Perú

Cusco: Realizan protesta en corredor minero exigiendo la proclamación de Pedro Castillo

Pobladores del distrito de Colquemarca, en la provincia de Chumbivilcas, realizaron acción de manera pacífica
06/07/2021

CUSCO. Ante la estrategia del fujimorismo y sus aliados de acusar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales y la dilatación de la proclamación presidencial, la comunidad de Idiopa Naupa Japu Urinsaya del distrito chumbivilcano de Colquemarca, Cusco, protestó hoy de manera pacífica en el Corredor Minero del Sur, afectando por unos minutos la circulación de encapsulados de la empresa minera HudBay.


Esta medida de lucha la realizaron específicamente en la zona conocida como Huincho, con el objetivo de exigir al Jurado Nacional de Elecciones que la proclamación como presidente de la República de Pedro Castillo sea lo más pronto posible, y que se respete de esta manera la voluntad popular expresada en el proceso electoral.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) contactó con Walter Molina, ex presidente de la comunidad de Idiopa Naupa Japu Urinsaya, quien nos comentó que ‘No es necesario que las organizaciones convoquen, ante el contexto, la población se autoconvocan, porque no concebimos que haya pasado un mes, y no se realice aún la proclamación como presidente de Pedro Castillo’

Cabe señalar que en Colquemarca el respaldo a Pedro Castillo fue contundente. En esta zona, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas contabilizadas, Castillo obtiene un respaldo de 96.5%, mientras su contrincante, Keiko Fujimori, solo alcanzó el 3.5%.

‘Tengo entendido que otras comunidades, en el mismo distrito de Colquemarca, en Santo Tomás, también están anunciando protestas pacíficas, y creo que es algo que se está haciendo a nivel nacional, en todas las regiones, porque es una forma de exigir que se respete el voto rural, el voto de los pobres’ sentenció Molina.
https://www.inforegion.pe/286534/cusco-realizan-protesta-en-corredor-minero-exigiendo-la-proclamacion-de-pedro-castillo/

Litio, Perú

Congreso aprobó por insistencia necesidad de la explotación de litio

Ejecutivo había observado el proyecto de ley que declara de necesidad, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y de sus derivados.

La titular de la Comisión de Energía y Minas, Yessica Apaza recalcó la importancia de garantizar el desarrollo sustentable del litio y de sus derivados, que constituyen recursos estratégicos para el desarrollo del país. (Foto: Referencial/ GEC)
Redacción Gestión
redacciongestion@diariogestion.com.pe
04/07/2021
Con 99 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la ley que declara de necesidad, interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e industrialización del litio y de sus derivados.

La titular de la Comisión de Energía y Minas, Yessica Apaza, hizo una exposición de las bondades económicas que puede generar la explotación del litio, los cuales figuran en la exposición de motivos del dictamen, donde se sostiene la necesidad de que el Estado promueva su explotación.

Apaza Quispe recalcó la importancia de garantizar el desarrollo sustentable del litio y de sus derivados, que constituyen recursos estratégicos para el desarrollo del país.

Los parlamentarios Orlando Arapa, Robertina Santillana, Widman Vigo, Orestes Sánchez, Otto Guibovich y Rosario Paredes, lamentaron la observación del Ejecutivo y plantearon la necesidad de insistir en la autógrafa.

De acuerdo con el Ejecutivo, la autógrafa vulnera “disposiciones presupuestarias”, porque “implica un desembolso de recursos provenientes del tesoro público, y los obliga a tomar acciones concretas para materializarla”; además, se evidencia una “falta de necesidad de la normativa propuesta”, ya que “existe un marco legal que regula el objeto materia de la autógrafa”.

El dictamen aprobado había sido elaborado sobre la base de los proyectos de ley 6195/2020, 7039/2020, al que se le acumuló el 06162/2020, que fue aprobado en la sesión plenaria del 14 de mayo de 2021.

La autógrafa se envió cuatro días después y el 18 de junio fue observada por el Poder Ejecutivo, luego el 30 junio la Junta de Portavoces la dispensó a la Comisión de Energía y Minas para la elaboración de un dictamen de insistencia.
https://gestion.pe/economia/congreso-aprobo-por-insistencia-necesidad-nacional-de-la-explotacion-de-litio-noticia/

Perú

Huancavelica: Realizan protesta contra exploración minera en Pukaqaqa Sur

Manifestantes esperan que Consejo Nacional de Minería se pronuncie a su favor y retire permisos de proyecto
Oskar Natteri
01/07/2021
Varios sectores participaron en una protesta que rechaza a la minera Nexa, que tiene permisos para realizar trabajos de exploración minera en el sector de Pukaqaqa.

“Pukaqaqa Sur no va… Afecta a 52 mil huancavelicanos que consumimos esta agua, producto de esa cabecera de cuenca que fluye al río Ichu. No podemos permitir que este proyecto sea efectivo”, afirmó Miguel Cárdenas Ordoñez, presidente del Frente de Defensa Provincial de Huancavelica.

Asimismo, dijo que están esperando que se cumpla el plazo de 15 días que tiene el Consejo Nacional de Minería en el que esperan que revoquen el permiso de la minera.

“Si no se pronuncia a favor (de nosotros), obviamente tendremos que ir a Lima en marcha de protesta”, sentenció Cárdenas Ordoñez.

Durante la marcha, el ciudadano Juan Requena, cuestionó la ausencia de las autoridades ante todo este tema.

“Me indigna que no veo al gobernador Maciste Díaz ni al alcalde de Ascensión (Edwin Muñoz), en esa parte se está realizando ese proyecto. También le jalamos orejas al alcalde, debería estar aquí”, afirmó Requena, quien también llamó la atención a los representantes de otros partidos políticos, que no se pronuncian.

Durante la marcha, también habló la regidora Elsa Benavente, quien recordó que la audiencia ante el Consejo Nacional de Minería ya se dio el 22 de junio y que están a la espera de que este órgano pueda pronunciarse.

“El Frente de Defensa Provincial tomó el liderazgo, ellos convocaron esta manifestación pacífica, además recolectan firmas en un memorial”, afirmó Benavente.

Afirmó que los trabajos están cercanos a la planta de captación de agua de Emapa y que existe el alto riesgo de que esta se contamine con más arsénico afectando al consumidor final.
https://diariocorreo.pe/edicion/huancavelica/huancavelica-realizan-protesta-contra-exploracion-minera-en-pukaqaqa-sur-noticia/

Criminalización de la protesta, Perú

Tía María: Suspenden orden de captura contra dirigentes del Valle de Tambo

Medida del Poder Judicial se aplica a los dirigentes Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.
01/07/2021
AREQUIPA. El último 19 de junio, la primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la solicitud de suspensión de la sentencia que dictaba pena privativa de la libertad contra los dirigentes del Valle de Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos.

Los magistrados Juan Luis Rodríguez Romero, Roger Pari Taboada y Manfred Verá Torres, resolvieron suspender la ejecución de la pena en lo que dure el procedimiento de apelación en segunda instancia. Sin embargo, ambos sentenciados quedan obligados a cumplir las reglas específicas de la comparecencia con restricciones que les fueron impuestas el 22 de mayo del año 2015. La decisión de la sala se fundamenta en que no existe peligro de fuga de parte de los procesados.

Como se recuerda, ambos dirigentes están siendo acusados de supuestos delitos cometidos durante las protestas del 2015 contra el proyecto minero Tía María, en Arequipa. El 08 de enero del 2021 se dictó sentencia contra el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Mariano Cornejo Reynoso, sentenciado a siete años y cuatro meses de cárcel por los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín, mientras que el exalcalde del distrito de Dean Valdivia, Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos, fue condenado a 12 años y cuatro meses por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos, disturbios y motín.

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) obtuvo una entrevista exclusiva con Jaime Trinidad de la Cruz, quien señala sus temores ante un conflicto latente y también cuestiona que su sentencia obedece a intereses políticos y económicos: ‘Si se instala el proyecto minero de ‘Tía María’, la contaminación afectará nuestras tierras, por eso como agricultores hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta, sin embargo, el poder político ha usado este proceso para criminalizarnos. Me han sentenciado a más de doce años, simplemente por el hecho de ser dirigente, no hemos cometido ninguna falta, por eso consideramos que es una persecución política, que buscar amedrentar a los dirigentes, así que estamos seguros que saldremos absueltos de este proceso’, manifestó.

Jaime Trinidad insiste en defender su inocencia y la de Mariano Cornejo, quienes durante estos seis meses han evitado ser detenidos gracias a que fueron refugiados por amigos, familiares y otros dirigentes.

‘’Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo que está haciendo la Fiscalía es usarnos para marcar un precedente para que de hoy en adelante se criminalice la protesta social, y llevar a la cárcel a los dirigentes que defienden justos derechos, porque nosotros creemos es un derecho humano defender el medio ambiente, defender la vida, defender el agua, y en nuestro caso particular defender nuestro medio de vida como es la agricultura’’ relató para el OCM, Jaime Trinidad de la Cruz.

Cabe señalar que los integrantes del colegiado advirtieron que, ante cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas, tendrá lugar la ejecución provisional de la pena. De esta forma, el colegiado superior penal, dejó sin efecto las órdenes de captura giradas en contra de los sentenciados. El próximo 03 de agosto se llevará a cabo una nueva audiencia para reafirmar la anulación de la sentencia.

Respaldo de la ONU

El 18 de mayo del presente año, la ONU emitió una nota de prensa exhortando al Gobierno de Perú a poner fin a la criminalización de los defensores de derechos humanos medioambientales y a garantizar que el poder judicial del país no se utilice como medio para silenciarlos.

En el documento, se cita a Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y actual profesora adjunta de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín.

‘’Perú debe redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente’’, señala Lawlor.

En otro párrafo, Laylor declara textualmente que ‘’Las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente (…) Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas’’.
Fuente: Conflictos mineros
https://www.inforegion.pe/286358/tia-maria-suspenden-orden-de-captura-contra-dirigentes-del-valle-de-tambo/

Perú

LAS PROPUESTAS DEL NUEVO GOBIERNO

El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una serie de desafíos por delante. El primero de ellos será la gobernabilidad, pues el sector derrotado en las elecciones no sólo se ha resistido a reconocer el resultado electoral, sino que se ha involucrado en lo que algunos analistas han llamado un “golpe lento”. La derecha política y ciertos grupos de poder parecen dispuestos a desestabilizar al país para impedir que el nuevo gobierno pueda concretar sus promesas de cambio.
COOPERACCION
Imagen: Boletín APM
Ya han pasado más de 20 días desde las elecciones y, pese a que los números son claros y Pedro Castillo ha sido elegido presidente por la mayoría de peruanos y peruanas, aún el fujimorismo denuncia un supuesto “fraude” inexistente. La OEA, la Unión Europea, los gobiernos de Canadá y Reino Unido se han pronunciado reconociendo que las elecciones han sido limpias y justas; Ipsos Perú ha publicado un análisis estadístico que no encuentra irregularidades que favorezcan a uno u otro candidato; decenas de miembros de mesa de las provincias andinas y amazónicas -sorteados antes de las elecciones- han tenido que salir a ratificar que no hubo ninguna irregularidad en sus locales de votación. Pero ningún argumento es suficiente: el fujimorismo continúa con su narrativa golpista, utilizando todos los resortes legales y no legales, como el llamamiento de militares en retiro para que las Fuerzas Armadas desconozcan al gobierno electo. Esperamos que la democracia prevalezca y que pronto las autoridades electorales proclamen al nuevo Presidente y empiece el proceso de transferencia.

La crisis política originada por las intentonas golpistas no ha permitido que la agenda pública se enfoque en lo más importante: los planes y prioridades del próximo gobierno. Aquí queremos revisar algunas de esas propuestas en torno a la agenda minera, ambiental y de recursos naturales.

Existen dos documentos a tomar en cuenta para analizar las propuestas políticas de Pedro Castillo y el partido Perú Libre: el ideario y programa, presentado por el partido de manera formal ante el Jurado Nacional de Elecciones; y el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, elaborado por un equipo técnico más amplio de cara a la segunda vuelta.

El documento “Ideario y Programa” dibuja el horizonte ideológico del partido Perú Libre y orientará probablemente la actuación de su bancada parlamentaria. En este documento se plantea la necesidad de una nueva Constitución que “desmantele el neoliberalismo” y se propone un nuevo modelo de “economía popular con mercados” que se inspira en las experiencias del Movimiento al Socialismo en Bolivia y de la “revolución ciudadana” de Ecuador. En cuanto a los recursos naturales, son vistos como la principal fuente de riqueza del país y se plantea su “nacionalización” a fin de “invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano”.

Como hemos señalado en una editorial anterior, este documento presenta vacíos importantes en el ámbito ambiental, en especial en relación al cambio climático, que se encuentra completamente ausente. Además, el programa propone un “extractivismo sostenible” y cuestiona el “medioambientalismo fundamentalista (…) que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables”. Este discurso puede considerarse afín a lo que, en América Latina, algunos han llamado el “neo-extractivismo”, que se enfoca en recuperar el control estatal sobre la renta de los recursos naturales, sin cuestionar los impactos territoriales ni la dependencia excesiva de la exportación de materias primas.

Al mismo tiempo, sin embargo, este documento hace énfasis en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, reconociendo no sólo el derecho a la consulta previa sino también al consentimiento y la capacidad de “veto” de proyectos en sus territorios. También se plantea la necesidad de una zonificación económica y ecológica “con autonomía real” por parte de las regiones, que les permita demarcar sus áreas protegidas e intangibles, así como sus áreas hídricas.

Una de las cosas que preocupa del ideario y programa de Perú Libre es su visión sobre la minería informal e ilegal. De hecho, el documento se refiere a ella como “la mal llamada minería ilegal” y se apuesta por su formalización. Como se sabe, la actividad minera ilegal tiene graves impactos ambientales y sociales, especialmente en territorios amazónicos donde es un factor de deforestación y contaminación de los ríos.

Durante la segunda vuelta, Perú Libre convocó a un diálogo con fuerzas sociales y políticas, dando paso a la elaboración del Plan de Gobierno Perú Al Bicentenario Sin Corrupción, que enfoca de manera más específica medidas de corto y mediano plazo que serán impulsadas por el nuevo gobierno.

En los temas económicos, el Plan plantea medidas para el “relanzamiento del empleo y la economía popular” con un aumento de la inversión social pero manteniendo el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. Se plantea un enfoque de “economía mixta” y fortalecer el rol regulador del Estado, en particular una regulación más activa de los monopolios y oligopolios.

El Plan proyecta una inversión significativa en el sector rural y campesino, dándole una prioridad a este sector que no ha tenido en décadas. Se plantea el inicio de la “segunda reforma agraria”, entendida como “el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo”. En ese marco, las propuestas incluyen disminuir y reorientar la importación de alimentos, dado preferencia a la agricultura andina y orgánica. Todo ello, en el marco de “un Ordenamiento Territorial basado en el desarrollo local”.

En los aspectos tributarios, el Plan Bicentenario se plantea aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para lo cual busca “nacionalizar” las riquezas del país, término que se entiende como “hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías”. El Plan toma nota del nuevo contexto de precios de los minerales, así como de los reducidos costos de producción del cobre en el Perú, lo que justifica un impuesto a las sobreganancias. Otras medidas son la eliminación de las exoneraciones de tributarias, la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas, así como una política activa contra la elusión fiscal, el lavado de activos y los paraísos fiscales. Se plantea así mismo una modificación de las regalías, las mismas que en la reforma de 2011 fueron asociadas a las utilidades: Perú Libre plantea regresar a un esquema de regalías sobre las ventas, lo que permite mayor estabilidad y predictibilidad de la recaudación, así como hace mayor justicia al concepto de pago por el uso de un recurso no renovable que no depende de la ganancia de las empresas.

Este plan también aborda la búsqueda de una nueva Constitución que reconozca expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. La propuesta de cambio constitucional también incluye un Estado que practique la planificación estratégica, regule e invierta; y donde el interés público prime sobre el privado. El Plan hace hincapié en que este cambio se promoverá respetando los mecanismos constitucionales vigentes.

Sin embargo, aún es incierta la viabilidad del cambio constitucional, pues el referéndum para que la ciudadanía se exprese al respecto depende de una Ley del Congreso, donde las fuerzas conservadoras parecen ser mayoría. Ese será, probablemente, uno de los primeros grandes conflictos políticos de los próximos meses.

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Perú

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante

Por Los Andes Arequipa
28/06/2021
Por Zenaida Zea Olivera
Las familias de Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Peronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani, Antonia Campos Huanca y Javier Perlacio Limachi, aún no encuentran sosiego. Han pasado 10 años pidiendo que la muerte de sus seres queridos no quede impune; sin embargo, solo el silencio doloroso los acompaña.

El “Azangarazo” o “Juliacazo”, como otros lo llaman, representa una de las luchas sociales más atípicas en lo que a defensa ambiental refiere. Quienes fueron parte de la escaramuza, tuvieron la valentía de levantarse contra la minería ilegal, pero el Estado les dio la espalda incluso al ver la desolación que esta actividad dejaba a su paso.

El clamor popular se fundamentaba en la derogatoria del Decreto Supremo N° 10, con el que las poblaciones de Asillo, San Antón, Progreso y otras localidades de Azángaro podrían verse aliviadas de la contaminación provocada por la minería ilegal de La Rinconada, Ananea y zonas aledañas, que envenenaban el río Ramis y sus afluentes.

Fueron años de protestas. El ganado, peces, pastizales y todo vestigio de vida, sucumbía ante la presencia de metales pesados en el agua. En las protestas, los lugareños llevaban como evidencia sus animales muertos, y entre lágrimas invocaban ayuda porque sentían que esas sustancias nocivas causaban estragos en su organismo.

INDOLENCIA Y APATÍA

Las protestas de los pobladores fueron escalonadas. Al no ser escuchados en sus localidades, adoptaron como estrategia trasladarse al epicentro de la integración regional. Al estar Juliaca sitiada y perjudicaba todas las actividades con las regiones vecinas, por fin el gobierno giraría la cabeza hacia este sector olvidado.

Los comités de lucha invocaron la instalación de mesas de diálogo, sus autoridades viajaron a Lima para gestionar soluciones, pero como acostumbra el Estado, no actúa hasta que estalle el conflicto social. La problemática ameritaba una comisión de alto nivel, pero la apatía era mayor.

ESTALLÓ EL CONFLICTO

Juliaca estuvo paralizada una semana y no resistía más. Diversas organizaciones de la sociedad civil se solidarizaron con los pobladores de Azángaro y se plegaron a la lucha. El 24 de junio, una fecha emblemática en el mundo andino, decidieron radicalizar sus medidas de protesta.

La tensión se agravó cuando los piquetes se trasladaron al aeropuerto internacional Manco Cápac. La situación provocó que el gobierno del presidente Alan García, en lugar de entablar diálogo con los manifestantes, optara por reprimirlos, y sin la menor clemencia.

Se desató una balacera descomunal. Para socorrer a los heridos, los bomberos y ambulancias del sector salud se trasladaron a la zona de conflicto, próxima al Aeropuerto y la salida a Cusco. Al hospital llegaron personas con impacto de bala y otras lesiones que hicieron colapsar sus instalaciones.

En gran parte de Juliaca se aspiraba bombas lacrimógenas hasta caer la tarde, y cuando la población conmocionada por los sangrientos hechos salía de nuevo a las calles, no faltaron las personas de malvivir e infiltrados que perpetraron saqueos en algunos establecimientos comerciales.

IMPUNIDAD

Aún no se asimilaba lo sucedido y todavía se hacía la evaluación de la tragedia. Abogados de derechos humanos se sumaron para apoyar a los deudos y conformaron la “Asociación de Víctimas del 24 de junio”. La batalla legal que iniciaron hace una década duerme hoy el sueño de los justos.

Según el abogado de este colectivo, Carlos Torres Rodríguez, son más de 200 procesados, entre miembros de las Fuerzas Armadas, autoridades y dirigentes. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, y desde el 2019 se suspenden las audiencias bajo el argumento de que no se puede notificar a los sujetos procesales.

El caso está en manos del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, mientras que la jueza Penélope Nájar Pineda, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, para el 10 de agosto próximo, estaría llevando la audiencia de control de acusación, de no haber otro inconveniente.

LOGROS

A pesar del alto costo social de este levantamiento, con un saldo de seis muertos y más de 30 heridos, los deudos de las víctimas no fueron resarcidos de ninguna forma. Por ello, al conmemorarse una década de esta tragedia los deudos salieron nuevamente a clamar justicia, ávidos de que alguna ONG pueda apoyarlos con las reparaciones.

Gonzalo Yrpanoca, presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de junio, sostiene que los pocos proyectos agrícolas y de irrigación que se ejecutan en la zona son por parte de los gobiernos distritales. Mientras que en materia de remediación ambiental las acciones serían nulas.

Las poblaciones asentadas en la cuenca del río Ramis siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza. Entretanto, la minería ilegal de La Rinconada, que enriquece a unos, explota a otros y da origen a otros flagelos sociales, sigue devastando el medio ambiente.

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante

Perú

Ronderos y comuneros de Cusco protagonizan protestas por incertidumbre electoral

LR Cusco
larepublica_peediciondigital@glr.pe
24/06/2021
Protestas en Cusco por incertidumbre electoral. Foto: La última
Bloqueos en la vía Arequipa-Cusco iniciaron la madrugada de este jueves. Además, comuneros de Chumbivilcas anuncian protestas en corredor minero.

Cusco. En la región imperial iniciaron las protestas por la incertidumbre electoral que se vive en el país. Los ronderos de la provincia de Canchis bloquearon la vía Arequipa-Cusco la madrugada de este jueves.

Los piquetes en la zona de Cruz Cunca y puente Arturo a la salida de Sicuani, capital de la provincia, impidieron el paso de los vehículos.

El dirigente Waldo Núñez dijo que insistirán con las protestas hasta la proclamación de Pedro Castillo como presidente.

“Las comunidades altas están molestas porque a estas alturas ya se había proclamado al presidente. El Jurado Nacional de Elecciones ya debe pronunciarse. Esta protesta es solo preventiva en apoyo también a nuestros hermanos ronderos que están en Lima”, expresó.

En tanto, en la provincia de Chumbivilcas también se anuncian protestas. El presidente del Frente de Defensa de la provincia, Wilber Fuente, señaló que se acordó tomar el corredor minero si el JNE no se pronuncia en estos días.

“Este es un pueblo que busca cambio y además es antifujimorista. Yo mismo fui personero y vi que a lo mucho hubo 10 votos para Fuerza Popular, en la mayoría nada. Ese es nuestro sentir”, apuntó.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/24/ronderos-y-comuneros-de-cusco-protagonizan-protestas-por-incertidumbre-electoral-lrsd/

Perú

SEDAPAL ES ADMITIDO EN PROCESO DE AMPARO QUE BUSCA PROTEGER EL AGUA PARA MÁS DE 10 MILLONES DE PERUANOS

CooperAcción 23/06/2021
La empresa Sedapal, encargada de abastecer de agua potable a más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao, fue admitida, el último 08 de junio de 2021, como parte demandante (litisconsorte facultativo activo) por el 6to juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de amparo que interpusieron representantes de la sociedad civil el 2019. Esta demanda de amparo busca se declare la nulidad de las resoluciones administrativas que autorizan el desarrollo del proyecto minero Ariana en una zona de vital importancia para el abastecimiento de agua potable para la ciudad de Lima. La jueza Rocio Rabines Briceño, a cargo del caso, fundamenta en su decisión que Sedapal tiene interés jurídicamente relevante en la demanda porque es responsable de verificar que el servicio de agua potable llegue en forma óptima para el consumo humano, por lo que está acreditado su legítimo interés para participar en el desarrollo del proceso a favor de la parte demandante.

Fundamentos de Sedapal

Sedapal como empresa prestadora de servicios de agua y saneamiento, tiene la responsabilidad de producir agua potable de calidad para consumo de las poblaciones de Lima y Callao, y esta responsabilidad impone el deber de cuidar de las fuentes de agua potable como la laguna Sangrar y la infraestructura que soporta el agua que fluye a la ciudad de Lima y Callao, como es el túnel trasandino Cuevas-Milloc.

En su solicitud para ser incorporada en el proceso, Sedapal indica que su Equipo de Gestión Integral de Plantas tomó muestras de agua, que descarga la laguna de Sangrar y del agua proveniente de la laguna de Marcapomacocha en la entrada al túnel trasandino, en noviembre del año 2020, así como en febrero del presente año; realizando los correspondientes análisis, encontrándose que la concentración de arsénico se encuentra en el límite de los estándares de calidad ambiental (ECA); siendo ello un ambiente muy vulnerable a cualquier variación en sus condiciones, como la construcción de un depósito de relaves mineros, lo que impactaría negativamente en el medio ambiente en la zona.

La demanda de amparo sostiene que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que autoriza a la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C para que realice la explotación de mina subterránea en el área ubicada de forma adyacente a la laguna Sangrar y a la salida del túnel trasandino, implica una amenaza real al derecho al agua potable, pues el inicio de la explotación del proyecto Ariana pone en riesgo el acceso, la suficiencia y calidad del agua potable de la población ubicada en Lima y Callao.

Dos años de espera: ¿qué sigue en el proceso?

La jueza Rocío Rabines Briceño, titular del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, debe emitir una sentencia en el más breve plazo para decidir si paraliza o no el proyecto Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig. El caso Ariana está para sentencia, es decir no hay más actos procesales que resolver, luego de declarar fundada la solicitud a favor de Sedapal para integrarse como parte demandante en el estado que se encuentre el proceso.

Es importante precisar que se trata de un proceso constitucional de amparo y, por ende, de tutela urgente debido a que está en juego varios derechos fundamentales, especialmente el derecho fundamental al agua potable, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y el derecho fundamental a la salud.

Según Maritza Quispe, abogada constitucional del IDL, “esta sentencia debe ser emitida con argumentos jurídicos válidos, tomando en cuenta los peligros que podría significar la construcción de este proyecto en una zona donde se ha evidenciado que es altamente sísmica o de lo contrario se pondrá en peligro la calidad y cantidad de agua potable para más de 10 millones de ciudadanos de Lima y Callao”.

El proyecto minero Ariana debe ser desestimado por amenazar el agua potable para Lima y Callao

Earthworks y CooperAcción, con la finalidad de sustentar la demanda de amparo con los más altos estándares de rigurosidad científica y técnica, solicitaron a un experto internacional el estudio de riesgo de uno de los componentes mineros más peligrosos del proyecto: la presa de relaves. En este estudio, el doctor en geofísica Steven Emerman ha sido enfático en recomendar que el proyecto minero Ariana debe ser rechazado “sin mayor consideración”, ya que si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar incluso los pueblos de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso. Emerman sostiene que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona de suministro de agua para una ciudad capital de un país.

Conoce detalles del caso aquí: https://bit.ly/2Smwbil

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Perú

EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN MINERA EN EL CONTEXTO ACTUAL

Imagen: El peruano
24/06/2021
En la edición del pasado martes 22 de junio, el diario de economía y negocios Gestión anunciaba en su carátula (ver la parte baja de la izquierda) que las inversiones mineras en Perú y Chile se desacelerarían en el corto plazo. ¿Es así? ¿Las inversiones mineras se van a desacelerar en el contexto actual? ¿Qué variables son las que cuentan para los inversionistas? Intentaremos responder a estas interrogantes.


En primer lugar hay que subrayar que en medio de la campaña electoral varios medios de la prensa escrita peruana han optado por titulares francamente alarmistas. Incluso, cuando se lee el contenido de las notas desarrolladas, hay una diferencia con el titular: por ejemplo, en este caso, en las páginas internas, cuando se cita el informe de referencia de la empresa Standard & Poor’s Global Market Intelligence, su analista, Kevin Murphy señala que “no espera un enfriamiento significativo de las inversiones en Perú, pues junto con Chile están bien considerados por su potencial mineral”. ¿Lo dicho coincide plenamente con el titular?

Pero lo más importante es analizar si realmente es posible que las inversiones mineras en países como Perú y Chile se desaceleren en el contexto actual. Lo cierto es que si uno revisa el comportamiento histórico de la inversión minera, en el Perú, Chile o a nivel global, cada vez que los precios de los minerales han estado al alza, los flujos de inversión se han activado y, por el contrario, cuando han estado a la baja, las inversiones se redujeron de manera significativa.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, a partir del año 97 y 98, como consecuencia de una crisis internacional (lo que se conoció como la crisis rusa y asiática), los precios de los minerales se desplomaron y lo mismo ocurrió con los flujos de inversión. Luego, a partir del 2003, los precios comenzaron a recuperarse (se inició el denominado súper ciclo de precios de las materias primas) y las inversiones también comenzaron a aumentar de manera sostenida. Finalmente, a partir del año 2013 los precios comenzaron a caer y las inversiones también cayeron, en el Perú, en América Latina y en todo el mundo.


Ahora hemos entrado a un período de precios altos que, en algunos casos como el cobre, superan largamente los niveles del súper ciclo y todo indica que las inversiones comenzarán a recuperarse. ¿Alguien piensa seriamente que los inversionistas mineros van a desaprovechar una coyuntura excepcional como la que estamos viviendo y dejar de tener sobre-ganancias?

Las inversiones van a donde está el recurso mineral y eso es algo que no abunda hoy en día en el planeta. Además, nuestras minas tienen los más bajos costos de producción a nivel mundial. Alguna vez, un CEO de una gran empresa transnacional minera nos comentó, allá por el año 2005, que habían tomado la decisión de dejar el Perú, no por la situación política que se vivía por entonces -con un candidato con polo rojo que anunciaba la gran transformación-; tampoco por los conflictos sociales que se habían incrementado. Habían decidido vender su principal operación minera simplemente porque acababan de perder en el pulseo por la compra de una gran mina en el Perú, que era el principal motivo de su presencia en el país. Los temas políticos y sociales no eran el factor determinante para invertir en un país y su empresa estaba acostumbrada a operar en situaciones extremadamente complejas: comentó que una de sus operaciones en África se ubicaba a 30 kilómetros de una zona en donde una guerrilla marxista leninista se enfrentaba a un dictador feroz.

Que quede claro, con los actuales precios de los minerales, las inversiones en este sector se van a activar; van a seguir llegando a América Latina y a países como el Perú. Que ningún titular alarmista distorsione la realidad.

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Perú

POR UN BICENTENARIO CON EMPRESAS QUE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS

Imagen: CooperAcción  –  23/06/2021
El viernes 11 de junio, mediante el Decreto supremo 009-2021-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) como resultado de un proceso inédito de construcción participativa de una herramienta cuyo objetivo es adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la inclusión social, la competitividad y la inversión sostenible.

En ese sentido, destacamos la participación de las centrales sindicales, organizaciones de pueblos indígenas y de la sociedad civil en este proceso, que con su voz y aportes ha permitido que el Estado y las empresas reconozcan oficialmente los impactos negativos en los derechos humanos generados por las actividades empresariales en los pueblos indígenas, comunidades originarias, defensores y defensoras ambientales, trabajadores, trabajadoras, usuarios y consumidores; y también resaltamos que a través de un diálogo multiactor hemos logrado la construcción de un plan nacional que debe guiar al Estado, con el apoyo de los titulares de estos derechos, hacia la implementación de una política pública que reduzca estas violaciones a los derechos humanos por parte de la actividad empresarial.

De la misma manera, no podemos dejar de mencionar ausencias centrales e importantes que deja el Plan aprobado.

En primer lugar, los pueblos indígenas y comunidades originarias señalamos que sólo uno de los puntos mínimos propuestos por las organizaciones indígenas ha sido incorporado. Durante el proceso, las organizaciones indígenas planteamos se incorpore mecanismos que permitan proteger nuestro derecho al territorio, a la soberanía alimentaria y a la institucionalidad indígena; sin embargo, estos derechos no han sido tomados en cuenta. Tampoco fue tomada en cuenta la jurisdicción indígena como mecanismo de reparación de nuestros pueblos frente a la violación de derechos humanos. Además, la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada y los estudios de impacto ambiental aún no se encuentra acorde a los estándares internacionales. Demandamos que, en el proceso de implementación, se incorpore este punto por ser de derecho, porque es necesario que se reconozca la importancia del consentimiento previo, libre e informado; así como la reparación de las afectaciones a los pueblos indígenas y las personas y poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas.

En materia laboral, los trabajadores y trabajadoras lamentamos que no se reconozca con la claridad necesaria que la legislación nacional, las políticas públicas y las prácticas empresariales se mantienen aún por debajo de los estándares internacionales y que es necesario y urgente atender todos los derechos colectivos del trabajo incluyendo la asociación y libertad sindical, la huelga y la negociación colectiva así mismo en el tema de la informalidad tantas veces mencionado en este diálogo multiactor nos ratificamos es que no debe entenderse como un fenómeno desvinculado de la actividad empresarial formal, pues muchas veces funcionas articuladas, permitiendo que las empresas relativicen sus obligaciones de respeto de los derechos humanos.

Las instituciones de derechos humanos hemos exigido en todo el proceso de elaboración del PNAEDH la adopción de una metodología adecuada y el uso de indicadores que realmente evidencien cambios en la conducta empresarial y que ayuden a reducir la vulneración de derechos humanos, así como el cierre de brechas en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Así mismo, insistimos en lo que hemos mencionado en nuestros aportes al Plan ahora que se viene el proceso de implementación del Plan seguiremos haciendo incidencia sobre estos puntos, porque el desarrollo empresarial solo será sostenible si se incorpora integralmente las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Necesitamos mirar el PNAEDH, a partir de este momento, como parte sustancial de una nueva arquitectura estatal de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos que se deben seguir desarrollando en el país, a fin de que tanto las empresas internacionales como nacionales respeten los derechos humanos. En particular, atendiendo al hecho de que el PNAEDH no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que el desarrollo empresarial, que todas y todos saludamos, no se haga a costa de los derechos humanos de los demás. En ese orden de cosas, el PNAEDH recientemente aprobado debe tomarse como un punto de partida para seguir mejorando los procesos en el corto y mediano plazo, en el que se elimine la estigmatización y la criminalización de las personas defensoras, y se reconozca genuinamente la labor de defensa y protección de los derechos humanos.

La implementación del PNAEDH demanda potenciar la participación empoderada de la sociedad civil en la ejecución y seguimiento, tanto de sus acciones estratégicas, como del cumplimiento de los objetivos planteados en él; y ello pasa por trasladar la información respectiva desde lo nacional a lo regional y viceversa; visibilizando las experiencias piloto de diálogo que hemos venido desarrollando en diferentes zonas del país, las mismas que deben servir de referencia del ejercicio de diálogo entre sectores empresariales, actores sociales y poblaciones ubicados en esos territorios.

La implementación del PNAEDH exige, asimismo, una iniciativa legislativa y la necesaria aprobación en el nuevo Congreso de una ley que establezca la obligatoriedad de la debida diligencia en el ámbito de las actividades empresariales, incluyendo toda la cadena de suministro y de valor, así como la reparación integral de las víctimas que se vean perjudicadas por actividades empresariales que históricamente han impactado los derechos humanos, cuyas secuelas tienen que atenderse para recuperar la confianza perdida.

Finalmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que todos estos años hemos defendido los derechos humanos, nos reafirmamos en nuestro compromiso de seguir bregando, tanto desde la discusión de las políticas públicas, como ejerciendo el derecho a la incidencia, la movilización y la protesta con propuestas, para reducir la vulneración de derechos humanos y así poder construir juntos un Bicentenario en el que las empresas respeten plenamente los derechos humanos en el Perú.

Firmas:
Centrales Sindicales
Confederación General Trabajadores del Perú
Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Central Unitario de Trabajadores del Perú
Confederación de Trabajadores del Perú
Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines – FENTAGRO

Organizaciones de Pueblos Indígenas
Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP

Asociación en Defensa de las viviendas y medio ambiente del Puerto de Chancay
Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos
Comité de Vigilancia Ambiental del Humedal Santa Rosa de Chancay

Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
CooperAcción
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Red Muqui
Red Peruana por una Globalización con Equidad -RedGE
Instituto del Bien Común – IBC
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP
Comisión de Derechos Humanos de ICA -CODEHICA
Earthrights International -ERI
Programa Laboral de Desarrollo – Plades
Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Derechos Humanos Sin Fronteras -DHSF
IDLADS
CIPCA
GRUFIDES
IESI
DIAKONIA
OXFAM en Perú
11.11.11
Broederlijk Delen

Otras adhesiones:
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

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