Los recientes anuncios de Juan Manuel Santos y sus ministros, dando la orden a la Fuerza Pública para intensificar los operativos contra la minería ilegal, son una declaratoria de guerra a los pequeños mineros nacionales.
Santos invoca el cumplimiento del Decreto 2235 de 2012, que sin ningún trámite legislativo y sin pasar la revisión de la Corte Constitucional, le otorgó a las Fuerzas Armadas de manera arbitraria la facultad para “destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal”.
Los consorcios Bureau Veritas-Tecnicontrol y HGC podrían ser multados hasta por 4.000 millones de pesos.
Aunque Codelco y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia no han entregado información oficial sobre la entrada a ese país de la empresa estatal chilena, expertos y fuentes de esa cartera apuntan a que pronto se firmará un memorando de entendimiento para que la empresa realice una prospección en el territorio nacional, informa La República.
La estatal chilena Codelco y el Ministerio de Minas y Energía firmarán un memorando de entendimiento para formalizar su aterrizaje en el país.
La Procuraduría General de la Nación formuló un requerimiento urgente a la Agencia Nacional Minera para que se ordene la restricción y exclusión de toda actividad minera en las áreas de Parques Nacionales Naturales del país, que están siendo ambientalmente afectadas.
Aunque esto ha impulsado a las economías de los países miembros, todavía se ve un exceso de dependencia en los recursos no renovables, lo cual puede presentar más riesgos a futuro.