De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.
Representantes de la sociedad civil peruana denunciaron la privatización de la Policía Nacional y la criminalización de la protesta social en la audiencia “Derechos humanos y protesta social en Perú” realizada el lunes 11 de marzo en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un total de 19 mil 585 personas expresaron estar en contra del proyecto Pucamarca, perteneciente a la minera Minsur, en el distrito de Palca (Tacna), tras participar en una consulta popular en el distrito de Ciudad Nueva. Los distritos de Alto de la Alianza y Pocollay están preparando una consulta en similar sentido.
En tanto, solo 29 estuvieron a favor al referido proyecto, mientras que el resto se abstuvo de marcar alguna de las dos alternativas. En total participaron 19 mil 869 ciudadanos, según informó el promotor de dicha consulta, Jesús Laura.
Raúl Zibechi
Una de cada cinco hectáreas del Perú ha sido entregada a las multinacionales de la minería, así como la mitad de las tierras de las comunidades campesinas e indígenas de la sierra andina. La gente común y la naturaleza son las más afectadas por la voracidad de grandes empresas que acumulan oro, plata y cobre en el altar de la especulación. La forma como la población se viene movilizando muestra cambios de fondo en la acción social.
El experto en derechos indígenas, Bartolomé Clavero, se encuentra en el Perú en una misión de diálogo con representantes de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, San Martin, Amazonas, Piura, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Ancash durante el 10 y el 11 de marzo.
Clavero ha sido invitado por la Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC) y la finalidad de su visita es elaborar un informe sobre la situación de los pueblos originarios, comunidades y rondas campesinas de Cajamarca afectados por el megaproyecto minero Conga.
El informe será presentado oportunamente ante las autoridades nacionales e internacionales.
En una inspección efectuada a finales de febrero la Fiscalía de Celendín constató que la empresa minera Yanacocha obstruyó una carretera pública con una tranquera metálica, tal como fue denunciado por el presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Milton Sánchez Cubas.
Según el presidente de la PIC, los representantes de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata, constataron, en una inspección del 28 de febrero, que personal de la empresa de seguridad Securitas –contratada por Yanacocha-, y efectivos policiales bloquearon la carretera que conduce al Centro Poblado Menor Santa Rosa, en el distrito celendino de Huasmín.
– Sala Penal Liquidadora Transitoria decidirá en 15 o 30 días si se archiva el caso o si se inicia el juicio oral contra los dirigentes.
Hoy se llevó a cabo la audiencia de control de acusación fiscal que determinará si se inicia juicio oral a los acusados por los hechos del “Baguazo”. Para Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que patrocina la defensa de tres de los 53 indígenas procesados, la Fiscalía Superior de Bagua demostró una vez más que no existen pruebas para el inicio de un proceso oral.
La Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) presentará el jueves 14 de marzo el libro “Los límites de la expansión minera en el Perú”, que reúne tres investigaciones sobre conflictos en Ayacucho, Cajamarca y Puno. La cita es a las 6:30 p.m. en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), ubicado en la Av. Arnaldo Márquez Nº 2277, en Jesús María.
Los trabajos se desarrollaron como parte del proyecto de investigación «Gestión de conflictos, procesos regionales y gobernabilidad democrática en el contexto electoral y postelectoral peruano», que financia Open Society Foundations.
Un video titulado “Nadie sabe para quién trabaja (La Policía)”, en el que se emplaza al Presidente de la República, Ollanta Humala, a ministros y autoridades policiales a responder cuestionamientos sobre los convenios de protección entre la policía y las empresas mineras, fue difundido el domingo por el colectivo ciudadano “Nadie Nos Paga”.
Siguiendo el formato de sus anteriores videos, los integrantes del colectivo planteon preguntas claves a las autoridades sobre la constitucionalidad de la instalación de bases policiales en campamentos mineros y la presunta “privatización” de la policía al dar seguridad a las empresas mineras, entre otros temas.
Ministro de Energía y Minería, Jorge Merino, afirmó que el crecimiento representará un aumento del 123%.
Este miércoles la PDAC 2013 llega a su fin. Más de 30.000 delegados de 125 países distintos coronaron a esta convención como la cita que batió todos los récords.
En este contexto, Perú ayer realizó la presentación sobre el potencial minero que ofrece, evento que incluyó la participación de diversas compañías como Panoro, Minera IRL o Río Alto Mining, entre otras.
El día 28 de febrero a las 19.17 horas, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, en la persona de los Dres. Gloria Torres Díaz y Marco Terán Arribasplata constata la comisión de un presunto ilícito que es denunciado por Milton Sánchez Cubas, presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).
El defensor ambientalista denuncia a Minera Yanacocha-Conga por presunto delito de perturbación a los medios de transporte y comunicación en la vía pública.