Este sábado diversas organizaciones territoriales desde Atacama hasta Chiloé se reunieron en Concepción en el Quinto Encuentro anual por la Defensa del Agua y los Territorios, donde discutieron cómo coordinar y fortalecer sus luchas frente a la multitud de iniciativas que buscan convertir en mercancía bienes comunes imprescindibles para la vida humana. Luego de las conversaciones y el establecimiento de acuerdos, unas tres mil personas marcharon por el centro penquista, visibilizando cada una de sus preocupaciones y anunciando el comienzo de un nuevo ciclo, donde, con una organización más nutrida, esperan responder con mayor eficacia a los embates del empresariado.

Este mismo día se cumplieron 8 meses desde que se encontró sin vida a Macarena Valdés, de quien se presume fue víctima de sicarios que actuaron bajo órdenes de los interesados en la instalación de ocho centrales hidroeléctricas en las cercanías de Panguipulli, Región de los Ríos. Macarena junto a su compañero, Rubén Collío, habían hecho una persistente oposición al emplazamiento de estos proyectos, exigiendo que se aplicara una Consulta Indígena a la población directamente afectada y denunciando las arbitrariedades de la empresa RPGlobal. Sin embargo, estas acciones tuvieron una interrupción trágica cuando sus familiares la encontraron muerta el 22 de agosto de 2016. Lo ocurrido desde esa fecha hasta ahora está marcado por la negativa del poder judicial a colocar a disposición todos los medios para esclarecer este hecho, manteniéndose impune.

En el transcurso de la marcha, conversamos con representantes de algunas organizaciones presentes, quienes nos actualizaron respecto a lo ocurrido en sus territorios y respecto a sus luchas. Aquí está el registro de sus afirmaciones:

Michel Donoso, miembro de la Coordinadora de Defensa de los Territorios, plantea que el propósito del Movimiento es levantar una propuesta de forma de vida distinta a la impuesta por este sistema. “Podemos decir que no tenemos ninguna decisión sobre cuáles son los proyectos energéticos existentes en nuestro territorio; respecto a la alimentación tampoco tenemos control, no podemos decidir si queremos tener alimentos orgánicos o no; por lo que pudimos ver durante los recientes incendios, el tema de las forestales urge, pues estamos arriesgando nuestra vida y eso lo pudimos ver este verano; el agua es imprescindible y seguimos siendo uno de los pocos países que tenemos privatizada el agua; también debemos abordar la lucha por una salud integral, lo que incluye un ambiente sano”.

Lucio Cuenca, miembro de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales [OLCA], afirma que se ha ido extendiendo el reconocimiento de la necesidad de decidir qué se hace en cada uno de los territorios y sobre los límites a los cuales se puede llegar respecto al uso de los ecosistemas. Además planteó que esta instancia se ha mostrado una convergencia en cuanto a esta preocupación y a entender que las amenazas y las fuentes de los daños son transversales, y, en este sentido, lo que se acordó para el resto del año, es estratégico.

Patricio Cavieres de Agua y Soberanía de Puente Alto, Región Metropolitana, involucrada en la lucha por detener el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, denuncia el evidente contubernio entre la clase política y el empresariado interesado en el funcionamiento de éste, de cual se ha reconocido que ha sido aprobado bajo condiciones fraudulentas, desoyendo sus nefastas consecuencias para la salud de la población santiaguina.

Lautaro López del Movimiento Salud para Todos, asevera que el modelo privatizador de los servicios sanitarios ha devenido en una precarización progresiva de la salud pública y una inmensa acumulación de utilidades por parte de quienes hacen negocio en este rubro. Esto debe enfrentarse con una propuesta que permita sumar a la comunidad a una lucha por acceder, de forma integral, a condiciones de salud.

Angélica Maripil de la comunidad Cauñicú y Los Chenkes, expresa que están enfrentándose a la ocupación realizada por la industria forestal y los intentos de instalación de centrales hidroeléctricas en el cajón del río Queuco. Explica que la defensa de su territorio es imprescindible para seguir habitándolo y en consecuencia lucharán para para ello.

Lucía Sepúlveda de la Red de Acción contra los Plaguicidas, expone que la posibilidad de acceder a alimentos sanos y seguros, no va a poder ser realidad en tanto la industria agrícola y forestal siga teniendo el poder que ostenta y el agua siga en manos de privados. Denuncia que en Paine, la transnacional Monsanto busca construir una planta de semillas transgénicas lo cual representa una nueva amenaza ambiental, fundamentalmente, por el uso de cuantiosas dosis de agrotóxicos, como el glifosato, del cual se ha reconocido sus nocivos efectos en los organismos vivos. Hasta ahora, plantea Lucía, el Estado chileno no ha posibilitado realizar una consulta ciudadana donde la comunidad pueda presentar sus observaciones al proyecto, por cual a ésta no le cabe otra alternativa que movilizarse en su propia defensa.

María Cecilia Bartolín de Antimafia Chile y miembro de Chile mejor sin TPP, afirma que el inicio del gobierno de Trump representó, entre otras cosas, el comienzo de una serie de gestiones orientadas a modificar las condiciones de los tratados bilaterales con EE.UU., buscando mejores condiciones para el empresariado de tal país. También se busca aprobar el TISA [Acuerdo sobre el Comercio de Servicios entre Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelandia, Noruega, Paquistán, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía, Unión Europea y Panamá], que extremará la pauperización a la cual está sometida la sociedad chilena y de otras naciones.

Sara Antulaf de la Coordinadora de Defensa de los Territorios se refirió a las catastróficas repercusiones de la expansión del negocio forestal en la Región, donde muchas comunidades han perdido las condiciones de habitabilidad de sus territorios, debiendo depender, ahora, de empleos precarios y de la asistencia de camiones aljibe (convertidos en un negocio sin regulación alguna), reproduciendo su pobreza.

Edison Neira, vocero de la Coordinadora Penco Lirquén, expuso que el proyecto Octopus se ha retrotraído luego que la Corte Suprema reconociera la ilegalidad de su Resolución de Calificación Ambiental, sin embargo la empresa persistirá buscando su aprobación definitiva, por cuanto la comunidad de la provincia de Concepción y Bulnes debe estar alerta.

Alejandro Campana y Mario González de la Coordinadora Territorial Barrio Norte, plantean que el río Andalién y las siete lagunas situadas en Concepción sufren una contaminación extrema producto de la permisividad de las instituciones públicas al empresariado inmobiliario y de otros rubros, permitiendo la progresiva degradación de estos ecosistemas. Denuncian que los estudios hechos en torno a estos ecosistemas no muestran antecedentes nuevos y tienen el propósito de pagar favores políticos.

Gabriela Torres de Triagrama afirma que los usuarios y cultivadores de marihuana han logrado establecer en la jurisprudencia chilena que su cultivo es legal para uso personal, sin embargo falta que se exprese en la práctica, pues se sigue criminalizado a quienes cultivan. Recientemente han interpuesto Recursos de Amparo en Concepción y Santiago, y próximamente en otras ciudades, donde se exigirá al Estado que los usuarios y cultivadores sean protegidos del actuar de la policía, pues la soberanía personal no puede ser transgredida por el Estado.

Fuente:https://resumen.cl/2017/04/fotos-y-audios-encuentro-anual-por-la-defensa-del-agua-y-los-territorios/

10 de Junio del 2014/ SANTIAGO
Una joven muestra una pancarta a un costado del Ministerio de Medio Ambiente durante la reunión del Comité de Ministros, llevado a cabo en la calle San Martín, que analizará el futuro del proyecto de Hidroaysén
FOTO:JUAN GONZALEZ/ AGENCIAUNO

Según un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes.

Según consigna este sábado La Tercera, desde el organismo, que entre otras misiones identifica las principales trabas para el desarrollo del país, señalan que Chile ocupa el lugar doce en el Atlas de la Justicia Ambiental (EJA, sus siglas en inglés), con 46 conflictos, pero que sube al quinto puesto si la cifra se analiza por número de habitantes.

En nuestro país, la mayoría de los conflictos están vinculados al agua. Según el medio, “la preocupación por el agua, llevó al Cnid a encargar una investigación sobre los conflictos ambientales relacionados con este recurso desde 1998 (un año después de la puesta en marcha del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) hasta 2015. El estudio detectó que 49 megaproyectos, cuyas inversiones superan los US$ 100 millones, han estado o están envueltos en controversias desde la década de 1990“.

El informe agrega que de las 28 iniciativas energéticas en conflicto, 17 corresponden a centrales termoeléctricas, 10 a centrales hidroeléctricas y un proyecto eólico, entre las que figuran los casos de la planta de celulosa de Nueva Aldea, Alto Maipo, Pascua Lama e HidroAysén, entre otros, que demandan altas cantidades de agua para sus procesos productivos o la generación de energía.

El reclamo al derecho de la participación ciudadana y la consulta indígena, la solicitud de incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio, la demanda por ordenamiento territorial, y la localización de proyectos en el borde costero, son las principales causas de los conflictos analizados, según el estudio.

India y Colombia, liderando el ranking

Entre los países con más conflictos ambientales figuran India (246 conflictos), Colombia (121) y Brasil (83), de un total de  2.081 existentes en el planeta, según el listado, coordinado por expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/22/alto-maipo-pascua-lama-nueva-aldea-e-hidroaysen-chile-entre-los-paises-con-mas-conflictos-ambientales-del-mundo/

La minera cuprífera China.Co busca, por tercera vez, agrandar su planta instalada en la localidad de Pejerreyes construyendo un depósito de relaves con una capacidad de 1.734.265 metros cúbicos. Según los vecinos que se oponen al proyecto, la extensión se emplazaría al lado de sus casas y traería un sinnúmero de efectos colaterales: contaminación; lluvia ácida y daños a la flora y fauna local.

Este sábado 8 de abril, la comunidad se reunió por primera vez con representantes de la empresa minera y con el Servicio de Evaluación Ambiental, bajo el Proceso de Participación Ciudadana, amparado en el Decreto 40/2012 y la Ley 19.300.

Según informan vecinos de la localidad, y donde algunas situaciones constan en un video registrado por Limarí Televisión, la reunión no finalizó en buenos términos: Belisario Gallardo, ingeniero en minas y quien actuó como vocero del proyecto técnico habría empujado a Clara Herrera a la salida de la reunión, quien vestía una polera con la consigna “No a la Minera China”. Posteriormente, debió ser sacado del lugar, visiblemente molesto por lo acontecido. Una vez afuera, los asistentes reaccionaron molestos por su agresión contra Herrera- entre esos un vecino le dio otro empujón.

Fernando Elorza Retamal, presidente de la Junta de Vecinos, se percató de la situación y fue a comentarla frente a la cámara del canal local, ante lo cual Gallardo le insinuó un ofrecimiento de dinero que consta en el video. “Me mostró la billetera, gestualizando como que me iba a pagar, si quería plata”, denunció.

Tras el lamentable desenlace de la primera reunión del Proceso de Participación Ciudadana, ahora la comunidad de Pejerreyes tiene hasta el 27 de abril para enviar sus indicaciones por escrito al SEA. Por su parte, la Municipalidad de Ovalle solicitó otra reunión para dar a conocer los posibles impactos y contaminación que podría generar el proyecto para la ciudad, dada su ubicación en una de las principales subcuencas hidrográfica de la comuna.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/11/vocero-de-minera-ofrece-dinero-para-chantajear-a-dirigente-vecinal-de-limari-que-se-opone-a-instalacion-de-relaves/

A 30 kilómetros de Ovalle, en la carretera que una dicha ciudad con La Serena, existe una pequeña comunidad que actualmente enfrenta un complejo conflicto. Se trata de la localidad de Pejerreyes, que convive desde 2013 con la empresa minera “China Co”, planta minera de procesamiento de cobre.

Mensualmente la empresa trabaja con 4.800 toneladas de material bruto, aunque pretenden ampliar el proyecto minero para alcanzar las 60 mil toneladas. Esta iniciativa llevó a los vecinos de la zona a rechazar la iniciativa debido a los altos niveles tóxicos de los residuos, que amenaza con la salud de la comunidad y la amplia biodiversidad de la provincia.

El presidente de la Junta Vecinal de Pejerreyes, Fernando Elorza Retamal, señaló que el impacto de esta situación es grave, considerando la extracción de agua que realiza la compañía en medio de la sequía que azota a la zona.

“El impacto para la comunidad sería la muerte. Pejerreyes desaparece, tendríamos que cerrar nuestras casas e irnos de acá”, advirtió.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, destacó el incentivo al empleo que realiza la empresa, aunque criticó el deterioro en la vida social del proyecto. “Nos están engañando a todos”, criticó.

Luego de reuniones con el Servicio de Evaluación Ambiental y representantes de la firma cuprífera, la Junta Vecinal -que agrupa a 300 familias- tiene hasta el próximo jueves 27 de abril -cuando culmina la Participación Ciudadana- para enviar los descargos a la entidad medioambiental.

Fuente:http://

Una serie de antecedentes le pidió ayer el diputado UDI Felipe Ward a Codelco, con miras a conocer más en profundidad los alcances de los avances que está haciendo la minera respecto a la explotación de litio en los salares de Maricunga y Pedernales. Esto, luego de que PULSO publicara ayer la decisión de la mesa de la estatal de crear una filial -llamada Salar de Maricunga S.A.- para que continúe la tramitación formal del Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) ante el Ministerio de Minería, con la finalidad de debutar en el negocio del litio, aprovechando el boom de precios del mineral.

Dado ello, Ward ofició a la estatal para que informe los términos y condiciones del CEOL “solicitado por Codelco al Ministerio de Minería para explorar y explotar litio en el Salar de Maricunga y el Salar de Pedernales, según se da cuenta en el diario PULSO”.

En el documento, el diputado también pide precisar los detalles del modelo de negocios aprobado por el directorio de Codelco para constituir una sociedad filial, y cuál es el valor agregado que el CEOL le reporta a la estatal, como principal empresa productora de cobre del mundo. Solicitó también informar todos los estudios, evaluaciones y cualquier otro tipo de informes que tenga Codelco al respecto.

A lo anterior, pidió detallar si la estatal tiene experiencia previa o no en la explotación u operaciones de litio; informar el estado de avance de la búsqueda de un socio estratégico y cuáles serán las principales condiciones para su elección. “En particular, interesa saber si Codelco tendrá una participación mayoritaria y controladora en la empresa conjunta o consorcio que se establezca. También interesa conocer el nombre de las empresas precalificadas y su idoneidad y experiencia técnica y empresarial”.
Asimismo, Ward pidió informar cuáles son las medidas que Codelco tomará para resguardar la propiedad o dominio de las concesiones mineras en ambos salares “y que serán aportadas al consorcio o empresa conjunta, en especial en un escenario de disolución o desinversión de Codelco en dicho consorcio. En especial, interesa saber si Codelco tendrá siempre resguardado su derecho a recuperar el dominio de tales concesiones en tales casos”, puntualizó el diputado en el escrito. Codelco tendría 30 días para responder el oficio.

Según publicó ayer PULSO, la sociedad Salar de Maricunga S.A. estará compuesta por un directorio de tres miembros, para lo cual Codelco propuso al gerente de Administración, Alejandro Rivera; el vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo de la estatal, José Pesce, y Javiera Estrada, quien también figura como directora de otras filiales de Codelco.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/udi-oficia-codelco-mas-detalles-del-modelo-negocios-explotar-litio/

La semana pasada, la comunidad de El Melón conmemoró 52 años desde la tragedia del derrame de relave en El Cobre, pueblo que quedó sepultado para siempre bajo millones de toneladas de relaves. Sólo 10 personas sobrevivieron y se contaron cerca de 35 víctimas fatales

Hace 52 años, un 28 de marzo pasado el mediodía, exactamente a las 12:33 horas se produjo un terremoto cuyo epicentro se ubicó en las cercanías de La Ligua al norte de Santiago, movimiento sísmico de 7,4 grados que derrumbó el tranque de relaves El Cobre perteneciente a la compañía minera Disputada de Las Condes, hoy propiedad de Anglo American Sur quien opera la división El Soldado en la comuna de Nogales, región de Valparaíso.

La tragedia ese fatídico día se produjo en el poblado El Cobre, el cual en un instante quedó sepultado para siempre bajo millones de toneladas de relaves, sólo 10 personas sobrevivieron y 35 cadáveres fueron encontrados, el resto que podría ascender a más de 800 seres humanos según relatan familiares de los fallecidos quedó sepultado por cerca de dos millones de toneladas de barro tóxico producto del derrame. Hoy a 52 años del colapso del tranque los vestigios de aquella tragedia aún son respirados por las comunidades vecinas, el polvo que se levanta en las parcelas y caminos que quedaron cubiertas por relaves se aloja día a día en los pulmones de quienes deben vivir bajo la operación minera.

El actual tranque de relaves El Torito alcanzará muy pronto la acumulación de 181 millones de toneladas, esta obra es la nueva amenaza que enfrenta la comuna de Nogales, ya en el año 2013 estuvo con riesgo de colapso por mala construcción, trabajos de reparación de emergencia tuvieron que efectuarse en su muro de contención, el cual se había hundido considerablemente. Hoy la empresa minera pretende volver a ampliar este tranque de relaves, ya ha solicitado que dicha ampliación sea declarada de interés nacional, lo que le permitiría destruir bosque nativo y en especial el Belloto del Norte declarado Monumento Natural, el cual según palabras de un representante de la empresa en visita a la división es un escollo “El principal escollo que tiene este tranque para ser ampliado no son sus condiciones técnicas, el principal escollo que nosotros tenemos aquí son el tema de los bellotos, el Belloto está considerado un árbol de preservación” y continúa diciendo “en la medida que no salvemos ese escollo, lamentablemente no vamos a poder ampliar”. La empresa transnacional Anglo American está siendo investigada por la Contraloría General de la República por posibles malos manejos para obtener las aprobaciones de sus proyectos, bajo este escenario es lamentable que una vez más quede en manos políticas la decisión de declarar o no un proyecto de interés nacional. El Soldado es una pequeña mina en el sector productivo nacional, esperar que la decisión sea la correcta y con la calificación no se sepulte el espíritu de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y con ello se autorice el primer paso para la nueva ampliación del tranque de relaves El Torito.

Quizás la detención actual de la operación El Soldado, debido a la no aprobación del nuevo plan de explotación de la mina por parte de SERNAGEOMIN, cuyas razones se deben principalmente por no cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera sea un aviso de que las cosas se han hecho mal y es hora que El Soldado entregue sus armas y descanse, que no siga incrementando el daño ambiental, pero mayormente el peligro sobre las comunidades vecinas, si bien esta medida es resistida por los trabajadores los cuales en su mayoría vienen desde fuera de la comuna y poco o nada saben del sufrimiento de las comunidades que soportan los daños que la extracción a rajo abierto provoca.

La comuna de Nogales recuerda a sus fallecidos en la tragedia de 1965, esperando que esta no vuelva a repetirse, diversas actividades se programaron con ocasión de esta conmemoración, partiendo por la misa que se realiza cada año en el lugar del desastre y diversas demostraciones culturales en la Plaza de Armas de El Melón.

Fuente:http://www.relaves.org/2017/04/05/para-no-olvidar-comunidad-de-el-melon-conmemora-52-anos-desde-la-tragedia-de-derrame-de-relave-en-el-cobre/

Representaciones de la zona centro sur del Movimiento por las aguas y territorios se reunieron este sábado 8 de abril para establecer su nuevo proceso de organización, haciendo un llamado de unidad a los territorios de las diferentes zonas para movilizarse este 22 de abril en la ciudad de Concepción, donde se realizará la V marcha plurinacional.

La zona centro sur del Movimiento por las aguas y los territorios,  donde participan diversas organizaciones tales como: Coordinadora por la defensa del borde costero de Cobquecura – Ñuble; La Coordinadora por la defensa de los territorios del Bio Bio, junto a diversas organizaciones convocantes a la marcha en la VIII Región; La Red por la defensa de los territorios de la Araucanía y diversas organizaciones interregionales – comunales; El Parlamento Mapuche de Koz Koz; La Campaña por la defensa del borde costero en Valdivia; La coordinadora por la defensa del territorio de Los Lagos; La Coordinadora Melipulli de Puerto Montt; Asociación Huilliche Wiñoy Newen de Ancud, Chiloé; El Movimiento Defendamos Chiloé; El Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESH); Colectivo de Chilotes  en el continente; El Pacto Mundial Consciente, entre otros, han manifestado su unidad rumbo a la marcha plurinacional que se realizará en Concepción el día 22 de abril.

En este contexto, se realizó este sábado 8 de abril en la ciudad de Temuco una reunión con el propósito de abordar temas de organización y programa de la marcha y reuniones que sostendrá el Movimiento a nivel País, con participación de diferentes representaciones zonales del centro y norte de Chile.

Asimismo, el Movimiento de la zona centro sur también abordó  el nuevo proceso que sostendrá con posterioridad a la marcha, principalmente relacionados a las agendas de trabajo y su nueva coordinación comunicacional y de articulación de organizaciones  que defienden derechos territoriales.

Cabe consignar que más de 4,500 personas participaron de la IV marcha de los Pueblos (plurinacional) por la defensa y recuperación de las aguas y territorios realizada en la ciudad de Temuco el 23 de abril del 2017;  Y unas setecientas personas en Melipeuco el 24 de abril del año  pasado.

¿El porqué de la marcha en la Región del Bio Bio?

La Coordinadora por la defensa de los territorios del Bio Bio (CDT) ha señalado en su convocatoria: “La región del Biobío se ha instalado como zona de sacrificio para la población, en función de los negocios extractivistas. El desarrollo industrial petroquímico y metal-mecánico en la conurbación de Concepción ha contaminado la zona con aerosoles, metales pesados y material particulado durante décadas. El negocio energético de las termoeléctricas a carbón ha contaminado con metales pesados a la población de Coronel. La actividad pesquera industrial en torno a la costa ha agotado o dejado en estado crítico a especies de clave en el ecosistema marino, que abastecían a la población local. La industria forestal ha reducido la biodiversidad en los terrenos que utiliza, contaminado ríos y zonas costeras con residuos industriales de celulosa, usurpado terrenos ancestrales de comunidades mapuche y destruido localidades a través de los incendios de monocultivos. Los grandes embalses de Ralco, Pangue y Angostura han desplazado a comunidades pehuenche y modificado drásticamente el régimen del río Bio-Bio”.

Agrega CDT en otro punto: “Actualmente, se tramitan en la región del Bio-Bio: cerca de 80 concesiones de salmonicultura y acuicultura en la costa, al menos dos proyectos de terminales marítimos de gas – con sus termoeléctricas asociadas-, una serie de proyectos hidroeléctricos de tamaño pequeño y mediano, y el proyecto Embalse Punilla, con capacidad tanto de generación eléctrica y riego agroindustrial, cuya represa terminará por eliminar uno de los pocos ríos no intervenidos en la zona, el Ñuble”.

Ante esta realidad, se ha definido a esta zona donde tendrá lugar el V Encuentro, con la disposición de retroalimentar propuestas de defensa de los territorios ante esta devastación y saqueo socioambiental, “entendiendo que las expresiones estatales-empresariales son las que se coordinan de forma violenta contra los pueblos, a través de la industria forestal, energética, acuícola, agroindustrial, minera, entre otras”, señala CDT.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=17220

Los campamentos situados en los desérticos alrededores de la ciudad chilena de Antofagasta, epicentro minero del país austral, son una amalgama de miseria y esperanza en la que se agolpan más de 6.000 familias llegadas de todos los rincones de Latinoamérica.

«Huí de Perú hace cinco años porque quería ofrecerles un mejor futuro a mis hijos», dijo a Efe Hilda Jaramillo, vecina de uno de los sectores que conforman el llamado macrocampamento Balmaceda, situado en el norte de la ciudad de Antofagasta.

En 2013, cuando estaba embarazada de su primer hijo, ella misma aplanó la ladera en lo alto de un cerro yermo, arenoso y lleno de basura para edificar su casa con materiales ligeros.

Cuatro años después, la zona está plagada de barracas en las que hoy viven casi un millar de familias venidas de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay y República Dominicana.

Conforman el segundo campamento más grande del país, integrado por autoconstrucciones que se alzan como cajitas de zapatos apiladas en las empinadas y peligrosas laderas de los cerros.

Adentrarse al campamento es como penetrar en un laberinto repleto de calles estrechas sin asfaltar.

Todas las familias llegaron atraídas por la creciente demanda laboral que experimentó la ciudad norteña a raíz del llamado ‘súperciclo’ del cobre, que elevó el precio del metal rojo hasta los 4 dólares la libra en 2008.

En ese momento, en Chile la presidenta Michelle Bachelet cumplía su primer mandato, el país había crecido un 4,6 % el año anterior y la economía China se expandía a tasas de dos dígitos.

A partir de entonces, el número de familias que vivían en asentamientos irregulares que carecían de acceso a servicios básicos creció de forma exponencial.

Un informe de la organización no gubernamental Techo Chile reveló que las cifras se multiplicaron por diez en la última década. Si en 2007 se registraron 632 grupos familiares, en 2016 el número de familias que habitaban los campamentos antofagastinos ascendió hasta 6.229.

Asimismo, según datos proporcionados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), en la región viven 30.528 inmigrantes, una cifra que ha crecido un 327 % desde 2005, el aumento más alto de todo el país.

La llegada de inmigrantes hizo incrementar de forma desmesurada los precios de los alquileres, motivo por el cual los recién llegados se vieron obligados a trasladarse hacia la parte alta de la ciudad para emplazar sus hogares en las peligrosas laderas de los cerros.

«Decidimos subir a los cerros porque los arriendos eran demasiado caros. Por un departamento muy pequeño en una zona alejada de todo pagábamos 400.000 pesos (unos 609 dólares) al mes. Aquí con 2 millones de pesos (3.049 dólares) puedes construirte tu casita», explicó a Efe Jacqueline Fey, presidenta de la agrupación de campamentos «Américas Unidas», la más grande de Antofagasta.

Fey, casada y madre de tres hijos, llegó a Chile hace nueve años desde Ecuador. Hoy pasea por las polvorientas calles sin asfaltar del campamento con autoridad y, de forma afable pero también con firmeza, saluda y regaña a los vecinos que no «han hecho los deberes».

«Aquí tenemos un reglamento de convivencia y de respeto que cualquier vecino debe cumplir», dijo Fey, quien aseguró que es gracias a eso y a la gran coordinación existente entre las distintas familias lo que ha hecho alejar la delincuencia y mejorar las condiciones del campamento.

Lo más importante, señaló Fey, son las actividades comunitarias como las «polladas o los bingos bailables» que hacen que la gente se «conozca, se apoye y se cuide».

«No por vivir en un campamento tenemos que hacerlo de cualquier manera. Invitamos a los vecinos a pintar sus fachadas, a limpiar sus casas y arreglarlas. La dignidad empieza por uno mismo y sólo así se consiguen los cambios», agregó.

Por su parte, el secretario regional ministerial del Gobierno para la región de Antofagasta, Víctor Flores, explicó a Efe que la solución a largo plazo pasa por la construcción de vivienda social.

«En algún momento vamos a terminar con los campamentos (…) Ya llevamos más de 200 viviendas sociales en construcción y tenemos proyectos listos esperando la aprobación de la municipalidad», indicó el representante del Gobierno.

Mientras no llegan las viviendas, el Gobierno ha impulsado diversos gabinetes de trabajo con los dirigentes de los campamentos para evitar que estos asentamientos irregulares se conviertan en guetos aislados de la sociedad.

«No podemos permitir que existan ciudades extramuros en las que no entra la policía ni el gobierno. Eso sería un error tremendo», advirtió Flores.

Entretanto, Hilda, Jacqueline y los miles de habitantes de estas amenazantes laderas miran con esperanza el futuro y esperan que «con trabajo y esfuerzo» mejore su situación.

«Quizá no tengamos dinero pero nosotros somos ricos porque tenemos dos manos y dos pies para poder trabajar y construir nuestras casas. Vendrán tiempos mejores y los esperaremos con alegría e ilusión», concluyó Fey.

Fuente:http://m.elmostrador.cl/vida-en-linea/2017/04/09/campamentos-y-miseria-el-relave-de-la-mineria-chilena/

La Contraloría General ha ordenado un sumario a SERNAGEOMIN por irregularidades en cierres de faenas, ya que detectaron que en más de 50 casos se entregaron plazos mayores para poner a su disposición la garantía de cierre.

El órgano detectó que en 57 casos se entregaron plazos mayores para poner a su disposición la garantía de cierre. Desde el servicio indicaron que el sumario ya fue instruido.

El inicio de un sumario interno solicitó Contraloría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para establecer las eventuales responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso de valorización de planes de cierre de proyectos mineros.

Lo anterior se deriva del Informe de Investigación Especial emitido por la Contraloría a fines de diciembre, donde se detectó que en 57 de las 72 aprobaciones de las valorizaciones de los planes de cierre analizadas, no se cumplió con los plazos fijados para constituir la garantía. De hecho, se otorgaron plazos mayor que el establecido en los artículos 53 de la ley N° 20.551 y 100 de su reglamento.

Según detectó Contraloría, hay casos en que ni siquiera existen tales planes, como es el caso de Mina y Planta Dos Amigos, del titular Compañía Explotadora de Minas y la Planta Pullalli de la empresa Compañía Minera Pullalli. Habiendo transcurrido más de un año desde el rechazo de las valorizaciones de los planes de cierre de las faenas, estas no cuentan con un plan de cierre aprobado por el servicio.

“Lo anterior cobra importancia ante un incumplimiento de las medidas del plan de cierre y/o abandono, dado que la garantía no se encontrará disponible en el servicio y será el Estado quien deba ejecutar el plan de cierre y, por ende, financiar las medidas asociadas”, indica el informe.

Por ello, el órgano estableció que se deberá instruir un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de tales hechos, remitiendo la resolución exenta que inicie dicho proceso y designe al fiscal a este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del informe.

“Sin perjuicio del proceso sumarial ya mencionado, el servicio deberá arbitrar las medidas necesarias a fin de asegurar la correcta aplicación y cumplimiento de la ley N° 20.551 respecto de los 57 casos identificados, en lo que concierne al plazo de disposición del monto total de la garantía del plan de cierre conforme a lo establecido en el artículo 53 de la anotada ley, informando documentadamente sobre las medidas adoptadas al efecto en el citado plazo de 60 días hábiles”, se añade.

Además, pidió subsanar una serie de procedimientos relativos a la aplicación de la misma ley.

Consultado Sernageomin al respecto indicó: “A la fecha el Sumario Administrativo requerido por la Contraloría ha sido instruido, no siendo posible entregar más información al respecto por encontrarse aun en etapa de investigación. En este mismo contexto, el Director Nacional (S) no puede pronunciarse al respecto.”

Antecedentes

La investigación se inició luego de que una persona que solicitó reserva de su identidad denunció irregularidades en este proceso por parte del Sernageomin. Específicamente acusó que en la valorización de los planes de cierre de faenas mineras no se habrían considerado las medidas de cierre establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Además, acusó que existiría tráfico de información interna, ya que los valores utilizados en la valorización de los planes de cierre de algunos proyectos mineros corresponderían a los mismos definidos en la guía metodológica interna del servicio utilizado en ese proceso.

Respecto al primer punto denunciado, el organismo regulador detectó inconsistencias entre los planes de cierre y la RCA. En el segundo caso no se formularon objeciones, pero se recomendó al servicio agilizar el proceso de aprobación formal de la guía metodológica, “atendido el tiempo transcurrido desde que está en uso sin haber sido sancionada, por razones de transparencia y buena práctica administrativa; así como para dar certeza del procedimiento de valorización a los intervinientes”( Pulso)

Fuente:http://www.relaves.org/2017/03/06/lo-que-faltaba-ahora-el-organismo-que-debe-fiscalizar-relaves-y-cierres-de-faenas-mineras-en-tela-de-juicio/

El primer estudio que muestra cómo está la relación entre las mineras y su entorno evidencia la necesidad de reforzar el diálogo con sus habitantes y la insatisfacción de éstos respecto de las expectativas. El informe, realizado por EY y Valor Minero en Sierra Gorda, también muestra las debilidades del Estado en la solución de los problemas.

El empeño de la minería nacional por fortalecer su acercamiento con las comunidades no está dando los frutos esperados por el sector. Es más, la industria, que es responsable de 7,7% del Producto Interno Bruto y que hace cinco años busca diseñar una buena forma de relacionamiento para impulsar sus proyectos de inversión, aún tiene muchas tareas por hacer para validar sus operaciones ante las poblaciones aledañas a sus instalaciones.

Eso es lo que dejó en evidencia el primer estudio local que muestra de manera empírica la valoración que hacen las comunidades al aporte social del sector minero. El análisis, que se realizó en junio de 2016 en Sierra Gorda, incluyó 133 entrevistas a habitantes y líderes locales. Esta comuna, ubicada en pleno Desierto de Atacama, está fuertemente ligada a la industria del cobre y en su entorno operan cinco empresas mineras y ocho faenas: Spence (BHP Billiton), Sierra Gorda (KGHM), Centinela (Antofagasta Minerals), Lomas Bayas (Glencore) y Gaby (Codelco).

“A partir del estudio realizado es posible concluir que, en general, las comunidades y líderes locales manifiestan una buena percepción de las mineras ubicadas en Sierra Gorda. Sin embargo, de los hallazgos obtenidos en el estudio se desprende que la inversión social de dichas mineras podría ser más pertinente a las necesidades del territorio y ser mejor comunicada, lo que generaría más oportunidades de un diálogo abierto y transparente”, sentencia el estudio “Visión de la comunidad sobre la inversión social de la minería – Caso Sierra Gorda”, realizado por EY (ex Ernst & Young) y presentado a inicios de diciembre del año pasado junto a Alianza Valor Minero (AVM) en una reunión cerrada, que contó con la presencia de ejecutivos de las principales operaciones que están en Chile y cuyos resultados no dejaron de sorprenderlos.

Pero, pese a esa falta de diálogo franco, en el gobierno reconocen el avance en el proceso que desde 2012 viene diseñando la industria extractiva para acercarse a su entorno. “La minería ha pasado por distintas etapas en cuanto a las relaciones con las comunidades, pasando de una relación casi inexistente, a una muy intensa, debido en gran medida a que las comunidades están más empoderadas y activas, y que tienen mucho que decir cuando un proyecto se instala en su zona”, explica el subsecretario de Minería, Erich Schnake.

Diálogo fluido

Hasta ahora, las mineras informan su inversión social en forma descriptiva, sin indicación de desempeño. También señala que las firmas realizan una comunicación corporativa anual dirigida al público en general y pocas comunican a la comunidad de forma específica.

Para AVM, esas conclusiones son vitales para el sector y serán incorporadas dentro del programa de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos de Inversión, iniciativa en la que ha estado trabajando el equipo que lidera Álvaro García y con el que se pretende asegurar que el beneficio privado y el social pueden conversar entre sí, “contribuyendo al desarrollo del país”, dice García, quien adelanta que este proyecto será lanzado el martes 10 de enero en Antofagasta, ceremonia a la que asistirán los ministros de Minería y Economía, Aurora Williams y Luis Felipe Céspedes.

Por eso, para el abogado un diálogo fluido y temprano “augura un mayor éxito al instalarse con un proyecto”. Y ahí está el principal problema, pues una de las principales falencias que arroja el informe de EY es que las mineras no recurren a la primera fuente al momento de definir y priorizar la inversión social que esperan realizar.

El estudio evidenció que si bien todas las compañías reconocen como importante relacionarse con las comunidades, solo un tercio de éstas se asegura de considerar las preocupaciones reales de los habitantes de las zonas. De hecho, la mayoría de las veces son las propias compañías quienes deciden el foco de su inversión social.

Entre los temas que preocupan a la comunidad y que ésta considera labor de las compañías mineras, indica el documento, está darle trabajo a la gente de Baquedano y Sierra Gorda (54%), preocuparse de que haya médicos en la posta, ayudar al consultorio para cuidar la salud de la población (19%) y establecer un lugar donde la juventud se pueda entretener (19%), lo que se puede solucionar mediante la entrega de una cancha de patinaje o la instalación de una sala de cine en la zona.

“La definición de la inversión social debería partir de una buena caracterización del problema que se espera abordar, sus causas y efectos. Sin este trabajo, muchas veces nos encontramos con una muy buena solución, pero para otros problemas, con la consecuente frustración de ambas partes”, señala Alejandra Medina, líder de Consultoría en Sostenibilidad de EY Chile.

La recomendación para las compañías, subraya la experta, es conocer de primera fuente las preocupaciones y la visión de futuro que tiene la comunidad. “La identificación y priorización conjunta de los intereses y preocupaciones permitirá mejorar el foco de la inversión social y la relevancia de esta identificación y priorización disminuirá el riesgo de levantar falsas expectativas y le dará legitimidad a la inversión social”, dice.

Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, el problema no es la inexistencia de diálogo con las comunidades, sino que las condiciones en que se está realizando ese acercamiento. “Por lo general, la atención ha estado puesta en la fase misma del diálogo y no en una anterior, que tiene que ver con la generación y habilitación de las condiciones para que este sea efectivo”, indica.

El ex ministro de Estado agrega que el estudio deja en evidencia la falta de “capital social”, condición básica para la efectividad de cualquier proceso de diálogo, dice. “Este estudio viene a confirmar, una vez más, la importancia de contar con procesos de diálogos robustos, que aseguren la representatividad y la habilitación de todos los actores, que se instalen desde las etapas tempranas de los proyectos y cuyo trabajo se oriente al beneficio compartido”, reflexiona.

Para Erich Schnake, avanzar en este punto es uno de los principales desafíos de la industria. A su juicio, “la comunicación tiene que realizarse antes, durante y después de la concreción de los distintos proyectos que impulsará la empresa en la zona”.

Visiones disímiles

Otras de las conclusiones relevantes del estudio es la distinta visión que tienen la comunidad y los dirigentes comunales respecto de las iniciativas de inversión social de las empresas, y en ese ámbito, también se distinguen dificultades en la atribución y/o identificación de quiénes son los desarrolladores de dichos proyectos.

Por ejemplo, el estudio muestra que para los líderes sociales, la principal preocupación que ven en Sierra Gorda es la falta de trabajo (53%) y luego está la contaminación de aire por las operaciones mineras; mientras que para la comunidad, el tema primordial es la contaminación del aire debido a las faenas mineras (69%), seguido de la falta de trabajo y el aumento de la cesantía (63%) y la mala calidad del agua potable (41%).

Esto evidencia, indica García, la necesidad de fortalecer el monitoreo y la evaluación. “Eso es lo que vuelve al diálogo en una conversación permanente. Sin monitoreo y evaluación no hay insumos para un diálogo permanente y sin un diálogo permanente crece la potencialidad de conflicto”, indica.

Para Alejandra Medina, una recomendación en esta materia sería ampliar el alcance del diálogo con la comunidad y tener una retroalimentación permanente con la gente en general y no sólo con los líderes sociales.

En términos de la identificación de las obras, el estudio indica que el desafío para las compañías radica en buscar nuevas estrategias de comunicación con la comunidad, la que debería realizarse antes y después de la ejecución de las iniciativas.