Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.

Kimsakocha es un territorio conformado por valles y llanuras entre los 2.760 y 3.960 metros sobre el nivel del mar. El complejo de páramos (ecosistemas tropicales de altura) permiten una regulación natural del ciclo del agua abasteciendo de líquido a las zonas circundantes en períodos de secano, constituyéndose en una reserva hídrica de alta importancia, reconocida por diversos estudios por ser el principal aporte de aguas para diversas poblaciones y proyectada para más del 30% de la población urbana de Cuenca, además de servir para el riego de amplias áreas agrícolas y de pastizales para la ganadería.

El territorio

Históricamente, desde 1962 se fueron estableciendo sistemas comunitarios de agua que, a lo largo de la historia, fueron creciendo y ampliándose hasta tener hoy, con aguas de Kimsakocha, unos 35 sistemas comunitarios para consumo humano y riego que se encuentran bajo amenaza directa de la posible explotación minera.

Esta realidad, sin embargo, ha tratado de ser negada por las empresas mineras Iamgold (primera concesionaria) e IMV Metals Inc. (que reemplazó desde 2012 a la anterior), afirmando que la concesión minera se encuentra fuera del sistema hidrológico.

Coincidiendo con las transnacionales, Rafael Correa en ejercicio de su presidencia señaló, durante una visita altamente militarizada a la zona, que la minería no afectaría el agua para Cuenca. Esa “visita” la realizó luego de que las poblaciones de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete el domingo 2 de octubre de 2011, llevasen a cabo una consulta previa no vinculante sobre la explotación minera con participación de 1037 de los 1500 ciudadanos empadronados, 92.38% de los cuales se expresaron contra el ingreso de la minería metálica a cielo abierto en la zona.

Kimsakocha fue concesionada para minería, pero en 2012 el Ministerio del Ambiente recuperó 3.217 hectáreas (de las 12.000 entregadas en concesión) para formar el Área Nacional de Recreación que forma parte de la Reserva de la Biósfera del Maciso del Cajas.

El proyecto minero y sus efectos

De acuerdo a los cálculos de Alberto Acosta y William Sacher (La minería en el Ecuador, 2012), con datos tomados del Plan Nacional del Sector Minero 2011-2014, el Estado recibiría del proyecto Kimsakocha un promedio de 22,32 millones de dólares por año y un total de 184,27 millones.

Estos cálculos derivan de la suma de los ingresos generados por el impuesto a la renta (64 millones al año), las regalías (6,07 millones), aduana e impuestos al capital (3, 18) y las utilidades que por ley deben llegar a las comunidades (0,87). Una suma en realidad muy baja como aporte al PIB del país que ya superó los 103 mil millones de dólares en 2017, sin tomar en cuenta los daños que, a largo plazo, superarán lo ofrecido.

En término de empleos, anuncian mil empleos directos en la fase de construcción, cifra que desciende a 526 empleos directos en el momento de ejecución. Cantidad que es menor a los empleos relacionados a la ganadería que en la zona ocupan a alrededor de 45.000 personas y que podría crecer ampliamente con inversiones en tecnificación. El daño territorial llevaría a mucha de esa gente a perder la producción de su tierra y su trabajo.

Los defensores de la naturaleza y el agua han alertado que el proyecto Kimsakocha (hoy llamado Loma Larga) pretende explotar, durante 12 años, unos 14 millones de toneladas de material rocoso en zona de páramo, produciendo 12 millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos, equivalentes a 4.800 piscinas olímpicas, con liberación de sulfatos y arsénico.

Estas ya son razones suficientes para negar oficialmente la realización del proyecto minero, pues contradicen los Derechos de la Naturaleza incorporados a la Constitución junto a otros articulados y el Mandato Minero de la Asamblea Constituyente (2008) y articulados constitucionales, que señalan ya la negativa a actividades mineras en nacientes de agua y áreas de protección.

Estas disposiciones se ratificaron por una mayoría ecuatoriana, mediante Referéndum y Consulta Popular de 2018, cuya quinta pregunta fue: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?”. De cerca de nueve millones y medio de votos válidos, el 68,62% votó sí frente al 31,38% que votó no. En la provincia del Azuay el voto sí subió a 72,02%.

La larga lucha por la consulta

Tras la burla gubernamental a las consultas parroquiales ya mencionadas, se inició en el cantón Girón el trabajo por una Consulta Popular de carácter vinculante que se basa en principios constitucionales y de la propia Ley de Minería que establece que “los procesos de participación ciudadana o consulta deberán considerar un procedimiento especial obligatorio a las comunidades, pueblos y nacionalidades para aquellos casos en que la exploración o la explotación minera se lleve a cabo en sus tierras y territorios ancestrales, y cuando dichas labores puedan afectar sus intereses”.

Hagamos una breve cronología del proceso que inició el 28 de marzo de 2012, cuando la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón de la provincia del Azuay solicitó a la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) del Azuay el formulario para la recolección de firmas para convocar a una consulta popular local en dicho cantón. Trámites van y vienen entre la Corte Constitucional y el CNE hasta que el 31 de agosto de 2015, luego de la recolección de la cantidad de firmas de apoyo necesarias, se presentó todo para que la Corte se pronuncie sobre la legalidad de la pregunta.

Para este paso se contaba con 20 días de término o se entiende por aceptada la consulta. Ni la Corte Constitucional ni el Consejo Electoral dominado por el gobierno de Correa cumplieron sus obligaciones. Es recién el 19 de noviembre de 2018 que un nuevo Consejo Nacional Electoral, dio paso a la consulta popular y se la convocó para el 24 de marzo de este año, el mismo día de las elecciones locales en todo el Ecuador. Es decir que tomó alrededor de siete años de exigencia social para que la Consulta Popular que se realizará en el cantón Girón de la provincia del Azuay.

La pregunta es muy clara y directa: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico de Kimsakocha (Quimsacocha)?

Lo que está en juego

Por supuesto que tras esta consulta está el futuro de la población y la naturaleza de ese territorio. Decirlo es simple, pero no lo será la vida de quienes vean su territorio despojado y su vida destruida. Eso es lo que la historia de América Latina y no solo de Ecuador demuestran que es el resultado del extractivismo.

Sin embargo, allí se puso en juego mucho más. Por un lado, la democracia misma y el derecho ciudadano a ser consultados y respetados ante decisiones que atentan contra derechos. Esto se hizo más notorio cuando el sector empresarial, hoy dominante de manera descarada de las decisiones del gobierno nacional, logró que un juez de Quito hubiese pretendido suspender la Consulta, cuando una vez iniciado un proceso electoral ninguna autoridad puede intervenir, razón por la que la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó la destitución del juez que suspendió la consulta popular.

Por otra parte, los resultados dejarán un mensaje a todo el Ecuador y un antecedente ineludible frente a cualquier acción futura de este tipo. En Girón se defiende la vida y se remarca que el agua vale más que el oro, que existen alternativas de vida superiores a las de la sobre-explotación de los recursos naturales, que el Ecuador no requiere de una minería metálica a cielo abierto que alimenta el sistema de acumulación injusto de nuestros días.

Los empresarios han hablado de la seguridad jurídica como un derecho exclusivo que les pertenece. La seguridad jurídica empieza por la sociedad, las comunidades, los pueblos y la naturaleza porque lo primero es defender los derechos humanos y demás consagrados en la Constitución. Aquí también se pone en juego, entonces, la soberanía nacional frente a una transnacional que quiere hacer negocio en nuestro suelo, los derechos humanos frente a derechos comerciales de esa empresa.

Otro aspecto es el referido a la gestión de las aguas que, de acuerdo con la Constitución, solo puede ser pública y/o comunitaria, como manera de garantizar al agua como un bien común. En la zona, alrededor del 93% del agua se encuentra en gestión pública o comunitaria, pero ello también se pone en riesgo si ingresa la minera y afecta las fuentes agua además de que recibiría una importante cantidad del líquido vital para contaminarla.

El cuento de la minería sustentable sostenido por el anterior y el actual gobierno no puede ocultar los desastres mineros, continuados o de carácter explosivo, en todo el mundo. El agua se somete a los mayores peligros y esto implica poner en peligro a la vida misma.

El apoyo a la consulta y el no a la minería en la zona nos involucra a todos. Será uno de los temas más importantes en esta jornada electoral del 24 de marzo. El pueblo tiene su palabra y las autoridades deberán respetarla.

Fuente:https://kaosenlared.net/ecuador-kimsakocha-y-la-importancia-nacional-de-la-consulta-popular-en-giron/

El Estado tiene firmado un TBI con la empresa INV Metals por el proyecto Loma Larga. La suspensión de la mina abre la ventana a un posible arbitraje internacional. Tanto el Gobierno ecuatoriano, la empresa canadiense INV Metals y la población de Azuay se encuentra a la expectativa de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, respecto a la consulta popular en Quimsacocha, que definirá el futuro de la producción de Loma Larga. Se trata de un proyecto de oro, plata y cobre.

Actualmente está en una fase de exploración avanzada y de evaluación económica. En enero finalizó el estudio de factibilidad del proyecto. Sin embargo, en 2017 ya se establecieron los flujos de dinero y los beneficios para el Estado y la compañía.

Jorge Barreno, gerente general de la empresa, aseguró que se calcula aproximadamente el pago de $ 554 millones al fisco, durante la vida útil de la mina, estimada en 12 años (ver infografía).

Sin embargo, esos recursos podrían verse afectados si la población de Girón vota en contra de la realización de este proyecto en la consulta popular que fue convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 24 de marzo.

Parcialmente estaba suspendida por decisión judicial, debido a que un juez de primera instancia resolvió frenar la consulta, tras el pedido de amparo constitucional del colectivo “Unidos por el desarrollo de los cantones Girón y San Fernando”, quienes respaldan la realización del proyecto Loma Larga.

Pero el Tribunal contencioso electoral (TCE) decidió que la consulta seguirá su curso normal. Y desconoce la actuación del administrador de justicia que pidió suspender la consulta.

Al respecto, Juan Francisco Guerrero, abogado de la empresa en el ámbito constitucional, considera que, de haber una consulta popular, debe ser a nivel nacional.

En el caso de ser local, se debe tomar en cuenta a los tres cantones del área de influencia: Cuenca, Girón y  San Fernando, y no solo a uno.

Ecuador frente a un arbitraje

Hasta el momento, la inversión de INV Metals en el proyecto es de $ 55 millones, pero la construcción y desarrollo de la mina demandará una inversión de aproximadamente $ 309,5 millones.

La empresa canadiense tiene un tratado bilateral de protección de inversión con el Estado ecuatoriano.

Si en la consulta popular  la mayoría de la población de ese sector decide en contra del proyecto, se abre la ventana de un posible arbitraje internacional.

“Al ver que una comunidad de 15.000 personas puede pronunciarse sobre un tema que es de interés nacional, se establecerá (el arbitraje internacional) una indemnización de cientos de millones de dólares”, advirtió Guerrero.

Comunidades amenazan con medidas de hecho

Tras conocerse la suspensión temporal de la consulta popular, colectivos ambientalistas y sociales opuestos a la minería rechazaron la sentencia.

María Maltute, de la parroquia Santa Marianita, de Girón, dijo que las comunidades tienen derecho a pronunciarse sobre la consulta popular.

“No es posible que solo un grupo de personas beneficiadas  vengan a cortar este proceso democrático”, indicó Maltute.

Estaba previsto que este fin de semana se reúnan las comunidades que impulsan el No en el referéndum para determinar las acciones a seguir.

“Cerraremos calles y avenidas. Si es necesario dar la vida, la daremos”, enfatizó la ciudadana. (I)

Fuente:https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/comunidades-mineria-estado-tbi-inv

Funcionarios del Municipio de Ibarra, de Senagua, Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), llegaron ayer hasta la mina San José, en la exquebrada de San Juan, para verificar si la concesión minera que trabaja en el lugar cumple con lo establecido en la ley.

Claudio Vaca, director de Ambiente del Municipio, dijo que la inspección era en conjunto con la Comisaría de Construcciones. “El documento pedía hacer una inspección conjunta por el tema de afectación a la vía pública”.

Después de realizar las verificaciones, Vaca brindó declaraciones para indicar las acciones de inspección. Mientras hablaba, moradores del barrio se aglutinaron a su alrededor. Ellos reclamaban porque dicen que los mineros de la zona están afectando el medioambiente, no tienen el debido control y el material de trabajo está desviando el cauce del río.

Vaca indicó, entonces, que el trabajo minero “no está explotando, está retirando el material”. Estas palabras causaron malestar en los pobladores que afirmaban que sí trabajan normalmente en el sitio. Mostraron videos grabados en su celular donde se veía que las labores continuaban en la zona. A lo que Vaca replicó: “Pero yo no puedo ver”.

Cuando se le preguntó si iba a clausurar esa concesión minera, el funcionario municipal dijo que tienen que analizar los documentos. “Por el momento no hay suspensión de la mina porque no tengo información ni observación de la Arcom”.

Origen del problema

José Aurelio Simbaña lleva una gorra ploma desgastada, una camisa roja de rayas y unos zapatos empolvados. Camina silencioso atrás de los burócratas que realizan la inspección. En su brazo izquierdo carga documentos. Escucha atentamente todo lo que dicen, pero no interviene ni se pronuncia.

Su silencio es tan perturbador que un periodista de este medio le pregunta desde cuándo es dueño del terreno, solo para escuchar su voz. Sin embargo, Simbaña no emite ningún sonido y con gestos llama a su interlocutor.

Su abogado, quien lo representa legalmente, aparece en escena. Dice que Simbaña es dueño de la propiedad desde hace mucho tiempo. ¿Cómo inició en el negocio? Por cosas del azar. “Apareció una mina y, entonces, se solicitó la concesión”, responde.

A unos pasos, continúan los reclamos de los moradores. El abogado mira al grupo y agrega: “Como se trata de minería a pequeña escala, no se necesita mayores cantidades de requisitos”.

Beneficios para la comunidad

Según la Ley de Minería, las actividades de extracción de materiales áridos y pétreos deben generar beneficios y regalías para la comunidad aledaña. El objetivo es cubrir necesidades básicas insatisfechas para que haya un desarrollo territorial productivo.

Sin embargo, los moradores del barrio dicen que, desde que inició a trabajar la concesión minera, no ha habido ninguna ayuda.

El abogado, de la concesionaria minera, señala lo contrario. “A la municipalidad se le entregó 250 volquetas de material pétreo para que sustente las bases del adoquinado de la ciudad de Ibarra”.

Por su parte, Claudio Vaca señala que los mineros han cumplido con su parte. “Ellos aportan en la limpieza de caminos. Cada cierto tiempo, la maquinaria hace el mantenimiento”.

Tras la visita, los moradores de la zona esperan respuestas de las autoridades y acciones inmediatas. (PTEG)

CIFRA

Hoy, la Unidad Judicial de Medidas de Protección y Desestimaciones dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que suspenda la Consulta popular para la minería en Quimsacocha, Azuay, hasta que exista el pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), luego de haber aceptado una petición de medidas cautelares constitucionales.

Ante eso Víctor Barreto, presidente del Gobierno Parroquial de San Gerardo, señaló hoy, miércoles 13 de marzo del 2019, que es importante esta resolución porque la consulta se convirtió en un tema político vinculado con la campaña. “Nosotros no decimos que no se consulte, pero no estamos de acuerdo que sea en este momento y que no se consideren todos planteamientos del pueblo”. Dijo que se reunirán con las personas que están a favor de la minería para analizar esta resolución.

En cambio, la Federación de Organizaciones Campesinas de Azuay (FOA) expresó su rechazo a la decisión judicial. En su pronunciamiento, aseguró, que esta medida busca frenar la consulta porque “la mayoría de los habitantes del cantón Girón están en contra de la minería”. Además, solicitaron que la presidente del CNE, Diana Atamaint pida la revocatoria de esta resolución.

El presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez, señaló que “ninguna autoridad judicial puede interferir las acciones que determine el Consejo Nacional Electoral en época de elecciones, por lo que la consulta popular sigue en marcha. Nunca nos notificaron para la audiencia ni la lectura de este fallo”.

La consulta popular estaba en firme y debía realizarse el próximo domingo 24 de marzo en Girón (Azuay). El CNE aseguró que esta disposición judicial debe ser analizada en el departamento jurídico y luego en el Pleno.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/quimsacocha-suspension-consulta-popular-elecciones.html

La Cámara de Minería del Ecuador se mostró de acuerdo con la suspensión de la Consulta Popular en Girón, Azuay.

El juez de la Unidad Judicial de Quito, Vicente Ribadeneira, dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que la suspenda tras acoger una acción de protección interpuesta por un colectivo prominero Unidos por el Desarrollo de los cantones Girón y San Fernando.

El argumento principal es que no hay pruebas de que el proyecto minero Loma Larga contaminara las fuentes hídricas sino que ha generado trabajo y desarrollo.

Santiago Yépez, presidente del gremio, dijo que ha sido una respuesta positiva de la justicia que suspende la realización de la Consulta Popular y remite el expediente a la Corte Constitucional (CC) para que esa entidad se pronuncie.

«Sin duda, creemos que es un precedente importante…», dijo el dirigente gremial.

Agregó que los derechos y garantías constitucionales de las comunidades de la zona que presentaron la acción de protección finalmente han sido escuchadas.

Ante el pedido del CNE al juez de que revoque la suspensión de la Consulta Popular, Yépez respondió que el organismo es juez de última instancia en temas electorales, excepto en aquellos de vulneración a los derechos constitucionales.

«No es posible realizar consultas populares locales en temas de interés nacional, en temas de sectores estratégicos y privativos del Ejecutivo (…) propenderemos a que se defina a través de la Corte Constitucional, la imposibilidad de que se lleven a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional», acotó Yépez.

El proyecto Loma Larga está localizado en el Azuay. Comenzó a explorarse hace unos 20 años. Tiene más de 2 millones de onzas de oro, según la Cámara de Minería. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/14/nota/7232855/gremio-minero-no-es-posible-realizar-consultas-populares-sobre

La consulta popular en Quimsacocha será fundamental para decidir el futuro de la extracción de metales preciosos por parte de la empresa canadiense INV Metals.
11-02-2019
(Diario El Telégrafo) Las intenciones de desarrollar el megaproyecto minero Loma Larga, en la provincia de Azuay, podrían derrumbarse por la consulta popular, que se realizará en la localidad de Quimsacocha, el próximo 24 de marzo.

Los habitantes de la localidad decidirán si dan paso a la extracción de oro en su territorio. El pasado 1 de febrero el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la convocatoria y el plan operativo para que se desarrolle la consulta popular en el cantón Girón, junto con las elecciones seccionales.

En el cantón azuayo 5.363 electores están habilitados para sufragar y deberán responder a la pregunta ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables busca frenar este proceso, a través de un recurso interpuesto en la justicia, para que se revoque la convocatoria y sea la actual Corte Constitucional (CC) que decida sobre si efectúan la consulta.

De acuerdo a los argumentos de la Cámara de Minería de Ecuador, el llamado al referéndum debe ser hecho por la CC y debido a la destitución de los jueces en 2018, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, el organismo constitucional entró en una moratoria hasta la posesión de los nuevos magistrados, hecho que ocurrió el pasado 5 de febrero.

“Debido a esta moratoria, cualquier tipo de tema que le correspondía a la CC, incluso los plazos, estaban suspendidos. Pese a eso, el CNE tomó el silencio de la Corte como una aceptación tácita de que la pregunta debe ser calificada y por ello procedió a aprobar la consulta”, señaló Santiago Yépez, presidente de la cámara.

El funcionario cuestionó que el CNE se atribuyó funciones que no le correspondían, lo que ocasiona un serio perjuicio a la imagen del país y a su seguridad jurídica.

En el otro extremo, Yaku Pérez, presidente de la Ecuarunari y candidato a la Prefectura de Azuay por Pachakutik, manifestó que la decisión del CNE se dio frente a la falta de gestión de la CC, que “dejó en el congelador” el pedido de consulta gestado por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón desde 2012.

Recordó que el actual Gobierno utilizó el silencio de la CC para desarrollar la consulta popular del 4 de febrero de 2018, una vez vencido el plazo que da la normativa a la CC para su pronunciamiento. Destacó que la decisión de los habitantes de Girón será de acatamiento obligatorio para el Estado.

http://www.latinomineria.com/2019/02/11/proyecto-mineria-quimsacocha-sera-sometido-una-consulta/

En San Gerónimo, camino que conduce a Buenos Aires, policías realizan controles a los camiones con bloques. Foto: EL COMERCIO

En San Gerónimo, camino que conduce a Buenos Aires, policías realizan controles a los camiones con bloques. Unos tras otros, decenas de camiones, volquetas y tractores atraviesan el empinado camino de tierra que conduce a Buenos Aires, el poblado de Imbabura en donde se explotan ilegalmente minas de oro. Los vehículos pesados cargan bloques, ripio y arena.

Personal de Inteligencia, fiscales y pobladores saben que, con ese material, en Buenos Aires se construyen laboratorios clandestinos para extraer oro. Los trabajadores los llaman ‘chanchas’. Agentes desplegados en esta zona tienen información de que ya se han levantado 160 infraestructuras de ese tipo para moler la roca, lavar, retirar la tierra y obtener el oro con químicos tóxicos y prohibidos. Por eso también se ha intensificado el tráfico de estas sustancias.

Durante un allanamiento ejecutado el 17 de febrero pasado, los agentes hallaron en un laboratorio nitrato de amonio, que se emplea como explosivo, y cianuro, que se usa para separar el oro de otros minerales presentes en la roca. El expediente judicial de este caso reposa en la Fiscalía de Urcuquí, cantón al que pertenece Buenos Aires. Este Diario revisó el proceso y allí se dice que en la ‘chancha’ allanada, además, se hallaron generadores de luz, bombas de agua, motores de cilindro amalgamadores, secadores de material aurífero, poleas, platos de mental, balanzas. Además, se encontró una miniplanta fundidora con dos moldes para verter el oro líquido y para que adquiera la forma de una barra de chocolate o de una pelota de ping-pong. Este hallazgo llamó la atención de las autoridades, pues ahora hay evidencias de que en Buenos Aires no solo se extrae la roca mineraliza sino también se la procesa.

Es decir, la estructura que los grupos ilegales tienen ahora en ese pueblo es más fuerte. Desde que este caso estallara, el 2017, en todos los operativos solo se hallaba roca mineralizada (oro en bruto), que era llevada a El Oro y Azuay para ser procesada. Ahora, una parte del material aún es trasladada a esas provincias, pero no como roca sino que se muele, se mezcla con arena y se convierte en adoquines.

La idea es evitar los controles policiales. Sin embargo, en uno de los operativos se hallaron 3 toneladas de adoquines. Una inmensa plataforma que cargaba ese material con oro está ahora incautada en un patio de retención policial de Imbabura. Únicamente en esa provincia la Policía ha decomisado 1 539 toneladas de roca mineralizada. Mientras que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) decomisó otras 500 toneladas.

Esto significa que hay más de 2 000 toneladas como evidencia de esta actividad ilegal. Pero los reportes policiales indican que de Buenos Aires se ha extraído ilegalmente tres veces más de lo descubierto. Andrea Cárdenas, directora de la Arcom, dice que la roca que se explota en ese pueblo de Imbabura presenta la mayor concentración de oro del país.

Esa es la razón por la que 4 000 personas aproximadamente han llegado a ese pequeño poblado. Este Diario recorrió la semana pasada San Gerónimo, Urcuquí e Ibarra. A través de caminos polvorientos de segundo orden, rodeados de plantaciones de caña de azúcar y fincas ganaderas, se encontraron camiones y vehículos con y sin placas, y autos de Colombia que circulan por el sector. Un jeep proveniente de El Bordo, entre Pasto y Popayán, en Colombia, llegó al control de San Gerónimo y sus ocupantes fueron revisados por policías. Ese es el principal punto de acceso a Buenos Aires.

Los extranjeros dicen haber recorrido 398 kilómetros, unas ocho horas de viaje, para poner mallas en una finca. Precisamente en ese control fueron detenidos dos militares en octubre del 2017. En el expediente consta el caso de un sargento y un soldado que salieron de Cuenca, en una comisión hacia El Oro, pero desviaron su recorrido y llegaron a Imbabura en un camión de FF.AA. que transportaba 252 sacos con material minero. Los documentos judicializados dicen que tras ser detenidos llegaron cinco hombres en dos camionetas, quienes intentaron “arreglar” con los policías.

Entre las evidencias hallaron 138 billetes de USD 20 (USD 2 760), ocultos en una mochila. En las investigaciones, el soldado contó que los costales con roca los cargaron en la vía, a plena luz del día, y que participaron más de 20 jornaleros. No revelaron cuánto dinero iban a cobrar por llevar el material hasta El Oro, pero agentes de Inteligencia dicen que por ese viaje las mafias cancelan de USD 8 000 a 10 000, siempre que el camión cargue al menos 8 toneladas.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:
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https://www.elcomercio.com/actualidad/160-laboratorios-ilegales-extraer-oro.html

“Agua quiero, agua quiero, oro no”

“Leche quiero, leche quiero, suero no”.

Con estas consignas defensores del agua de Kimsakocha y Río Blanco, pequeños y medianos ganaderos, agricultores, mujeres y estudiantes, se movilizaron en rechazo a las medidas económicas y las privatizaciones de los sectores estratégicos.

Esta acción es parte de las Jornadas de Resistencia y Movilización Nacional convocada por la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Otras organizaciones de distintas provincias se sumarán desde sus territorios en horas de la tarde.

Miriam Chuchuca, defensora del agua de Kimsakocha, señaló que otro de los pedidos es exigir al Consejo Nacional Electoral la fecha de la consulta popular para evitar la explotación minera en la zona de Girón. “Si el agua se termina, se termina todo”.

Elizabeth Durazo, moradora de Molleturo, denunció esta mañana el ingreso de la policía en Río Blanco pese a que el juez Paúl Serrano dispuso la suspensión de las actividades mineras y el retiro de la fuerza pública.

Raymundo Hernández, representante de los pequeños y medianos ganaderos del cantón Girón, informó que enfrentan una crisis por el acuerdo comercial con la Unión Europea y la poca demanda de los productos lácteos, por lo que demandaron la no industrialización del suero, así como el respeto del precio de la leche a 42 centavos.

La protesta avanzó por las calles del centro Histórico desde la Plaza de San Blas, la Gobernación del Azuay y Parque Calderón. Además, los manifestantes informaron que este es el inicio para la radicalización de la protesta contra el gobierno de Lenín Moreno.

Fuente:https://foazuay.org/2019/01/30/cuenca-marcha-contra-la-mineria-la-crisis-lechera-y-las-medidas-economicas/?fbclid=IwAR1mRE5Q0krdUECuvnlnz8fc2yacKhsewnLNyb8ZPR53gXD9_1xq8bO8Xac