Parte de la selva de Madre de Dios se ha convertido en un desierto por culpa de los mineros ilegales. Ayer, cientos de agentes de la Policía, el Ejército, la Marina, FAP y funcionarios del Ministerio Público realizaron un megaoperativo en la zona llamada ‘La Pampa’ para erradicar a los ilegales, que invaden el área de amortiguamiento de la reserva de Tambopata.
En un recorrido por la zona, ubicada a 107 km de Puerto Maldonado, Perú21 pudo comprobar que, pese a los intentos por erradicarlos del ministro Daniel Urresti –cuando fue comisionado de la PCM contra la minería ilegal–, los ilegales siguen operando.
En el operativo, los efectivos hallaron motores, artefactos y diversos enseres enterrados a plena luz del día, además de decenas de hoyos en la tierra donde trabajaban las dragas, así como cantinas, prostíbulos y hoteles construidos con plásticos que, tras el operativo, fueron erradicados.
El nueve de noviembre se aprobó una nueva ley cuyo objeto declarado es «la promoción de la inversión para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, en las zonas de mayor exclusión social». En ella, se opera cambios en el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental; además, se establecen medidas sobre residuos sólidos, simplificación administrativa y promoción de la inversión, simplificación de procedimientos para establecer servidumbre en terrenos eriazos y protección de derechos de vía y de localización del área otorgados para proyectos de inversión y simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles (expropiación) para obras de infraestructura de gran envergadura.
El dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y opositor al 
El 31 de Octubre de 2014, FEDEPAZ participó a la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de Derechos Humanos y Estados de Emergencia en el Perú”. La audiencia tuvo lugar de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. en la Sala Rubén Darío del Edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington, USA, en el marco del 153o Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
Hace unos días se presentó el informe de investigación de Oxfam «Geografías de Conflicto: superposiciones de mapas de usos de la tierra para industrias extractivas, en Ghana y en el Perú»; informe elaborado por los geógrafos Anthony Bebbington, Jhon Rogan y Nicholas Cuba de la Facultad de Estudios Superiores de Geografía de la Universidad de Clark, de los Estados Unidos.
La reciente publicación del ranking para hacer negocios, Doing Business, del Banco Mundial muestra que el Perú ha subido al puesto 35 de 189 países evaluados y en América Latina sólo es superado por Colombia. Los indicadores que se evalúan son facilidad de pago de impuestos; agilidad del trámite de los permisos de construcción; licencias de funcionamiento, créditos, cumplimiento de contratos, eficiencia de mecanismos de resolución de insolvencias, entre otros.
El proyecto minero Tía María, se ubica en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, provincia de Islay, en la costa sur de la región Arequipa, cerca al valle del río Tambo.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, admitió a trámite la demanda de amparo que presentaron la comunidad nativa awajun de Supayacu (ubicada en el distrito de Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca) y la Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca – Sede Central Supayacu, para que se declare la nulidad de la Resolución Directoral No. 229-2013 MEM/DGM que autoriza el inicio de actividades de exploración minera a la empresa Exploraciones Águila Dorada SAC, relacionada al proyecto minero “YakuEntsa” y se declare la nulidad de la Constancia de Aprobación Automática No. 042-2012-MEM-AAM que aprueba la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero antes referido.
El Marañón, Mantaro, Apurímac, Camaná e Inambari son cinco de las cuencas hidrográficas más importantes del Perú por la cantidad de terrenos agrícolas que riegan con sus aguas. Y sus territorios han sido otorgados en concesión a empresas mineras. Existe una superposición de territorios, lo que ocasiona choques entre la población y las empresas, además de pérdidas millonarias e inseguridad alimentaria.
Organizaciones sociales y representantes de las familias de La Oroya, en el departamento peruano de Junín, solicitaron ante el posible reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico ubicado en la zona, garantizar con medidas concretas la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.