Las defensoras de la tierra y el agua están siendo vulneradas, afirmó enfáticamente la investigadora Rocío Silva Santisteban, quien presentó su libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias” el día de ayer, 20 de noviembre, en el Centro Cultural de España.  Para iniciar este libro partí de una pregunta que muchos se hacen: ¿Cómo afectan los conflictos eco territoriales en la vida de las mujeres?

El capitalismo por despojo que vivimos en la actualidad por el extractivismo, genera que las grandes empresas asuman el control de la vida, de animales, plantas, personas, y con ello, de territorios en su conjunto, propiciando los conflictos, por lo que la denominación socio ambiental que se utiliza no los refiere, hay que hablar hoy de conflictos “eco territoriales”.

El 73% del total de la tierra se encuentra en posesión de los hombres, por lo que ellos toman decisiones sobre la negociación de la misma, comentó Silva Santisteban. La Ley de Comunidades Campesinas, por su parte, solo considera al “jefe de familia” como comunero habilitado para tomar parte en las asambleas, lo que excluye a la mujer de los espacios de poder.  Cuando ocurren conflictos socio ambientales, son ellos, los que se sientan en las mesas de “diálogo”, agregó la investigadora.

El uso desmedido de la fuerza y la criminalización de la protesta afectan a las defensoras de derechos humanos. Ellas son perseguidas por el Estado, aseveró. Silva Santisteban dio una serie de recomendaciones que surgieron de la investigación, como impulsar la participación de mujeres en los procesos de Consulta previa, la promoción del liderazgo de la mujer en los movimientos sociales y la creación de Políticas Nacionales contra la violencia de género en conflictos sociales.

En la mesa de presentación del libro, estuvieron las lideresas Teresita Antazú del Pueblo Yanesha de la Selva Central, y Elsa Merma de Espinar, Cusco. Antazú contó cómo fue el proceso de empoderamiento de mujeres amazónicas en el que ella estuvo involucrada. “Yo me preguntaba por qué las mujeres no podían sentarse a la mesa junto a los hombres, por qué nos decían que traíamos mala suerte. Las cosas han empezado a cambiar poco a poco”, afirmó.  Ella participó en varias campañas por la titulación de tierras comunales y es una dirigenta reconocida.

“Nosotras no debemos callarnos, pensemos en las compañeras de nuestras comunidades, por ellas debemos resistir”, dijo Elsa Merma Ccahua, de la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura del Pueblo Kana. Ella contó que la población y, sobre todo, las mujeres padecen con el extractivismo porque el costo de vida se eleva y se generan una serie de conflictos.

El Caso Máxima Acuña

La abogada Mirtha Vásquez, abogada de la luchadora social Máxima Acuña de Cajamarca, estuvo presente en el evento.  “Rocío Silva Santisteban nos está dando a conocer parte de una historia que nadie quiere contar, tenemos en nuestras manos un documento que sistematiza la experiencia de lucha que han tenido muchas mujeres por el territorio”, afirmó.

Vásquez contó que Máxima Acuña ya no soporta el acoso de parte de la empresa minera Yanacocha.  El caso se está llevando a cortes internacionales, señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y agregó que se tiene que dar todas las garantías para proteger a la defensora de las lagunas.  Ella comentó que las mismas regiones que fueron afectadas por el conflicto armado interno, tienen conflictos socio ambientales y las mujeres otra vez están siendo afectadas en las luchas por el territorio.

El libro estará disponible online desde el 15 de diciembre.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/655-mujeres-conflictos-territorio.

Pobladores de la cuenca del río Ayash denuncian contaminación del agua e impactos negativos en la salud pública. Afirman que el ambiente sufre producto del vertimiento de relaves de la compañía minera Antamina SA. Los reclamos de este grupo humano, residente en San Marcos, provincia ancashina de Huari, representan solo uno de los 167 conflictos sociales presentes en nuestro país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), correspondiente al mes de octubre de 2017.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la DP, del total de conflictos, 114 se encuentran activos y otros 53 permanecen en estado latente. Por distribución territorial, la mayoría se concentra en la región Áncash, con nada menos que 27 casos por resolver. Seguidamente, se ubican Puno (15 casos) y Apurímac (13). Según las causas, los conflictos más frecuentes están relacionados con temas socioambientales, con un 71.9% del total de casos a nivel nacional.

En este rubro, la lista es encabezada por disputas relacionadas con el sector minero: 77 casos en todo el Perú. Es precisamente el factor minería el que ha contribuido para posicionar a Áncash como la región con mayor conflictividad.“La particularidad es que Áncash tiene varios proyectos mineros en zonas importantes de la región como el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. Operan grandes mineras como Barricky Antamina, las mismas que por incumplimiento generan focos de conflictividad con varias comunidades”, señala Porfirio Barrenechea, adjunto al defensor del Pueblo para Conflictos Sociales.

Para el funcionario hay además otro factor capaz de avivar conflictos: la situación posdesastres naturales. “El tema de la reconstrucción tiene mucho que ver con las quejas de la población frente a la atención del Estado para atender las necesidades básicas luego del desastre”, afirma. Violencia. Por otro lado, Barrenechea recalcó que, “más allá de la cantidad de conflictos, hay que analizar la intensidad de las protestas. Y eso depende de los fallecidos, heridos, agresividad en las manifestaciones o personas detenidas”. Con ello, recordó que en el mes de octubre se registraron tres muertes durante un enfrentamiento entre mineros ilegales en la zona de Parcoy, provincia de Pataz, en La Libertad. La disputa por un terreno para ejercer la actividad ilícita acabó con la vida de esas tres personas.Pero, ¿hay forma de prever si un conflicto llegará a tales niveles de violencia? De acuerdo con Barrenechea, existe cierta impredecibilidad. “Hay conflictos que tienen tres o cuatro años y continúan en negociaciones. Pueden pasar súbitamente de una fase de tranquilidad o diálogo a una nueva situación crítica porque no se cumplieron los acuerdos. Es totalmente variable y solo depende de cómo se va manejando”, comenta.El portavoz de la DP enfatizó, no obstante, que ciertos contextos, como la temporada electoral, suelen encender conflictos. “Por experiencia, conocemos que cuando hay elecciones el nivel de conflictividad aumenta en la mayoría de regiones”, añade.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/defensoria-del-pueblo-conflictos-sociales-787149/

El gobierno de PPK ha brindado las facilidades al proyecto Río Blanco en Huancabamba, mientras que, por otro lado, diversos sectores de Ayabaca y Huancabamba se oponen a toda inversión minera. Hay cosas raras. Toca a la población y prensa, por esto, hacer preguntas a la empresa y comunidades. Un tema para el que pocos tienen tiempo, o no quieren tocar.

Hace varias semanas retomé la escritura de unas crónicas que pretendo publicar. Trata sobre la expedición extraviada de un grupo de trabajadores de la empresa minera Río Blanco Cooper en las montañas de Huancabamba y Piura; y su posterior búsqueda por parte de rescatistas militares, exmilitares, policías, comuneros y civiles pagados. Una expedición, por lo tanto, que hasta hoy sigue desempolvando un conflicto social bien despierto en la serranía.

Esta es la historia. El jueves 16 de julio de 2015, por la tarde, recibo un mensaje desde las oficinas de la municipalidad de Ayabaca: 3 días antes un grupo de mineros había aparecido por el caserío Cabuyal; les habrían castigado los ronderos en otro caserío llamado Portachuelos y pronto fueron enviados a Huancabamba por una carretera en Pacaipampa desde Curilcas. No se supo más de ellos.

El caso era misterioso -hasta hoy-, pese a que por días se armó un comunicado, por parte de la empresa, en el que trataba de explicar el extravío de 4 personas y de los otros que fueron castigados. En suma, la búsqueda era por Orlando Pastrana Quezada, un ingeniero geólogo y líder de la expedición; la comunicadora cajamarquina Aleida Dávila Montes; el egresado en geología Manuel Herrera Peña, huancabambino, y Segundo Tacure, quien era conocido como “primito“.

Cinthya Robles Martínez, evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) terminó un reporte preliminar a las 3:30 de la tarde en su oficina de la calle Rodín en San Borja, Lima. “Una de las personas extraviadas estaba enferma (fiebre)”, versa en el documento. Era el mismo día en el que el informante de Ayabaca empieza a contarme parte de la historia. ¿Quién era el enfermo?

La expedición perdida

Poquísimas personas lo sabían. Una de ellas era Hipólito Cruchaga, por aquel entonces jefe de Indeci-Piura, quien tenía el reporte de Robles Martínez y me contacta y comenta la situación el 17 de julio en la mañana, cuando Rio Blanco Cooper ya había filtrado a todos los medios del país su comunicado y entre las bases ronderiles empezaba a cuajar la idea de que allá arriba, en la montaña de Cerro Negro, 4 personas tenían pocas posibilidades de vivir.

Otra de las personas enteradas de aquello era el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Miguel Orozco, en esos meses de 2015 comisario en Ayabaca. Él se entera el miércoles 15 de julio, oficialmente, a través de una denuncia verbal impuesta en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Piura.

Orozco y el superior Segundo Castillo –conocido en la búsqueda como Lupo– iniciaron, entonces, una faena interrogatoria por los senderos y caseríos de la comunidad de Yanta, donde mucha gente es “antiminera”. Ser antiminero es un término usado especialmente para determinar a las personas contrarias a la minería en su zona… Aquí la ensalada del asunto.

Perú presenta la mayor cantidad de conflictos mineros de toda América Latina. Desplazamientos, impacto ambiental y trabajo informal son algunos de los estragos más fuertes que ha generado el sector minero en Perú, y a pesar de que estas zonas reciben las mayores inversiones, su gente continúa sumida en la pobreza. Luis Castro reúne a los mejores expertos para poner las ‘Cartas sobre la mesa’ a la minería en esta región.

¿Por qué es el Perú el país con más conflictos mineros actualmente en América Latina? A juicio de José Luis López Follegatti, abogado y coordinador general de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible de Perú, es porque el país andino muestra «más dinamismo minero». En este sentido, recalca que hay todo tipo de conflictos: solucionados y no, los que se han vuelto violentos y los que se han convertido en mesas de diálogo.

Además, continúa el desarrollo de la actividad minera en el Perú. «En los últimos diez años ha crecido considerablemente el mapa de desarrollo de este sector» en ese país latinoamericano y «sería raro que no existan reacciones o reclamos» ante este crecimiento, ha opinado Miguel Lévano, oficial del programa de derechos territoriales e industrias extractivas para Oxfam Perú.

En cuanto a las características de los conflictos, el 70% de ellos son socioambientales, ha estimado Rómulo Mucho, ex viceministro peruano de Energía y Minas. También ha añadido que la existencia de una discusión debe de considerarse como algo positivo. «Siempre digo: hay que convertir un conflicto en una oportunidad», ha afirmado Mucho.

«La gente quiere que resuelva los problemas la empresa», mientras que «uno de los males del Perú es que el Estado casi nunca está presente en la comunidad», ha apuntado el ex viceministro de Energía y Minas. «Entonces tenemos un problema de descentralización», ha concluido.

Las causas principales de los conflictos en el sector minero del Perú

Según Lévano, las causas principales de los conflictos con los mineros en Perú son las afectaciones ambientales y la falta de verificación de las mismas por parte de las autoridades; el temor de la población local a la afectación a su salud, sus tierras, el ganado y el medioambiente; y el incumplimiento de compromisos por el Estado o las empresas.

Otro desafío para el sector es la minería informal, si bien esta también tiene un lado positivo, dado que «mueve la microeconomía» porque sus representantes llevan a cabo actividades de compra y venta y dan trabajo a cientos de miles de personas, ha estimado el ex viceministro Mucho. Además, hay que tener en cuenta que hay varios tipos de empresas mineras en el país andino, estatales y artesanales, y entre estas últimas puede haber «aspectos informales», ha destacado José Follegatti.

«Es normal que existan conflictos», y si vienen «grandes inversiones», van a venir «grandes conflictos» también. «Lo extraño sería que no hubiera conflictos», ha concluido Mucho.

Fuente:https://actualidad.rt.com/programas/cartas-mesa/255160-peru-conflictos-mineros

Frente de Defensa lidera movilización para evitar la contaminación de la cuenca del río, donde se practica la agricultura desde la época preinca.

La explotación minera en las partes altas de esta provincia ha despertado la preocupación en la población.  El último fin de semana, una comitiva de funcionarios de la Gerencia Regional de Energía y Minas, autoridades municipales y del frente de Defensa de los Intereses de Virú inspeccionaron el lugar y descubrieron el grave impacto ecológico que ocasionan los mineros informales.

El área de operación minera está ubicada en el caserío Caray, jurisdicción del centro poblado Huacapongo, a 640 metros sobre el nivel del mar. Según el acta elaborada por funcionarios de la gerencia de Minería, en el lugar encontraron “acumulación de sacos de polietileno con material metálico. Muy cerca a ello se observa una pequeña cancha de acumulación del mineral”.

Durante la inspección se encontró al poblador Zacarías Zumarán Arroyo,quien refirió que los trabajos mineros corresponden a la época de la hacienda y que la persona que los contrató para la limpieza del área (recojo del material minero) para fines agrícolas.

Esta labor fue encomendada por Eldair Goicochea a un poblador natural de Condornada.

A su vez, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Virú, Fernando Crisólogo Santillán, asegura que en la zona existen operaciones mineras recientes, pero que los pobladores de ese sector pretenden ocultar.

Fuente:http://laindustria.pe/detallenoticias.php?codarticulo=13947

Los efectos del Cambio Climático se hacen cada vez más visibles en nuestro país. La Autoridad Nacional del Agua ha advertido que solo en los próximos 20 años, se extinguirán 5 nevados. Las comunidades padecen ante las variables del clima y las heladas que se producen fuera de temporada. Por ello, ante la preocupación sobre esta problemática se propuso la Ley Marco de Cambio Climático.

Este martes 7 de noviembre, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso debatió y aprobó por mayoría el pre dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático. Norma aguarda su aprobación en la próxima sesión del pleno del Congreso.

De acuerdo al texto del pre dictamen, presentado por la presidencia, se señala que el objetivo de la Ley será principalmente la de coordinar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas que permitan reducir la vulnerabilidad climática de nuestro país.

Así también, que propicien una gestión participativa y transparente de las medidas de mitigación y adaptación a este desmesurado incremento de temperatura en todo el mundo. Siendo Perú el tercer país más vulnerable al Cambio Climático, nace la urgencia de aprobar tal norma que no solo permitirá aprovechar nuestro bajo crecimiento en carbono sino además cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

“Con la aprobación de este pre dictamen, los congresistas de esta Comisión han asumido responsablemente el compromiso por frenar el cambio climático que ahora aguarda su debate y aprobación en el Pleno del Congreso. Ojo que seremos el primer país en Sudamérica en tener una legislación especial de cambio climático. Estamos seguros que todo el parlamento lo apoyará”, señaló el presidente  de la Comisión, Marco Arana.

Dictamen es producto de la acumulación de diez proyectos de Ley relacionados a forestación, reforestación, heladas, friajes, conocimientos ancestrales y cambio climático. Tras su aprobación, se estima que pre dictamen sea debatido y consensuado este próximo jueves durante la próxima sesión del Pleno del Congreso.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/652-ley-cambio-climatico

En la zona alta de Lima, donde nacen las aguas del río que dota de agua a la capital, diecisiete depósitos de relave son un constante peligro de contaminación. Un informe y un documental de la Red Muqui, presentados está semana, alertan sobre el tema.

«Los afectados somos nosotros que estamos regando con esta agua sucia. Los pastos y el agua están contaminados. En consecuencia el ganado está contaminado y vamos a consumir los alimentos contaminados», dice Alejandro Pérez, campesino de San Mateo, mientras camina por las cercanías de una montaña de relave.

Su testimonio aparece en el documental Historias de Agua, presentado por la Red Muqui el jueves pasado, junto con un informe que alerta sobre el peligro de los relaves mineros en la zonas altas de la cuenca del río Rímac y la contaminación que supone para el agua de Lima.

Uno de los mayores peligros en esa zona es la relavera de la mina Tamboraque, que está en el kilómetro 90.5 de la carretera central y que hoy contiene un estimado de 300 mil toneladas métricas de residuos. Antes tuvo el doble. Está ubicado a unos metros del caudal del Rímac y diversos especialistas han dicho que de ocurrir un derrumbe no solo contaminaría el río sino que Lima podría quedarse sin agua por varias semanas.

Desde el 2008, el gobierno ha exigido a la empresa propietaria -hasta el año pasado Nyrstar- que traslade esos deshechos mineros a otra zona donde no sean tan peligrosos. El nuevo depósito de la empresa está ahora en las laderas del cerro Chinchán, en el distrito de Chicla. Hasta allí se han trasladado unas 300 mil toneladas métricas de deshechos desde las relaveras de Tamboraque.La población del lugar ha reclamado que también podría contaminar los afluentes del río Rímac que hay en la zona.

Nyrstar señaló el 2014 que no trasladó la totalidad de los relaves de Tamboraque porque los cúmulos de material ya estaban estabilizados y no había peligro de derrumbe. Su versión es puesta en duda por varios especialistas.

Pasivos ambientales

En Huarochirí hay numerosos pasivos ambientales dejados allí por las empresas que dejaron de operar. Es el caso de los depósitos de relave de Casapalca, Antuquito y Bellavista. El campo de relave de Casapalca queda también en Chinchán y es una enorme montaña gris que pone en peligro los afluentes del río Rímac que hay ahí.

La relavera Antuquito esta situada en la margen izquierda del Rímac y contiene unas 600 mil toneladas métricas de relaves producidos por la Cerro de Pasco Corporation y Centromin Perú. Ahí se han realizado labores de remediación pero durante décadas el polvo producido por erosión y el lavado del talud, en época de lluvias, contaminaron el río y las poblaciones aledañas.

En el depósito de relaves Bellavista hay 1.2 millones de toneladas métricas de desechos mineros producidos por la planta concentradora de Casapalca, operada por las dos minas citadas en el párrafo anterior. También contaminó durante décadas el río hablador y hoy se encuentra en proceso de remediación.

Hay otras empresas mineras que siguen operando y produciendo relave. Es el caso de Volcan, Los Quenuales, Compañía Minera Casapalca y Great Panther Silver (que compró Tamboraque a Nyrstar a fines de 2016).

Son diecisiete los depósitos de deshechos mineros (ver cuadro) los que, ubicados en las márgenes de la naciente del río Rímac, han contaminado y siguen contaminando sus aguas y a las poblaciones cercanas. Su cercanía con afluentes o con el mismo Rímac hace que en el caso de un sismo fuerte, o terremoto, el peligro de que esos materiales caigan al río y lo contaminen sea latente.

«Tenemos a toda la cuenca hidrográfica del Mantaro y del Rímac impactadas por el vertimiento de elementos químicos, que finalmente alcanzan a todos los pobladores que dependen de ambas cuencas. Es decir, se beneficia la ganancia inmediata, sin proyectar las medidas protectivas y preventivas», dice el informe de la Red Muqui.

Pobladores indignados

El señor Genaro Aguilar es representante de la comunidad campesina de San Antonio y miembro de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medioambiente en las Cuencas Altas del río Rímac. Vive en San Mateo y ha visto cómo las minas operaban cerca de su comunidad y cómo crecieron con los años las montañas de relaves que las empresas mineras iban dejando.

«El problema del relave de Tamboraque y la posibilidad de un derrumbe, que muchos advierten, es el caso más conocido, pero hay muchos otros que no son tomados en cuenta», nos dice en una breve visita a Lima para brindar su testimonio de poblador afectado.

«En la margen izquierda por la microcuenca del río Aruri, que es afluente del Rímac, hay cinco pasivos ambientales abandonados. Allí el aire levanta el polvo de los minerales y este cae al río. No hay remediación. Eso pertenecía a la mina Millotingo y al Banco Minero, pero ya no existen y no se hace nada para remediar ese pasivo», cuenta.

«Otro afluente del Rímac es el río Mayo, perteneciente a la comunidad de Viso. Allí, en la parte alta, hay relaveras abandonadas que pertenecían a la mina San Donato. Allí se han hecho estudios que indican que las aguas del río Mayo tienen altas concentraciones de plomo, cadmio y mercurio».

La plataforma a la que pertenece don Genaro emitió un pronunciamiento en agosto pasado indicando lo siguiente:

«El deterioro ambiental se debe […] principalmente a los numerosos pasivos ambientales de relaves, desmontes y agua de mina que existen en la cuenca alta del río Rímac,específicamente los pasivos de Tamboraque, los de la subcuenca Aruri, los de la quebrada Mayo y la quebrada Chinchán. Estos pasivos ambientales contienen metales y no metales tóxicos que al estar sin tratamiento y expuestos libremente, entra en contacto con los recursos naturales».

Ellos realizaron un estudio ambiental de agua, suelo y sedimento para profundizar en el problema y poder plantearle al gobierno sus inquietudes con mejores argumentos.

Los resultados fueron: «Exceso de concentración de plomo, cadmio, arsénico, cobre, manganeso, en agua que es usada para el cultivo de plantas. Esto mismo se corrobora en suelo y sedimento». Otros metales fueron hallados en varios puntos evaluados.

El peligro sobre la principal fuente de agua de la capital es permanente. Y, según los pobladores, el gobierno no exige o hace muy poco por la remediación de esos pasivos ambientales. «La empresa estatal Activos Mineros no considera pasivos ambientales a muchas de estas relaveras. Habrá que movilizarnos para que las tomen en cuenta», afirma don Genaro. Mientras tanto, el peligro sobre nuestra principal fuente de agua continúa.

Toda la cuenca hidrográfica del Mantaro y el Rímac es impactada por el vertimiento de elementos químicos.

Fuente:http://larepublica.pe/domingo/1141092-el-rio-rimacy-un-peligro-latente

Las municipalidades de las provincias de Gran Chimú y Contumazá agradecieron la participación de los cientos de pobladores, entre ellos muchos agricultores, en la movilización por la defensa del agua que se realizó el pasado 31 de octubre. Liderados por el alcalde provincial Diber Pérez Rodríguez y el alcalde de Contumazá, Wildor Rodríguez Díaz, llegaron hasta el anexo Pozos Ricos con el objetivo de rechazar la minería irresponsable que perjudica la única cuenca acuífera de Cascas y Contumazá. Se verificó, por toda la precaria logística que se encontró en el lugar, que ahí, se realizan trabajos de minería ilegal.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1143254-contra-la-contaminacion-minera-en-la-libertad

La Oroya, en Perú, la quinta ciudad más contaminada del planeta. Allí se vive con elevados niveles de metales tóxicos en el cuerpo 60, 70 microgramos por decilitro de sangre, seis a siete veces más del límite permisible. Por encima de esa línea roja, un sin fin de enfermedades.

«El plomo lo que se hace, se absorbe y al no cumplir ninguna función se deposita dentro del organismo, en especialmente los órganos blandos y en los huesos», explicó Pablo Marín, médico del área de metales pesados del Centro de Salud de La Oroya.

Y entonces, sin mayor aviso, el plomo ataca el corazón, el cerebro, los riñones y se manifiesta con alteraciones en el sistema nervioso central, anemia, cáncer, leucemia. Los niños, son los más perjudicados.

José de Echave, investigador de CooperAcción, señaló: «Todos los estudios realizados muestran que el 90 por ciento de los niños que participaron en el estudio, una muestra representativa de la población de La Oroya, tenían niveles de plomo en sangre por encima de lo que recomienda el organismo mundial de salud».

Debido a este envenenamiento masivo, organizaciones no gubernamentales enjuiciaron en tribunales internacionales al estado peruano y a la empresa Doe Run, propietaria hasta el año 2009 del complejo metalúrgico de La Oroya.

«Actualmente habrá unos 3 mil casos, tres mil demandas, tres mil niños que están, que han demandado ya», subrayó Richard Romero, gestor ambiental.

La Oroya, epicentro de este desastre irreversible, se ubica en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, un territorio rico en minerales, 176 kilómetros al noroeste de Lima. Es conocida como la capital metalúrgica de Sudamérica, pero también como la ciudad de plomo.

Al respecto, Tania Chancasanbampa, directora del Centro de Salud de La Oroya, refirió: «Bueno, sí es cierto, a nivel internacional se ha catalogado a la ciudad de La Oroya como la primera ciudad más contaminada del mundo, sin embargo, la empresa ya no funciona aproximadamente hace 8 años».

La magnitud del escándalo ambiental obligó, en efecto, a cerrar el complejo metalúrgico. Y es que aquí la contaminación se elevó a niveles insospechables al punto que hasta los recién nacidos llegaban al mundo con preocupantes niveles de plomo en la sangre.

Por eso Elizabeth Casas, una madre de familia de La Oroya, que espera su segundo hijo acude a los controles médicos.

«Mi primer hijo también ha tenido su plomo en su sangre, pero ya más bien con los controles, con la alimentación ha bajado, más bien ya el nivel del plomo», dijo Elizabeth.

Hecho que confirma Pablo Marín, médico del área de metales pesados del Centro de Salud de La Oroya: «La incidencia actualmente que se vive en La Oroya considerablemente ha disminuido la exposición de nuestros niños, también en nuestras gestantes».

Una nueva estrategia de salud ambiental ha contribuido también a disminuir la peligrosa contaminación.

Con relación a esto, Tania Chancasanampa, directora del Centro de Salud de La Oroya, explicó que «lo que se busca es que la familia continúe con este trabajo preventivo, sobre todo, medidas, hábitos de vida saludable, lavados de manos, mejorar su alimentación».

Es una cruzada de salud que ha tenido una respuesta positiva en cierto sector de la población.

Para otros, la contaminación es, simplemente, parte de su vida.

Para Olga Ávila, pobladora de La Oroya: «Todos estamos bien, mentiras a veces hablan, que hay niños enfermos, pero ahorita no veo».

«Es una mentira porque las madres son descuidadas, porque a sus hijos no le atienden, por esa razón esa contaminación. Por ejemplo, mi nieta, todos mis hijos son sanos», dijo por su parte Goya Cóndor, comerciante de La Oroya.

Por razones legales, los padres de los niños de plomo de La Oroya protegen la identidad de sus hijos, pero en zonas vecinas a este complejo metalúrgico, donde la minería irresponsable sigue contaminando, hay más y recientes casos de niños de plomo. El anexo rural de Mahr Túnel es uno de ellos.

Repetidas veces también, pobladores de otras ciudades mineras de las regiones Junín y Cerro de Pasco han llegado incluso a la capital para denunciar la contaminación de las aguas de sus ríos, lagos y medio ambiente. Ellos que literalmente respiran plomo se han encadenado frente a la sede del ministerio de salud para que el gobierno los escuche.

«Lo que queremos es que el gobierno nos diga cómo va a ser el tratamiento de nuestros niños intoxicados», denunció Joel Nieto, poblador de Cerro de Pasco.

Es un clamor que aún hoy no es escuchado.

Por su parte, Gladys Mandujano, pobladora de Cerro de Pasco, subrayó: «En la ciudad de Cerro de Pasco los habitantes se están muriendo debido a la contaminación. Y qué provoca la contaminación. Es el estado que ha dado permiso a las empresas mineras».

Los médicos y expertos han comprobado en el caso de La Oroya que aunque la industria metalúrgica está inactiva, los niveles de plomo en la sangre de la población, especialmente en los niños, siguen siendo elevados.

La chimenea principal de este complejo metalúrgico ya no escupe gases ni humos negros, pero la contaminación ambiental es un mal que permanece muchas veces invisible. A mi espalda, los testigos, cerros pelados y quemados por la contaminación en unas de las ciudades considerada como la quinta más contaminada del mundo.

FUENTE: http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/781-prensa-internacional-senala-a-la-oroya-como-la-quinta-ciudad-mas-contaminada-del-mundo