La poderosa cúpula empresarial de Guatemala rechazó este viernes la iniciativa enviada el miércoles al Parlamento por parte del presidente Otto Pérez Molina, para que se declare una moratoria de dos años a la actividad minera en el país.
Los empresarios, agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), manifestaron en una conferencia de prensa su desacuerdo con en esa medida, la cual calificaron de contraproducente para el desarrollo de esta industria.
La moratoria a la autorización de licencias de exploración y explotación de minas de metales en el país, «atenta contra la certeza jurídica y económica, tan necesarias para la inversión y generación de empleo formal en el país», dijo José Santiago Molina, presidente del Cacif.
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS NUNCA HAN PEDIDO MORATORIAS; UN PRESIDENTE DEMOCRÁTICO DEBE SER CONGRUENTE CON LOS RESULTADOS DE LAS CONSULTAS COMUNITARIAS DE BUENA FE.
– Caucus indígena denuncia conflictividad social y pide mecanismos de mediación a las Naciones Unidas.
Urge investigar si esta industria ha dejado más beneficios que daños
La defensora de Derechos Humanos guatemalteca Yolanda Oquelí denunció hoy en Madrid que en su país el sector empresarial tiene el control sobre el Gobierno de Otto Pérez Molina, a quien acusó de ser “parte de los genocidas”
Líderes comunitarios se pronunciaron en el Congreso contra Estado de Sitio en Santa Rosa y Jalapa. Organizaciones sociales presentaron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un informe preliminar de verificación de la situación de los derechos humanos en los municipios bajo estado de sitio, en el cual se detallan abusos de autoridad de las fuerzas de seguridad, robos e intimidaciones. Las Autoridades Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, el Consejo de Alcaldes Comunales y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales Mayas, Garífuna y Xinca condenaron las acciones del presidente Otto Pérez Molina de utilizar los estados de Sitio para reprimir las acciones en contra de la minería.
Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería. Y como no se ha tomado en cuenta para nada el sentir de la población y su rechazo ha sido olímpicamente ignorado, es natural que existan focos de conflicto por la falta de respeto a la gente.