14/09/2021
La República
A la empresa colombiana Carbomas S.A.S le fue adjudicado el contrato de exploración y explotación de cobre en el municipio
Alejandro Pastrán
Después de abrir en febrero el proceso de selección objetiva para Cobre y lanzar los primeros 5 bloques de la Ronda Minera, la Agencia Nacional de Minería firma con la empresa Carbomas S.A.S, el contrato para la exploración y explotación del bloque 4 ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira.

“Cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la Resolución 150 del 18 de marzo del 2021, expedida por la ANM, la empresa Carbomas S.A.S presentó el 28 de mayo la oferta por el bloque 4, que cuenta con un alto potencial para minerales de cobre y sus concentrados y un área de 469.9682 Ha”, anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto.

El cuatro de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a participar en la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos que se plantea en los términos de ley.

Al no recibir contraofertas de los participantes que, al momento de la recepción de la primera oferta, se encontraban Habilitados o Habilitados Restringidos para participar en el proceso de selección objetiva de las AEM, la autoridad minera procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial.

“Después de cumplir con todos los requerimientos, la agencia adjudica el contrato por 30 años a Carbomás S.A.S. Dentro de la propuesta, el oferente presentó un Programa Obligatorio Exploratorio y Programa Exploratorio Adicional por $3.754.429.183, que contribuye al desarrollo del conocimiento del subsuelo de la región y al conocimiento del potencial minero del país”, señaló el ejecutivo de la ANM.

Así mismo, el funcionario indicó que el proyecto que se otorga bajo un contrato especial de concesión tendrá una contraprestación adicional a las regalías, de conformidad con lo ofertado que fue un 5%, impactando positivamente los ingresos de la región y el país.

El Contrato de este proceso de selección objetiva también proporciona diferentes incentivos para los adjudicatarios tales como:

*Evaluación técnica anticipada: El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del Adjudicatario.

*Incentivos a la exploración acelerada: El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo.

*Variación de la Contraprestación Adicional por precios altos y precios bajos: La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado (PM).

“Esta primera adjudicación abre una gran oportunidad para el país y las regiones, al permitir atraer inversiones y recursos para exploración del subsuelo del país, aportar a la transición energética, produciendo los minerales para las tecnologías del futuro, generar mayores recursos para la nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías y atraer inversión directa en la región derivada de los Planes de Gestión Social de los contratos”, aseguró el presidente Durán Prieto.

La ronda minera es una herramienta para lograr la diversificación de minerales e impulsar la exploración en el país a través de un proceso flexible, competitivo y transparente con tiempos claramente establecidos para acceder a zonas mineras con gran potencial. Es decir, áreas con alto potencial mineral que serán contratadas a través del proceso de selección objetiva previsto en la ley para las mismas.

“Estas áreas brindan a los inversionistas escenarios consolidados a nivel social con procesos de consulta previa adelantados, acceso a información ambiental actualizada y línea base permitiendo facilitar trámites de licenciamiento, condiciones contractuales competitivas para impulsar la exploración minera del país y por último reglas claras y tiempos expeditos que generan seguridad jurídica para los inversionistas”, puntualizó el ejecutivo de la ANM.
https://www.larepublica.co/economia/adjudicada-la-primera-area-estrategica-minera-del-pais-en-la-jagua-del-pilar-la-guajira-3232384

La laguna de Páez hace parte del complejo lagunar del páramo de Santurbán.
FOTO:Jaime Moreno
Ciadi estudió demanda de Eco Oro contra Colombia por prohibir minería en páramo de Santurbán.
11/09/2021
La prohibición de realizar minería en páramos es una manifestación legítima del derecho regulatorio de Colombia y no hubo una expropiación de los inversionistas de Eco Oro Minerals, que tenía un proyecto en el páramo de Santurbán, ubicado entre Santander y Norte de Santander.

Así lo determinó un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) al estudiar una demanda por más de 700 millones de dólares de esa empresa contra el Estado.

El tribunal arbitral internacional acogió los argumentos de la defensa de Colombia, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), y reconoció que la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de Eco Oro sino que buscaba proteger un fin legítimo; en este caso, la protección del medioambiente y de ecosistemas sensibles como los páramos.

En la determinación se reconoció precisamente que esos ecosistemas tienen un rol fundamental como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, y destacó que Santurbán suple agua para más de 2,5 millones de personas, agregando que los impactos negativos en zonas de páramos son irreversibles.

La demanda de la minera Eco Oro decía que la prohibición de Colombia y la delimitación que hizo del páramo impidieron el desarrollo de un proyecto de minería a gran escala en un título de su propiedad, por lo cual, según ellos, las medidas adoptadas por el país eran una expropiación indirecta de sus intereses.

En varias ocasiones, ciudadanos se han opuesto a proyectos mineros en el páramo y zonas aledañas a este ecosistema.
Foto:Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Si bien el tribunal arbitral no encontró que las medidas de Colombia fueran una expropiación, y avaló su implementación para proteger el medioambiente, la batalla legal no ha terminado.

Esto porque el Tribunal encontró responsable a Colombia de no aplicar correctamente el estándar de trato justo y equitativo del tratado comercial que el país suscribió con Canadá. Por ese motivo, el proceso judicial sigue para determinar si hay daños económicos relacionados con este punto.

Pese a esto, por ahora la Nación se salvó de pagar los 736 millones de dólares -aproximadamente 2,8 billones de pesos- que la compañía canadiense reclamaba como indemnización por la supuesta expropiación.
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https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/fallo-da-razon-a-colombia-en-demanda-por-prohibir-mineria-en-paramos-617081

Eco Oro exige una indemnización por parte de Colombia de 736 millones de dólares, que por el momento Colombia no tendrá que pagar.
BLU Radio. Páramo de Santurbán
Por: Redacción BLU Radio Santander
10/09/2021

Para el ambientalista e integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, Erwing Rodríguez Salah, la decisión del Tribunal Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones en el litigio que inicio el inversionista Eco Oro, que le dio la razón al Estado colombiano sobre la defensa de los páramos y la delimitación de estos, es un gran logro en defensa de estos ecosistemas.

“Buena noticia porque es una defensa de la soberanía, aquí no puede venir una empresa a hacer lo que quiera con el fin de satisfacer sus intereses personales”, dijo Rodríguez.

Agrega que los procesos de explotación minera ponen en juego las fuentes de producción de agua que abastecen a miles de ciudadanos.

“Aquí lo que está en juego es el agua que consumimos más de 2.5 millones de personas y que se produce en ese ecosistema del páramo de Santurbán”.
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/ambientalistas-en-santander-celebran-decision-de-tribunal-internacional-para-proteger-santurban

El conflicto entre ambas partes fue llevado a tribunales internacionales. De perder, Colombia deberá pagar 736 millones de dólares como indemnización.
Páramo de Santurbán /Foto: Asamblea de Santander
Por: Redacción BLU Radio
10/09/2021

En 2016 Colombia tramitó una ley de protección a los páramos y ecosistemas. En Santurbán, la empresa canadiense Eco Oro llevaba más de 20 años realizando minería en Angostura, parte del lugar.

A raíz de la nueva ley, Colombia retiró los permisos mineros de explotación. Desde entonces empezó la batalla legal entre ambas partes. La compañía alegó que Colombia estaba violando el artículo 805 del tratado de libre comercio con Canadá. Que el país falló en otorgarle un trato justo y equitativo a las inversiones de Eco Oro en Colombia.

El conflicto fue llevado a la CIADI, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, y desde diciembre de 2016 Eco Oro está exigiendo reparaciones por las supuestas pérdidas causadas por el retiro de los permisos para la continuación de sus labores de minería.

Exigen una suma de 736 millones de dólares como indemnización. El gobierno colombiano anunció, en su interpretación del fallo, que el tribunal avaló las medidas de Colombia para la protección de sus ecosistemas. Por su parte, en un comunicado de prensa, Eco Oro aseguró que celebraban el fallo que los había declarado ganadores en el conflicto.

“Eco Oro está satisfecho con que el Tribunal haya reconocido que Colombia violó el Tratado al adoptar medidas que pusieron fin al Proyecto Angostura, el cual era un proyecto minero prometedor con la posibilidad de generar un impacto social y laboral positivo y significativo en la región. Eco Oro espera la emisión de la decisión del Tribunal sobre el tema de compensación”, comentó Paul Robertson, CEO de la compañía.

En el comunicado de prensa también mencionaron que el tribunal está a la espera de que ambas partes presenten escritos adicionales sobre daños y preguntas específicas sobre el tema.
https://www.bluradio.com/nacion/empresa-eco-oro-asegura-que-ganaron-el-fallo-a-colombia-sobre-mineria-en-el-paramo-de-santurban

24/07/2021
La minería amenaza el 40 % de Aranzazu junto a otros municipios del Departamento de Caldas. Aranzazu es un Municipio colombiano declarado Patrimonio de la Humanidad, territorio cafetero, y sus habitantes han logrado aplazar la Audiencia Pública que pretende aprobar el saqueo.

No son buenas las noticias que últimamente llegan de mi pueblo. Primero fueron las que hacen referencia a la muerte, como consecuencia del contagio con el covid-19, de amigos entrañables. Ahora tienen que ver con la posibilidad de que las tierras de este municipio que producen café de buena calidad sean convertidas en tierras de explotación minera, causando un grave daño ambiental y, por supuesto, poniendo en peligro la tranquilidad que ha caracterizado a este pueblo fruto de la colonización antioqueña, fundado el 9 de noviembre 1853. Dos empresas mineras –Northern Colombia y Minerales Córdoba– aspiran a que la Agencia Nacional de Minería les conceda licencia para hacer actividad extractiva en 8.334 hectáreas entre los municipios de Neira, Aranzazu y Salamina.

Mediante auto GCM número 00063 del 15 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Minería convocó a una audiencia pública con participación de terceros para anunciar que seis empresas especializadas en minería hicieron propuestas al Gobierno Nacional para que les otorgue licencias para la explotación en ocho municipios del departamento de Caldas de yacimientos donde es posible que se encuentren oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio y osmio, minerales esenciales para desarrollar alta tecnología. En Aranzazu esa audiencia estaba programada para el 23 de julio. Afortunadamente, la comunidad fue escuchada, y las audiencias fueron suspendidas. En mi pueblo aspiran a explotar minerales en el 40 por ciento de su territorio.

Un documento de la Agencia Nacional de Minería, donde se dice qué empresas están interesadas en esta búsqueda de yacimientos y, además, qué clase de minerales se pueden encontrar, señala que la concertación para buscar “áreas susceptibles de vocación minera” fue acordada entre la gerente de contratación de esta entidad con el alcalde del municipio de Aranzazu, Lisímaco Amador Cuesta, el 24 de mayo del año en curso. La realización de esta audiencia había despertado en esta población una oleada de rechazo sin precedentes por parte de la comunidad. Todos los pobladores se pronunciaron contra la explotación minera, argumentado que con esta actividad Aranzazu dejaría de ser un espacio donde reina la tranquilidad para convertirse en un lugar donde va a prevalecer la violencia.

No solo a esto le tienen miedo los pobladores de Aranzazu, un municipio que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como patrimonio mundial el 25 de junio de 2011. Les temen también a la llegada de grupos armados, a las exploraciones a cielo abierto que acaban con la naturaleza, a la contaminación de los ríos con mercurio, a la inseguridad que se apodera del entorno, al crecimiento del consumo de sustancias alucinógenas, al auge que tomaría la prostitución y, desde luego, a la pérdida de su identidad cultural. Con la llegada de la minería este pueblo de arraigadas costumbres paisas, con gente formada en valores, donde casi todos sus pobladores profesan la religión católica, dejaría de ser un remanso de paz para convertirse en zona de conflicto. Así de sencillo.

La noticia sobre la realización de esta audiencia hizo que durante estos días en Aranzazu la gente se manifestara para tratar de impedir su realización. Quienes vienen liderando la oposición a que la minería se tome el pueblo siguen recogiendo firmas para expresar el descontento ciudadano. Rubén Darío Toro, un escritor con conciencia social, y Juan Manuel Salazar Gómez, un especialista en medio ambiente y economía circular, han tomado las banderas para decirles a sus conciudadanos qué les espera en caso de que esta actividad se asiente en este pueblo caldense de clima cálido. Ellos invitan a manifestar su descontento diciéndoles que con la explotación minera Aranzazu dejaría de ser ese poblado apacible del que tan orgullosos se sienten.

La Corte Constitucional les quitó a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse contra proyectos extractivos de minería en sus regiones a través de las consultas populares, aduciendo que el subsuelo es propiedad del Estado. Así las cosas, el ciudadano quedó sin herramientas para impedir que a sus pueblos lleguen las multinacionales a cambiar sus costumbres y a acabar con la convivencia pacífica. Ahora tienen que expresarse rechazando audiencias. Los personeros de los diez municipios de Caldas donde se tenían programadas le pidieron a la Agencia Nacional de Minería que las suspendiera, argumentando que por la situación de orden público las audiencias podrían terminar en actos vandálicos. Esto debido al estallido social que ha vivido Colombia en los últimos meses.

Lo logrado no es para bajar la guardia. Las audiencias fueron aplazadas, pero no canceladas. No se puede aceptar que a nuestro pueblo le cambien su vocación agrícola. Detrás de los proyectos mineros llega la minería ilegal, que viene acompañada de problemas de carácter social. Aranzazu no puede convertirse en otro Buriticá, el pueblo antioqueño donde la explotación minera trajo para sus pobladores tragedias. Para seguir disfrutando los paisajes hermosos que brinda el cultivo del café se debe seguir manifestando el inconformismo con la minería. Y seguir luchando para que esta actividad no acabe con nuestras bellezas naturales. Nuestra naturaleza no debe ser arrasada por la maquinaria que destruye el campo para buscar oro acabando con el agua.
Fuente: EL TIEMPO – JOSÉ MIGUEL ALZATE
Tomado de Noalamina https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/45480-no-a-la-mineria-en-aranzazu

Afirman que el análisis sobre los impactos de esta actividad fue realizado por investigadores que hacen parte de empresas mineras.
A través de una acción de tutela, varias organizaciones sociales e indígenas de La Guajira, exigen a la justicia que se pronuncie sobre un estudio y una política pública, realizados en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, sobre los impactos de la minería.
Según los accionantes, “estos fueron llevados a cabo por investigadores que hacen parte de empresas mineras o que han defendido sus intereses y sin participación de las comunidades”.

La investigación a la que se refieren es a la de los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano, en cumplimiento de la sentencia T445 de 2016 y la política pública nacional integral para “optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, ordenada por la sentencia T 154 de 2013”.
En la sustentación de la tutela afirman que el impacto específico de este estudio y esta política para las comunidades de La Guajira, así como las prácticas institucionales evidencian la exclusión de las comunidades y el favorecimiento de los intereses de la compañía Carbones del Cerrejón en los capítulos específicos sobre la región.

“Estas conductas por parte de la institucionalidad ambiental del país representan una violación sistemática a los derechos fundamentales de participación, y acceso a la información veraz e imparcial, amenazando los principios de democracia y justicia ambiental en una región con una reconocida crisis por el agua y la alta vulnerabilidad a los estragos del cambio climático”, afirman.

La tutela se interpone contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

“Estas entidades a través de sus conductas, u omitiendo sus deberes, han vulnerado y desconocido los derechos reclamados”, indican en la tutela.

Específicamente aseguran que, en la construcción del estudio y en particular de “las conclusiones gubernamentales” frente a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano, “de manera indebida, las autoridades públicas delegaron y privilegiaron la producción de la información relacionada con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, en autores con evidentes conflictos de intereses, como son los directores de gestión ambiental de las dos compañías multinacionales carboníferas Drummond y Carbones del Cerrejón”.
Gobierno buscará endurecer sanciones por minería ilegal

Agregan que, los estudios elaborados por autores de las empresas carboníferas, dan como resultado conclusiones parcializadas y sin el rigor científico que apuntan a negar, ocultar y minimizar los impactos, tales como que la explotación carbonífera durante 40 años en La Guajira no ha causado un conflicto significativo por el agua en la región.

Por eso solicitan abrir espacios significativos e incluyentes de participación a las comunidades locales, de manera que su conocimiento y experiencia, y se incorporen en los capítulos específicos sobre La Guajira del estudio y la política.

Además, que se ordene a la institucionalidad ambiental adoptar en adelante un estándar de imparcialidad, rigurosidad e independencia en los estudios oficiales y políticas públicas relacionadas con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto.

Finalmente que se prevenga a las entidades accionadas para que adopten un especial cuidado en su conducta a fin de frenar la influencia indebida de la empresa Carbones del Cerrejón en los procesos públicos de toma de decisiones, generación de información, estudios, evaluaciones de impacto ambiental, formulación e implementación de políticas públicas de fiscalización, regulación o medidas destinadas a la protección de derechos en el marco de las afectaciones y violaciones causadas por la extracción minera en La Guajira.

Los que tutelan son Fuerza Mujeres Wayuu, la comunidad de Tamaquito, la comunidad La Gran Parada, la Corporación Geoambiental Terrae y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
https://www.elheraldo.co/la-guajira/comunidades-piden-participacion-en-estudio-sobre-impactos-de-mineria-en-la-guajira-835031

Imagen | Tomada de redes sociales | Mensajes con los cuales se protesta en los municipios de Caldas con la llegada de la minería.
19/07/2021
lapatria.com
Sugieren que se socialice de nuevo con las localidades. Preocupación.
Luis Fernando Rodríguez
LA PATRIA I Salamina
Los personeros municipales de Riosucio, Supía, La Merced, Filadelfia, Aranzazu, Salamina, Pácora, Samaná, Norcasia y Marmato le pidieron a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que suspenda o aplace las audiencias públicas con terceros en dichas localidades.

En el oficio dicen que «nos encontramos en una situación coyuntural debido a las movilizaciones y protesta social generalizada en todo el país».

Agregan: «en la mayoría de municipios, objeto de las gestiones o intervenciones de la ANM, se ha advertido por colectividades y ciudadanos que se oponen rotundamente al desarrollo de procesos mineros, la realización de plantones, cierres viales y acciones de hecho, de cara al desarrollo de las Audiencias de Participación de Terceros que se pretenden efectuar».

Recalcan el marco legal: «La Corte Constitucional ha precisado la importancia de la participación real, representativa, libre, informada y efectiva, previa a la concesión, de cara a la protección del principio constitucional de participación en lo que tiene que ver con la definición de los impactos ambientales, sociales y culturales de los proyectos mineros. Así como también que la información se debe hacer llegar a las comunidades con incidencia cercana a estos proyectos, mediante medios y canales apropiados».

Pedido

* Que la Agencia Nacional de Minería realice nuevamente las reuniones informativas previas a las audiencias publicas de terceros en nuestros municipios.

* Que la Agencia cancele, suspenda o aplace la realización de las audiencias publicas para nuestros municipios entre el 21 y el 24 de julio de 2021, hasta tanto se cumpla con las condiciones solicitadas de información adecuada, orden publico, parámetros de seguridad, aforo, protocolos de seguridad, transmisión virtual en vivo y participación a través de plataformas electrónicas.
https://www.lapatria.com/economia/10-municipios-de-caldas-piden-cancelar-o-aplazar-audiencias-mineras-477972

Diversas voces se escucharon en el marco del foro: ¿Minería en el Suroeste?, evento liderado por el Congreso de la República, el municipio de Támesis y organizaciones ambientales y sociales de la región. Una vez más, el proyecto minero Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti, fue el tema principal, abordado por dirigentes de diferentes partidos políticos, sociedad civil y empresas con presencia en la región debido a la injerencia que tiene el mencionado proyecto minero para el patrimonio ambiental, social y cultural del Suroeste antioqueño.

«Los resultados del foro arrojaron un balance positivo, nuevamente se levantó una voz de protesta en contra de este proyecto. Nuestro llamado fue para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- niegue la licencia”, precisó Sergio Stiven Ruiz, Concejal de Támesis

Desde hace algunos años y con el desarrollo de diferentes actividades, colectivos civiles vienen mostrando la inconformidad con el desarrollo de este proyecto minero en el Suroeste, como por ejemplo la travesía denominada ‘Un abrazo a la montaña’, además de foros y conversatorios. Es así como se ha logrado captar la atención de diferentes personalidades del espectro político nacional, entre ellos el presidente actual de la Cámara de Representes, Germán Blanco Álvarez y las senadoras Paloma Valencia y Angélica Lozano, quienes coinciden que el Suroeste no debe cambiar su vocación agrícola.

En los momentos previos al foro, una multitudinaria marcha recorrió las calles de que se conoce como “la tierra del siempre volver”, como una forma de rechazo ciudadana a este proyecto minero, ara además ratificar el compromiso por el cuidado del agua que se produce en estas montañas y que nace en el sub-suelo, declarado como parte del Estado por la corte constitucional en el año 2014.

Este evento fue transmitido por la señal del Canal del Congreso y el Sistema de Medios de Comunicación Támesis Te Ve.
Vea todo el foro en: https://www.youtube.com/watch?v=y8UaHPkhDBg&t=10317s

https://www.conexionsur.co/post/el-foro-miner%C3%ADa-en-el-suroeste-se-llev%C3%B3-a-cabo-en-t%C3%A1mesis

Las suspensiones se dieron por solicitudes de autoridades locales y protestas de las comunidades en algunos municipios
Por: Movimiento Nacional Ambiental |01/07/2021
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Por irregularidades y protestas, suspenden 9 audiencias mineras en Boyacá y Cundinamarca
Foto: Twitter @MovNalAmbiental

Ante una oleada de protestas, oposición y cuestionamientos por parte de comunidades, y autoridades, la Agencia Nacional de Minería (ANM) debió suspender las audiencias de participación de terceros programadas para esta semana en nueve municipios de Cundinamarca y Boyacá en el trámite de nuevos contratos de concesión para proyectos mineros de carbón, esmeraldas, metales y otros en esa región.

En Floresta, Boyacá, el alcalde Julián Rincón se negó a firmar un “acta de coordinación y concurrencia” con la Agencia en la que se pretendía delimitar zonas susceptibles de minería, quien afirmó que en protección del ambiente y las fuentes hídricas “no permitiremos que en el municipio se realicen proyectos extractivistas”, argumento que ha motivado la amplia oposición ciudadana y que llevó a protestas en municipios como Chita, liderada por el concejo municipal, además de Sogamoso y Tota, donde impidieron realizar estas audiencias.

“No es cierto que se haya realizado concertación alguna por parte de la Administración Municipal de Gachetá y mucho menos que exista un acta de concertación de las áreas susceptibles de vocación minera en el municipio”, manifestó en oficio a la Agencia Nacional de Minería la alcaldesa de Gachetá, Mónica Romero Parra, al tiempo que Juan Pablo Linares, alcalde de Gama señaló en su escrito que “Se debe dejar constancia que se hizo una exposición general del proceso de titulación y exploración minera, pero que en dicha reunión nunca se concertó las áreas de explotación con esa entidad”, quien además anunció acciones judiciales en caso de que no se modifiquen dichas actas.

Para Carlos Andrés Santiago, integrante del Movimiento Nacional Ambiental, “es muy grave que la Agencia Nacional de Minería no solo desconozca lo establecido por la Corte Constitucional en materia de participación, coordinación y concurrencia con estas actas, sino que ahora induzca a los alcaldes a suplantar la competencia de ordenamiento territorial y usos de suelo de los concejos municipales, y se motive falsamente actos administrativos con supuestas concertaciones que nunca existieron según manifiestan los mismos alcaldes”.

«Seguiremos impulsando por todo el país acciones de movilización en defensa del territorio y la naturaleza, y acompañaremos a las autoridades locales y las comunidades para que el Gobierno Nacional no imponga sus proyectos mineros sobre los territorios», puntualizan los ambientalistas.

Por irregularidades y protestas, suspenden 9 audiencias mineras en Boyacá y Cundinamarca

Este lunes se realizó una protesta que impidió la audiencia de proyectos mineros en Chita, Boyacá, los cuales afectarían al Parque Nacional El Cocuy.
Cortesía de Dionisio Lizarazo

En el marco de los dos meses de Paro Nacional en Colombia, el municipio de Chita, Boyacá, se manifestó este 28 de junio por un motivo medioambiental. Campesinos concejales y comunidades del sector hicieron un plantón frente al Coliseo Municipal.

Las razones de esta protesta pacífica recaen en los proyectos mineros que, de aprobarse, se realizarían en los límites del corredor de páramos. En este territorio se constituye un sistema desde el Parque Nacional Natural El Cocuy, la Sierra Nevada El Cocuy, Güican y Chita, y el circuito de Páramo de Chita y Pisba.

El Movimiento Nacional Ambiental asegura que los proyectos mineros afectarían las principales afluentes de la Cuenca del Orinoco y la del río Higueras, a la altura de desembocadura del Río Lo Blanco (conocido como el río Chitano).

Es por esa razón que se presentó el plantón por parte de la comunidad del municipio. Su presencia impidió la realización de la audiencia que avalaría estos proyectos mineros. Específicamente las propuestas de contrato de concesión No. KEM-15152, KEM-15158X, KEM15157X, 500863.

De acuerdo con Vladimir Riscanevo, presidente del Concejo de Chita, “las comunidades hemos logrado hoy que se suspenda esta audiencia que contradice lo establecido por la Corte Constitucional”. A su vez recalcó su apoyo a estas manifestaciones como representante de la población del municipio.

Lo cierto es que este no es el único político de la zona con esta posición. El concejal Pedro Alfonso Muñoz también aseguró que estos proyectos afectan “lo más valioso: el agua y los ecosistemas del municipio”.

La manifestación contó con el respaldo del senador Jorge Londoño, el representante Cesar Pachón, el alcalde Municipal, diputados y el secretario de Ambiente de la Gobernación de Boyacá. Todos ellos expresaron su preocupación por el posible desarrollo de estas actividades.

¿Qué pasa con estos proyectos?

KienyKe.com tuvo la oportunidad de hablar con expertos sobre el tema y de conocer las zonas involucradas en los proyectos mineros.

Según el catastro minero los títulos en cuestión son principalmente de carbón. En el caso del proyecto KEM-15152, el cual se encuentra en evaluación de solicitud desde septiembre del 2020, el área afectada colinda con la zona ambiental protegida. Lo mismo sucede con el KEM-15158X, KEM15157X, 500863.

Vea las imágenes entregadas por el catastro minero. Las zonas delimitadas en rojo son las áreas protegidas y lo que está en azul es el terreno por intervenir.

Proyectos mineros en Chita, Boyacá
Créditos:
Cortesía de Catastro Minero

Robinson Mejía, ingeniero Forestal e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, explicó que la estructura ecológica principal del municipio de Chita está atravesada de norte a sur por la delimitación del complejo de páramos de la Sierra Nevada del Cucuy, el Parque Nacional de Pisba y otras estrategias de conservación. “Esto impide la posibilidad de siquiera estudiar o pensarse cualquier actividad minera en esta región”.

A pesar de la información del experto, las entidades promotoras de estos proyectos argumentan que realmente no se afecta las zonas protegidas. Sin embargo, Mejía desmiente este razonamiento. “La zona adyacente a estas delimitaciones son ecosistemas que garantizan la permanencia tanto del páramo como del Parque Natural”, comentó el ingeniero.

Esto quiere decir que las afluentes de la Cuenca del Orinoco y la del río Higueras funcionan como un sistema y, “lo que se haga en la parte de debajo de la cuenca se reflejará en la parte alta”, agregó Mejía.

Por su parte, Mayerly López, integrante del Comité Santurbán y del Movimiento Nacional Ambiental, encuentra una gran similitud con la situación del Páramo de Santurbán en Santander, pues las empresas mineras aprovecharían estas zonas aledañas para presentar sus proyectos.

“Nosotros siempre le hemos exigido al Gobierno Nacional que la delimitación de los páramos se debe hacer desde una mirada integral”, comentó la experta frente a los espacios que pueden ser intervenidos. “De nada sirve proteger la cota de la montaña cuando se dejan sus bosques sin protección para dejarle el juego a la minería”, agregó.
https://www.kienyke.com/medio-ambiente/impiden-audiencia-de-proyectos-mineros-en-chita-boyaca