Chile

Los detalles del acuerdo entre Codelco y el CDE por el Salar de Pedernales

18/11/2020
Salar pedernales
Medidas para resguardar los recursos hídricos y diversos estudios sobre la zona son parte de las acciones que deberá ejecutar la estatal.
Cuando los plazos están cada vez más ajustados para darle el vamos al proyecto que permitirá extender la vida útil de la División Salvador en al menos 40 años, Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sellaron un acuerdo para poner fin al conflicto que mantenían desde el 15 de julio, luego de que el organismo presentara una demanda por un eventual daño ambiental en el Salar de Pedernales, el que contempla diversas medidas.

En un escrito de 25 páginas, presentado al Primer Tribunal Ambiental acompañado de anexos y otros extensos documentos, las partes zanjan los compromisos -que hasta el momento se discutían en completa reserva- que permitieron poner fin al conflicto, el que de todas formas debe esperar la luz verde del Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.

Uno de los componentes clave del acuerdo apunta directamente a medidas asociadas a recursos hídricos que buscan generar condiciones de recarga adicionales al acuífero que no existían hasta la fecha, por la vía de dejar escurrir cierto caudal desde el tranque la Ola hacia aguas abajo y mediante el cierre de un Dren construido durante la década del 20 del siglo pasado. Esto, de manera de aumentar la recarga del acuífero del Salar de Pedernales.

En este aspecto, también se considera que la estatal presente un complemento al Plan de Seguimiento Ambiental Voluntario (PSAV) del proyecto Rajo Inca para incorporar el objetivo de recuperación de los niveles del acuífero del Salar de Pedernales.

Este ejercicio considera la incorporación de 19 pozos y piezómetros para monitorear sectores de la cuenca de Pedernales que actualmente no cuentan con puntos de monitoreo y complementar el plan de control del sector a través de la suma de dos nuevos puntos de control y la definición de valores umbrales para ellos.

Entre otras medidas, se fija que la cuprífera desarrollará una investigación para generar información de carácter público sobre nuevas fuentes de agua en las cuencas. Esto involucra la adjudicación de una licitación para ejecutar las actividades de investigación, permitiendo su desarrollo por un período estimado entre cuatro y seis años y cuyo producto final será entregado al CDE.

En esa línea, también la minera deberá encargar la elaboración de un estudio de bioecología en el área activa del sistema vegetacional azonal hídrico terrestre que se emplaza en el Salar de Pedernales.

En cuanto a los plazos implicados en el cumplimiento del acuerdo, en el documento se deja constancia que en el mes de junio de cada año, a partir de la fecha en que la resolución que aprueba este avenimiento se encuentra firme y ejecutoriada, Codelco enviará un informe de avance respecto de la totalidad de las medidas convenidas.

Boleta de garantía y cláusulas penales
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, Codelco entregará al CDE garantías financieras. Esta se calculará a partir de la estimación de los costos de ejecución de todas las medidas -con excepción de la que se refiere al reestablecimiento de escorrentía superficial desde Río La Ola-, cuyo monto asciende a $ 16.310 millones.

Asimismo, las partes acordaron una cláusula penal respecto a la obligación de mantener un caudal promedio mensual de 30 l/s en el tranque La Ola, la que se cumplirá de inmediato y a todo evento con cargo a la disponibilidad hídrica de División Salvador, y que no se hace depender de la ejecución de las inversiones que Codelco deberá realizar gradualmente para suplir este caudal en sus operaciones.

De esta forma, si bien se reconoce que la minera debe realizar inversiones del orden de US$ 35 millones para lograr reducciones en el consumo de agua del proyecto Rajo Inca en un caudal equivalente al comprometido, la medida en definitiva constituye una obligación de hacer, consistente en dejar pasar a todo evento el caudal indicado desde dicho tranque.

Esta cláusula se regulará, detalla el escrito, estableciendo que la cuprífera constituirá una garantía financiera por un total de 30.000 UF y la pondrá a disposición del CDE dentro de los 60 días siguientes a que la resolución del Tribunal Ambiental quede firme y ejecutoriada.
Fuente: Diario Financiero

Los detalles del acuerdo entre Codelco y el CDE por el Salar de Pedernales

Chile

El lobby feroz de las mineras y esta carta abierta a Girardi, Elizalde y Provoste: algo huele a podrido en el Senado

El Clarín de Chile 20/11/2020
¿Por qué no defendieron el espíritu del proyecto original? le preguntan a los senadores
Diversas organizaciones ambientales, territoriales y de defensa de los glaciares, enviaron esta carta abierta a los senadores Girardi y Elizalde y a la senadora Yasna Provoste referida a la tramitación del proyecto de Protección de Glaciares. Este proyecto, que lleva años entrampado en los canales legislativos tiene sus motivos: el lobby inmundo de las mineras. Ante estas presiones oscuras, amenazadoras y nauseabundas, los legisladores y legisladoras ganan tiempo, presentan indicaciones, dan cientos de vueltas pero no dan la cara al país. Una vergüenza que está expresada en esta carta llena de indignación y no poca frustración.

Ha llegado carta:
Como comunidades organizadas territorialmente para hacerle frente a proyectos extractivos que destruyen glaciares, tras los últimos acontecimientos ocurridos en la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Glaciares en la Comisión de Minería y Energía del Senado, exigimos una explicación y que se transparenten sus decisiones.

La demanda por una ley de protección de glaciares, que nació en la comunidad de Alto del Carmen por el proyecto minero binacional Pascua Lama, se ha topado en cada tramitación con los mismos obstáculos; el poder económico, el poder Ejecutivo y el Legislativo.

La minería presionando en todos los espacios posibles con sus campañas del terror; los gobiernos de turnos que de forma transversal buscan proteger los intereses de las compañías mineras y los parlamentarios que no están dispuestos a legislar por el Bien Común.

La configuración de la Comisión de Minería y Energía les entrega a uds tres la mayoría. Es decir, votando en bloque, podrían lograr un proyecto realmente efectivo y que apunte a una protección total de estos bienes comunes tan fundamentales para la subsistencia de millones de personas y de la biodiversidad y que son hoy la fuente más importante en el abastecimiento de agua de forma permanente.

Por eso nos y les preguntamos ¿qué pasó?

¿Por qué, en vez de unirse y votar en contra de la indicación del gobierno, se unieron para presentar nuevas indicaciones que van en la misma línea de la desprotección?

¿Por qué no defendieron el espíritu del proyecto original?

¿Por qué ingresaron nuevas indicaciones?, ¿De dónde surgió eso?, ¿Acaso el Senador Elizalde (PS) no estuvo dispuesto a votar en contra de las indicaciones del gobierno y condicionó su voto a presentarlas?

Semanas atrás el senador Girardi señalaba en prensa que pediría que el proyecto se votará “tal como está” (es decir con el paquete anterior de indicaciones) y la senadora Provoste indicó que pediría que el proyecto se despachara de la Comisión de Minería. Entonces, ¿qué cambió para que menos de 24 horas antes de la sesión, presentaran nuevas indicaciones? Estábamos preocupados de los senadores de la derecha y el juego de la negociación, sin comprender hasta ahora que la negociación más importante estaba dentro de la oposición y presumiblemente condicionada por el PS.

La prensa leyó lo ocurrido ayer en la sesión como un revés para el gobierno, sólo porque se denegó su intento de que los glaciares de roca no quedasen protegidos. No obstante, esta no es la lectura de las comunidades quienes hemos sido claras en sostener que las nuevas indicaciones de los senadores de “oposición” son un desastre en su conjunto, ya que ceden ante la protección del ecosistema glaciar presente en el proyecto original, permitiendo el sacrificio del ambiente periglacial y el permafrost por medio de actividades vía ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, desprotegiendo con eso estos elementos fundamentales para el equilibrio y permanencia de los glaciares, y que contienen gran cantidad de otras crioformas imprescindibles para el aporte de agua a las cuencas. Yendo más allá, creemos que las indicaciones no eran necesarias puesto que tenían mayoría para haber votado en bloque en rechazo de todas las indicaciones del gobierno y entonces salvaguardar el proyecto original. Por tanto, es imposible ver la votación en favor de las nuevas indicaciones como una victoria o siquiera “avance” ¿Avance de qué? ¡Si no había ningún escollo inicial para haberlo ganado todo! No podemos celebrar migajas.

Como comunidades organizadas seguiremos en la ruta de la protección de TODOS LOS GLACIARES Y SUS AMBIENTES, INCLUÍDO EL PERMAFROST, porque dependemos de ellos para vivir y sabemos lo estratégico que se tornan cada año que pasa dado en el contexto de calentamiento global que a Chile ya golpea fuertemente. Todas las proyecciones climáticas indican que los impactos para nuestro país serán cada vez peores sobre todo en cuanto a la disponibilidad de agua.

Les solicitaremos reuniones para obtener las respuestas a las preguntas que nos hacemos, ya que hoy no encontramos lógica a lo sucedido. Uds se deben al pueblo y estamos cansados del funcionamiento encapsulado y decisiones entre cuatro paredes al que se han acostumbrado en el Senado con total alienación del mundo real y lleno de injusticias que la misma clase política ha cementado. Acá no hay gato encerrado, hay gato podrido, y queremos entender que hay detrás de todo lo ocurrido.
Ver declaración de Coordinación por indicaciones Gobierno de Piñera: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108208

El lobby feroz de las mineras y esta carta abierta a Girardi, Elizalde y Provoste: algo huele a podrido en el Senado

Chile, Internacional

Industria de vehículos eléctricos e infraestructura de carga representará 11,5% de consumo de cobre en 2030

El ministro de Minería Baldo Prokurica destacó que diversas compañías mineras están integrando la movilidad eléctrica en sus operaciones.
19/11/2020
Minería Chilena
Las positivas perspectivas que se visualizan para la demanda futura de cobre, vinculada a la movilidad eléctrica y las energías renovables, fue uno de los tópicos abordados en el webinar “Perspectiva Internacional: ¿cómo viene el mercado del cobre?”, que fue organizado por Editec Empresas.

En el marco de la actividad, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, manifestó que “en cuanto a la electromovilidad y de acuerdo a estimaciones de la consultora CRU, se espera que para 2030 el consumo de metal rojo para la industria de vehículos eléctricos e infraestructura de carga alcance los 3 millones de toneladas, representando el 11,5% de consumo total. En tanto, y según el mismo reporte, la demanda de cobre destinada a energías renovables (solar fotovoltaica y eólica) llegará a 1,3 millón de toneladas al mismo período”.

Junto con ello, la autoridad destacó los esfuerzos que está realizando la industria minera en materia de sostenibilidad, con miras al uso eficiente de sus recursos hídricos y energéticos, y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.

En esa línea, el secretario de Estado resaltó que “tenemos la experiencia de Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals y BHP, que han incorporado vehículos eléctricos para el transporte de sus trabajadores en las faenas”.

A ello se suma que “a 2023, la mitad de las empresas de la minería del cobre van a tener 100% de suministro eléctrico generado por energías renovables”, indicó el ministro, quien además recordó que “hace cinco años, el sector generaba el 100% de su energía con carbón y diésel, y hoy ha evolucionado para hacerlo con energías limpias. En ese aspecto, destaco que Enami será una de las primeras compañías mineras que tendrá todo su consumo eléctrico garantizado con fuentes de energías limpias en 2021”.

Industria de vehículos eléctricos e infraestructura de carga representará 11,5% de consumo de cobre en 2030

Chile, Internacional, Litio

Tianqi tiene problemas financieros y no sabe si podrá pagar millonario crédito

17/11/2020
El tiempo corre para que Tianqi Lithium Corp. salde una deuda, pero para ello tiene que juntar USD 1.880 millones para fines de este mes.
Tianqi adquirió la deuda cuando desembolsó un total USD 4.100 millones para comprar una participación en la empresa chilena Sociedad Química y Minera (SQM) en 2018, en el apogeo del precio del litio. Del monto total, USD 3.500 millones fueron financiados, siendo el China CITIC Bank Corp. el principal prestamista del financiamiento.

Este año, Tianqi se ha enfrentado a una creciente crisis de liquidez a medida que aumentaban las pérdidas en medio de una caída en los precios del litio. Por ello, se advierte sobre posibles incumplimientos desde abril y que ha dejado de pagar 471 millones de yuanes (USD 71.5 millones) en pagos de intereses este año.

La empresa está buscando inversores estratégicos y reflexionando sobre la venta de activos a medida que aumentan sus problemas.

El mes pasado, Citigroup Inc. puso un 50% de probabilidad de que Tianqi recaude capital, un 25% de probabilidad de que la compañía venda su participación en SQM y otro 25% de probabilidad de que venda su participación en la empresa conjunta Talison con Albemarle Corp.

Además, “aunque la empresa ha presentado formalmente una solicitud para ajustar la estructura de las condiciones del préstamo, actualmente sigue siendo objeto de examen”, dijo Tianqi en una presentación en la Bolsa de Shenzhen.

Tianqi ha registrado pérdidas durante cinco trimestres consecutivos tras la caída de los precios del litio y a finales de setiembre advirtió que existía el riesgo de que entrara en mora.

Seis semanas después, Tianqi dijo que su flujo de caja y su escasa liquidez “no han mejorado sustancialmente”, y reiteró su anterior advertencia de que su producción y sus operaciones podrían verse gravemente afectadas si no puede pagar a tiempo.

También dijo que seguía trabajando para atraer a inversores estratégicos para aliviar su problema de liquidez, pero no se ha firmado nada vinculante.
La caída de acciones

Tianqi reiteró el viernes pasado que corre el riesgo de incumplir los USD 1.880 millones adeudados a fines de noviembre y los acreedores aún no han aprobado una solicitud para extender el préstamo. Las acciones cayeron hasta un 10% el lunes.
Fuente: Reuters

Tianqi tiene problemas financieros y no sabe si podrá pagar millonario crédito

Chile, Litio

Albemarle lucha por acceso a estudio de agua en salar chileno

18/11/2020
La estadounidense Albemarle acusa a su principal rival, la chilena SQM y al regulador estatal Corfo de mantener en secreto un codiciado informe sobre el impacto ambiental de la industria de litio en el Salar de Atacama en Chile.

Corfo, que supervisa la extracción de litio en Atacama, negó en agosto a Albemarle acceso al tan esperado estudio del agua, según documentos obtenidos por Reuters por ley de Transparencia. La estatal dijo que el reporte aún estaba en revisión y contenía información comercial confidencial.

El informe, que permanece reservado, tiene por objeto terminar la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la actividad minera en el salar.

Tanto SQM como Albemarle contribuyeron al informe. Pero mientras que el contrato de SQM con Corfo le permite revisar los borradores de trabajo de los estudios encargados por la agencia y relacionados con el agua en el Salar, el contrato de Albemarle no incluye esa cláusula.

SQM se opuso a la divulgación, argumentando que la información era “sensible y confidencial”.

Albemarle criticó la decisión en una apelación presentada al Consejo para la Transparencia y vista por Reuters, calificando el estudio como público. El consejo resuelve disputas relacionadas con las leyes de registros abiertos del país.

“Han tenido por único fin ocultar información que en ningún caso es secreta”, dijo el abogado de Albemarle en una presentación de agosto, y agregó que el estudio en cuestión era de “alta relevancia” para comprender los efectos ambientales de la minería en la zona.

Alegó que la única razón por la que los contenidos podrían ser sensibles era si revelaban “incumplimientos o actuaciones que contravengan la normativa” y dijo que el derecho exclusivo de SQM de revisar el estudio era injusto y colocaba a su principal competidor en una “posición de privilegio”.

El estudio y el estado real del suministro de agua en el Salar ha sido por mucho tiempo una obsesión de los observadores de la industria debido a la enorme importancia del área para satisfacer la creciente demanda. El litio es vital para las baterías de teléfonos celulares y autos eléctricos.

Corfo afirma que el estudio revisado se completará en febrero de 2021. La agencia no especificó si el documento se hará público y cuándo.
Fuente: Reuters

Albemarle lucha por acceso a estudio de agua en salar chileno

Chile

Proyecto de Ley de Glaciares: Senadores de oposición ceden a la presión y presentan indicaciones que legalizan la destrucción

“Llamamos a rechazar todas las indicaciones y defender el espíritu del proyecto Original”

La tarde previa a la sesión de la Comisión de Minería y Energía del miércoles pasado, 11 de noviembre, que debía votar el proyecto, la Sala del Senado acordó un nuevo plazo para ingresar indicaciones. Además de los senadores de “oposición” Provoste (DC), Girardi (PPD) y Elizalde (PS), presentaron indicaciones los senadores García Huidobro (UDI) y el senador Juan Castro Pietro (RN), ambos senadores por el Maule. Ante lo sucedido y luego de analizar las nuevas indicaciones sistematizadas en el comparado, declaramos lo siguiente:

1. Nos parece impresentable esta apertura a nuevas indicaciones en último momento y a espaldas de la ciudadanía. Vemos con profundo malestar que la denunciada estrategia dilatoria para no llegar al momento de la votación del proyecto durante sesiones, cursó efecto tras la materialización de esta jugada, confirmando que es el resultado de la cocina que denunciamos en agosto. La que de manera grave contradice lo expresado y buscado por Girardi y Provoste una semana antes; el senador comunicando que pediría votar el proyecto “tal como está”, es decir votar el proyecto original con el paquete anterior de indicaciones, y la senadora por su parte expresando que pediría que el proyecto se despachara de la Comisión de Minería.

2. Reprochamos enérgicamente que los senadores de “oposición”, en vez de unirse para votar en contra de la indicación del gobierno, se unan para presentar una indicación que al final, va en el mismo sentido que la del gobierno; la desprotección, la relativización, la flexibilización, y la regularización y legalización de la intervención, perdiendo y cediendo el necesario sentido del proyecto original (inspirado en la ley de protección de glaciares Argentina) que concibe que la protección de los glaciares refiere la preservación del ECOSISTEMA GLACIAR, en donde tanto ambiente glaciar, como periglaciar y sistema permafrost son intocables.

3. La propuesta establece, por ejemplo:

– Una definición de glaciar en la que se dispone un criterio excluyente, puesto que se determina que deben tener una permanencia de al menos 10 años, y los que se vean reducidos en su tamaño a 0,1 há (o 1.000 m²), dejarán de ser considerados glaciares. En el proyecto original la definición no tiene este tipo de restricciones, las cuales sólo sirven para dejar espacios abiertos para la desprotección.

– Sólo se establece la prohibición general a todo tipo de actividades EN glaciares. Esto es importante, puesto que se apunta simplemente a proteger el objeto (o el hielo) pero no el espacio que lo circunda y que es fundamental para su permanencia. Muy por el contrario, de forma explícita se plantea que dicho territorio o ambiente periglacial, y lo mismo para el permafrost, puedan ser intervenidos por medio de actividades y proyectos de inversión vía EIA aprobados en el SEIA.

– Se establece reconocer a los glaciares como Bienes Nacional de Uso Público. Años atrás y analizando el proyecto de (des)protección glaciar de Bachelet, la Corte Suprema señaló claramente que, “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales, conforme el inciso 1° del artículo 589 del Código Civil, dado que su uso no lo puede disponer la autoridad”.

– Vemos con preocupación que sustituyen el ámbito de protección de los Glaciares, a diferencia de lo que plantea el proyecto original que apunta a todo el territorio nacional sin distinción. Esta nueva indicación abre paso a que la protección se aplique sólo para los glaciares y zonas periglaciares y permafrost identificadas en el Inventario Nacional tal como busca el Gobierno, lo cual es gravísimo ya que como hemos dicho de forma incansable no todos los glaciares están inventariados y muchos siempre quedarán fuera por temas de incapacidad de percepción. La ley no debe estar sujeta al Inventario.

– Finalmente, la propuesta señala burdamente que las actividades que se desarrollen en glaciares deberán cesar excepto aquellas en las que su paralización implique daño a un glaciar.

4. Que la protección no se aplique para el ambiente periglacial ni al permafrost, es un argumento demandado por las mineras que persiste desde los anteriores procesos de proyectos de ley. Llamamos a que se ponga atención sobre la importancia del permafrost, como fuente de agua, algo que incluso fue reconocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual del 2015, cuando se tramitaba el proyecto de glaciares de Bachelet. El instituto señaló: “La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general de los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares”. Por tanto, de aprobarse estas indicaciones también vulnerarían los Derechos Humanos.

5. Finalmente es un ataque al sentido común y a la experiencia en carne de los territorios. Los mismos senadores de “oposición” han manoseado lo ocurrido con el proyecto Pascua Lama, usándolo de ejemplo de destrucción de glaciares, sin embargo, hoy proponen indicaciones que dan pie a nuevos proyectos como ése. Pascua Lama es el proyecto que a la fecha ha tenido el “mayor estándar” de protección brindado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Se aceptó el proyecto con la condición de no tocar, remover y destruir los glaciares descubiertos (blancos), no obstante, aparte de que la empresa los impactó directamente (cuando en rigor no podían), gran parte de la causa de su afectación fue por obras indirectas realizadas en sus alrededores, es decir, en el ambiente periglacial.

6. Volvemos a exigir la Inhabilidad de Prohens, el conflicto de interés que lo afecta es gravísimo y pone en mayor tela de juicio todo lo que sucede con la tramitación de este proyecto de ley. Seguiremos insistiendo hasta tener una respuesta a nuestra solicitud de inhabilidad.

7. Finalmente, llamamos a recapacitar a los senadores de la “oposición”, ya no están los tiempos para la medida de lo posible. Y por última vez los llamamos a rechazar todas las indicaciones y resguardar el espíritu original del proyecto que es el que corresponde en los tiempos que vivimos. Debemos entender que lo que está en juego es crucial para el presente de millones de habitantes y el futuro de las próximas generaciones. La VIDA, para humanos y los ecosistemas, depende del agua que proveen de forma constante los glaciares y otras crioformas, por lo que su correcta protección es una de las decisiones a nivel país de mayor envergadura. Estamos hablando de que no protegerlos, afecta “desde una perspectiva de los derechos humanos directamente en el goce y ejercicio de diversos derechos. Por impactar directamente al derecho a la vida, a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a participar de la vida cultural” tal cual lo sostuvo el 2015 el INDH en su informe anual.

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

CONTACTOS: María Jesús Martínez +56 9 6397 0135/ Constanza San Juan +56 9 9 6241 3008

Stefanía Vega+ 56 9 844 1009

Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

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Chile, Litio

Polémica en el salar de Atacama: Albemarle acusa a Corfo y SQM de “ocultar información” de estudio ambiental de la extracción de litio

17/11/2020
Salares Atacama
Albemarle criticó la decisión en una apelación presentada al Consejo para la Transparencia, calificando el estudio como público.
Una nueva batalla en el salar de Atacama, uno de las mayores reservas de litio en el mundo. Ahora Albemarle acusa a SQM y Corfo de mantener en secreto un codiciado informe sobre el impacto ambiental de la industria de litio en el salar, según documentos legales vistos por Reuters.

La estatal, que supervisa la extracción de litio en Atacama, negó en agosto a Albemarle acceso al tan esperado estudio del agua, según documentos obtenidos por Reuters por ley de Transparencia. Corfo dijo que el reporte aún estaba en revisión y contenía información comercial confidencial.

El informe, que permanece reservado, tiene por objeto terminar la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la actividad minera que durante mucho tiempo ha ensombrecido el salar, hogar de una cuarta parte de la producción de litio del mundo, pero también de comunidades indígenas, áreas protegidas y flamencos en peligro de extinción.

Tanto SQM como Albemarle contribuyeron al informe. Pero mientras que el contrato de SQM con Corfo le permite revisar los borradores de trabajo de los estudios encargados por la agencia y relacionados con el agua en el Salar, el contrato de Albemarle no incluye esa cláusula.

SQM se opuso a la divulgación, argumentando que la información era “sensible y confidencial”.

Albemarle criticó la decisión en una apelación presentada al Consejo para la Transparencia, calificando el estudio como público.

“Han tenido por único fin ocultar información que en ningún caso es secreta”, dijo el abogado de Albemarle en una presentación de agosto, y agregó que el estudio en cuestión era de “alta relevancia” para comprender los efectos ambientales de la minería en la zona.

Alegó que la única razón por la que los contenidos podrían ser sensibles era si revelaban “incumplimientos o actuaciones que contravengan la normativa” y dijo que el derecho exclusivo de SQM de revisar el estudio era injusto y colocaba a su principal competidor en una “posición de privilegio”.

Corfo no quiso comentar la disputa.

SQM no se refirió directamente a la acusación de Albemarle cuando fue contactado por Reuters. La minera dijo en un comunicado que Corfo “ha contratado de forma independiente a especialistas de primer nivel” para el estudio y agregó que se había adherido a los términos de su contrato con Corfo y entregó a la agencia toda la información solicitada.

El estudio y el estado real del suministro de agua en el Salar ha sido por mucho tiempo una obsesión de los observadores de la industria debido a la enorme importancia del área para satisfacer la creciente demanda. El litio es vital para las baterías de teléfonos celulares y autos eléctricos.

Legisladores, académicos, ambientalistas, comunidades locales, el fabricante alemán de autos Volkswagen y, más recientemente, un tribunal ambiental chileno, han subrayado la importancia del estudio del agua para ayudar a disipar las dudas persistentes sobre los impactos de la industria de litio.
Fuente: Diario Financiero

Polémica en el salar de Atacama: Albemarle acusa a Corfo y SQM de “ocultar información” de estudio ambiental de la extracción de litio

Chile

Superintendencia del Medio Ambiente formuló seis cargos a Minera Cosayach

Infracciones fueron adoptadas luego de constatar entre 2015 y 2018 diversas denuncias ciudadanas y del Consejo de Monumentos Nacionales referidas al impacto sobre vestigios en sitios históricos patrimoniales vinculados a la Guerra del Pacífico y época salitrera.
16/11/2020
Minería Chilena
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos –tres graves y tres leves- a la Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, titular del proyecto “Aumento de Producción de Yodo, Negreiros, SCM Cosayach”, ubicado en la comuna de Huara, provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

Los cargos graves dicen relación con la destrucción y afectación de tres huellas históricas asociadas al sistema de explotación calichero que se desarrolló en el sector a inicios del siglo pasado. Dicha afectación se traduce en la interrupción de dos huellas históricas por rastros de actividad de maquinarias, y la destrucción de una tercera huella histórica, como consecuencia de los movimientos de tierra realizados por la empresa.

Se comprobó también, tal como se denunció por parte de ciudadanos y del Consejo de Monumentos Nacionales, que el titular está realizando labores de explotación y producción de yodo al interior del buffer de protección de la ex salitrera Porvenir, detectándose movimiento de maquinaria, pilas de lixiviación y una piscina de proceso al interior del buffer.

Por último, se comprobó la ausencia de registros de aplicación de supresor de polvo entre 2015 a 2019, y la existencia de letreros con un registro de velocidad máxima superior (45 KM/Hrs.) a la establecida en su Resolución de Calificación Ambiental, lo que constituye un incumplimiento de las medidas destinadas a evitar la generación de emisiones atmosféricas por el proyecto.

En cuanto a los tres cargos leves, estos se formulan por diversos incumplimientos asociados a los reportes del monitoreo patrimonial que debía realizar la empresa, los cuales no fueron realizados ni remitidos con la frecuencia comprometida; por superar el número de piscinas de almacenamiento de soluciones de proceso que fueron autorizadas por la autoridad ambiental, las que además, presentan una excedencia en cuanto a capacidad de un 77%, en relación con el valor comprometido; y, por último, porque 182 de las 331 pilas de lixiviación (acumulaciones de material mineralizado que se realiza en forma mecanizada, formando una especie de torta o terraplén continuo de 6 a 8 m de altura) presentan dimensiones mayores a las aprobadas en RCA, presentando en promedio una excedencia de un 28%, y en el caso de 6 pilas sus dimensiones duplicaban lo aprobado.

Superintendencia del Medio Ambiente formuló seis cargos a Minera Cosayach

Chile

Guillermo Hernández, gerente general de Mina Invierno: “Hoy día estamos elaborando el plan de cierre definitivo”

El ejecutivo participó en una conferencia organizada por el Instituto de Ingenieros de Chile, en la que abordó el proceso judicial que terminó con el cierre de la operación carbonífera.
12/11/2020
Minería Chilena
En agosto de 2019, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia prohibió a Mina Invierno el empleo de tronaduras en su operación, generando una serie de dificultades que se tradujeron en que los accionistas de la compañía -Empresas Copec S.A. e Inversiones Ultraterra Limitada- resolvieron paralizar definitivamente la actividad en esta faena de carbón, ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes

El trasfondo tras el cierre de esta operación fue abordado en la conferencia “La Paradoja del cierre de Mina Invierno. Una operación con un alto estándar ambiental”, que organizó el Instituto de Ingenieros de Chile.

La actividad contó con la participación de Guillermo Hernández, gerente general de Mina Invierno, quien expresó que la aprobación de los proyectos de inversión se ha vuelto cada vez más compleja, a lo que se suma la judicialización de los permisos ambientales, lo que entrega incertidumbre a la inversión.

El ejecutivo comentó que el cierre de Mina Invierno se tradujo en la pérdida de un importante actor económico, social y ambiental para la Región de Magallanes, comprometiendo la utilización futura de más de 200 millones de toneladas de carbón identificadas solo en Isla Riesco.

Además, aseguró que de confirmarse el fallo del Tercer Tribunal Ambiental por parte de la Corte Suprema, se sienta un delicado precedente que puede limitar el uso de tronaduras en el minería en Chile.

Advirtió que “el mal uso y abuso de la legislación ambiental, acompañada por instancias de decisión alejadas del ámbito técnico, de una excesiva judicialización y demoras, que desestiman acuciosas y extensas evaluaciones técnicas, terminan causando un daño irreparables a iniciativas de inversión y desarrollo”.

“Mina Invierno es un ejemplo de libro de cómo se destruye valor en nuestro país”, manifestó el ejecutivo, quien hizo hincapié en que “hoy día no se ve tranquilidad para seguirse proyectando, y la decisión fue cerrar”.
Proceso de cierre

En la instancia, Guillermo Hernández abordó el proceso que se inició tras la decisión del Tercer Tribunal Ambienta de prohibir el uso de tronadoras en la operación.

Es así como ante la imposibilidad técnica y operacional de extraer estéril para desarrollar nuevas expansiones, se tradujo en que Mina Invierno no pudo participar en licitaciones de suministro de carbón para el año 2020.

Esto redundó en la paralización de la flota de extracción de estéril (junio de 2019); de la flota de extracción de carbón (marzo de 2020); y del terminal portuario (abril de 2020).

Finalmente, en julio de 2020, el Directorio tomó la decisión de proceder al cierre definitivo de Mina Invierno.

El ejecutivo señaló que “hoy día estamos elaborando el plan de cierre definitivo, que tenemos plazo para presentarlo a Sernageomin en marzo del próximo año. El objetivo que buscamos en este cierre racional, evidentemente apunta a minimizar el desmantelamiento de las instalaciones, considerando que éstas pueden tener un uso alternativo”, como por ejemplo el taller de mantención, que podría ser transformado en un galpón de esquila.

Junto con ello, explicó que “uno tiene que pensar que no es que en marzo uno presente el plan de cierre, se lo aprueban en un plazo razonable, cerramos la cortina y nos fuimos. No, acá hay una serie de tareas y compromisos que van vinculados al plan de cierre, que nos van a tomar tranquilamente tres o cuatro años en poder terminar, vale decir, los socios que están involucrados en esto buscan, evidentemente, hacer las cosas bien; y eso va a significar que vamos a terminar de reforestar, revegetar, etc”.

Cabe destacar que hace unos días se inició el proceso de traslado de 15 camiones 830E, con destino a la mina de carbón Foxleigh, en el distrito de Queensland, Australia, país que en 2019 produjo 503 Mton (6,3% de la producción mundial) y de las cuales exportó 393 Mton, equivalente al 28% de las exportaciones mundiales.

Guillermo Hernández, gerente general de Mina Invierno: “Hoy día estamos elaborando el plan de cierre definitivo”

Chile, Litio

Estatal chilena Corfo decide llevar a arbitraje a Albemarle

12/11/2020
Ante diferencias por pagos por uso de Salar de Atacama, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) decide llevar a arbitraje a Albemarle.
También existen diferencias de cómo resolver el conflicto. Mientras, Albemarle pide utilizar figura del perito técnico contemplado en el acuerdo, la estatal recalca que eso no corresponde cuando hay una “modificación unilateral del contrato”.

Solo hace dos años Corfo y Albemarle se enfrentaron en un arbitraje por no lograr un entendimiento respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio (cuyo objetivo era implementar una industria de valor agregado en Chile). Ahora, otro proceso se podría activar.

La estatal reclama incumplimientos en pagos por un contrato, cuya deuda alcanzaría casi USD 11 millones. El caso se remonta a un convenio básico que el 13 de agosto de 1980, que suscribió Corfo con la entonces empresa Foote Minerals Company (actual Albemarle Lithium).

En ese escenario, Foote Minerals Company y Corfo crearon la Sociedad Chilena de litio Ltda. -SCL, luego Rockwood litio Limitada y actual Albemarle Limitada-, con una duración igual al plazo necesario para explotar, producir y vender 200 mil toneladas métricas de litio metálico equivalente, estableciéndose un plazo inicial de 30 años, prorrogables automáticamente por plazos sucesivos de cinco años cada uno. Luego, Corfo dejó de ser parte de esta sociedad.

El convenio básico está vigente y ha sufrido modificaciones, siendo la última de ellas un anexo que se firmó en 2016. Entre los ajustes, Corfo autorizó a Albemarle una nueva cuota para la producción y comercialización de litio, adicional a la ya existente, asociada a nuevas inversiones para expandir la capacidad productiva de la compañía.

En ese anexo se fijó que Albemarle pagaría una comisión sobre las ventas de productos de litio y demás productos extraídos del Salar de Atacama. Y, si bien desde su entrada en vigencia en 2017 se aplicó el contrato sin problemas, estableciendo como precio provisional de pago aquel que definía un perito para el trimestre anterior, este año el escenario cambió.

Esto, porque la minera habría decidido cancelar el monto correspondiente al primer trimestre de 2020, de acuerdo a lo que consideró era el ‘espíritu del anexo’, sin tomar como referencia el valor definido por el perito, como se había realizado hasta esa fecha.

Así las cosas, Albemarle informó a Corfo el 31 de julio sobre la liquidación y pago de las comisiones al segundo trimestre de este año, pero la estatal impugnó nuevamente los montos.

El siguiente pago fue el 30 de octubre y también se habría hecho bajo el mismo criterio de las últimas cuotas.
Arbitraje

En setiembre, Corfo le comunicó a la compañía que daría inicio a un arbitraje. Según un oficio enviado a la Cámara de Diputados por el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Pablo Terrazas, se consideró lo señalado por la minera el 30 de julio en una carta donde expresó ‘su negativa de pagar lo adeudado, lo que se traduce en un incumplimiento’.

‘A juicio de esta corporación, el conflicto (…) no se puede entregar a un perito técnico, pues se requiere realizar una evaluación del alcance de las obligaciones contractuales asumidas por las partes’, aseguró.

Corfo señaló que si bien no ha iniciado aún el arbitraje, ya está tomada la decisión.
Fuente: Diario Financiero

Estatal chilena Corfo decide llevar a arbitraje a Albemarle