Información fue revelada hoy en Conferencia de Prensa convocada por la Congresista Verónika Mendoza y el Alcalde Provincial de Espinar Óscar Mollohuanca.
A un año del conflicto ocurrido en la Provincia de Espinar y tras largos meses de diálogo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) presentó los resultados del Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo (MSAP), frente a lo cual, la Municipalidad Provincial de Espinar presentó hoy en conferencia de prensa, un informe técnico de observaciones.
La situación por la que atraviesan las comunidades de la cuenca del río Napo y Curaray en donde se registraron altos niveles de contaminación por metales pesados en humanos, peces y suelos, es materia de análisis del décimo reporte de conflictos socioambientales que elabora el Observatorio “Vigilante Amazónico”.
El reporte da cuenta del caso de las comunidades de San Rafael, San Fernando, San Jorge y Rango Isla, ubicadas en dicha cuenca, y sobre la que no se han pronunciado las autoridades ambientales competentes para determinar su origen y establecer medidas de remediación.
Los procesos de diálogo siguen avanzando en la región: en el caso de la mesa de diálogo de Espinar, ya se atraviesa una última etapa en términos de resultados de los estudios ambientales pero se abre una nueva relacionada a la adopción y seguimiento de acuerdos así como a la institucionalización permanente del espacio de diálogo. En el caso de Chamaca, recién se ha instalado el espacio y los procesos de negociación están en una etapa muy inicial.
El jefe de Estado anunció una serie de medidas orientadas a promover las inversiones en el país, lo que ha generado preocupación por lo que apunta a una clara flexibilización de instrumentos evaluación ambiental.
Por su lado el presidente ejecutivo de Buenaventura, Roque Benavides, refirió que la culminación del segundo reservorio, El Perol, significará un punto de quiebre en el tan cuestionado Proyecto Minero Conga. Asimismo señaló que espera aumentar levemente su producción este año a unas 500,000 onzas de oro y 18 millones de onzas de plata en sus operaciones directas, en un contexto de baja en los precios de los metales. Benavides, afirmó que la firma apunta a reducir sus costos y aumentar la eficiencia en los procesos productivos de sus minas para solventar los menores precios.
En la región se siguen identificando problemas relacionados con el crecimiento sostenido de la actividad minera: exigencia de puesto de trabajo para la población local, reclamos por el incremento del costo de los servicios básicos para la población, preocupación por los impactos ambientales que generan las actividades mineras, entre otros. Estos temas van marcando una nueva agenda para la región que involucra a sus autoridades y organizaciones sociales.
Los impactos ambientales negativos generados por la empresa Doe Run en Perú y en Estados Unidos siguen generando reacciones en diversas instituciones y autoridades. En efecto, hasta la fecha la empresa no ha demostrado una voluntad real de remediar los daños que ha generado la contaminación sistemática en La Oroya y en Missouri.
Asimismo, en el caso peruano siguen los procesos de negociación entre Right Business, actual administradora de Doe Run y los trabajadores, que hasta la fecha no han podido retomar sus labores.
A continuación presentaremos los principales sucesos de este periodo:
– Defensores de las lagunas califican hecho como maniobra para enfrentar a la población.
La noticia de la supuesta cancelación del proyecto minero Conga y que incluiría el despido de una cantidad considerable de trabajadores provocó que Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, ofreciera hoy temprano declaraciones a la prensa para negar tal información.
La compañía dijo que ya concluyó con los trabajos de limpieza y remediación en la zona afectada
Minera Antamina fue multada con el equivalente a US$77.000 por un derrame de concentrado de cobre ocurrido en 2012, en el distrito de Cajacay, en Áncash. La compañía dijo que ya concluyó con los trabajos de limpieza y remediación en la zona afectada
– Con las nuevas medidas Ollanta superaría a Alan García en aplicar la política del “perro del hortelano”.
El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indican que éste está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo.
La abogada Ana Leyva advirtió que los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediatizan los cambios mínimos favorables que se habían alcanzado en el actual gobierno y “retroceden en aspectos fundamentales de la gestión ambiental”.
Hoy a las 4:30 p.m. se desarrollará el conversatorio “Derecho al agua: Conga, Cañaris y Nanay”, en el Salón de Grados José L. Barandiarán de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
La actividad contará con la presencia de representantes procedentes de distintas regiones del país donde existe expectativa por lo que vaya a definir el Gobierno en materia de actividades extractivas como minería e hidrocarburos que podrían afectar el recurso hídrico.
Formarán parte de la mesa de expositores, Florentino Barrios, presidente de la comunidad campesina San Juan de Cañaris en Lambayeque, y Pablo Sánchez, director del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).