En la región se siguen identificando problemas relacionados con el crecimiento sostenido de la actividad minera: exigencia de puesto de trabajo para la población local, reclamos por el incremento del costo de los servicios básicos para la población, preocupación por los impactos ambientales que generan las actividades mineras, entre otros. Estos temas van marcando una nueva agenda para la región que involucra a sus autoridades y organizaciones sociales.
Los impactos ambientales negativos generados por la empresa Doe Run en Perú y en Estados Unidos siguen generando reacciones en diversas instituciones y autoridades. En efecto, hasta la fecha la empresa no ha demostrado una voluntad real de remediar los daños que ha generado la contaminación sistemática en La Oroya y en Missouri.
Asimismo, en el caso peruano siguen los procesos de negociación entre Right Business, actual administradora de Doe Run y los trabajadores, que hasta la fecha no han podido retomar sus labores.
A continuación presentaremos los principales sucesos de este periodo:
– Defensores de las lagunas califican hecho como maniobra para enfrentar a la población.
La noticia de la supuesta cancelación del proyecto minero Conga y que incluiría el despido de una cantidad considerable de trabajadores provocó que Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, ofreciera hoy temprano declaraciones a la prensa para negar tal información.
La compañía dijo que ya concluyó con los trabajos de limpieza y remediación en la zona afectada
Minera Antamina fue multada con el equivalente a US$77.000 por un derrame de concentrado de cobre ocurrido en 2012, en el distrito de Cajacay, en Áncash. La compañía dijo que ya concluyó con los trabajos de limpieza y remediación en la zona afectada
– Con las nuevas medidas Ollanta superaría a Alan García en aplicar la política del “perro del hortelano”.
El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indican que éste está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo.
La abogada Ana Leyva advirtió que los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediatizan los cambios mínimos favorables que se habían alcanzado en el actual gobierno y “retroceden en aspectos fundamentales de la gestión ambiental”.
Hoy a las 4:30 p.m. se desarrollará el conversatorio “Derecho al agua: Conga, Cañaris y Nanay”, en el Salón de Grados José L. Barandiarán de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
La actividad contará con la presencia de representantes procedentes de distintas regiones del país donde existe expectativa por lo que vaya a definir el Gobierno en materia de actividades extractivas como minería e hidrocarburos que podrían afectar el recurso hídrico.
Formarán parte de la mesa de expositores, Florentino Barrios, presidente de la comunidad campesina San Juan de Cañaris en Lambayeque, y Pablo Sánchez, director del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).
María Jesús Ballesteros, indígena yanesha y viuda del brigadier PNP José Antonio Vilela Morales
Hasta el frontis del Palacio de Justicia, en el centro de Lima, llegaron, la noche de ayer, decenas de personas para formar parte de la vigilia “Bagua no se olvida”, en solidaridad con las víctimas y los procesados injustamente por los hechos del denominado Baguazo.
Foto: Carretera Fernando Belaúnde, km 200, la llamada Curva del Diablo, donde se dieron los enfrentamientos.
El Portal .Edu de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) comparte hoy, 5 de junio un dossier a cuatro años del enfrentamiento entre policías y la comunidad awajún que dejó como saldo la muerte de, al menos, 33 personas. Contiene entrevistas, noticias y columnas donde especialistas de dicha casa de estudias analizan estos hechos.
Escribe: Emma Gómez M.
El 5 de junio es una fecha que ningún peruano debe olvidar. Hace 4 años se dieron los trágicos sucesos de Bagua que cobraron la vida de 33 personas y una persona desaparecida. Son muchas las lamentables consecuencias de estos hechos: procesos judiciales que no ha seguido el debido proceso, funcionarios que dieron las órdenes de las acciones de represión que no han recibido las sanciones correspondientes.
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamentó que las razones que llevaron a los pueblos amazónicos a protestar contra la política del “perro del hortelano” en el año 2009 aún sigan vigentes.
Indicó que el Estado peruano, con pocas excepciones, “sigue actuando de modo colonialista tratando de imponer un modelo extractivista que no toma en cuenta las voces y necesidades de los pueblos en cuyos territorios se ubican los principales recursos naturales del país”.