El caso Doe Run Perú SRL servirá para enseñar en las facultades de Derecho cómo se engaña de manera eficiente a un país subdesarrollado. Ira Rennert, empresario norteamericano billetudo, poco escrupuloso y propenso a contaminar el ambiente, se adjudicó en 1997 –mediante una cadena de empresas ubicadas en paraísos financieros– las acciones de una sociedad propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.
Le compró las acciones al Estado peruano con un préstamo que terminó debiendo Doe Run Perú SRL. Aumentó el capital de esta con una transferencia que entró al banco peruano por la mañana y regresó al banco norteamericano por la tarde del mismo día. Violentó todas las normas ambientales, no obstante que el Estado le extendió una y otra vez el plazo para cumplir el PAMA. Por último, dejó de pagarle a todos sus acreedores. Había invertido en total US$ 2 millones de su bolsillo y se había llevado algunos cientos de millones de la sociedad. El asunto terminó en Indecopi.
Por más formal que sea una mina, es muy difícil controlar el impacto que genera sobre el ambiente, los ecosistemas y las comunidades que viven cerca a sus instalaciones. A 40 kilómetros de la ciudad de Cajamarca se encuentra la mina Yanacocha, la explotación de oro más grande de Sudamérica. Esta minera cuenta con dos diques, uno en el Río Grande y otro en el Río Rejo, los cuales fueron construidos originalmente para controlar los sedimentos producidos por los relaves de la mina. Actualmente, los diques sirven como reservorios de agua para las temporadas secas, permitiendo regar los campos de cultivo de la zona.
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (ONDS-PCM) reportó 41 conflictos sociales en junio, la mayoría vinculados a las actividades mineras e hidrocarburíferas, según informó hoy en Lima. La minería tiene el mayor número de conflictos (17), seguido por la actividad idrocarburífera (6).
Cerca de una docena de policías atacaron esta mañana la comunidad El Lirio en la provincia de Celendín, Cajamarca. El ataque tuvo su origen en la negativa de los comuneros de permitir el ingreso de vehículos con regalos de la empresa minera Yanacocha.
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, las comuni- dades de Huasmín, Sorochu- co, Celendín, Oxamarca se congrega- ron en las inmediaciones de la laguna Azul, para celebrar esta fecha. Para las comunidades celendinas el 5 de junio no sólo significa el cuidado y la protección de la casa grande, nuestro planeta, nuestra mama pacha, sino también de una de las especies biológicas amenazadas por este modelo neoliberal, por esta sociedad de consumo: el hombre.
HOMENAJE Y COMPROMISO DEL FREDIDEP Y DEL PUEBLO EN BAMBAMARCA
La reciente remodelación del Gobierno peruano y, sobre todo, la designación del ex embajador de Perú en China como nuevo ministro de Relaciones Exteriores son las señales que Lima está dando para indicar a los inversores que quiere dar un giro hacia una diplomacia muy orientada a lo comercial y para reforzar la relación con Pekín cuando los indicadores revelan un enfriamiento e incluso un retroceso de la economía. Perú, acostumbrado a un crecimiento del PIB entre el 5% y el 8% desde 2004, se enfrenta este año a una previsión que no superará el 3,5%. El parón ha desatado un alud de críticas desde todos los sectores peruanos, que en su mayoría sostienen que la crisis se veía venir desde el año pasado y que el Gobierno del presidente Ollanta Humala no supo reaccionar para revertir la situación.
Informó el presidente del frente de defensa interdistrital de Bambamarca, Hualgayoc Rosas Rubio Gil que en la última reunión que han tenido las organizaciones ronderas y sociales de las provincias de San Miguel, Santa Cruz, Hualgayoc han decidido por unanimidad no permitir la expansión minera en esta parte de la región Cajamarca.
El paquete normativo, en gran medida, no permite establecer con claridad una relación causal entre el problema y las medidas propuestas. En razón de ello, tampoco existe un análisis costo beneficio de lo que se gana y de lo que se pierde. No se explicita, aunque se puede intuir, quiénes son los beneficiados y quiénes resultarán afectados con ellas. Es más, los afectados ni siquiera son visibilizados como tales y por lo tanto, sus derechos e intereses están ausentes en el diseño del proyecto de ley. Analicemos un ejemplo.
Organizaciones ambientalistas e indígenas están desde este miércoles en pie de guerra en Perú contra medidas del Gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera, a fin de fomentar la inversión y el crecimiento. Unas 50 entidades medioambientales y de derechos humanos convocaron a una marcha a última hora del miércoles en el centro de Lima para rechazar un paquete de medidas enviado por el gobierno de Ollanta Humala al Congreso.