El Centro de Estudios del Carbón del Cesar a través de un pronunciamiento, le exige a la Agencia Nacional de Licencia Ambientales -Anla- que detenga los permisos que le ha venido otorgando a la Drummond, titular de la concesión minera de la Loma, para intervenir los acuíferos de la zona y desviar ríos. Esto debido a que la trasnacional norteamericana “solicita una ampliación de la zona de extracción y el depósito de estériles que implica la desviación, nuevamente, del caño San Antonio en una extensión de 9 kilómetros y el realineamiento de una vía terciaria”.
Según el texto “el gobierno nacional ha autorizado la intervención y desviación de más de diez corrientes de agua en esta zona del Cesar, ejemplo de ello son los ríos, Calenturitas, Maracas y Tucuy; arroyos y caños, Caimancito, Paraluz, Platanal, El Zorro, El Zorrito, Las Ánimas y San Antonio, entre otros.”
Tras el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe la explotación minera en los páramos, el gobernador de Santander, Didier Tavera, confirmó que le solicitará a la nación un programa completo de asesoría y lineamientos en materia de desarrollo económico y social para contrarrestar los efectos de esta decisión en la zona del Páramo de Santurbán.
Una pequeña carretera destapada sube y sube por una de las montañas que bordea el cañón del Chicamocha. A medida que se incrementa la altura cambia la vegetación, ésta se hace cada vez más pequeña, mientras que baja la temperatura dramáticamente y se hace más difícil respirar por la disminución del oxígeno.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, tras estudiar una demanda interpuesta por miembros del Polo Democrático contra el Plan Nacional de Desarrollo, decidió este lunes que algunos artículos de éste van en contra de la Constitución, entre ellos el que permite la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales. 
El régimen Uribe estableció hacer de Colombia un país minero, y lo dejo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo Minero y de Política Ambiental Visión Colombia 2019. A partir de esta decisión se conformaron los distritos mineros definidos conforme al grado de concentración mineral.
El sector minero-energético ha tenido un aumento en las últimas décadas y más aún desde los planes de desarrollo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se propuso la llamada Locomotora Minera. Con esto se pretendió establecer nuevos lineamientos y directrices en materia legislativa y económica frente al uso de los recursos naturales. A partir de ahí, y posteriormente con la llegada de Juan Manuel Santos, no se ha hecho más que otorgar licencias de exploración y explotación minera, con el fin de castigar la minería ilegal y pasar a la gran minería.
El caso que está en manos de la magistrada Gloria Ortíz, es una demanda que presentó el Polo Democrática en contra de los artículos 20, 49, 50, 51, 52 y 173 de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo) y el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011.
La Corte Constitucional anunció este miércoles que asumirá una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio, químico que es utilizado en la minería.
Durante este martes el alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, radicó ante el concejo de la ciudad el proyecto que buscará tramitar una consulta popular sobre la actividad minera en la capital de Risaralda.
“Voces de los Pueblos desde los Territorios” es un espacio para informar, concientizar y movilizar a las comunidades en defensa del Territorio. Nuestro Programa de Comunicaciones del CRIC y la Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia AMCIC, invitan a los colectivos de comunicación comunitarios y alternativos hacer parte de esta iniciativa comunicativa de incidencia y visibilización sobre las amenazas territoriales, organizativas, culturales y económicas que se adelantan en los pueblos indígenas y sectores sociales del País.