La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano proteger mediante medidas especiales la vida y la integridad de la familia Chaupe pero son las fuerzas de seguridad pública las que se encargan de hostilizarla hasta el cansancio.
El viernes 8 de agosto, mientras se efectuaba una conferencia de prensa en el Congreso de la República para exponer la crítica situación de 46 personas protegidas por la medida cautelar (1), Roció Silva Santisteban informó a los presentes que en esos mismo instantes, un contingente policial se hallaba en su predio rural, hostilizándola, para que lo abandone.
Como lo han confirmado numerosos testimonios los efectivos policiales de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) se encuentran en las zonas de conflicto en Cajamarca no para servir al Estado y a los ciudadanos.