En noviembre, la Defensoría del Pueblo reportó 81 focos de convulsión social en territorios concesionados a mineras. Canadá es un país minero como el Perú y se configura como panacea de buenas prácticas comunales. ¿En verdad existe una receta para evitar los conflictos sociales?
Los protagonistas de los conflictos sociales provocados por la minería pueden haber cambiado pero el guion sigue siendo el mismo: comunidades indígenas que rechazan a las empresas que quieren explotar los minerales que hay bajo su territorio. Aquellas no confían, temen las mala prácticas de esta actividad extractiva -que da empleo a más de 250 mil trabajadores en el país, y que representa el 59% de nuestras exportaciones, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)- contaminen sus lagunas, sus suelos y sus cuerpos, o que el canon minero (50% del impuesto a la renta que pagan las mineras) no llegue a beneficiarlos.
En su último Reporte de Conflictos Sociales (noviembre de 2019), la Defensoría del Pueblo registró 81 focos de protestas vinculados a la minería, sobre todo en Áncash, y en la macro región sur. En el primer semestre vimos cómo las poblaciones aledañas al Corredor Minero del Sur, en Cusco, bloquearon la carretera por el daño a la salud que ocasionaba el tránsito de camiones con desechos mineros. La pugna aún está latente, los enfrentamientos entre la policía y la población han dejado varios heridos.
Aunque este año primaron las noticias sobre los desencuentros entre el Ejecutivo y el Congreso, los conflictos mineros no han dejado de estar presentes en la coyuntura. “Así como somos uno de los principales países productores de cobre, oro, plata, plomo y zinc en el mundo, también somos los principales productores de conflictos mineros a nivel mundial”, advierte, en su último informe, el Observatorio de Conflictos Mineros de la oenegé CooperAcción.
¿Llegaremos a revertir este escenario? ¿Es posible una minería en la que primen las buenas prácticas? Miremos las experiencias del primer mundo.
Una minería ejemplar
Canadá es un país minero como Perú. Su enorme potencial geológico lo ubica en la lista de los diez países productores de minerales y metales del mundo. Explota uranio, níquel, aluminio, y cobalto, pero su éxito no radica solo en la exportación de materia prima. Alrededor de esta actividad extractiva se ha formado una industria consolidada. Algunas de sus mineras son transnacionales y tienen proyectos en varias partes del mundo. La minería es, por lo tanto, la fuente esencial del PBI del país, y la que da más trabajo a sus poblaciones indígenas.
Sí, al igual que en Perú, allá también hay pueblos originarios (representan el 4% de su población), y según afirma en un artículo la socióloga María Sol Delgado: “La actividad minera canadiense ha logrado compatibilizar el desarrollo económico con los derechos de la población […] se caracteriza por ser uno de los casos más conocidos de buenas prácticas en la actividad minera a nivel mundial” ¿Podríamos sacar lecciones de su experiencia?
El subdirector de CooperAcción, José De Echave, reconoce los pasos innovadores que ha dado Canadá: A) El concepto de licencia social (la aceptación de la población para que se inicie un proyecto minero) fue acuñado por sus líderes empresariales; B) Allá se implementaron los primeros acuerdos de impacto y beneficios entre las mineras y las poblaciones originarias, incluso, algunas tuvieron participación como accionistas en algunas empresa; C) Una reforma que generó espectativa fue la creación de la Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable, que canalizaría las quejas contra las mineras canadienses dentro y fuera del país, sin embargo aún no termina de ser implementada.
“Idealizar el modelo canadiense sería un error -advierte el economista-, allá también persisten los desastres ambientales y los conflictos sociales. Lo que tienen a favor, con seguridad, es la existencia de instituciones más fuertes para enfrentar esos problemas en comparación al Perú”.
Para el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Omar Narrea, el gran fuerte de Canadá es que las comunidades indígenas pueden negociar de igual a igual con las mineras en comparación a sus pares peruanos: “El Estado ha invertido en su educación y desde hace décadas los ha dotado de un nivel superior de información, negociación y empoderamiento. Hay que sacar una lección de esto, pues si el Estado invierte en infraestructura y desarrollo social habrá un mejor escenario para que el proyecto minero se desarrolle sin sobresaltos”.
Maldición y bendición
Para saber a ciencia cierta cómo se configura el modelo minero del país norteamericano, nos comunicamos con Kirsten Francescone, activista de MiningWatch Canada, una asociación sin fines de lucro que tiene 20 años monitoreando la actuación de las mineras. Enfática, dice que en Canadá no todo es color de rosa: “En 2014 la minera Imperial Metals protagonizó el peor desastre medioambiental de la historia canadiense. El dique de relaves de Mount Polley colapsó y más de 25 millones de metros cúbicos de desechos (equivalente a 10,000 piscinas olímpicas) fueron descargados en un lago en el que varios pueblos de la zona pescaban salmones. Hasta hoy no ha habido ninguna multa ni sanción”.
La también magister en Antropología y Economía Política menciona, además, que actualmente hay más de 10 mil minas abandonadas en su país que no tienen empresa ni dueño que se encargue de la remediación ambiental. ¿En realidad Canadá es la panacea de la buena minería?
En el Perú hay más de 90 mineras provenientes de ese país, y algunas se han visto envueltas en conflictos con las poblaciones de su zona de influencia. La relación entre la comunidad de Tacraca en Cusco y la minera Hudbay Minerals, propietaria del proyecto Constancia, por ejemplo, aún es tensa.Según, Francescone, esta se caracteriza por criminalizar la protesta. Su compañera, la reconocida defensora de derechos humanos, Jennifer Moore, fue detenida por la policía y deportada a su país, en 2017, por proyectar un documental sobre los excesos de la minera Hudbay en los territorios donde opera.
Otro caso es el de Bear Creek Mining que demandó al Estado Peruano cuando este anuló la concesión minera del proyecto Santa Ana por el gran rechazo que causó en la población. A la fecha, tenemos que pagarle millones de dólares a la empresa como indemnización. Como se ve, las mineras canadienses han cometido excesos tanto en su país de origen como en el exterior.
En medio de las críticas a las malas prácticas del sector minero, Carlos Diez Canseco, ex gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMMPE), se presenta como una voz disidente. Tras la experiencia de Las Bambas, que terminó con un acuerdo entre el Estado, la minera y las comunidades indígenas, el economista cree que estas han desarrollado la capacidad para negociar. Además, cita al último reporte del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas: “De las cinco provincias con mejor índice de desarrollo en Perú, tres están vinculadas a la minería”.
¿Una maldición o una bendición? Parece que la minería representa las dos opciones. “Lo que debe haber es un Estado fuerte que regule, fiscalice y que ponga altos estándares sociales y ambientales a las mineras, no creo en su autorregulación”, finaliza José De Echave.
Fuente:https://larepublica.pe/domingo/2019/12/15/mineria-modelo-para-armar/?fbclid=IwAR15uX55hW7eRvjLy7ZTBuEeTRGA27vNlLjf2zO8i5qowjtwqKstp5MsSxA#.XftZMTGEuQI.facebook
En un hecho sin precedentes, el Gobierno de Vizcarra emitió una norma y esta fue modificada dos veces en un lapso de 48 horas. El 12 de diciembre publicó el Decreto de Urgencia 026-2019
Decisión fue tomada a causa de supuestas actividades ilegales de extracción por parte Aurillac.
En esa fecha recién se conocerá si la ejecución del proyecto Quellaveco impactará en el agua de la cuenca. El análisis de las muestras se hará en un laboratorio neutral.
Hace un año, exactamente el 16 de diciembre, se produjo un derrame desde las operaciones de la empresa minera Gold Fields en la provincia de Hualgayoc, que ocasionó la muerte de unas 7 mil truchas según las informaciones locales. A raíz de este suceso, las organizaciones sociales emprendieron una serie de acciones de protesta para exigir la atención a la contaminación y que no se otorguen mayores permisos para actividades mineras, además, se instaló una mesa de trabajo liderada por el gobierno nacional.
Cabe preguntarle al Director General de Minería, Oscar Alfredo Rodríguez Muñoz: ¿cómo así el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Minería (DGM), no se percató que Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver, propietaria de Cía Minera Quiruvilca, y luego SPM se la venda a ella misma a través de otras de sus subsidiarias, primero a Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a Cía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial; para en diciembre 2017 declararse en quiebra, dejando de operar desde enero 2018 en que abandonó la mina, con lo cual dejaba de cumplir con el plan de cierre?
Durante esta semana, nos sorprendió un artículo escrito por el conocido político y ex gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denominado “Agua sí, oro también”
El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.
En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.
El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.