Chile, Latinoamerica

Minería metálica en América Latina: un mapa del despojo en tiempos de “transición verde”

Bajo el título «Minería metálica en América Latina. Conflictividad ecosocial y ofensiva corporativa en la era del caos global”, OMAL y Paz con Dignidad, publicaron de manera reciente uno de los análisis más completos y rigurosos sobre el avance del extractivismo minero en la región.

El informe es el resultado de un trabajo colectivo que contó con la participación directa de organizaciones y referentes de distintos países, entre ellos el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuyo aporte no se limitó al capítulo sobre Chile, sino que atraviesa el espíritu crítico y la perspectiva territorial del documento en su conjunto.

El documento parte de una premisa central: el llamado «capitalismo verde oliva y digital», un relato que promete descarbonización, modernización e inclusión, pero que en la práctica es una nueva máscara para una vieja lógica de acumulación y despojo. El informe demuestra que la supuesta transición energética, lejos de reducir el extractivismo, ha convertido al litio, el cobre, el cobalto y las tierras raras en botines estratégicos de una guerra económica global, donde las grandes potencias y sus corporaciones presionan a los países del Sur para ampliar la frontera minera. En nueve estudios de caso que recorren desde México hasta Argentina, pasando por Centroamérica, Colombia, Perú y Chile, el texto cartografía con precisión los actores corporativos, los marcos jurídicos que los favorecen y las resistencias comunitarias que se les oponen.

En el caso de Chile, respecto al capítulo «Vanguardia verde oliva y digital bajo la sombra pinochetista», el informe revela cómo el país se ha posicionado como plataforma privilegiada de la nueva fiebre minera, montado sobre la arquitectura legal heredada de la dictadura de Pinochet: la Constitución de 1980, el Código Minero y el Código de Aguas. Así, con una cartera de 59 nuevos proyectos de inversión para el período 2025-2034 que suman más de 104.500 millones de dólares, Chile profundiza su dependencia primario-exportadora mientras el gobierno de Boric navega entre una retórica ambientalista y la firma de acuerdos con la Unión Europea que abren la puerta a la explotación de litio, cobre y tierras raras.

Conforme a lo anterior, la conflictividad socioambiental sigue creciendo: desde las zonas áridas del norte con severo estrés hídrico, pasando por los salares altoandinos donde habitan las comunidades Licanantay y Colla, hasta el centro-sur del país, donde la empresa canadiense Aclara Resources intenta instalar un megaproyecto de tierras raras en los cerros de Penco, un territorio sin tradición minera, que fue rechazado por el 99% de los vecinos en la consulta ciudadana realizada en esa comuna, siendo también la primera sobre minería realizada en Chile.

El informe cierra con un capítulo de conclusiones y alternativas construidas desde una perspectiva internacionalista, apostando por una impugnación integral del modelo extractivista y del capitalismo verde que lo sustenta.

La Coordinación de este informe estuvo a cargo de OMAL-Paz con Dignidad, sumando las colaboraciones de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), el Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), CooperAcción, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Leer / Bajar el informe: https://omal.info/wp-content/uploads/2026/05/OMAL_Mineria-metalica_AL.pdf

Chile, Litio

Los salares de Chile y la carrera por el litio que ni China ni EE. UU. quieren perder

El presidente Kast promete a los inversores una vía más rápida hacia uno de los minerales más codiciados del mundo, pero esto supone una amenaza para los ecosistemas que los rodean

Un flamenco en el Salar de Atacama, el mayor salar de Chile y el centro neurálgico de la extracción de litio del país. Ahora, el gobierno quiere ampliar esta actividad, pero existen preocupaciones sobre el impacto en los ecosistemas (Imagen: John Elk III / Alamy) John Bartlett 19/05/2026

A lo largo de las llanuras áridas que comparten Chile, Argentina y Bolivia, una cadena de salares de gran altitud azotados por el viento se ha considerado durante mucho tiempo fundamental para la transición energética mundial. Este trío de territorios es el Triángulo del Litio, que alberga más de la mitad de las reservas conocidas de este mineral en el mundo. El litio es necesario para las baterías de los vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía renovable.

Chile posee la mayor parte del triángulo, con una cadena de salares al oeste de los Andes. Estos yacimientos de salmuera ricos en minerales se extienden hacia el sur desde el vasto Salar de Atacama. El litio se extrae principalmente de esta salmuera, que se encuentra a unos 10 metros por debajo de estos lagos. En otras palabras, se trata de un lucrativo corredor de litio.

El nuevo gobierno de Chile está dando señales de un giro radical en el enfoque del país respecto al litio, uno de sus activos más estratégicos. La política nacional de recursos ha cambiado en los últimos años, lo que ha dejado a empresas, comunidades e inversores navegando por un panorama incierto.

Gabriel Boric, el anterior presidente, vio una forma de reforzar los ingresos mediante la renacionalización parcial del litio con su Estrategia Nacional del Litio (ENL) de 2023. Pero sus planes, cuidadosamente trazados, han recibido un duro golpe por parte de José Antonio Kast, el ultraconservador que asumió el cargo el 11 de marzo. Kast promete un cambio de rumbo abrupto.

Una de las primeras medidas del gobierno de Kast fue poner las carteras de Economía y Minería bajo el mando del mismo ministro, Daniel Mas, una señal de que el crecimiento económico, la agilización de la concesión de permisos y la política minera avanzarán al unísono. Como dijo Kast durante su campaña presidencial: “Nuestro enfoque se centra en reducir la carga regulatoria y tributaria, y garantizar seguridad de manera que se habilite un mercado competitivo y se atraigan nuevas inversiones”.

Esto significa que Kast debe ahora gestionar un delicado equilibrio entre las relaciones de Chile con Estados Unidos y China. Mientras tanto, están en juego algunos de los ecosistemas andinos más frágiles.

dos hombres observan cómo un tercero firma un documento
El 15 de mayo, el presidente chileno José Antonio Kast, junto con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, firmó un proyecto de ley para simplificar el sistema de concesiones mineras (Imagen: Víctor Burgos / Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile)

Una estrategia inconclusa
La ENL de Boric tenía como objetivo garantizar que Chile fuera el mayor productor mundial de litio, al tiempo que reforzaba el papel del Estado en el sector y mantenía una normativa medioambiental estricta. También creó una red de áreas protegidas, con el objetivo de proteger el 30% de ellas para 2030, de las cuales hasta la fecha se ha protegido el 7,7%. Esta campaña de nacionalización dio lugar a la empresa Novaandino Litio, una empresa conjunta entre la empresa estatal de cobre Codelco y el gigante químico chileno SQM. Novaandino Litio se constituyó en diciembre de 2025 y cuenta con licencias para operar en el Salar de Atacama hasta 2060.

El marco de la ENL sigue nominalmente vigente bajo el mandato de Kast, pero, aparte de Novaandino Litio, sus proyectos licitados siguen a la espera de aprobación. Kast, a quien se considera más favorable a las empresas que Boric, probablemente adoptará un enfoque diferente, según Francisco Urdinez, director del Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina y el Caribe (ICLAC).

“En última instancia, [la ENL] quedó inconclusa por el gobierno anterior y la actual administración no tiene interés en impulsarla”, explica Urdinez a Dialogue Earth, “porque los valores de esa política van en contra de su estrategia económica general. Quizás me equivoque, pero no creo que la ENL vaya a ninguna parte, al menos durante los cuatro años que Kast esté en el poder”.

Como indicio de este cambio de enfoque, el Ministerio de Minería declaró a Dialogue Earth que Chile no había sabido aprovechar al máximo los anteriores auges del litio. En un comunicado, afirmó que su objetivo es: “garantizar que los proyectos se desarrollen de manera efectiva, utilizando los instrumentos establecidos por el marco legal vigente y brindando certeza a los inversionistas que creen en nuestro país”.

“Cada vez que un proyecto no se ejecuta o su tramitación se prolonga innecesariamente, se retrasa la posibilidad de que Chile se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida de la población”, añadieron.

Chile sigue ocupando el segundo lugar, tras Australia, en producción nacional de litio. Ambos países representan aproximadamente el 59% de la producción mundial. Pero parte de este esplendor ha comenzado a desvanecerse. En los últimos años se han descubierto importantes yacimientos nuevos en otros lugares y, sumado a la caída del precio hasta aproximadamente una cuarta parte de su valor de noviembre de 2022, el entusiasmo se ha disipado.

Ecosistemas frágiles en peligro
Hasta ahora, Kast ha tratado de debilitar la protección medioambiental. En su primera semana en el poder, el presidente derogó 43 decretos medioambientales promovidos por Boric. Esto supuso la pérdida del estatus de protección asignado a algunas especies en peligro de extinción y acabó con una legislación que habría convertido a Chile en el cuarto país del mundo con mayor superficie de áreas marinas protegidas. Entre los decretos anulados se encontraban seis que creaban áreas protegidas en salinas y lagos de altura andina.

Las comunidades que viven cerca de los salares temen que el mantra de “lo primero son los negocios” de Kast haga que el salar sufra las consecuencias, ya que la presión para acelerar la concesión de permisos ejerce presión sobre las evaluaciones ambientales y la consulta a las comunidades. Los portavoces del gobierno de Kast han expresado con frecuencia su frustración ante la “cultura de los permisos” que rodea a los proyectos de extracción.

La extracción de litio de la salmuera extrae agua de los sistemas subterráneos que sustentan las zonas de cría de los flamencos y los humedales. Un estudio de 2024 reveló que el Salar de Atacama (el salar más grande de Chile) se está hundiendo entre 1 y 2 cm al año debido a esta extracción.

“Como resultado del aumento de la evaporación del agua de los estanques de litio, estamos observando una menor cobertura vegetal, una disminución de las poblaciones de flamencos y la pérdida de lugares de anidación, así como daños en las estructuras microbianas de las zonas de humedales”, explica a Dialogue Earth la doctora Cristina Dorador, microbióloga que ha estudiado exhaustivamente los ecosistemas de los salares.

La industria tiene previsto expandirse a otros salares además del de Atacama, lo que ha generado preocupación entre las comunidades que viven cerca de ellos. El salar de Maricunga alberga el segundo yacimiento de litio más grande de Chile. Codelco está estudiando un proyecto de 900 millones de dólares con Rio Tinto, el gigante minero con sede en el Reino Unido, y se prevé que comience la producción en 2030.

“El complejo del salar de Maricunga es un lugar sagrado para el pueblo colla”, explica Cindy Quevedo a Dialogue Earth, conteniendo las lágrimas mientras describe los impactos de este proyecto para su pueblo y su territorio. Es presidenta del Consejo Nacional Pueblo Colla, una organización representativa indígena que agrupa a las comunidades colla.

“No es solo un salar: alberga biodiversidad en sus lagunas y es un importante corredor biológico donde hay flora y fauna, pero también donde nuestro apu [espíritu sagrado de la montaña] más sagrado nos cuida: el volcán Copayapu”.

El ex presidente chileno Gabriel Boric en la ceremonia de firma de la actualización del Contrato Especial de Operación de Litio en el Salar de Maricunga, el segundo yacimiento de litio más grande de Chile, en febrero (Imagen: Alex Ibañez / Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile)
Atrapados entre Washington y Beijing
La carrera por el control de las cadenas de suministro mundiales de baterías se está acelerando. Chile se encuentra ahora atrapado entre los intereses de dos superpotencias: Estados Unidos y China. Esta última se ha posicionado de manera dominante en lo que respecta a las cadenas de suministro de minerales, y Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Trump, ha tratado de contrarrestar esta situación, especialmente en América Latina.

Kast parece haber tomado partido muy rápidamente: en su primer día en el cargo, regresó apresuradamente de su ceremonia de investidura en la ciudad costera de Valparaíso para firmar un acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos. Su aliado de extrema derecha, el presidente argentino Javier Milei, también ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos.

Sin embargo, el equilibrio no se centra tanto en el litio específicamente como en la relación económica más amplia. China sigue siendo el mayor comprador de cobre de Chile —una relación comercial que mueve miles de millones al año—, lo que le da a China una influencia significativa.

“Creo que el objetivo ahora es utilizar el litio y otros metales como moneda de cambio a cambio de favores geopolíticos”, afirma Urdinez. “Parte del objetivo de esos memorandos [con EE. UU.] es impedir que China acceda a ciertos minerales y elementos clave, como las tierras raras”.

¿Qué son las tierras raras?

Las empresas ya han sufrido pérdidas por inversiones en la industria del litio. Los planes para una planta de baterías de BYD de 290 millones de dólares y una instalación de Tsingshan de 233 millones de dólares se descartaron el año pasado cuando los precios del litio se desplomaron. Tianqui Lithium, otra empresa china, posee una participación considerable en SQM, pero las empresas chinas siguen siendo actores minoritarios en el mercado del litio chileno, sin poder de decisión.

Independientemente de la política que aplique el gobierno de Kast, el acceso al litio depende actualmente de un marco regulatorio establecido por el Estado. En la actualidad hay diez proyectos a la espera de aprobación, y Corfo ha declarado que estos se respetarán.

Con una posible avalancha de inversiones en litio asomándose en el horizonte si se debilitan las regulaciones, las comunidades temen que los ecosistemas y los hábitats sufran las repercusiones.

“Vivo aquí, en las montañas; ¿por qué debería tener que afectar y destruir mis tierras sagradas para ofrecer soluciones a personas de otro continente que no han dejado de emitir CO₂?”, pregunta Quevedo.

“Estamos pagando las consecuencias sociales y medioambientales para crear una solución al cambio climático, un problema que no hemos creado nosotros”.
https://dialogue.earth/es/negocios/salares-chile-carrera-por-el-litio-china-eeuu/

Chile

Concesiones mineras sobre Florida y Biobío: crece tensión por avance de minera de tierras raras sobre poblaciones urbanas

15/05/2026
Concesiones mineras sobre Florida y Biobío: crece tensión por avance de minera de tierras raras sobre poblaciones urbanas

La comuna de Florida se encuentra hoy en un estado de alerta ante la densa red de concesiones mineras que comienzan a proyectarse sobre su territorio. La preocupación ha escalado al confirmarse que estas solicitudes no solo afectan zonas rurales, sino que se superponen directamente sobre el suelo urbano de la comuna. Específicamente, las poblaciones Tapihue, El Esfuerzo, San José de la Dehesa y San Lorenzo se encuentran bajo la amenaza técnica de estas concesiones, situando la posible actividad industrial a escasos metros de los hogares, plazas y escuelas de las familias floridanas.

Por Nicolás Salazar

En verde las concesiones mineras que se extienden por un tercio de la comuna de Florida. En la imagen se puede ver que rodean e incluso se sobreponen en el suelo urbano de la comuna, específicamente en las poblaciones Tapihue, El Esfuerzo y San Lorenzo, ubicadas en los extremos del área urbana (imagen)

Este fenómeno en Florida no es un hecho aislado, sino que forma parte de un despliegue masivo en la Región del Biobío. La empresa Aclara Resources (anteriormente conocida como BioLantánidos) ya lidera la avanzada con su proyecto en la vecina comuna de Penco, pero no es la única. Diversas compañías, aprovechando el Código de Minería vigente, han inscrito miles de hectáreas en el valle del Itata y la Cordillera de la Costa, buscando replicar el modelo de extracción de arcillas ioníferas en una región que hasta hace poco no figuraba en el mapa minero nacional

Este fenómeno es monitoreado de cerca por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), organización que desde 2018 acompaña a las comunidades del Biobío en asesoría estratégica, técnico-ambiental y legal frente a la avanzada minera.
Impacto ambiental y el colapso de un territorio en crisis

Los costos locales de esta «fiebre minera» son alarmantes. La literatura científica y los reportes internacionales advierten que la minería de tierras raras es una de las más contaminantes del mundo, asociándose frecuentemente a la liberación de elementos radiactivos como torio y uranio, además del uso intensivo de químicos que pueden lixiviarse hacia las napas subterráneas. La destrucción del suelo, la contaminación del agua y la pérdida irremediable de biodiversidad amenazan con transformar ecosistemas vitales en nuevas zonas de sacrificio ambiental.

Para Florida, esta amenaza llega a un territorio que ya se encuentra al límite de su resistencia. La comuna ha sido históricamente devastada por el monocultivo forestal de pino y eucalipto, modelo que ha secado sus cuencas hídricas y ha propiciado mega incendios catastróficos, como el ocurrido recientemente en 2026, que han puesto en riesgo la vida de sus habitantes. Sumar la megaminería a un paisaje ya erosionado y sediento representa, para las organizaciones sociales, un golpe final a la posibilidad de un desarrollo rural sustentable.

Según Lucio Cuenca, director del OLCA, la minería sumaría una nueva presión: «Hay amenaza por uso y contaminación de grandes cantidades de agua… y peligro por el transporte y uso de grandes cantidades de sustancias tóxicas»
Geopolítica del extractivismo: El Biobío en la mira de las potencias

La urgencia detrás de este despliegue responde a un contexto internacional frenético. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos esenciales para la industria de alta tecnología y la «transición energética». Sin estos minerales, es imposible fabricar imanes permanentes para autos eléctricos y turbinas eólicas, pero su uso más crítico y estratégico se encuentra en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), semiconductores y, fundamentalmente, en la industria armamentística para la guía de misiles, sonares y motores de aviones de combate.

Esta dependencia tecnológica ha desatado una tensión geopolítica global sin precedentes. Actualmente, China domina casi la totalidad del mercado de procesamiento de tierras raras, lo que ha llevado a potencias occidentales como Estados Unidos y Canadá a buscar desesperadamente fuentes alternativas en el Sur Global. El apoyo explícito del Pentágono a proyectos de suministro fuera de la órbita asiática sitúa a comunas rurales del Biobío en el centro de una disputa estratégica entre imperios que buscan asegurar su superioridad tecnológica y militar.

Según Lucio Cuenca, director del OLCA, este interés responde a una estrategia de potencias occidentales para «generar alianzas con el gobierno de EEUU para proveer Tierras Raras, conseguir financiamiento y tecnología de refinamiento, en el contexto de disputa geopolítica con China».

Cuenca advierte que Chile ha profundizado esta posición mediante la firma de un «Memorándum de Entendimiento con EEUU para colaborar en minerales críticos, que incluye facilitación en exploración e inversiones», lo que a su juicio «compromete la soberanía de nuestros pueblos e hipoteca la posibilidad de trazar caminos independientes». Para el experto, la narrativa verde es un disfraz: «Se profundiza el extractivismo en nuestros territorios… se precarizan territorios y se profundizan las desigualdades».
Amenaza a la soberanía habitacional y expansión intensiva

La situación en Florida es crítica debido a la falta de regulación que proteja el suelo habitacional frente al interés extractivo. Al tratarse de un modelo de minería a tajo abierto que requiere remover grandes volúmenes de tierra por hora, la proximidad con las poblaciones Tapihue y San Lorenzo sugiere un escenario de convivencia dificil, donde el ruido, el polvo en suspensión y la posible contaminación química degradarían irreversiblemente la calidad de vida urbana.

El director de OLCA destaca que la única defensa real es la organización: «El camino de la defensa territorial es una combinación de estrategias legales e institucionales… pero sobre todo de una movilización social en distintas formas que involucre a distintos actores de la comunidad». Por ejemplo en la comuna vecina de Penco, existe una propuesta llamada Parque para Penco, que surge surge precisamente como una alternativa para «proteger el bosque nativo que queda y recuperar ecosistemas degradados» frente a la voracidad de las forestales y mineras.

Finalmente, la expansión de la explotación intensiva de tierras raras sobre la Región del Biobío advierte una transformación radical del territorio. De concretarse estas concesiones en Florida, se consolidaría un modelo de ocupación que prioriza la rentabilidad de las corporaciones transnacionales por sobre la seguridad habitacional, salud y otros derechos sociales bàsicos de las poblaciones urbanas y rurales de Florida. La amenaza no es solo ambiental, sino una vulneración directa a la soberanía de las comunidades que ven cómo sus barrios son convertidos en meras coordenadas de una cadena de suministro global.
https://resumen.cl/articulos/concesiones-mineras-sobre-florida-y-biobio-crece-tension-por-avance-de-minera-de-tierras-raras-sobre-poblaciones-urbanas

Chile

Tribunal Ambiental anula permiso de millonario proyecto de Collahuasi tras reclamaciones de comunidades indígenas

El Segundo Tribunal Ambiental anuló el permiso ambiental del proyecto minero de Collahuasi por falencias en evaluación indígena.
Cristian Neira
15/05/2026
Imagen referencial sobre faenas mineras – Agencia Uno

El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi ”, una iniciativa valorizada en más de US$ 3.200 millones y considerada una de las inversiones mineras más relevantes actualmente en ejecución en Chile.

La decisión judicial ordenó retrotraer parte del proceso de evaluación ambiental, luego de detectar deficiencias en la forma en que fueron abordadas las observaciones presentadas por comunidades indígenas aymaras de la Región de Tarapacá.
Tribunal cuestiona evaluación ambiental del proyecto de Collahuasi

El fallo apunta directamente a la evaluación realizada respecto de las asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya, cuyos reclamos, según estableció el tribunal, no fueron correctamente caracterizados durante la tramitación ambiental del proyecto minero.

La instancia judicial concluyó que existían antecedentes insuficientes para descartar una eventual “susceptibilidad de afectación directa” sobre dichas comunidades, además de advertir que no se realizaron reuniones previas exigidas por el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, el tribunal sostuvo que observaciones formuladas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), relacionadas con impactos en el medio marino, no fueron debidamente consideradas por el Comité de Ministros que anteriormente había rechazado los recursos contra la RCA.
Proyecto minero de más de US$ 3.200 millones queda sin efecto

La resolución judicial anuló tanto la decisión del Comité de Ministros como la RCA aprobada en diciembre de 2021 para el proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

La iniciativa busca extender la vida útil de la operación minera por cerca de 20 años, aumentando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados desde 170 mil a 210 mil toneladas por día, además de incorporar una planta desaladora como fuente complementaria de abastecimiento hídrico.

En su sentencia, el Segundo Tribunal Ambiental afirmó que la resolución impugnada “carece de una debida fundamentación”, ya que las observaciones ciudadanas fueron abordadas “de manera incompleta y sin una adecuada ponderación técnica y jurídica”.
Comunidades indígenas lideraron reclamaciones

Entre quienes presentaron reclamaciones se encuentran la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta, la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, además de agrupaciones indígenas de Copaquire y otras organizaciones aymaras de Tarapacá.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/tribunal-ambiental-anula-permiso-millonario-proyecto-collahuasi-reclamaciones-comunidades-indigenas-n5458828

Chile

Comunidad atacameña lleva al Tribunal Ambiental proyecto en Salar de Atacama rechazado en últimos 4 gobiernos

El proyecto aprobado recientemente por el Comité de Ministros fue rechazado en 4 instancias por su impacto ambiental en el Salar de Atacama.
Nicole Donoso 12/05/2026

Salar de Atacama. 

La Comunidad Atacameña de Peine recurrirá al Primer Tribunal Ambiental para revertir la decisión del Comité de Ministros que aprobó la construcción de un proyecto minero destinado a la producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama, iniciativa que había sido desestimada los últimos cuatro gobiernos.

Se trata de la iniciativa presentada ante el SEIA en 2009 por el Grupo Errázuriz “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine”, que suma una inversión de US$43,2 millones para la elaboración de 200 mil toneladas de este mineral, con una vida útil de 20 años.

El proyecto fue rechazado en cuatro oportunidades por los gobiernos de Sebastián Piñera I y II, Michelle Bachelet II y Gabriel Boric, durante los años 2012, 2017, 2021 y 2025, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental como por el Comité de Ministros.

La comunidad denunciante asegura que la iniciativa carece de elementos técnicos acordes a la legislación chilena en materia medioambiental. Además, buscarán contactarse con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para que transparenten por qué no fueron invitados a participar de la sesión del Comité de Ministros celebrada el pasado jueves 7 de mayo, pese a las reiteradas cartas planteando la solicitud.
Falta de antecedentes técnicos y mitigación

Durante los últimos 17 años las autoridades ambientales determinaron que no fue posible evaluar de forma adecuada el impacto del proyecto, debido a diversas deficiencias en la información entregada por la empresa. Entre los principales reparos se identificaron problemas en la línea de base ambiental, en particular en la caracterización de ecosistemas frágiles del Salar de Atacama, como vegas, bofedales y sistemas lacustres.

También se observó la falta de antecedentes suficientes en materias clave como hidrogeología, hidrología y biodiversidad, incluyendo eventuales efectos sobre especies protegidas como el flamenco andino, clasificado como vulnerable y con sitios de nidificación en la zona.

A esto se sumaron observaciones técnicas al modelo hidrogeológico utilizado para proyectar el impacto de la extracción de salmuera. Según los evaluadores, no se acreditó con certeza cómo el bombeo afectaría los niveles de agua ni la existencia de barreras naturales que separen las áreas de extracción de ecosistemas sensibles cercanos.

Asimismo, se cuestionó que parte de los parámetros de monitoreo y alerta provinieran de información de terceros, en lugar de estudios propios realizados en terreno. Las autoridades añadieron que el proyecto no incorporaba medidas claras de compensación o reparación frente a los eventuales impactos ambientales identificados.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/comunidad-atacamena-lleva-al-tribunal-ambiental-proyecto-salar-atacama-rechazado-ultimos-4-gobiernos-n5458721

Chile

Confirman multa a minera que opera tranque de relaves colapsado contaminando un río en Aysén con metales

A pesar del problema de contaminación minera constatado desde 2015 en una localidad rural de Aysén, la empresa no ha cumplido con las medidas para frenarla.
María del Mar Parra
12/05/2026
Contaminación minera en Aysén.
Foto: CODESA.

En un entorno rodeado de montañas y bosque nativo en Aysén, la actividad minera en la faena El Toqui desde 1983 ha dejado un grave problema de contaminación por metales pesados en los suelos y ríos de la localidad rural de Alto Mañihuales, provocando incluso la muerte de ganado.

Al menos desde 2015, informes públicos detectaron la contaminación en los suelos y en muestras de orina de vecinos, y la Superintendencia de Medio Ambiente ha sancionado a la empresa titular anterior y la actual, por incumplir los planes de cierre. Pero más de 10 años después, siguen sin tomarse medidas para frenar la contaminación que constantemente se está filtrando al ambiente.

Incumplimientos reiterados
Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una sanción impuesta en 2022 por Sernageomin en contra de la empresa Minera Pacífico del Sur, que adquirió el proyecto en 2020. Se la obliga a pagar los montos adeudados de más de $12 mil millones como garantía para ejecutar el plan de cierre, además de una sanción de $ 400 millones por no haber pagado las cuotas para este fin.

La sanción ya había sido confirmada por un juzgado civil en 2024, luego de que la empresa judicializara el caso para revertir la decisión de Sernageomin. Organizaciones locales están esperando a saber si la empresa acatará el fallo de Apelaciones o recurrirá a la Corte Suprema.

Durante los 19 meses de tramitación del caso en la Corte de Apelaciones, vecinos y especialistas en derecho ambiental denuncian que se utilizaron “maniobras dilatorias” por parte de la empresa y del Sernageomin para aplazar el proceso.

Además, pesan sobre la empresa sanciones de la SMA que obligan a someter el proyecto a evaluación ambiental, lo cual aún no se ha cumplido, y otras sanciones por la falta de monitoreo de las variables ambientales y la no entrega de información reglamentaria.
Contaminación minera en Aysén

Uno de los problemas más grandes de la mina El Toqui son los tranques de relaves donde se depositan los desechos mineros que ha acumulado la operación.

Un informe de Sernageomin conocido en abril de 2025, determina que el tranque Confluencia está almacenando tres veces el máximo de relaves contaminantes permitido y que operó once años a pesar de que tenía permiso para operar solo seis años.

Recientemente, un informe del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) detectó altos niveles de arsénico que superan más de 60 veces el límite permitido para agua potable en el estero San Antonio de Alto Mañihuales.

A mediados de 2025, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó que el Estado está violando los derechos humanos de vecinos de la zona por la falta de acciones concretas para frenar la contaminación.

Vacas muertas
Vecinos también acusan negligencia de las autoridades por la falta de monitoreo e información sobre la contaminación y cómo está afectando a las personas.

En 2024, a un vecino se le empezaron a morir las vacas. Relata que la veterinaria del SAG le dijo que por su experiencia y por la coloración de los órganos que presentaban los animales, se trataría de contaminación por metales pesados, pero que no había recursos en la región para determinar oficialmente la causa de muerte con estudios.

También declaran que en 2026 se entregaron los resultados de muestras que tomó la DGA del agua potable, que arrojaron metales pesados dentro de la norma. Vecinos solicitan que se haga un monitoreo continuo en el año ya que denuncian que la toma de muestras fue en invierno pero la contaminación más grave se da en verano.

“El hecho de que no hayan muestreos de suelo, de la orina de los vecinos o del ganado, es por mera negligencia de las instituciones públicas. El escenario constatado en 2018 por la SMA no ha cambiado en nada y la empresa se ha negado a tomar acciones para cambiarlo, por lo que no se trata de un episodio puntual sino de una contaminación constante”, declara Erwin Sandoval de la organización local CODESA, que ha seguido el caso.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/confirman-multa-minera-que-opera-tranque-relaves-colapsado-contaminando-un-rio-aysen-metales-n5458711

Chile

Estado rechaza cuarta propuesta de conciliación de minera demandada por daño ambiental en salar de Surire

Continúa el proceso judicial que busca una sentencia por daño ambiental contra la minera Quiborax por dañar irreparablemente el salar de Surire y afectar la nidificación de flamencos.

María del Mar Parra 05/05/2026
Flamencos a pocos metros de actividad minera en el salar de Surire.
Foto: Captura de video, Patagonia.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó en 2024 a la empresa minera Quiborax por generar un daño ambiental en el salar de Surire; una ecosistema protegido en el desierto de la región de Arica, del cual la empresa extrae ulexita desde 1987. Allí, los flamencos y vicuñas circulan a pocos metros de los camiones y retroexcavadoras mineras.

La empresa ha ofrecido en cuatro ocasiones propuestas con medidas para llegar a un acuerdo y cerrar el caso. Pero este mes, el CDE rechazó la cuarta propuesta y el proceso judicial continuará en busca de una sentencia por el daño ambiental, a menos que se presente otra propuesta que sí sea aceptable para el Estado.

En las cuatro ocasiones, el CDE consideró que la propuesta de la minera es insuficiente para hacerse cargo del daño generado, que según la demanda es “continuo, acumulativo, permanente e irreparable”.
Minera, Surire y el daño ambiental

La demanda declara que la minera Quiborax ha acumulado 37 años de actividad minera sobre el salar, transitando de una forma de extracción de baja mecanización a una faena que implica el tránsito de retroexcavadoras, montacargas y camiones directamente sobre el salar, y un aumento considerable en la cantidad de toneladas extraídas.

Esta actividad se ejecuta sin haberse sometido a evaluación ambiental a lo largo de los años y sin medidas para mitigar el impacto. Esto, según el documento del CDE, ha destruido irreparablemente la superficie del salar y su régimen de inundación, afectando a comunidades locales y también interviniendo sitios de reproducción de flamencos en estado de conservación que anidan en las lagunas del salar.

Suspensión de actividades

La operación de la minera había sido suspendida como medida cautelar mientras durara el juicio, para no acrecentar el presunto daño ambiental. Sin embargo, y dada la situación económica de la minera, el Primer Tribunal Ambiental autorizó de forma excepcional que se vuelva a extraer una cantidad acotada del mineral.

Desde el CDE intentaron revertir esta autorización, argumentando que la actividad permitida tampoco se ha sometido a evaluación ambiental, por lo que se está aceptando un riesgo de acrecentar el daño ambiental y el impacto en la nidificación de flamencos, sin información que permita descartar dicho riesgo. Los recursos fueron rechazados.

Comunidades que habitan cerca del salar también se hicieron parte en la demanda pidiendo que se tome en cuenta no solo el daño en el salar mismo sino en la reserva de la biósfera Lauca, por el tránsito de camiones que extraen agua de la reserva para humedecer y mantener el camino minero usado para la faena.

El salar de Surire está protegido bajo diversas figuras: Es parte de la Reserva de la Biósfera Lauca reconocida por la UNESCO, es sitio Ramsar reconocido como un humedal de importancia mundial, es un Monumento Natural administrado por Conaf.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/estado-rechaza-cuarta-propuesta-conciliacion-minera-demandada-dano-ambiental-salar-surire-n5458551

Chile

Andina Los Bronces: El gigante del cobre que se gesta sobre la cordillera de Santiago y los glaciares

Para extraer más cobre entre los glaciares de la cordillera de Santiago, este año se presentaría a evaluación el proyecto conjunto de Codelco y Anglo American.
Por María del Mar Parra
22/04/2026

Codelco y Anglo American firmaron una de las mayores alianzas de minería del cobre a escala global, y ahora se preparan para presentar a evaluación ambiental una iniciativa conjunta de extracción en el distrito minero que ambas empresas comparten en la cordillera en el límite entre la región Metropolitana de Santiago y la de Valparaíso.

Ya en 2023 cuando se aprobó el proyecto Los Bronces Integrado de Anglo American en este mismo yacimiento, se despertaron alertas desde organizaciones ambientales e incluso desde el Gobierno Regional Metropolitano, sobre todo por su impacto en los glaciares.

Según develó la agencia Reuters, las empresas pretenden presentar dos Estudios de Impacto Ambiental (EIA) a evaluación, simultáneos y prácticamente idénticos, pero separados. Esto para operar las dos faenas contiguas como un solo rajo minero, pero con permisos independientes.

Este plan permitirá aumentar la producción del distrito en 120 mil toneladas adicionales de cobre en promedio anual entre 2031 y 2051, generando al menos US$ 5 mil millones adicionales antes de impuestos.

Minería del cobre y glaciares

En una mega sequía que ha experimentado un paréntesis en los últimos años, todas las proyecciones climáticas indican que van a aumentar las temperaturas y disminuir las lluvias en las zonas cordilleranas y pre cordilleranas de Chile central, aumentando la presión sobre el abastecimiento de agua.

Mientras la crisis climática acelera el derretimiento de los glaciares también lo hace la minería, al emitir hollín negro que se deposita en la superficie de hielo y la oscurece, aumentando la absorción de energía solar.

Aunque esto parece una realidad lejana, montañistas que frecuentan la cordillera de Santiago han viralizado videos donde muestran a simple vista el polvo que emite la mina Los Bronces de Anglo American, justo al lado de glaciares como La Paloma, cuya superficie se puede ver oscurecida por el hollín.
Contaminación y minería

Otro impacto de la minería que puede no solo dañar los ecosistemas sino la salud de la población es la emisión de contaminantes al ambiente, lo que puede tener un impacto en la calidad del agua, el suelo y el aire más allá de su vecindad inmediata.

Estudios recientes han demostrado que el polvo con metales pesados y tóxicos de las minas de cobre puede viajar hasta por 70 kilómetros viento abajo depositándose sobre suelos, superficies y cuerpos de agua.

En el caso de Santiago, también se han detectado peligrosas concentraciones de cobre, manganeso y arsénico en el agua del río Mapocho, que según una fiscalización de la Dirección General de Aguas de 2025, podrían estar ligadas al relave minero de Anglo American en la alta cordillera.

Tuberías para los relaves mineros

Otro cuestionamiento que surgió a raíz de la expansión de la mina Los Bronces, es que para concretarla, la empresa debe hacerse cargo de una deuda histórica: mover 48 millones de toneladas de residuo minero acopiadas en el tranque de relaves Pérez Caldera en Lo Barnechea.

Este movimiento se hará a través de tuberías nuevas y existentes, cruzando al menos 36 kilómetros de cordillera y cerros, para llevar los residuos al tranque Las Tórtolas en Colina. La cercanía con viviendas, la evaluación del proceso por una vía poco exigente, la emisión de contaminantes y los problemas en el tranque de destino generan alerta en las comunidades de ambas comunas, que presentaron reclamaciones ante la justicia.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/andina-los-bronces-el-gigante-del-cobre-que-se-gesta-la-cordillera-santiago-y-los-glaciares-n5458253

Chile

Chile: pescadores ya han puesto seis querellas criminales contra Minera Escondida por el derrame de desechos industriales


Barinia Montoya
07/04/2026
La compañía Minera Escondida | BHP fue denunciada por supuestos delitos ambientales tras un vertimiento de desechos industriales en 2025, en el sector de Roca Roja, en la costa de Antofagasta.
La acción penal fue interpuesta por más de 390 pescadores artesanales y la Corporación de Desarrollo y Fomento de Orilleros, Pescadores Artesanales y Algueras de Chile, que denuncian un «cementerio invisible» bajo el mar, mientras la empresa asegura haber activado planes de contención.
La investigación judicial, bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales, incluye peritajes de la Policía de Investigaciones y declaraciones del representante legal de Minera Escondida, el mayor productor mundial de concentrados y cátodos de cobre.
Expertos de la Universidad de Antofagasta advierten sobre la persistencia de metales pesados y el fenómeno de bioacumulación en especies que sustentan la economía local.

Cinco datos clave
El mar es «un cementerio de mariscos y jaibas«, asegura Alicia Contreras, secretaria del sindicato de pescadores de Caleta Antofagasta.

La ciudad donde se ubica esta caleta, y que lleva el mismo nombre, Antofagasta, está a más de 1300 kilómetros al norte de Santiago y es considerada la capital minera de Chile, el principal país productor de cobre del mundo.

En la costa, y al sur de la zona urbana, se divisa una geometría de acero: la manga de carga de Puerto Coloso, un brazo industrial que se extiende cientos de metros hacia el mar, diseñada para verter toneladas de concentrado de cobre en barcos mercantes internacionales.

Desde la orilla de la playa, la enorme infraestructura, que pertenece a Minera Escondida, operada por la multinacional BHP, reduce los pequeños botes de madera de los pescadores a meras motas de colores que flotan sobre un mar que, bajo su superficie, acumula químicos que hoy son el centro de una disputa judicial.

Aunque la mina se encuentra a 170 kilómetros al interior, en pleno desierto de Atacama, el concentrado de cobre viaja mezclado con agua —en forma de lodo— a través de un mineroducto hasta llegar a la costa. En la planta de filtros de Puerto Coloso, el mineral es sometido a un proceso de secado para su exportación, separando el concentrado sólido del agua industrial.

A menos de tres kilómetros hacia el norte de ese puerto, se encuentra Roca Roja. Allí, la empresa mantiene piscinas de emergencia que están diseñadas para contener excedentes de agua de proceso o residuos industriales líquidos (riles), en caso de fallas en el sistema de bombeo o mantenciones no programadas. Es decir, funcionan como una «válvula de seguridad» para evitar vertimientos. Su ubicación en la pendiente del borde costero, sin embargo, las sitúa en una posición de alta vulnerabilidad ambiental.

Fue justamente ahí donde el 25 de junio de 2025 se produjo un vertimiento hacia el mar que rompió la frágil paz entre la industria minera y los pescadores artesanales de la costa de Antofagasta. Lo que comenzó como un «rebase de agua de proceso», según declaró Minera Escondida en un comunicado que envió por correo electrónico a Mongabay Latam, se transformó en un «río de escoria» café que fluyó directamente hacia el Pacífico, según contaron los pescadores.

La emergencia activó una batalla legal que ha ido creciendo a medida que avanzan los meses. Lo que comenzó con una primera acción legal interpuesta en 2025 por un grupo de pescadores, escaló rápidamente durante el primer trimestre de 2026 con la presentación de otras cinco querellas criminales en el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Más de 390 pescadores artesanales y la Corporación de Desarrollo y Fomento de Orilleros, Pescadores Artesanales y Algueras de Chile (Corpach), acusan a la minera por la supuesta introducción de agentes contaminantes en el mar que causan daño a los recursos hidrobiológicos y por presuntos delitos ambientales bajo la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales.

Los querellantes solicitan que la Justicia determine la supuesta responsabilidad penal de los ejecutivos de la compañía y exigen que se detenga el funcionamiento de las piscinas de emergencia en Roca Roja hasta que se garantice su seguridad técnica, además de la remediación total del ecosistema marino afectado por los metales pesados.

Los residuos industriales que llegaron al mar
Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando el silencio de Roca Roja fue roto por el colapso de una piscina de emergencia. Según el expediente judicial, se produjo un rebalse masivo de residuos industriales líquidos (riles) compuestos por una mezcla de ácido sulfúrico, plomo, arsénico y otros metales pesados. Gerardo Tapia, pescador de Caleta Antofagasta, relata que el impacto fue inmediato: «Hubo un rebalse de una piscina y se deslizó toda la escoria hasta la orilla de la playa. Todo estaba ahí”, recuerda.

El abogado Ronnie Muñoz, quien lidera dos de las querellas criminales contra Minera Escondida, sostiene que posee registros visuales de un «río de escoria» café que avanzó por la arena hasta fundirse con el oleaje. Esos videos, a los que Mongabay Latam tuvo acceso, son parte de la evidencia entregada por la parte querellante.

La noticia del derrame no llegó por canales oficiales a Caleta Antofagasta, sino a través de los mismos pescadores que a esa hora entraban o salían del mar. Giovanny Farandato recuerda que compañeros pescadores le comentaron haber visto esparciéndose el material en la penumbra de la madrugada en Roca Roja.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con Minera Escondida|BHP para profundizar en las causas del colapso y las medidas de contención y remediación. En respuesta, la compañía declinó la entrevista y envió una declaración oficial por correo electrónico: “En junio de 2025 se produjo un rebase de agua de proceso desde una piscina de emergencia, en el sector de Roca Roja, sur de Antofagasta. Ante esta situación la compañía activó —en coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente, la Gobernación Marítima y la Dirección de Vialidad— un plan de contención inmediata».

La empresa agregó: «Además, se realizaron acciones que incluyeron tomas de muestras, operativos de limpieza e instalación de pretiles [barreras de contención], entre otros. Los avances y cumplimiento de estas medidas fueron reportados tanto a las autoridades correspondientes como a nuestra comunidad anfitriona de Caleta Coloso, a través de instancias formales de relacionamiento».

Con la comunidad, dice la compañía, mantiene en desarrollo un programa de «monitoreos participativos». «Nuestra compañía ha colaborado y seguirá colaborando activamente con la autoridad en todas las instancias requeridas».

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) —el organismo que se encarga de fiscalizar y regular el cumplimiento de la normativa ambiental—, confirmó a Mongabay Latam que la empresa reportó el incidente a través del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), aunque situó el evento el 29 de junio de 2025, cuatro días después de la fecha denunciada por los pescadores.

Tras una inspección en terreno el 1° de julio, el ente regulador concluyó en su Informe de Fiscalización Ambiental (IFA) que las acciones de limpieza y toma de muestras de la minera se ajustaron a lo establecido en su permiso ambiental (RCA).

El equipo legal de los pescadores aseguró que la Justicia ya ordenó las primeras investigaciones. De hecho, según el abogado Muñoz, la investigación judicial ha avanzado al punto de tomar declaración del representante legal de la minera, Alejandro Tapia Godoy.

Fuentes de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones (PDI) ratificaron a Mongabay Latam que actualmente se encuentran levantando evidencias en terreno.

Crece el número de querellantes
La ofensiva judicial contra Minera Escondida|BHP ha crecido en volumen y complejidad. A la primera querella iniciada por un grupo de pescadores en 2025 se sumaron otras cinco y ya son más de 390 los pescadores encabezando estas acciones legales, junto con la Corpach.

Esta fragmentación no es accidental, sino que responde a “una metodología de trabajo estratégica”, explicó a Mongabay Latam el abogado Muñoz.

Además, el caso se ampara en la nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Esta normativa, vigente desde 2023, “endurece las penas para los directivos de empresas que dañen el medioambiente, permitiendo incluso penas de cárcel efectiva y responsabilidad penal para la persona jurídica”, explica el abogado.

Para Muñoz, el caso de Roca Roja es hoy la «prueba de fuego» para la institucionalidad ambiental del país.

Alicia Contreras, secretaria del sindicato de pescadores de Caleta Antofagasta, ha dedicado su vida a esta organización que está por cumplir 100 años de historia. Mientras camina entre las redes y el bullicio de los botes, explica que su sector se siente el «patito feo» de la ciudad, invisible para los planes de inversión minera.

Barcos artesanales en Caleta Antofagasta. Foto: Barinia Montoya
Elías Godoy, presidente del sindicato, refuerza esa opinión. Su voz denota la autoridad de quien conoce el fondo marino. Describe un fango espeso que ha reemplazado el ecosistema vibrante de su niñez. «Desde que se instaló la Minera Escondida ahí, realmente no existió nunca más un marisco, una jaiba. Todo lo mató», dice con una amargura que no busca lástima, sino justicia.

La ofensiva de los pescadores no ocurre en un vacío de antecedentes: en julio de 2024, el Primer Tribunal Ambiental condenó a Minera Escondida por el «daño ambiental irreparable» causado en las Vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama, en el norte de Chile, tras acreditar el desecamiento de ecosistemas por la extracción de agua. A casi dos años de aquel veredicto, los abogados de los pescadores sostienen que el incidente en Roca Roja demostraría una persistencia en las fallas de control ambiental de la operadora, esta vez afectando el borde costero.

La huella invisible
El debate sobre si la limpieza de la empresa fue efectiva encuentra un contrapunto. Manuel Zapata, jefe de carrera de Biología Marina de la Universidad de Antofagasta y director del Laboratorio de Biotecnología Ambiental Aplicada (BIOAL), explica que los metales pesados no desaparecen simplemente con remover la capa superficial de arena.

Zapata advierte sobre la bioacumulación —el proceso por el cual sustancias químicas se acumulan en un organismo a un ritmo más rápido de lo que pueden ser eliminadas—, lo que significa que el plomo y el arsénico vertidos en Roca Roja podrían estar ya integrados en los tejidos de las especies que los pescadores extraen.

«Cuando estos contaminantes entran al medio marino, se produce una adsorción —proceso donde los átomos de un gas o líquido se adhieren a una superficie sólida— en los sedimentos del fondo», explica el académico.

Zapata enfatiza que especies como los pulpos, locos y erizos, al ser organismos bentónicos —aquellos que viven adheridos o relacionados directamente con el fondo marino—, están en contacto permanente con estos sedimentos tóxicos. Según el experto, si se realiza una limpieza puede ser meramente cosmética si no se considera la fracción biodisponible de los metales, es decir, la porción del contaminante que realmente puede ser absorbida por los seres vivos y causar daño biológico.

La preocupación científica coincide con el relato de los pescadores de Caleta Antofagasta sobre el «fango» estéril. Zapata señala que la sinergia de contaminantes —el efecto combinado de varias sustancias que es mayor a la suma de sus partes individuales— en una zona ya estresada por puertos y desaladoras genera un escenario crítico para la biodiversidad. En las querellas se solicita que se investigue el daño a la biota —el conjunto de flora y fauna de un lugar— bajo el artículo 136 de la Ley de Pesca, que sanciona la introducción de agentes contaminantes que causen daño a los recursos hidrobiológicos.

Para Zapata, el riesgo no es solo ecológico sino de salud pública debido a la transferencia de estos metales a través de la cadena trófica —la red de quién se come a quién en el ecosistema— hasta llegar al plato del consumidor final.

“No buscamos solo una cifra económica [como compensación al daño]”, dicen los pescadores del sindicato de Caleta Antofagasta. “Buscamos que el mar de Antofagasta deje de ser un sacrificio aceptable en la cuenta de resultados de la gran minería”.

*Imagen principal: riles o residuos industriales líquidos derramados en la playa, en el sector Roca Roja. Foto: utilizada en las querella interpuestas contra Minera Escondida|BHP

Chile: pescadores ya han puesto seis querellas criminales contra Minera Escondida por el derrame de desechos industriales

Chile

IA para anticipar conflictos: lanzan en Chile plataforma que integra datos ambientales y sociales en tiempo real

20/03/2026
Accionet lanzó SIMCII, una plataforma chilena de inteligencia artificial que integra datos ambientales y sociales en tiempo real para anticipar conflictos y mejorar la gestión territorial.

En un contexto donde los proyectos productivos enfrentan crecientes exigencias en materia ambiental, social y territorial, la empresa Accionet presentó SIMCII, una plataforma chilena de inteligencia artificial territorial que integra datos ambientales y sociales en tiempo real para anticipar conflictos, optimizar la gestión y fortalecer la relación entre empresas y comunidades.

La solución tecnológica surge como respuesta a una brecha crítica en la gestión territorial: la fragmentación de la información. Hasta ahora, muchas organizaciones han debido tomar decisiones con datos dispersos, desactualizados o poco comparables, dificultando la capacidad de anticiparse a escenarios complejos en los territorios donde operan.

“Hoy, gran parte de los datos clave para la toma de decisiones, desde el monitoreo ambiental hasta la percepción comunitaria, se encuentran dispersos, llegan con retraso o no son comparables, dificultando la anticipación de conflictos y la gestión eficiente de los territorios”, explicó Juan Fontaine Correa, fundador de Accionet.
Plataforma chilena de IA territorial apunta a transformar la gestión de riesgos

Según detalló la compañía, SIMCII fue diseñada para ayudar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas a pasar de una lógica reactiva a una gestión basada en datos, monitoreo y anticipación.

La plataforma permite reportar de forma tangible el impacto de los proyectos en los territorios, incorporando indicadores que hasta ahora resultaban más difíciles de medir de manera sistemática, especialmente en el ámbito social y medioambiental.

“La toma de decisiones basada en datos no es un concepto nuevo en el mundo empresarial. Las empresas llevan décadas midiendo producción, costos y mercados. La innovación es llevar estas métricas al ámbito social y medioambiental y convertirlas en indicadores estratégicos”, sostuvo Fontaine.

Agregó que esta necesidad no solo involucra al sector privado, sino también a municipalidades y gobiernos regionales, que deben administrar territorios con recursos limitados y demandas crecientes por parte de la ciudadanía.
Cómo funciona SIMCII: monitoreo ambiental y medición social en tiempo real

En términos operativos, la plataforma incorpora un módulo de medición medioambiental que monitorea variables como gases, olores, residuos y material particulado, entre otros indicadores, cruzándolos con datos del entorno para anticipar eventos críticos.

A ello se suma un segundo componente orientado a la dimensión social, que registra indicadores de satisfacción comunitaria y necesidades en áreas como salud, educación y empleo, evaluando en tiempo real el impacto de proyectos e iniciativas territoriales.

Ambos módulos se integran en paneles visuales que facilitan la toma de decisiones de ejecutivos, autoridades y equipos en terreno, entregando una visión más completa sobre la evolución de los territorios y los riesgos asociados a cada operación.

“Una de las principales ventajas de la plataforma es su capacidad de adaptación a distintas industrias y procesos, lo que abre su uso para múltiples sectores y fines”, destacó el ejecutivo.
SIMCII inicia operación y apunta a minería, energía y recursos naturales

Actualmente, SIMCII ya cuenta con su primer cliente activo: el proyecto Las Salinas, vinculado al sector de recursos naturales y energía. Además, la firma informó que mantiene conversaciones con distintas empresas del rubro minero, una industria donde la anticipación de riesgos socioambientales y la vinculación con comunidades son factores cada vez más relevantes para la sostenibilidad de los proyectos.
https://www.reporteminero.cl/noticia/tecnologia/2026/03/simcii-plataforma-chilena-ia-anticipar-conflictos-ambientales-sociales