en 2025.

“El primer paso es eliminar los subsidios al carbón” y redirigirlos a energía solar y eólica, propuso Rittl.

Fuente:https://www.nodal.am/2017/11/la-mineria-carbon-sigue-expandiendo-contaminacion-america-latina/

 ¿Qué tienen en común los satélites, las naves espaciales, las baterías recargables de teléfonos móviles, las computadoras, los celulares, los marcapasos, las cámaras digitales, los reactores atómicos, los vehículos eléctricos y los medicamentos antidepresivos? La respuesta es simple: el litio.

Ese mineral no metálico se encuentra principalmente en los salares naturales, pero también en “pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar”, explica el Ministerio de Minería de Chile.

Tiene la virtud de ser el metal más liviano, gracias a que tiene “la mitad de la densidad del agua”, y posee “excelentes condiciones” para conducir el calor y la electricidad.

Triangulo fértil

Una información publicada por el diario digital El Confidencial precisa que en América del Sur se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, alrededor del 58 % del total, aunque otras investigaciones sitúan ese porcentaje en el 85 %.

Por sus aplicaciones, también se denomina como ‘oro blanco’. Asimismo, su valor es otro aspecto relevante: mientras que en 1998 una tonelada de litio se cotizaba a 1.670 euros, en 2017 alcanzó los 8.600 euros.

Chile, Bolivia, Argentina y parte de Brasil concentran las mayores reservas de ese material, por lo que su manejo no está exento de repercusiones políticas.

Los yacimientos que conforman el triángulo del litio son:

Salar de Uyuni (Bolivia).
Salar de Atacama (Chile).
Salares de la puna de Jujuy y Salta (Argentina).
Salar del norte de Catamarca (Argentina).
Medio Valle del Jequitinhonha (Minas Gerais, Brasil)

Interesados

Detrás de sus reservas se encuentran “gobiernos, países y empresas transnacionales”, que necesitan el litio para “emplearlo en la fabricación de los más variados aparatos”, declara a RT el periodista y sociólogo uruguayo Rubén Armendáriz.

Como la utilidad de ese mineral es tan diversa, “se vuelve una necesidad muy grande”; en particular, para “las transnacionales automotrices” explica este autor del informe ‘Vienen por nuestro litio, con la excusa del auto eléctrico y la defensa del ambiente’.

Legislaciones

Armendáriz asegura que la explotación del litio en cada uno de los países con reservas “tiene que ver con las formas de cada uno de los gobiernos, con sus posiciones ideológicas”.

Por ejemplo, en Bolivia sucede “una cosa” —el Estado administra los salares de litio a través de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB)— y “otra muy diferente en Chile, Argentina o en el Brasil de Michel Temer”.

Por su parte, Chile realizó un llamado internacional para empresas interesadas en explotar el desierto de Atacama. Actualmente, ese país produce el 41 % del litio que se utiliza en el mundo.

Argentina apunta a un modelo similar: el pasado marzo se supo que las mineras Enirgi Group y Orocobre invertirán 720 y 160 millones de dólares, respectivamente, para explotar ese mineral.

Mientras, el Estado brasileño aplica el Proyecto de Evaluación Potencial de litio bajo la supervisión del Servicio Geológico de Brasil (CPRM), para el que fue anunciada una inversión de 40 millones de dólares por parte de Calvyn Gardner, representante de un fondo de inversión británico.

Cuestión de gobiernos

A pesar de que en Sudamérica existen “políticas muy claras” respecto a las reservas de litio, Rubén Armedáriz cree que las decisiones son “obviamente modificadas por los cambios de gobierno en cada país”, en la mayoría de los cuales “se favorece la explotación” por parte de “empresas transnacionales”.

Este especialista subraya que desde “Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático” se trata de imponer en el imaginario colectivo que los países productores de litio serían los “responsables de que no se ponga coto a la contaminación ambiental derivada del consumo del combustible fósil”.

Para Armendáriz, no resultaría extraño que, algún día, a las potencias mundiales se les ocurra argumentar que “deben ocupar los salares de litio” para “salvar el medio ambiente”, debido a que existen muchos intereses detrás de la idea de generar “la necesidad poseer o fabricar autos eléctricos”.

Este investigador explica que todas las estimaciones reflejan que falta al menos una década para que los vehículos eléctricos alcancen “apenas el 5 % del mercado mundial”, una iniciativa que requiere una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares para un suministro de litio hasta 2020.

“Es un gran negocio a largo plazo. Quizá después del 2025, pueda que se note algún ensayo de vehículos eléctricos en algunas de las grandes ciudades de América Latina”, asevera Rubén Armendáriz.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/11/quienes-intentan-apoderarse-del-oro-blanco-de-sudamerica/

Los vacíos legales canadienses favorecen la violación de los derechos humanos en países extranjeros pues las prácticas que sus empresas mineras tienen en el extranjero carecen de responsabilidad social y ambiental, propician el desplazo de las poblaciones marginadas, corrompen a los gobiernos locales y contaminan el medio ambiente

El gobierno de Canadá apoya al sector extractivo a pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en cuyos territorios operan los proyectos. A diferencia de otros países desarrollados, éste no cuenta con una sola ley que sancione las prácticas comerciales de sus compañías, aunque éstas ocasionan desastres ecológicos.

Las prácticas que sus mineras tienen en el extranjero carecen de responsabilidad social y ambiental, por lo que no sólo propician el desplazo de las poblaciones marginadas, sino que, además, corrompen a los gobiernos locales y contaminan el medio ambiente.

Los datos duros son alarmantes si se considera que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Según datos del informe denominado “Instituto Fraser” —que retoma el portal Sin Embargo—, estas empresas mineras cuentan con privilegios políticos, económicos y jurídicos que favorecen la violación de los derechos humanos en países extranjeros.

Las víctimas señalan a sus gobiernos locales por la falta de protección y lo permisivos que han sido con las empresas canadienses; por ello, más de 180 organizaciones de América Latina y otros países han solicitado desde abril de 2016 al primer ministro, Justin Trudeau, regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero.

Sorprende que de ser el impulsor de la Reforma c300 que buscaba sancionar legalmente a las compañías que incurrieran en actos ilícitos en otros países, el también maestro en Geografía Medioambiental no haya sido capaz de sacarla de “la congeladora”, luego que los conservadores durante el gobierno de Stephen Harper la rechazaran.

En su reciente visita a México su silencio sobre el tema fue criticado. No habló del despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses en territorio mexicano, ni de las peticiones que organizaciones internacionales le han hecho para regular los abusos en África y América Latina.

El carisma, los valores progresistas y humanitarios del primer ministro contrastan con la falta de responsabilidad social y ambiental que se le adjudica en México por las más de 17 mineras canadienses que, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, han sido registradas por daño a comunidades mexicanas.

La minería canadiense y su presencia en México

The New York Times señala que entre el 3 y 3.5 por ciento del PIB en Canadá es aportado por la industria minera y que el 65 por ciento de estos activos, se localizan fuera del territorio.

Según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación en México; y de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas en 37 casos que incluyen tres asesinatos y amenazas contra ejidatarios.

Organizaciones civiles nacionales y extranjeras coinciden en que, el fortalecimiento de los lazos comerciales entre México y Canadá, significa una derrota para los pueblos y comunidades indígenas cuyos derechos son violentados por la extracción de oro, plata, titanio, bario, hierro y antimonio.

De acuerdo con el informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” (elaborado por 30 organizaciones civiles y que se presentó en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), las actividades mineras propician el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios mexicanos y cuando estos intentan defender sus derechos, las propias empresas los niegan de manera directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales.

El Observatorio de Conflictos Mineros detectó 37 disputas en territorio nacional con mineras, de las cuales 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos y de esas dos, corresponden a Chiapas.

Sin embargo, la página de la Secretaría de Economía, con información del Servicio Geológico Nacional (SGN), señala que de los siete proyectos mineros en Chiapas ninguno ha sido cancelado.

Dos están en fase de exploración; y los cinco restantes, en postergación aunque su concesionaria, Blackfire, aparece como “salió del país”.
La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad-Nodo Chiapas denunció que el porcentaje de territorio concesionado a la minería dentro del estado aumentó del 2.85 al 15.96 por ciento entre el 2009 y 2013. Los datos de Geoinfomex revelaron que en ese periodo de cuatro años, se pasó de tener concesionada una extensión de 200 mil 400 hectáreas, a un millón 460 mil 740 hectáreas en 2015 destinadas para tal fin.

Afectaciones en la salud

Para Canadá, México es el segundo país más importante —después de Estados Unidos— para las empresas mineras que operan en el mundo, toda vez que el 11.3 por ciento de éstas se encuentran adscritas aquí; la actividad minera en la República mexicana ha registrado una caída a raíz de la baja demanda por parte de China.

En la actualidad, según el portal Sin Embargo, representa el 3 por ciento del PIB nacional, emplea de forma directa a 345 mil trabajadores, siendo Sonora el estado líder en producción y sus principales destinos de exportación son Estados Unidos y China.

Dichas operaciones se realizan sin supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, lo cual ya ha generado graves consecuencias para la salud de los habitantes de la región.

Impunidad Cero destaca que en Chiapas, las mujeres embarazadas parían bebés que nacían ya con heridas en la piel; mientras que en el municipio de Escuintla se reportan índices más altos de cáncer y destaca que al momento, no existen estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio, lo que imposibilita que exista un tratamiento adecuado para el tratamiento de dichas enfermedades.

Con la intención de frenar los abusos y el contagio de enfermedades en las zonas mineras, las organizaciones civiles internacionales han propuesto al primer ministro de Canadá crear una legislación que exija a las empresas responder por las afectaciones causadas extraterritorialmente con sus actuaciones, así como una política de prevención que busque evitar que esas afectaciones se reproduzcan.

Además, proponen el rediseño de los mecanismos de responsabilidad nacional e internacional de empresas y del propio Estado de Canadá, con el fin de respetar y garantizar los derechos humanos por parte de los Estados de origen de las empresas transnacionales.

Los discursos ambientalistas, a favor del aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de pueblos indígenas de Justin Trudeau se quedan huecos ante la inoperancia durante sus dos años de gestión por acatar las peticiones de organizaciones para regular el despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses a los países latinoamericanos y, desde luego, a México.

Fuente:http://www.aminera.com/2017/10/16/mineria-canadiense-florece-ante-silencio-trudeau/

El bloque económico conformado por el Perú, Chile, México y Colombia tienen retos en común para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, señaló la SNMPE en Perumin

La cartera de proyectos mineros del bloque económico Alianza del Pacífico, conformado por el Perú, México, Chile y Colombia, asciende a US$252.372 millones para los próximos diez años, informó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En el marco de Perumin, el mayor cónclave del sector minero en el Perú, Luis Marchese, presidente de la SNMPE, dijo que las naciones de la Alianza del Pacífico comparten desafíos comunes para impulsar la actividad minera. Entre ellos, dijo, están la necesidad de fortalecer la institucionalidad, cerrar el déficit de infraestructura, evitar la sobrerregulación y trabajar juntos en lo que respecta a capital humano e innovación tecnológica.

«En la Alianza del Pacífico nos encontramos importantes países productores de metales del mundo, y unidos nos permitirá diseñar políticas conjuntas que permitan asegurar la sostenibilidad y competitividad de la industria minera, tarea en la que deben estar plenamente comprometidos nuestros gobiernos», señaló Marchese.

Al detallar el potencial de inversión en cada país, el titular de la SNMPE dijo que el Perú cuenta con una cartera de 47 proyectos que comprometen inversiones por US$49.472 millones. De este total, el 64,7% corresponde a la extracción de cobre; 10,7%, a hierro; 12,8%, a polimetálicos; y a oro, 3,6%.

«Hoy el Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, cuarto de plomo y sexto de oro y estaño», destacó Marchese.

CHILE, MÉXICO Y COLOMBIA
La SNMPE indicó que Chile tiene para los próximos 10 años una cartera de inversión minera de US$65.000 millones en 47 proyectos mineros. El país sureño es el primer productor mundial de cobre, el segundo de molibdeno y el cuarto en plata.

En el caso de México, Marchese indicó que es el primer productor mundial de plata, quinto de plomo y zinc, octavo de oro y décimo de cobre. En dicha nación existen 55 proyectos mineros identificados que demandarían una inversión de US$130.400 millones.

Colombia, por su parte, espera captar inversiones que bordean los US$7,500 millones en los próximos cinco años, a fin de desarrollar este sector que tiene un alto potencial.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/asciende-cartera-proyectos-mineros-alianza-pacifico-noticia-459973

Canadá está de moda. De manos de su carismático primer ministro, Justin Trudeau, proyecta la imagen de una nación pacífica, progresista y socialmente responsable.

Y sin embargo, en América Latina, la presencia canadiense a menudo se percibe de forma muy distinta.

La expresión más concreta de la influencia canadiense en la región, la minería, está rodeada de conflictos y controversia social y ambiental.

Influencia

La influencia canadiense en la minería se siente en América Latina más que en cualquier otra región del mundo.

Más de la mitad de la inversión minera de ese país en el exterior se acomoda en nuestra región, con 80 grandes proyectos.

Tal vez sea inevitable que, dada la cantidad de proyectos mineros, Canadá sea pararrayos de críticas que van destinados a la minería en general.

Pero las expectativas eran distintas cuando los mineros canadienses aterrizaron en la década de 1990.

La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo», le recuerda a BBC Mundo Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una ONG crítica de las multinacionales mineras.

«Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían», afirma.

«Algunas empresas mineras canadienses se han caracterizado por los grandes y largos conflictos con comunidades, que no han respondido a la lógica de una minería moderna responsable sino que han terminado en estrategias de intimidación, violencia», agrega Padilla.

Controversias

Son varios los casos de mineras canadienses que se han envuelto en controversias por los supuestos efectos ambientales nocivos de su actividad.

Padilla menciona, apenas como un ejemplo, el conflicto que la minera Barrick ha tenido por más de una década en Chile y Argentina, o el de la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala por las acusaciones de daño ambiental, acusaciones que las multinacionales canadienses han rechazado.

Más grave aún, hay quienes alegan que la actividad minera supuestamente ha contribuido a la violencia en las zonas en las que opera.

«Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social», aseguraba en una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra.

Menos conflicto

«No estoy de acuerdo con esas caracterizaciones de las empresas canadienses en América Latina», le dice a BBC Mundo Ben Chalmers, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada).

Para sostener su argumento, Chalmers cita un reciente estudio del profesor Paul Haslam, de la Universidad de Ottawa, sobre la presencia canadiense en las cinco principales naciones mineras latinoamericanas.

«El estudio catalogó todas las operaciones mineras en esos países, y encontró que el 36% de ellas eran de propiedad canadiense. Pero solo el 20% de ellas tenían conflictos asociados a su actividad. En cambio, las mineras de propiedad de otras naciones extranjeras distintas a Canadá, que constituían un 24% del total, tenían conflictos en 34% de los casos», asegura Chalmers.

«En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera», le dice Chalmers a BBC Mundo.

Responsabilidad social

Chalmers reconoce que algunos casos censurables han atraído la atención de los críticos a la minería canadiense, pero asegura que tanto la sociedad civil canadiense como las mismas empresas trabajan para asegurar la protección de los estándares ambientales y de responsabilidad social.

En los últimos diez años, indica, se ha creado un programa «Hacia la minería sostenible», que requiere a las empresas mineras miembros de esta asociación reportar sobre 23 indicadores de asuntos ambientales y sociales, una iniciativa que Chalmers describe como pionera.

El papel del gobierno

A lo que muchos críticos replican que no es suficiente y que se requiere que el mismo gobierno canadiense tome medidas para asegurar el buen comportamiento de sus empresas mineras en América Latina.

¿Ha habido esfuerzos en ese campo por parte del gobierno canadiense?

«Hasta el momento no en la práctica», le dice a BBC Mundo Cesar Padilla de la OCMAL.

«Eventualmente en el discurso sí, pero no olvidemos que el poder de estas mineras no solo se refleja acá en América Latina sino que también en Canadá. El sector minero es muy poderoso políticamente», insiste, para concluir que ni la llegada de Trudeau al poder ha hecho mucha diferencia.

«La situación en Canadá no ha cambiado mucho pese al discurso que tiene el actual gobierno», puntualiza.

Apoyan innovaciones

La industria minera canadiense nuevamente se muestra en desacuerdo.

Chalmers le dice a BBC Mundo que a lo largo de los años se han establecido mecanismos para que pueda haber acceso a los tribunales canadienses para los reclamos sobre supuestos abusos de mineras de ese país, así como se ha creado la figura de un «consejero de responsabilidad social corporativa» para las mineras del sector.

«Nuestra industria ha apoyado esos desarrollos», insiste el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá.

Padilla, por su parte, asegura que el comportamiento de las mineras canadienses también tiene que ver con las reglas que le imponen los gobiernos locales.

«No nos olvidemos que una misma empresa puede tener una muy buena conducta en un país y muy mala en otro. Depende de la institucionalidad de cada uno de esos países», le dice el activista a BBC Mundo.

«Lo que hacen en Chile es diferente a lo que hace la misma empresa en República Dominicana o en Honduras. Usan el espacio que les deja la institucionalidad y las leyes de los países», agrega.

Problema de imagen

Pese a sus esfuerzos, la industria minera canadiense tiene un camino difícil por delante al intentar convencer a sectores muy escépticos de la sociedad latinoamericana sobre las ventajas de su actividad.

La minería canadiense genera puestos de trabajo, inversión y divisas para los países latinoamericanos.

Pero la minería en general, y no solo la canadiense, enfrenta un problema grave de imagen en muchos países de la región, en donde muchos sectores de la población han perdido paciencia frente a las controversias ambientales y sociales que se han desencadenado en torno a estos megaproyectos mineros.

Una posición resumida por Padilla cuando le dice a BBC Mundo que, en su opinión, no es fácil encontrar ejemplos de mineras trabajando para el beneficio de América Latina.

«Existen las empresas mineras malas y las peores», puntualiza.

Fuente:http://www.bbc.com/mundo/noticias-40698694

La consulta indígena, prevista por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está cada vez mas presente en el discurso de los Estados y empresas, incluso es requisito para que se logre financiamiento de las instituciones internacionales, como el BID y el Banco Mundial, que se jactan en sus relatorías e informes publicitarios de respetar el derecho de decisión de los pueblos indígenas.

Mientras en muchos rincones de América Latina, pueblos invocan el Convenio 169 y su derecho a ser consultados sobre la implementación de megaproyectos, para la OIT está claro: los pueblos no tienen derecho a veto, o sea, no se respeta la autodeterminación de los pueblos.

El equipo de este reportaje recorrió el sur de México y los países de Centroamérica continental y registró diferentes estrategias de empresas y gobiernos para implementar megaproyectos en territorio indígena. La consulta es una de ellas.

Este trabajo reporta cómo las consultas están llegando a los territorios de pueblos indígenas en dos países, Costa Rica y Honduras, cuáles son las implicaciones y conflictos generados. Son localidades que están en fases distintas de implementación de la consulta. En Costa Rica, hay un proceso nacional de construcción de un protocolo de consulta. En Honduras se está finalizando las votaciones por el Congreso Nacional de una ley para regularizar el proceso.

Fuente:http://avispa.org/2017/06/12/especial-consulta-indigena-legaliza-despojo-los-pueblos/

A finales de marzo, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en legislar una prohibición a la minería metálica en todas sus formas. Así, este pequeño país centroamericano declara, frente al mundo y las empresas mineras transnacionales, que el agua y la vida valen más que el oro.

Las noticias en los medios han reconocido el papel de las comunidades, las organizaciones, los legisladores, los gobernantes y la iglesia católica en El Salvador en esta decisión importante. Pero, en el norte del país, en donde el largo y difícil camino hacia este momento empezó hace más de 12 años, son las vidas de personas como Marcelo Rivera las que se han estado recordando y honrando.

Marcelo fue un educador popular muy querido en su comunidad. Fundó la Casa de la Cultura en la municipalidad de San Isidro en el departamento de Cabañas. Allí fue donde la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining inició sus intentos de abrir una mina de oro en 2002. Los agricultores, al poco tiempo, mostraron su desacuerdo con su presencia ante los impactos de la exploración minera en sus fuentes de agua, además de sentirse agredidos por la actitud de la compañía.

Con base en estas experiencias, Marcelo y muchos más en el departamento de Cabañas trabajaron incansablemente junto con los agricultores y los pobladores de la zona rural para informarse y aprender de otras experiencias de lucha contra la minería de oro en Guatemala y Honduras, en donde estaba operando otra minera canadiense, Goldcorp. También consultaron a especialistas en la materia sobre la propuesta emitida por la empresa Pacific Rim.

En poco tiempo, estos esfuerzos locales se consolidaron en la conformación de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica. Esta coalición, además de otros grupos, emprendieron investigaciones sobre la contaminación ambiental por la minería, así como sobre los posibles riesgos que enfrenta El Salvador por la existencia de proyectos mineros en Guatemala y Honduras que están sobre una cuenca hidrográfica que abarca los tres países. Se evidenciaron los grandes riesgos vinculados al agua para este país densamente poblado, que depende de una sola cuenca hidrográfica, y donde ya hay escasez de la misma.

Los trabajos emprendidos fueron la base para impulsar el proceso de prohibición para la minería metálica en el país que, desde 2009, logró una moratoria efectiva sobre la actividad.

Durante este proceso, tal como ha sucedido en muchos lugares de América Latina en donde se trata de imponer la minería sin el consentimiento del pueblo afectado, la presencia de la empresa Pacific Rim generó conflicto, creando división social y violencia. A finales de junio de 2009, el cuerpo sin vida y con señales de tortura de Marcelo Rivera fue encontrado en un pozo. Seis meses después, dos ambientalistas más de la zona, Ramiro Rivera y Dora Alicia Soto, fueron asesinados. Al momento de su muerte, Dora estaba embarazada y a punto de dar a luz. En 2011, Juan Francisco Durán, también parte del movimiento local en contra de la minería, fue asesinado. En un contexto de altos niveles de impunidad para este tipo de crímenes, los citados nunca han sido plenamente investigados. Pero, en Cabañas y en todo El Salvador, Marcelo, Ramiro, Dora y Juan Francisco han seguido muy presentes.

Unos meses antes de que Marcelo fuera brutalmente asesinado, la empresa Pacific Rim inició una demanda multimillonaria en contra del gobierno de El Salvador, argumentando que el Estado tenía la obligación de otorgarle el permiso para explotar reservas de oro, a pesar de que la empresa nunca cumplió con los requisitos legales para ello.

En este contexto, es importante destacar que actualmente, a nivel global, hay más de 3.000 tratados y acuerdos que protegen la inversión extranjera, lo que permite a empresas como Pacific Rim demandar en tribunales internacionales –como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) del Grupo del Banco Mundial– a los países cuando toman decisiones que podrían afectar a sus ganancias. No importa que estas empresas no hayan cumplido con las leyes locales, mucho menos que hayan violentado los derechos humanos o generen daños a la salud o al medio ambiente de las comunidades en donde operan.

Durante siete años, la demanda en contra de El Salvador congeló cualquier intento para aprobar la prohibición de la minería metálica. Desde finales del 2013, la empresa minera australiana y canadiense OceanaGold asumió esta demanda al haber comprado Pacific Rim –al borde de la bancarrota–, y continuó con el proceso.

El pasado octubre, el CIADI del Grupo del Banco Mundial falló unánimemente en contra de OceanaGold y le ordenó pagar ochos millones de dólares de costos legales al Estado salvadoreño, aunque estos habían sido superiores a los 13 millones. La empresa no ha realizado el pago dictado en la sentencia y aún no se sabe si lo harán, a pesar de que a finales de marzo recibió un nuevo recordatorio del tribunal indicando que su deuda aún estaba pendiente.

La decisión en contra de OceanaGold fue el punto de inflexión que El Salvador necesitaba para tomar el control de su propio destino. El 80% de la opinión pública estaba, según algunas estimaciones, a favor de la prohibición de la minería metálica en el país. Y su deseo se convirtió finalmente en ley.

El caso pone de relieve que el agua es un tema de vida o muerte en este país centroamericano. Es así en El Salvador, y otras muchas partes de la región y del mundo en las que el resultado de la minería metálica a gran escala ha significado la ruptura del tejido social, la destrucción de bosques y de fuentes hídricas, así como el desplazamiento y despojo de comunidades enteras, perjudicando o eliminando otras actividades económicas vinculadas al territorio y trastocando las diversas formas de vida basadas en lazos identitarios y culturales.

Además, cuando las poblaciones afectadas han dicho no a la minería metálica por los impactos negativos que conlleva, como en el caso de El Salvador, en demasiadas ocasiones han sufrido la violencia y la persecución legal, además de las demandas en contra de los países en los casos en donde se han logrado poner algunos límites a esta actividad como en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Rumanía, entre otros.

El Salvador enfrentó cada uno de estos desafíos para hoy decirle al mundo que su soberanía no está en venta, y que la protección de su entorno, ya de por sí frágil y muy vulnerable, vale más que el oro. Dentro de un contexto internacional tan asimétrico para quienes defienden sus ríos, cerros, bosques, formas de vida y culturas, esta victoria reivindica la lucha de muchas poblaciones afectadas por la minería en el mundo, y sirve de inspiración: sí es posible enfrentar a tan poderosos intereses… y ganar.

Jen Moore es de MiningWatch Canadá, una iniciativa que tiene como objetivo atender la necesidad de una respuesta de interés público coordinada ante las amenazas a la salud pública y a los intereses comunitarios causados por las políticas y prácticas irresponsables de minería en Canadá y en todo el mundo.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/lecciones-para-la-defensa-del-agua/