Pese a no contar con permiso ambiental, Minera Dominga está organizando una feria laboral que ofrece oportunidades de trabajo «una vez que el proyecto esté aprobado». Organizaciones sociales de La Higuera rechazaron el evento y recalcaron que «da cuenta del desprecio que tiene la empresa por la institucionalidad ambiental».

Organizaciones sociales de la comuna de La Higuera de la región de Coquimbo enviaron una carta abierta a las autoridades expresando su indignación por el “Encuentro Laboral Informativo” que organiza la minera Dominga este fin de semana en La Serena.

La actividad llama a conocer “los desafíos laborales que ofrecerá en la Región, una vez aprobado”, lo que a juicio de las agrupaciones firmantes constituye un “engaño” y “demuestra una falta de ética tremenda, al estar ofreciendo puestos de trabajo para un proyecto que fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo”.

La actividad se llevará a cabo este 21 y 22 de julio en el estacionamiento del Mall Plaza La Serena y ha sido difundida por la empresa en sus redes sociales y en su página web.

El afiche que publicita el encuentro llama a prepararse para Dominga y a conocer “los requisitos que se deberán cumplir para ser parte de este proyecto”.

Frente a esto, las agrupaciones firmantes afirman que Andes Iron, titular de Dominga, desprecia la institucionalidad ambiental, ilusionando a personas que legítimamente buscan oportunidades laborales y preguntan a la autoridad si es posible que un proyecto que fue rechazado actúe como si estuviera aprobado.

Lee a continuación la carta completa:

Señores:

Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente

Claudio Ibáñez, Intendente de la Región de Coquimbo

PRESENTE

Desconcertadas se encuentran las organizaciones firmantes al enterarnos del Encuentro Laboral Informativo que organiza la minera Dominga este fin de semana en La Serena. Desconcertadas, porque en el afiche donde se publicita tal encuentro, se llama a conocer “los desafíos laborales que ofrecerá en la Región, una vez aprobado”, lo cual a nuestro juicio, constituye no solo un engaño, sino también demuestra una falta de ética tremenda al estar ofreciendo puestos de trabajo para un proyecto que fue RECHAZADO por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo en marzo pasado.

Que Andes Iron organice este tipo de actividades, ilusionando a personas que legítimamente buscan oportunidades laborales, sin tener los permisos para funcionar, da cuenta del desprecio que tiene la empresa por la institucionalidad ambiental, ¿cómo es posible que se permita este engaño? ¿se puede aceptar que un proyecto rechazado actúe como si estuviera aprobado?

Nos preocupa enormemente que Dominga asuma que su proyecto va a ser aprobado cuando solo falta que el Comité de Ministros confirme el rechazo dictado por la comisión regional, luego de que esta última expusiera claramente las razones medioambientales por las que es inviable ese proyecto en nuestra comuna. ¿Qué busca la empresa con esta acción? ¿Por qué busca dar la sensación de que se llevará a cabo cuando no es así?

Somos más de 900 los pescadores que nos dedicamos a la extracción de locos y machas, lo cual representa el sustento de nuestras familias. Hemos aprendido a trabajar de manera sustentable para que esta actividad se pueda desarrollar por siempre. Otros tantos vecinos se dedican a mostrar las maravillas naturales a los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan durante todo el año, lo cual solo es posible gracias a la riqueza de nuestro ecosistema. Todo esto se destruiría si se permite la instalación de la mina y el puerto de Dominga, la cual tiene apenas 22 años de vida útil, después de eso, ¿qué va a quedar?

Confiamos en que el Comité de Ministros respetará la institucionalidad ambiental que rechazó el proyecto y esperamos que las acciones que está llevando a cabo Andes Iron, con el propósito de confundir y enrarecer aún más el clima de división que durante todos estos años han propiciado en nuestra comuna, se terminen. Necesitamos retomar nuestra vida y buscar las mejores alternativas para buscar el desarrollo sustentable para toda la comuna de La Higuera.

Agradeciendo su consideración,

Saludan atentamente,

Federación de Pescadores de la comuna de La Higuera, Consejo Consultivo Conjunto Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y Reserva Marina Choros-Damas – sus organizaciones sociales, Agrupación de Trabajadores Independientes de Caleta Hornos, Movimiento de Defensa del Medio Ambiente -MODEMA, Organización de Desarrollo y Fomento al Turismo Punta de Choros, Agrupación Mujeres Orilleras de Caleta Hornos, Defensa Ambiental IV Región, Turismo Caleta Hornos, Sindicato de Pescadores Buzos y Recolectores de Orilla La Cruz de Chungungo, A.G. de Pescadores y Mariscadores Los Choros, APR de Punta de Choros, Cooperativa Pesquera comercializadora Los Choros, A.G. de Trabajadores del Mar Independientes Punta de Choros, Juntas de Vecinos de Los Choros y Punta de Choros, Sindicato de Pescadores y Mariscadores Caleta Hornos, Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, Pequeñas empresas de turismo, avistamiento de cetáceos y aves marinas, gastronomía alojamiento y entretención, Sphenisco – Región de Coquimbo y Comuneros de la Comunidad Agrícola de Los Choros.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/07/24/la-ausencia-de-politicas-medioambientales-en-los-programas-presidenciales-de-los-candidatos-a-la-moneda/

Abogado es el mismo que asesora a Javiera Blanco y comunidades exigen su salida

A la fecha, se encuentra vigente y esperando su fallo en la Tercera Sala de la Corte Suprema un recurso de protección interpuesto por las comunidades del Valle del Huasco en contra de Barrick Gold, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación de Atacama en lo principal por las nuevas contaminaciones producidas en las aguas (incluso hasta marzo de este año) tras la ruptura de la Planta de Tratamiento de aguas contaminadas producida en junio de 2016, así como por otras situaciones de contaminación que tuvieron que ver con derrames de sustancias peligrosas como aceites e hidrocarburos y riesgo de afectación de densímetros nucleares. Además en este recurso las comunidades han discernido con una serie de pruebas la imposibilidad que finalmente tiene el proyecto de tratar las aguas de contacto (contaminadas) y por tanto que le resulta imposible no contaminar finalmente este vital elemento, demostrándose con ello la inviabilidad del proyecto así como nuevos incumplimientos a la RCA que quedaron a la luz. Por último, como otro elemento importante en controversia ha sido la Resolución N°094 de la Comisión de Atacama que permitió elevar los límites autorizados de metales pesados en el río gracias a la cual todas las contaminaciones están quedando legalizadas y ocultas. Esta Resolución ha sido denunciada como ilegal y arbitraria la cual vulnero también el Convenio 169 de la OIT ya que no respeto la consulta indígena (ver detalle de recurso en : http://www.eldesconcierto.cl/2017/02/14/corte-de-apelaciones-de-antofagasta-acoge-tramite-recurso-de-proteccion-en-contra-de-pascua-lama/   y http://www.mapuexpress.org/?p=16729).

Es en este proceso judicial, que las comunidades se percataron de que el abogado contratado por la empresa,  Rodrigo Quintana Meléndez[1],  y quien con total ahincó y fuerza está defendiendo  los intereses de esta trasnacional reiteradamente infractora (con más multas en la historia de Chile), que ha violado todos los compromisos con la autoridad y el Estado de Chile, incluso que le ha mentido y desobedecido al mismo, y finalmente criminal, que comenzó sus faenas más altamente contaminantes sin tener los sistemas construidos para tratar la contaminación de las aguas que sabía generaría, no es nada más ni menos que uno de los doce abogados consejeros del Consejo del Estado (CDE). Quintana fue Jefe del Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile entre 1992 y 1994, sin embargo lo más sórdido para las comunidades es que es este un fiel militante del PS quien ha llegado a sus cargos (Defensor de Estado (2002) y Consejero del CDE (2006)) nombrado por la mano de Ricardo Lagos[2], uno de los presidentes de la República que han permitido con más fuerza la implementación del proyecto Pascua Lama. Incluso fue asesor de Soledad Alvear, quien recordemos junto a Lagos firman las últimas disposiciones para viabilizar el Tratado de Integración minera Chile -Argentina redactado a puño por Barrick Gold y sin el cual no podían explotar el proyecto binacional en la naciente de las aguas. Y cómo si fuera poco es quién ha asesorado de manera irregular a Javiera Blanco[3], lo que ha sido denunciado recientemente.

Esta es una nueva situación de conflicto de interés Barrick- Gobierno que enciende las alarmas en la comunidad y que sigue confirmando la falta de respeto de este Gobierno hacia las comunidades, así como el nivel de corrupción y falta de ética que ha identificado a este segundo gobierno de Bachelet. En el mismo sentido, confirma el apoyo irrestricto al proyecto Pascua Lama y a su viabilización.

Esta situación es de total gravedad, el Consejo del Estado es una institución del Estado que por ley debe ser un órgano independiente  “dotado de plena autonomía técnica y prescindencia política cuyo mandato es actuar al margen de toda consideración ajena al interés público”. A su cargo se encuentra la defensa judicial de los intereses del Estado para la que ejerce su acción  en extenso ámbito de asuntos de índole civil, contencioso administrativo, penal, tributario, laboral y Ambiental”[4].

Respecto de este último, “La Ley 19.300 otorgó al Consejo de Defensa del Estado el ejercicio de la acción de reparación ambiental y la indemnización de perjuicios derivada de dicho daño. (…) en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, (…) ha mantenido su forma de trabajo ante tribunales ordinarios de justicia y, paralelamente, ha insertado sus competencias en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, actuando particularmente coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Superintendencia, de modo de presentarse adecuadamente ante los tribunales especializados, cuyas resoluciones poseen un alto estándar técnico-jurídico”.

El conflicto de interés se constituye de diferentes y preocupantes formas en este caso. Por un lado, el recurso de protección en litigio denuncia afectación de patrimonio estatal, la contaminación de las aguas de todo un valle, o sea daño ambiental, y la continuidad de la afectación a la salud de sus habitantes y medio ambiente que ya ha sido confirmada por la Superintendencia de Medio Ambiente en estudio de 2015. Barrick y su proyecto Pascua Lama, tanto por estas afectaciones como por otras tantas podría prontamente – y si así lo estimarán las comunidades- ser denunciadas ante este Consejo exigiéndoseles medidas de reparación ambiental e indemnización. Por otro lado, como ya dijimos, en este recurso las comunidades se vieron obligadas ha denunciar la Resolución ilegal y arbitraria 094 que permite ocultar la contaminación, la cual en algún momento podría ser revisada la competencia de los funcionarios que la aprobaron y así como su legalidad por este Consejo. Por último, tal como se expresa en el sitio web de la institución, el Consejo del Estado está asesorando a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente, por tanto tenemos que al estar Quintana como abogado de la empresa, puede haber una estrategia conjunta entre el Estado y la empresa para defenderse de este Recurso de protección. En el fondo, hoy para el Estado, defender a la empresa en este recurso, significa defenderse a sí mismo, tal como se puede ver en los fuertes escritos de la Superintendencia del Medio Ambiente y Comisión de Evaluación de Atacama en donde tratan a las comunidades como sus enemigos más férreos con una falta de respeto impresionante, y a la empresa como su mejor aliado.

Por todo esto es que las comunidades expresan: “Es impresentable que este abogado pueda ser el defensor de la empresa, no descansaremos hasta lograr su desvinculación del Consejo de Defensa del Estado. Le exigimos a la Presidenta Bachelet que si algo de decencia le queda le termine sus funciones inmediatamente. Un abogado del Consejo de Defensa del Estado no puede ser el abogado de Barrick Gold, empresa criminal que ha devastado y contaminado patrimonio de todas y todas las chilenas”. Y nos preguntamos ¿Qué más queda después de esto? Este Gobierno no tiene límites”.

GUASCOALTOCOMUNICACIONES

Contacto: Contacto: Constanza San Juan  62413008 /guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Desde el ministerio de Minería indican que de momento no están los consensos para hacer una modificación legal a la normativa que regula la extracción de litio, por lo que se haría vía reglamento. Se espera que la nueva iniciativa se publique hacia fines de año.

A toda máquina se encuentran trabajando al interior del ministerio de Minería para que el país aproveche el boom del litio.

El llamado “oro azul” tiene actualmente un carácter no susceptible de concesión en Chile, por lo que las únicas dos empresas explotadoras de este recurso -SQM y Rockwood- lo hacen a través de acuerdos con Corfo, donde se le arriendan las pertenencias de su propiedad.

Sin embargo hay otra vía que hasta la fecha no ha sido utilizada por ningún privado debido a su falta de normativa: la obtención de una cuota de extracción de litio a través de un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), donde se faculta a terceros para explorar, explotar, y beneficiar una cuota determinada de toneladas de litio metálico, en cualquier área del territorio nacional, con excepción de aquellas zonas cubiertas por concesiones mineras constituidas conforme al Código de Minería de 1932.

Si bien el mecanismo deriva de la licitación del litio de 2012, a la fecha ninguna empresa tiene uno de esos contratos. ¿La razón? La falta de normativa para ser asignados de forma directa por parte del ministerio de Minería.

“Hoy día las empresas no saben qué tienen que hacer para tener un CEOL, entonces se han acercado al ministerio para preguntar y nosotros les hemos indicado que estamos trabajando en definir esos criterios”, dijo el subsecretario de Minería, Erich Schnake, al respecto.

“Esperamos que salgan regulaciones de aquí a fin de año, para efectos de quienes estén interesados en explotar el producto litio, que no es concesible, lo puedan hacer con un marco normativo. Sería por vía reglamentaria”´, señaló. Según explicó el subsecretario, desde el Gobierno evalúan un reglamento “porque es largo el procedimiento y básicamente porque no están los consensos. Sabemos que se requieren grandes consensos políticos y el tiempo que tomaría para llegar a eso sería demasiado”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que desde el Gobierno optan por este mecanismo para impulsar dicho mercado. En 2012 la administración del ex presidente Sebastián Piñera lideró la primera licitación de los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), que fue adjudicada a Soquimich (SQM). Esta finalmente fue invalidada por tener disputas con el fisco -pese a haber presentado una declaración jurada que aseguraba no tener litigios con el Estado-, lo que generó duros cuestionamientos al subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y detonó su salida del Gobierno.

Cabe recordar que el mercado anual de litio es de 35.000 toneladas, de los cuales alrededor de un tercio son producidas en Chile. Sin embargo, se espera que dicha industria crezca en forma exponencial producto del incremento de la electromovilidad y los desafíos energéticos que enfrenta el planeta, especialmente en la generación de baterías de almacenamiento.

Sin embargo, hoy en el país el Código de Minería establece en su artículo 7° que no son concesionables los hidrocarburos sólidos y gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existente en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y los situados en todo o parte en zonas de importancia para la seguridad nacional, salvo que dichas concesiones estén válidamente constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha legislación.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/gobierno-prepara-reglamento-facilitar-mineras-privadas-la-explotacion-litio/

En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad.

Chile será sede de la primera versión en América Latina de la cumbre más importante sobre inversión minera mundial, basada en Indaba Mining Africa, que reúne desde hace 20 años a múltiples actores para explotar ese continente.

Se trata de “Invertir en América Latina: Donde el mundo se conecta con la Minería de Latinoamérica”, a realizarse los días 11 y 12 de julio en Santiago.

Chile, como país anfitrión, busca, por sobre todo, promover y posicionar a América Latina como el paraíso ideal para la inversión minera, proyectando y alimentando la base cultural extractivista de que la región posee riquezas ecológicas infinitas.

Hoy estamos ante un escenario en que la minería adquiere dimensiones de impacto ambiental nunca antes conocidas, sobrepasando todo límite racional de explotación.

En las últimas dos décadas, América Latina (período 1990-2010) casi duplicó su participación mundial en la extracción de oro, molibdeno de mina y cobre (CEPAL; UNASUR, 2013), insertándose en el sistema global como una de las principales regiones proveedoras de materias primas sin procesamiento a países industrializados. Este crecimiento exponencial ha estado acompañado de un acelerado aumento de pasivos ambientales que han desencadenado un vasto número de conflictos socioambientales con comunidades locales en toda la región. Según la información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se registran 219 conflictos mineros en América Latina, concentrándose la mayor cantidad de ellos en Perú, México y Chile.

Constantemente se están realizando cumbres mineras en Chile, y a nivel región, pero ¿qué hace especial esta cumbre de todas las demás?, ¿qué proyecta para el futuro del extractivismo minero en Latinoamérica? Muchas dudas surgen, sobre todo, porque es la primera versión en América Latina de una “exitosa” cumbre que subasta año tras año el devenir de uno de los continentes más pobres y devastados del globo.

¿América Latina como el nuevo África?

La justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años.

La apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El encuentro busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha: “Gran parte de América Latina está escencialmente bajo una nueva dirección, con políticas que cambian para favorecer el sector minero, ver, por ejemplo, la reciente reducción de impuestos a la exportación de productos mineros en Argentina. Todo esto proporciona una perspectiva mejorada para los inversores, los mineros y la economía de la región”.

Asimismo, logran proyectar “un optimismo cauteloso” sobre la explotación de litio, oro y cobre, dada la constante necesidad de estos minerales en el mercado.

¿Qué y quiénes están detrás de esta cumbre?

El evento cuenta con el apoyo de Prospectors & Developers Association of Canadá (Asociación Canadiense de Prospección & Desarrollo), entidad que anualmente organiza uno de los encuentros en minería más importantes de ese país. También tiene la ayuda de sponsors (financiamiento a cambio de publicidad) por parte de empresas mineras como Newmont Mining Corporation, dueña de los cuestionados proyectos Yanacoha y Conga en Perú, debido a las afectaciones ambientales y sociales a los habitantes de Cajamarca, en especial de Máxima Acuña, ganadora del Goldman Prize 2016; y YamanaGold, propietaria de los proyectos auríferos El Peñon, en la Región de Antofagasta, y Florida, en Alhue. Este último, ha generado un impacto ambiental en el territorio debido a filtraciones constantes en su tranque de relaves. También aparece la firma de abogados transnacional Baker McKenzie, la Bolsa de Comercio de Santiago, la multinacional en construcción Black&Veatch, entre otras entidades.

Dentro de los patrocinadores oficiales del evento están los principales gremios mineros del país, como el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), entidades defensoras acérrimas de esta “adicción extractivista” a basar nuestra economía en la explotación y exportación de minerales sin procesamiento. El encuentro contará con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, y con autoridades del rubro de Argentina, Perú, Ecuador y Sudáfrica. Esta diversidad de actores público-privados nos evidencia que para el poder político y económico de estos países los límites irracionales de expansión de la minería no son suficientes, y que la respuesta a la crisis en la baja del precio debe enfrentarse con más explotación.

El caso particular de Chile: horrorosas prospecciones

En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad. Con esta proyección se requiere aumentar la demanda de agua y energía, además de pavimentar un camino sin retorno hacia la destrucción de ecosistemas frágiles e irrecuperables, como son los glaciares.

A través de esta cumbre, la ministra de Minería dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus unas sobreganancias para las empresas, que para el caso de nuestro país, según constata un estudio de la Universidad de Chile, llega a los 120 mil millones de dólares, que equivale al 45% del PIB que alcanzó en el año 2014.

Cifras devastadoras que dan cuenta del negocio redondo que significa “invertir” en Chile y del empobrecimiento planificado que ha sufrido el “arca estatal” frente a sus ojos y bajo su venia, a la espera de que un nuevo súper ciclo o boom se instale y con ello volver a mitificar en torno a la minería, bajo el lema de que, cuando crece, todos crecemos. Una ecuación que en la práctica, podemos comprobar, está muy lejos de ser real.

Lucio Cuenca y Stefanía Vega
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Tania Muñoz
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)

Fuente:http://m.elmostrador.cl/mercados/2017/07/11/el-reacomodo-del-sector-minero-profundizando-la-adiccion-extractivista/

Organizaciones de comunidades afectadas por los impactos sociales, ambientales y económicos de la megaminería en Chile se manifestaron este mediodía en contra de la realización de la Cumbre “Investing in Latam Mining”, que congrega a los principales inversionistas mineros y a ministros del ramo de la región, el 11 y 12 de julio, en el Hotel Sheraton en Santiago.

Bajo la consigna “Minería invirtiendo en saqueo, despojo y contaminación», representantes de distintas comunidades del norte, centro y sur del país, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América (OCMAL), protestaron contra el evento que busca promover y posicionar a la región como el paraíso ideal para la inversión minera y así profundizar la expansión extractivista.

Acompañados con músicos, los asistentes leyeron una declaración pública con la adhesión de más de 70 organizaciones chilenas y latinoamericanas que manifiesta el repudio al evento.

Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios, advirtió que Chile se ha convertido en una suerte de baluarte del crecimiento económico a costa de la actividad minera. “La realización de esta cumbre es emblemática porque da cuenta como hoy más allá de generarse políticas de desarrollo sostenibles, estamos nuevamente anclados en el modelo más clásico del extractivismo, reforzando la actividad minera a pesar de la gran cantidad de investigaciones y estudios de impacto ambiental que evidencian el arrase de la contaminación y la vinculación de la emisión de gases de la minería con el calentamiento global. Es un gesto completamente contradictorio con las grandes reflexiones que estamos haciendo respecto de la mega crisis ambiental y ecológica que vivimos”.

Ramón Balcazar, Agrupación Defensa del Salar de Atacama, acusó que el Estado está siendo cómplice de un modelo extractivista, que favorece a transnacionales, afecta los ecosistemas, el agua y las formas de vida de las comunidades. “El norte grande ha sido considerado históricamente una zona de sacrificio, que ha afectado a las comunidades indígenas hace más de 100 años,primero con el salitre, luego el cobre y el litio».

A través de un comunicado, se denunció los efectos que la minería del Litio está teniendo sobre el ecosistema en la Cuenca del Salar de Atacama. Mencionan que SQM opera hace décadas sin ninguna fiscalización y con un oscuro historial de prácticas ilegítimas, a lo que se suma la decisión del Estado de autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium, y a la amenaza de entrada de un tercer “competidor” al Salar: la canadiense Wealth Minerals.

Para Esperanza Álvarez, de Putraintu, parte de Putaendo Resiste, “la cumbre es nefasta pues busca propiciar el escenario para imponer el extractivismo en un territorio que ni conocen, sin ética por la vida, sin arraigo. El Estado no está representando los intereses del pueblo”.

La dirigenta denunció que la calidad del agua de toda la región de Valparaíso está siendo amenazada con esta actividad. La compañía Minera Vizcachitas Holding, de Andes Cooper, realiza sondajes exploratorios con el fin de concretar eventuales explotaciones mineras en el sector de Los Patos, en Putaendo.

“Con este proyecto, se quiere aniquilar miles de millones de toneladas no solo de tierra, sino de flora de fauna, de cerros..”.

Por su parte, Sebastián Cruz, de la Comunidad Patay Ko, de Valle del Huasco, sostuvo que “el Estado impulsa estos proyectos extractivistas por sobre la ley y los derechos humanos. A toda costa, busca viabilizar la inversión, aunque las empresas incumplan las resoluciones de calificación ambiental y haciendo vista gorda a las consecuencias que han tenido los proyectos mineros en la cuenca, sin escuchar a la comunidad”.

El principal proyecto de la zona es Pascua Lama, que está en la naciente de la cuenca del río Huasco y sobre los glaciares que nutren de agua a todo el valle. Denunció que las empresas mineras buscan dividir a las comunidades ofreciendo incluso ser accionistas de los proyectos industriales que destruyen y contaminan los territorios, para funcionar sin ninguna oposición. “Como habitantes y representantes indígenas en el territorio nos organizamos para demostrar que no estamos a favor de la responsabilidad social empresarial, que no queremos plata a cambio de la contaminación de los ríos”.

El 11 de Julio de 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende, se votó por unanimidad en el parlamento la nacionalización de la Gran Minería chilena.

Lucio Cuenca, del OLCA, afirmó que “a 46 años de ese hecho histórico, la Ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró el evento internacional más importante de la minería transnacional para Latinoamérica en el último tiempo, que busca seguir expandiendo y privatizando la minería en Chile y la Región. Es una provocación haber elegido esta fecha para tan infame evento”.
Cuenca agregó que a través de esta cumbre, “la Ministra Williams dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, quienes a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en la que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus una sobre ganancias para las empresas”.

Para Tania, Muñoz, OCMAL, “la justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años”. En esta línea, sostuvo que la apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El evento busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha.

Desde la organización del evento minero se intentó acallar la acción de protesta pacífica, bajo el argumento que se estaba en un recinto privado.

La declaración pública advierte que el gobierno de Chile ha venido suscribiendo una serie de acuerdos de comercio para blindar al negocio minero, y de manera absolutamente irresponsable Bachelet se ha impuesto firmar 12 Tratados de Libre Comercio remozados, sin consulta ciudadana y a meses de finalizar su mandato; y que esta cumbre es corolario funesto de estas gestiones.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2017/07/11/video-organizaciones-se-manifestaron-contra-cumbre-minera-que-busca-profundizar-expansion-extractivista-en-chile-y-america-latina/

A través de un comunicado, Andes Iron SpA volvió a negar que la familia Piñera Morel haya tenido alguna vez relación con los controladores de la minera Dominga, tal como El Mostrador lo habría afirmado durante esta jornada.

«Como es de público conocimiento, Andes Iron adquirió el proyecto Dominga hace ya casi siete años al fondo de inversión Minería Activa Uno, donde la familia Piñera Morel participaba como un aportante pasivo a través del Fondo Mediterráneo«, explicó la firma, agregando que «la libertad de expresión y las legítimas opciones editoriales de los medios de comunicación son vitales para una democracia robusta«.

«Sin embargo, creemos que el mínimo deber de los medios es fundar sus contenidos en hechos verificados y que puedan ser acreditados, lo que en este caso lamentablemente no ha ocurrido» expresaron, además de sentirse preocupados de «la lógica de la llamada posverdad, en que no importa si lo que se transmite al público es o no cierto, sólo basta que lo parezca».

Fuente:http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/controladores-de-minera-dominga-vuelven-a-negar-participacion-de-familia-de-pinera-en-propiedad/20170710/nota/3516206.aspx

La empresa Biolantanido proyecta explotar 500 mil hectáreas en la región del Bío-Bío. La experiencia de China es crítica por los profundos daños ambientales que han producido estas faenas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa dice que Minera Activa propone un modelo limpio con cero impacto para el medioambiente.

Smartphones, cámaras digitales, teléfonos inteligentes, televisores LED, láseres, electroimanes, memorias de computadoras, paneles fotovoltaicos, baterías recargables, aviones no tripulados o drones, sistemas de guías de misiles, son algunos artefactos que en su producción necesita de elementos químicos extraídos de tierras raras.

China cuenta con el 95% de la producción de estos componentes y Chile, en la ciudad de Penco, tiene un yacimiento que podría transformarse en una de las nuevas exportaciones de nuestro país. Los costos medioambientales que el gigante asiático ha tenido que pagar son las tensiones que tendrá que evaluar la institucionalidad chilena, altamente criticada por autorizar megaproyectos extractivitas sin poner atención a la posición comunitaria.

Durante la explotación y procesamiento de estas tierras en China, se crean cantidades considerables de desechos (tóxicos, radiactivos, gases y polvos). La obtención de una tonelada de tierras raras produce entre 9 mil y 12 mil metros cúbicos de gases ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico. Cerca de una tonelada de restos radioactivos y más de 75 mil litros de agua acidificada.

En Penco, la empresa Biolantanidos, firma asociada a LarrainVial, una de las vinculadas al Caso Cascada, pretende invertir cera de 40 millones de dólares para generar una explotación que podría llegar a una extensión de 500 mil hectáreas, aunque en un primer momento iniciarían con 100 mil.

Las condiciones de explotación serán a rajo abierto, por lo que existirá una remoción de tierra que generará una nueva composición del territorio. Los terrenos dispuestos para este proyecto hoy son plantaciones de monocultivo de pinos, uno de los principales conflictos socio-ambientales de la zona, ya que son justamente estas especies las que han generado una sobreexplotación de napas subterráneas por el nivel de consumo de estas especies.

El sector en el que se pretende explorar se encuentra a tres kilómetros de la comunidad más cercana, señal de alarma al considerar que una eventual explotación minera tendría un impacto directo a la forma de vida de quienes habitan en esos territorios.

Según plantea el Alcalde de Penco, Victor Hugo Figueroa, quien fue invitado a visitar la planta piloto de extracción de tierras raras que se instaló en la plantación de pinos, se siente tranquilo luego de conocer el proceso industrial que propone Biolantanidos, esto porque “este es un modelo cerrado que funciona con fuerza centrífuga, combinado con temas de gravedad que permitirá extraer estos elementos sin generar daño ambiental”.

Asimismo, asegura que mientras emprende la defensa de la iniciativa “en el modelo chino meten unos ácidos a la tierra para obtener el material, acá tiene que ver con trabajar con la tierra, remover metros cúbicos de tierra para extraer el mineral, sin usar ácidos ni líquidos en el proceso”.

A este proyecto se encuentran asociados profesores de la Universidad de Talca, miembros del departamento de ingeniería en minas de la casa de estudios estatal. Los académicos asociados a este proyecto declinaron referirse a la construcción de esta planta, ya que esperan tener la venia del privado que está ejecutando el proyecto.

Este proyecto minero de tierras raras, según lo ha planteado el Alcalde de Penco, pretende ser una revolución tecnológica, ya que sería la primera industria a nivel mundial que no generaría impacto ambiental en la producción de tierras raras.

Lo mismo ocurrió con la empresa, quienes se declinaron opinar explicando que tienen prohibido hablar con los medios de comunicación sobre este proyecto, cuya evaluación de impacto ambiental comenzará en los próximos días.

“Se está inventando una modalidad distinta, por lo tanto, cualquier persona que se va a oponer yo lo invito a que conozca el modelo chilensis de extracción de este mineral. Cualquier crítica sin conocer el modelo es una crítica que no tiene fundamento. Yo la aceptaría de alguien que haya conocido la planta, que haya conocido el mecanismo y que emita un informe respecto del daño ambiental”, planteó el alcalde de Penco.

Los riesgos de la producción de tierras raras

Para comprender de forma técnica las implicancias que podría tener la extracción de tierras raras con las tecnologías que hasta ahora se conocen en la metalurgia, la Doctora Lilian Velásquez, experta en hidrometalurgia de la Universidad de Santiago, hizo un recorrido por los diferentes procesos que se podrían abordar, dependiendo

de qué elementos se encuentren en las tierras de la región del Bío-Bio.

El proceso a abordar “depende de la clasificaciones frente a cómo se van a procesar estos 17  elementos químicos que contienen las tierras raras, por ejemplo, las clasificadas como monacita se pueden tratar a altas temperaturas o procesar con soda caustica. El problema es que contienen elementos como el uranio y el torio, los que son radioactivos, algo altamente riesgoso para la vida”.

Los impactos que podrían generarse de darse la explotación, tal como plantea la profesora Lilian Velásquez es “primero remoción de terreno, porque esto se haría a cielo abierto, se utilizarían componentes químicos y esos productos podrían ser sulfato de amonio, cloruro de sodio y que obviamente después de la extracción o durante la extracción, se van a generar gases residuales,por lo tanto deben existir regulaciones para este tipo de operaciones”.

Según la académica “Chile tiene la tecnología para procesar esas tierras raras, pero falta capacitación a todo nivel, sobre todo si este yacimiento se encuentra en un lugar donde hay comunidad, donde se presentan todas las estaciones del año y hay aguas subterráneas. Para autorizar una faena de este tipo se debe realizar un estudio de impacto ambiental muy detallado”, finalizó la experta.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2017/06/02/preocupacion-medioambiental-por-yacimiento-de-tierras-raras-en-penco/

Abogados querellantes pidieron a las autoridades argentinas y chilenas evaluar la situación de la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic, por una escombrera ubicada en el límite entre ambos países.

La minera fue denunciada en 2014 por el proyecto minero El Pachón, de la empresa suiza Glencore, la que se encontró con la escombrera Cerro Amarillo al querer instalarse en territorio argentino. El botadero mide 105 hectáreas y tiene cerca de 70 metros de altura, y en ella se habrían arrojado residuos peligrosos entre 2007 y 2012.

Por lo anterior, medios argentinos lo llamaron el “basurero” de Chile, situación que podría cambiar en los próximos meses luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificara el fallo que señala que la minera depositó escombros en territorio trasandino.

Si bien la empresa cumplió con un acuerdo que concretó con la provincia de San Juan, que consistía en aislar la escombrera, los querellantes ahora buscan que se retiren los desechos, tal como sucedió con 570 neumáticos que habían despositado en el lugar y que eran visibles incluso con Google Maps.

Al respecto, la compañía, propiedad de Andrónico Luksic, aseguró que para su instalación contó con todos los permisos de autoridades nacionales, ya que se trataba de territorio chileno.

Por esto, el abogado Diego Seguí presentó una acción judicial, ya que se estaría afectando la soberanía del país vecino.

Marcelo Arancibia, uno de los abogados querellantes, señaló que la escombrera debe ser retirada y el tema analizado por las cancillerías, ya que hubo un cambio en los límites entre ambos países. Sin embargo, reconoció que no está en la agenda bilateral.

El organismo también determinó que el Juzgado Federal deberá analizar la nulidad e inconstitucionalidad del acuerdo que se firmó en octubre del año pasado, entre la provincia de San Juan y la firma del grupo Luksic.

El ministro de Minería de esta localidad, Alberto Hensel, si bien reconoció que no intervienen en procesos judiciales, aseguró que recibió un plan de aislamiento provisorio de los residuos, mientras se revisa la causa.

Se espera que en los próximos días la minera nacional Los Pelambres y la suiza Glencore, entreguen su respuesta ante el tribunal.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/07/05/abogados-piden-intervencion-diplomatica-por-escombrera-de-los-pelambres-en-argentina.shtml

Hoy prestaron juramento 3 ministros titulares y 2 suplentes de la corte con sede en Antofagasta. Otros proyectos que podría revisar la nueva instancia son Pascua Lama y Cerro Casale. Instalación se realiza con 4 años de desfase.

Cuatro años después del plazo estipulado al principio, hoy quedó oficialmente constituido el Primer Tribunal Ambiental, que tendrá sede en Antofagasta, y al que le corresponderá ver distintos proyectos, entre ellos, eventualmente, Minera Dominga.

Hoy, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, tomó juramento a Daniel Guevara y Mauricio Oviedo, designados como ministros titulares del organismo ambiental en el cupo correspondiente a abogados. Además, prestaron juramento Marcelo Hernández, como ministro titular en el cupo de licenciado en ciencias, y Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo, ambos en calidad de suplentes.

Fuentes cercanas al Poder Judicial explican que, ya conformado el nuevo tribunal, sus ministros deberán convocar a una primera sesión, momento en que se definirá el plazo para la instalación física del mismo.

De igual manera, esas fuentes comentan que, tomando en cuenta la experiencia anterior con la conformación del Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Santiago y Valdivia, respectivamente, el proceso de conformación podría tomar entre cuatro a seis meses. En este período se deberá definir el lugar donde sesionará el tribunal, además de la contratación del personal necesario para su funcionamiento e incluso el desarrollo del sitio web.

Retraso

El tribunal debía estar constituido en junio de 2013, luego de que en 2012 se promulgara la Ley N° 20.600 que creó tres tribunales-Antofagasta, Santiago, Valdivia (los dos últimos ya constituidos)- como parte del rediseño de la institucionalidad ambiental que comenzó en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Una de las razones del retraso fue la dificultad para encontrar integrantes sin inhabilidades.

Respecto de los ministros titulares del tribunal, Daniel Guevara fue ex seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, mientras que Mauricio Oviedo es un abogado ligado a materias ambientales. Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo son académicos, que han desempeñado labores en la Universidad Católica del Norte.

Una vez constituido, este tribunal podrá abordar diferentes causas correspondientes a su jurisdicción, que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Uno de ellos será el proyecto minero de hierro Dominga, emplazado en la Región de Coquimbo. Luego que la comisión de evaluación ambiental de la región decidiera rechazar la resolución de calificación ambiental (RCA), o permiso de construcción del proyecto, el caso quedó para ser visto por el comité de ministros. Sin embargo, y pese a que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señalara que el comité verá el caso durante este periodo de gobierno, los controladores del proyecto Dominga, la firma Andes Iron, señaló que podrían recurrir a tribunales ambientales en caso que los ministros no resuelvan prontamente.