Organizaciones integrantes de la Red Muqui presentan el manual «Metodologías para el fortalecimiento de Organizaciones Sociales con enfoque de alternativas al Desarrollo» que fue co editado con Proyecto Amigo y el Colectivo Tejiendo Saberes (PDTG).

La publicación es producto de varios años de experiencia de trabajo de campo de las organizaciones miembros de la Red Muqui con comunidades afectadas por la minería.

El manual permitirá a los dirigentes, poblaciones organizadas y a los facilitadores de procesos sociales plantear agendas y propuestas de alternativas al desarrollo.

El libro tiene como base un enfoque de educación popular, transformación de conflictos e interculturalidad.

Tambien ofrece una variedad de herramientas participativas y tiene un capítulo especial sobre el mapeo participativo.

En los últimos años los conflictos socio ambientales han ido en aumento, y solo en el 2017 la Defensoría del Pueblo reportó 169 casos.

La minería ilegal, legal, grande y mediana que actúa de forma irresponsable ha venido vulnerando el medio ambiente.

Frente a ello, los pueblos y personas afectadas, pueblos y afectados por la minería vienen desarrollando acciones para evitar sus impactos nocivos.

Para ello han tenido que exigir sus derechos, defender su territorio, hacer más sostenible el uso de los bienes comunes, construir agendas y alternativas al desarrollo que les permitan un “buen vivir”. De ahí surge la necesidad de elaborar este manual.

Javier Jahncke, director ejecutivo de Red Muqui, comento al respecto: “En Red Muqui consideramos que era necesario trabajar un manual vinculado a alternativas al desarrollo porque trabajamos con organizaciones sociales y necesitan refrescar sus modos de llegar a las poblaciones”.

El manual está dirigido a facilitadores de procesos, pero también a dirigentes sociales para el mejor funcionamiento de su comunidad y que se canalice mejor la toma de decisiones.

Por su parte, Mar Daza, del Proyecto Democracia de Transformación Global (PDTG), quien participó en la elaboración del documento, comentó: “Hemos tomado como base, la heterogeneidad cultural del país, es el enfoque por el cual partimos, tomando como base las diferentes realidades en el Perú”.

Un segundo enfoque es el de educación popular donde se rescata el compromiso de generación de alternativas de vida, alternativas al desarrollo, finalmente, en el manual está presente el enfoque de transformación de conflictos.

Daza agregó que se trata “de una propuesta, una forma de caminar producto de la experiencia de las organizaciones que conforman la Red Muqui y pueden ser readaptadas, mejoradas y esperamos que este sea el aporte”.

Mattes Tempelmann, especialista y geógrafo de Red Muqui coordinó la sistematización del manual, y afirmó que “en los últimos dos años se trabajó en Piura, Cusco y Lima con todos los miembros de Red Muqui para sistematizar las metodologías que cada uno está usando en su trabajo con comunidades afectadas por la minería”.

Tempelmann aseveró que el manual es como una caja de herramientas, contiene un paso a paso de cómo aplicarlas y va ser útil para quienes tienen un trabajo directo con poblaciones y desean construir una agenda enfocada en alternativas al desarrollo.

En seguida reproducimos la Introducción de la publiación.

Se puede acceder al Manual a través de la página web de Red Muqui, su descarga es libre.

– «Metodología para el fortalecimiento de Organizaciones sociales con enfoque de Alternativas al Desarrollo» (versión PDF, español, 54 páginas)

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/25/05/2018/publican-metodologias-para-el-fortalecimiento-de-organizaciones

El consejero por la provincia de Bolognesi Robert Márquez manifestó que antes de frenar los conflictos mineros por parte de las autoridades regionales pero sobre todo nacionales en Ancash, están provocando que estas se incrementen al negarles los derechos de reclamos, los acuerdos de mesa de diálogo firmado entre los comuneros y las mineras.

Un ejemplo de ello es la lucha que a la fecha siguen vigentes en la comunidad de Llama con la minera Huanzala, ayer San Luisa, quienes se han cerrado en reconocer sus compromisos serviles, y si eso no se soluciona en base a acuerdos esta va provocar reacciones de otras comunidades.

Como una forma de solidarizarse con los obreros que son maltratados por minera Huanzalá, porque se nos ha comunicado que en San Marcos, en Huaraz con Barrick, en Recuay con Grenex, y en Aija con Huinac, los comuneros estarán realizando marchas de protestas porque todas ellas no cumplen con sus acuerdos.

Ante esta realidad, mi persona como representante de la provincia de Bolognesi hago un llamado a los representantes de la presidencia del consejo de ministros, asuma su trabajo con seriedad y exijan a las mineras que respeten los acuerdos, porque si las otras comunidades reaccionando en Ancash con protestas, esta se masificara en todo el país, para hacer respetar sus derechos, dijo Márquez consejero por Chiquian.

Fuente:http://www.huaraznoticias.com/nacionales/conflictos-mineros-de-reactivan-en-ancash

Hace un año que las inundaciones del 27 de marzo afectaron Piura especialmente en el denominado Bajo Piura. Días después de la catástrofe el lodo se acumulaba en las vías de la ciudad. En la actualidad, están cerradas las avenidas del centro de la ciudad debido a los trabajos de reconstrucción, que avanzan lentamente en varios distritos. Sus habitantes comentan que se demoran mucho y desconfían de la buena administración del presupuesto, porque la plata se puede desaparecer.

En los primeros días de su mandato, el presidente Vizcarra visitó Santa Rosa en el distrito de Curamori, afectada por las lluvias e inundaciones de hace un año, para ver cómo estaba la zona. Allí declaró que la reconstrucción iba lenta y que hasta el momento sólo se había gastado 25,000 millones de soles que equivale al 5% y que a ese ritmo se necesitarían 10 años para terminar[1]. La percepción es que la visita de Vizcarra en algo contribuyó a acelerar los trabajos de reconstrucción.

Si bien en Piura el modelo de desarrollo a partir del proceso de la reconstrucción se articuló en función de los grandes intereses empresariales, lo cierto es que ello también acarreó una profunda reflexión de instituciones, gremios profesionales e interpelación a autoridades acerca de cómo debía ser la reconstrucción de una región donde su población sigue golpeada, pero a la vez ávida de respuestas que tardan en llegar.

Con la asignación del presupuesto, el gobierno regional priorizó programas como Agua para Todos para restablecer el sistema de alcantarillado y abastecimiento de agua, por lo que se abrieron calles para poner tuberías, que se teme que con mal cálculo de los alcaldes se vuelva a romper y afectar los trabajos de reconstrucción. Asimismo, se atendieron temas como la reducción de la anemia, el impulso de proyectos como Alto Piura para la producción, la conservación de recursos naturales en Áreas Protegidas, otros programas como Procompite, e inversión en gestión de recursos hídricos, como los contratos para la descolmatación del reservorio de Poechos, cuyos trabajos están en ejecución.

Sin embargo, la asignación de lotes petroleros en las costas del territorio piurano afectó el porvenir del beneficio petrolero de la región para la población, por los tipos de contratos perjudiciales que fueron firmados el mismo día de la renuncia del ex presidente Kuczynski, por lo cual el propio presidente Vizcarra ha ordenado su revisión.

Pero es necesaria una mayor articulación entre estos procesos de desarrollo de la región desde los espacios urbanos, y el modelo de desarrollo agrícola del sector campesino y rural del Alto Piura. Esta semana hubo una masiva movilización de los agricultores a la ciudad demandando obras de reconstrucción de infraestructura de riego y mejora del sistema hídrico para afrontar la escasez del recurso de los próximos meses. Por su parte, en un sector del Alto Piura se ha acumulado el descontento de la imposición de la restitución del proyecto Río Blanco, que ha motivado la reciente movilización de alrededor de diez mil agricultores contra el proyecto minero. Los ronderos de Ayabaca, Huancabamba y Segundo y Cajas defienden el derecho al desarrollo basado en la agricultura.

Ellos demandan al Estado otorgar carácter vinculante a la consulta vecinal del 2007 donde se votó a favor de la conservación de los ecosistemas de la sierra de Piura. Se trata de una zona de páramos con ecosistema frágil, por lo que se juega el futuro agrícola del distrito. Todavía el nuevo viceministro de gobernanza territorial no se manifiesta, pero el Estado no tiene previsto qué hacer y cómo actuar frente a la falta de licencia social del proyecto, en su lugar favorece su intervención, la cual es rechazada por la población por los antecedentes que presenta de afectación del medio ambiente y de sus derechos.

En este caso la atención pronta del ministro Gustavo Mostajo con las once comisiones de regantes es una rápida respuesta para prevenir el paro. Esperamos que su articulación con el gobierno regional sirva para resolver el desembalse del conflicto y el reclamo de la población, establecer acuerdos y que estos sean cumplidos y no como ocurrió en el caso de las mesas de desarrollo donde quedaron sin resolución.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/piura-entre-la-reconstruccion-y-la-protesta

La primera proyección de «La vida no vale un cobre» se realizará en Cusco el sábado 19 de mayo para la población de Espinar.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en Cusco.

El formato del documental permite conocer de cerca los conflictos que genera la minería en la provincia cusqueña de Espinar donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo: Antapaccay de la empresa suiza Glencore, y que controla el 50% del mercado libre de cobre.

Desde la provincia de Espinar se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales (cobre como principal producto, oro y plata como subproductos), solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anualmente, según el documental.

En la producción de ponen en relieve el rol de las mujeres campesinas. Aparecen en el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida, y el largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

El documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

“El documental tiene muchos factores valiosos; pone en evidencia la manera sistemática y organizada la afectación del impacto ambiental, social y de salud que sufren las personas que viven en el entorno minero de la empresa Glencore Antapaccay”, señaló Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones, el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos.

Se ha programado proyecciones a nivel nacional e internacional. Empezará en Cusco el jueves 17 de mayo a las seis de la noche en la Sala Tipón de la Municipalidad Provincial, y el sábado 19 de mayo en la provincia de Espinar, a la dos de la tarde, en el Teatro Municipal.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1244407-cusco-proyectaran-documental-contaminacion-espinar

El 13 de marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones ordenó el archivo (sobreseimiento) definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha SRL, en el ejercicio de sus facultades constitucionales para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que Yanacocha había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo, ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. De manera que, el retiro de tranqueras fue una diligencia pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin ningún acto de violencia y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza y el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana, Ydelso Hernández y Manuel Ramos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad. La defensa legal de Marco Arana cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte ni la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción sobre su inocencia, los mismos que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín, señalando que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”; y que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”, por lo que “se tiene que la conducta desplegada por los procesados, no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”.

Asimismo, la referida Sala Penal expresó que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), integrado por Fedepaz cuyo equipo legal ejerce la defensa de Marco Arana Zegarra; saluda el archivo definitivo de este injusto proceso penal iniciado contra él y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos, en un marco de legítima defensa del medioambiente, del territorio y de sus derechos fundamentales como comunidades.

Con el ruego de su difusión.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/05/16/primera-sala-penal-de-apelaciones-de-cajamarca-confirmo-el-archivo-del-proceso-penal-seguido-contra-marco-arana-ydelso-hernandez-y-manuel-ramos/

Mujeres de los seis distritos de Cotabambas (Apurímac) se reunieron en Tambobamba para continuar con sus esfuerzos de capacitación y fortalecimiento de sus propios liderazgos. Este proceso es uno de los acuerdos tomados en marzo por la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas, como parte de una estrategia de trabajo que busca promover la autonomía de las mujeres y lograr su empoderamiento político, social y económico.

Los días 8 y 9 de mayo tuvo lugar la primera sesión 2018 de la Escuela de Mujeres de Cotabambas, una oportunidad para que las participantes – en su mayoría campesinas y quechuahablantes – pudieran discutir e identificar los principales problemas que las afectan y fortalecer sus capacidades para hacerles frente.

Una de las problemáticas más sentidas por las mujeres participantes es la violencia de género, expresada en maltrato físico y sicológico, así como en casos de violencia sexual y feminicidios que se vienen registrando en la provincia. Frente a ello, señalaron las deficiencias de la atención del Estado y  de los mecanismos de denuncia que no protegen a la mujer.

Por ese motivo, las mujeres de Cotabambas han iniciado un proceso de capacitación para el fortalecimiento de su autoestima y autonomía, y entre sus acuerdos se encuentra realizar campañas para contrarrestar la violencia y el alcoholismo que está muy asociado a este problema, en especial en las zonas rurales.

Además, la capacitación busca fortalecer los liderazgos locales de las mujeres, a fin de que tengan mayor autoconfianza y capacidad organizativa para expresar y defender sus puntos de vista en el ámbito público.

El programa también buscará fortalecer la autonomía económica de las mujeres, promoviendo su participación en proyectos productivos sostenibles.

Una de las participantes de la Escuela fue Victoria Mio, viuda de Alberto Roque Cconislla, líder campesino que fuera elegido alcalde del distrito de Mara y luego asesinado en 2015 en extrañas circunstancias. Actualmente, doña Victoria vive una difícil situación económica, pero ella no se da por vencida y lucha por sacar adelante a su familia a través de su participación en un proyecto de alternativas productivas mediante invernaderos o fitotoldos, gracias a lo cual ahora está produciendo fresas. Al mismo tiempo, sigue buscando justicia por la muerte de su esposo.

Impacto de Las Bambas

Otra de las problemáticas más sentidas por las mujeres que participaron de esta sesión es el impacto socioambiental que viene generando la empresa Minera Las Bambas SAC, la mayor mina de cobre del país y que opera en la provincia de Cotabambas. Uno de los impactos más fuertes es el tránsito incesante de centenas de camiones diarios a lo largo del corredor vial minero, que genera constante polvareda que afecta la respiración y la salud de las personas, así como afecta el agua, los cultivos y los animales, y ocasiona fuertes vibraciones que afectan las viviendas.

El programa de capacitación de la Federación Provincial de Mujeres, apoyado por CooperAcción y el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, tiene programadas dos sesiones más en los próximos meses para darle continuidad a este proceso de fortalecimiento del liderazgo de la mujer en Cotabambas.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mujeres-de-cotabambas-construyendo-su-futuro/

Como es sabido, el pasado 11 de abril el Presidente Martín Vizcarra decidió la prórroga del Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa, a través del Decreto Supremo 037-2018-PCM. Varias instituciones[1], entre ellas CooperAcción, han manifestado su preocupación por ello, pues el nuevo gobierno se reafirma en la política del uso de estados de excepción aplicada por su antecesor para el manejo de los conflictos sociales.

Este artículo pretende analizar la dimensión territorial de la medida, para lo cual debemos prestar atención a lo decretado textualmente. En su artículo primero, el Decreto Supremo dice “Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”. Del texto se desprenden tres elementos claves para nuestro análisis del territorio en Estado de Emergencia: primero, el corredor vial; segundo, el punto de inicio y término del mismo; y finalmente el área de 500 metros adyacente a cada lado de la vía del corredor.

El corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios departamentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distritos de Challhuahuacho y Haquira), en Cusco las provincias de Chumbivilcas (distritos de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condoroma), y en Arequipa la provincia de Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca).

Si bien el Ejecutivo puede alegar que el Estado de Emergencia solo se circunscribe al corredor vial y no a la totalidad de los ámbitos territoriales de los 14 distritos mencionados, lo cierto es que haciendo un análisis al ámbito circunscrito a los 500 metros adyacentes a ambos lados de la vía del corredor, como menciona el D.S., encontramos que, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007), existen 215 centros poblados que albergan alrededor de 50 801 habitantes. De los 215 centros poblados en Estado de Emergencia, 10 son capitales distritales, de ellas siete se ubican en el departamento del Cusco (Condoroma, Ocoruro, Héctor Tejada, Coporaque, Vellile, Llusco y Quiñota) y tres en el departamento de Apurímac (Haquira, Challhuahuacho, Progreso). Por otro lado,  dos son capitales de provincias del Cusco: Yauri-Espinar (Espinar) y Santo Tomás (Chumbivilcas).

A partir de lo señalado, podemos concluir que más de 50 000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, tienen suspendidos sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, por una política gubernamental que, a todas luces, como han señalado diversas instituciones pro derechos humanos, es inconstitucional, pues su declaración no cumplen con los requisitos establecidos para su aplicación en nuestra carta Magna.

El establecimiento del estado de excepción en el corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa plantea la pregunta sobre qué lo “justifica”. Para contestar a esta pregunta, debemos entender el rol que cumple la vía nacional del corredor como un elemento de la movilidad que articula cotidianamente a más de 200 centros poblados, donde, como hemos mencionado anteriormente, se encuentran capitales distritales y provinciales que son la matriz del funcionamiento de la gobernanza del territorio; y  a su vez también, es la vía esencial del denominado corredor minero, por donde se transporta el mineral de al menos cinco grandes unidades mineras en explotación (Las Bambas, Anabi ubicada en Cotabambas, Anabi ubicada en Chumbivilcas, Constancia y Antapaccay) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes (Gema, Utunsa, Corccohuayco y Quechua).

La justificación declarada del Ejecutivo para implementar el Estado de Emergencia es la convulsión social aparentemente existente en la zona de influencia de este corredor. Sin embargo, cuando uno visita la zona[2] encuentra que las poblaciones en general lo que único que exigen al Estado es la canalización y atención adecuada de sus demandas a través del diálogo. Pese a ello, la respuesta en el último tiempo ha sido el establecimiento de sucesivos Estados de Emergencia con la militarización de la zona, que protege los intereses particulares del corredor minero, en detrimento de los derechos constitucionales de una gran cantidad de población del sur andino del Perú.

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[1] CooperAcción (30/04/2018). CooperAcción Informa. Estados de Emergencia limitan Democracia. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/los-estados-de-emergencia-limitan-la-democracia-en-el-peru/
[2] El 26 de abril realizamos una visita al distrito de Challhuahuacho, donde pudimos comprobar que no existen condiciones de convulsión social como argumenta el gobierno.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/mas-de-50-000-habitantes-del-corredor-minero-tienen-sus-derechos-restringidos/

Uno de los magistrados de la Sala permanente presidida por el Dr. César San Martín pidió licencia, motivo por el cual se suspendió la audiencia donde se iba a sustentar la solicitud de anulación de la sentencia a Walter Aduviri.El dirigente aymara fue sentenciado en Puno a 7 años de prisión, por el supuesto delito contra la paz pública por la protesta social conocida como el “Aymarazo”. El año pasado, La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno absolvió a los otros 18 dirigentes criminalizados.

Como se recuerda, El conflicto social se desató a raíz del ingreso de la minera canadiense Bear Creek Minig Corporation y su proyecto minero Santa Ana en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito. Tras no haber mayor mediación de parte del Estado, el conflicto llegó a su punto más crítico en el 2011, cuando se generó una revuelta masiva.

El especialista de la Organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, Hernán Portobravo, declaró a Red Muqui que las sentencia tiene elementos cuestionables. “Cuando inicia el proceso se le señala como coautor de los hechos, pero al finalizar, el Juez en Puno lo sentencia como autor mediato”, afirmó.

Señaló que Aduviri está “siendo criminalizado bajo argumento dudosos, en base a publicaciones en medios de Puno”. Portobravo comentó, también, que existe discriminación hacia el dirigente indígena. En el proceso no se ha tomado en consideración su identidad aymara y no se ha aplicado el Convenio 169 de la OIT que admite consideraciones en la aplicación de justicia para los pueblos originarios. “Los jueces en Puno han señalado que no es indígena por haber seguido estudios superiores”, comentó.

El especialista también afirma que se han observado otras conductas discriminatorias en los jueces que han llevado el caso en Puno. “Se ha llegado a señalar que las comunidades aymaras son violentas”, aseveró.

Cabe recordar, que en el proceso judicial los 18 dirigentes que fueron incriminados fueron absueltos el año pasado. Portobravo señala, finalmente, que “la defensa sustenta que no existió una organización estructurada y no se puede afirmar que existió un poder de mando que implica subordinación y obediencia”. Se espera que se retome la audiencia y que el proceso se lleve de forma transparente.

Fue nte:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/742-se-cancelo-la-audiencia-en-lima-sobre-caso-adurivi