La primera es que, cuando salga la delimitación de las áreas protegidas, no va a haber fuentes de ingresos en los municipios que estén por dentro de los límites. La segunda es que la ilegalidad llegará a apropiarse de los recursos productivos y la última es que este fenómeno traerá problemas de seguridad y abundará la violencia en regiones como Santurbán.
Si bien el Estado debe garantizar que el bien de interés general prime sobre el particular, también es menester que se proteja a las personas antes de establecer las leyes.