Se trata de Alexander Flores Pari, quien fue sentenciado junto con su socio César Chambi Masco a cuatro años de prisión efectiva por daños al medio ambiente. El 19 de junio se confirmará de manera oficial su candidatura.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

De acuerdo con el reportaje del portal de investigación Ojo Público, en 2012, el Ministerio Público inició una investigación contra el aspirante al gobierno regional y su socio César Chambi Masco por “realizar vertimientos en las aguas terrestres del río Inambari-Ananea, causando daños a la calidad ambiental”.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de un millón de soles. Sin embargo, el proceso fue archivado.

Ananea es el principal foco de contaminación del río Ramis. Según el portal, 30 mil cabezas de ganado murieron por el consumo de agua contaminada.

A esta denuncia se suma los nexos que tiene con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno. Pues, su ahijado Rubén Palacios Mamani se desempeña como director de Medio Ambiente de la DREM.

Actualmente, Flores es titular de la concesión Roma 1 2015, ubicada en Lampa. El 19 de junio se confirmará de manera formal su candidatura al Gobierno Regional de Puno.

Usted puede leer el reportaje completo de Ojo Público aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/minero-contaminador-pretende-postular-por-segunda-vez-al-gobierno

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

A raíz de ello, a dos comuneros: Melitón Cadillo Arce y Narciso Espinoza Amado, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, les dictó una sentencia de 24 años de cárcel por los delitos de secuestro y entorpecimiento a los servicios públicos, en agravio a dos trabajadores de la compañía.

Posteriormente, el 26 de abril se emitió una sentencia absolutoria por el caso de secuestro; sin embargo, aún se mantiene el proceso por entorpecimiento de carretera, caso por el que solicitan se ratifique los 4 años de cárcel.

José Gonzales López, abogado de Melitón Cadillo, ha señalado que existe un aspecto jurídico que no se ha tomado en cuenta en el proceso: la carretera mencionada por la minera no es una vía pública, sino una vía asfaltada que constituye una servidumbre de paso a favor de Antamina. De ahí que precisamente, uno de los acuerdos que se establecieron entre la minera y la comunidad fue el pago por servidumbre de paso que atraviesa los terrenos de las comunidades que reclamaron. Acuerdo, que hasta el día hoy, no ha cumplido la Compañía Minera Antamina.

En ese sentido, dicho acuerdo también es mencionado en el Informe Policial de la comisaría de Yanacancha. Ahí se indica que la movilización de la comunidad es debido a que los altos funcionarios de la minera Antamina S.A. desde hace más de 12 años no han cumplido con una serie de compromisos, entre los cuales se menciona: la construcción de colegios, postas médicas, construcción de puentes y también el pago por servidumbre (Pista asfáltica).

Ello resulta relevante, dado que en el informe también se detalla la conversación y acuerdos entre el representante de Antamina, Pablo de Flor Belaunde y los representantes de la Comunidad Campesina de Taruscancha, con presencia del Alcalde del Gobierno Local de San Marcos, donde se indica que llegaron a un entendimiento entre ambas partes, siendo uno de los principales acuerdos: “La indemnización al 100% de los afectados por la construcción de la vía asfáltica del km. 79 al 86 (sector de Taruscancha)”. En ese sentido, para el abogado José Gonzales, este dato constituiría la corroboración de que la vía asfáltica construida corresponde a una servidumbre de paso.

Por otro lado, para el dirigente campesino (actualmente en situación de prófugo) el proceso que han enfrentado significa un precedente negativo para las comunidades campesinas, sobre todo en su localidad, donde los pobladores ya no reclaman por el temor de ser acusados o sentenciados injustamente.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.

Fuente:https://viacampesina.org/es/cuando-protestar-se-convierte-en-un-delito/

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades esta marcada por la violencia y discriminación, pero además son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas, al igual que las nativas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 26.5% de todo el territorio nacional y producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal; a pesar de tener mucho en su contra, han sabido resistir durante estos casi doscientos años de república.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común- IBC sobre comunidades campesinas; en todo el territorio nacional existen 6 299 comunidades campesinas de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina. Puno es el departamento con más comunidades campesina, 1304 y Ayacucho el departamento con mayor extensión de área titulada de comunidades campesinas 66,69% del departamento. La comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. también en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias y poseedoras de más de un cuarto del territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en las mismas zonas andinas donde están asentadas las comunidades, es clara la tensión que existe con la minería, por tanto debería ser prioritario para el Estado atender las causas y consecuencias de esa tensión desde la imparcialidad de un Estado que velan por garantizar los derechos de sus ciudadanos; sin embargo ocurre todo lo contrario, desde el “denuncio minero” y posterior concesión minera, el Estado cumple una función de facilitador de los proyectos de inversión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese, lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con las que tienen que lidiar las comunidades campesinas.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado a la minería, esto lo podemos ver a través de un moderno catastro minero, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, tampoco un catastro.

Esta información ha tenido que ser brindada por organizaciones privadas como el IBC, para suplir este vacío, que cruzando con el catastro minero se tiene como resultados del análisis la superposición de 35% de concesiones mineras en tierras de comunidades campesinas.

En la práctica esto significa restricciones al ejercicio de la propiedad, donde muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%, esta información en cuanto a la superposición de concesiones mineras  lo podemos ver por departamento.

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas.

A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos de la implementación del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en un simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero al parecer, esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones sean mineras o de otra índole, sin duda alguna afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos con sentencias llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Awas Tingni Vs. Nicaragua o Pueblo Saramaka Vs. Surinam) y recientemente la sentencia de las 11 comunidades de Atuncolla en Puno que les da la razón a la acción de amparo que solicitaron, suspendiendo las concesiones mineras en su territorio hasta que sean consultados. A groso modo podemos inferir que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos, restringe el ejercicio de la propiedad o posesión, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales, si antes no se ha aplicado el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento, que una vez que estalla, es cuando recién aprendemos a hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en leyes nacionales.

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-opinion/29/05/2018/tierras-de-comunidades-campesinas-y-concesiones-mineras

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo Jessica, de la unidad minera Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia Lampa, región Puno.
La entidad precisó que ordenó a Aruntani S.A.C. no realizar ninguna actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre final del Tajo Jessica tales como voladuras, acarreo y transporte de minerales, almacenamiento, entre otros.
La autoridad de fiscalización ambiental también ordena ejecutar el cierre final del botadero Jessica, priorizando la captación y tratamiento de tres afloramientos ubicados en la parte baja del botadero a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles previo a su vertimiento; y que las actividades de cierre final del botadero y del Tajo Jessica no afecten la calidad ambiental del suelo y el agua circundantes.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20180528/114963.html

El informe de la Gerencia Regional de Energía y Minas concluye que la empresa Minera Vale Explorations Perú S.A.C. no cuenta con certificación ni autorización para realizar ningún tipo de actividades en el caserío de Pachín Alto y Pollo.

El día 22 de mayo, los pobladores del distrito de Ayaviri provincia de Melgar acataron un paro preventivo de 24 horas bloqueando las principales vías de acceso al distrito. Esta medida se toma, debido a que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayaviri, Víctor Huallpa, estaría desarrollando un proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable que pretende la captación de agua del rio Ayaviri, el cual está contaminado con metales pesados por la actividad minera de la empresa Arasi SAC.

Félix Antonio Quispe Loayza, secretario de la Organización de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri, sostuvo que en el informe final presentado por los titulares de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Autoridad Local del Agua (ALA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Ministerio del Medio Ambiente anunciaron que el agua está contaminada con metales como el plomo, arsénico, manganeso y mercurio, que es consumido a diario por la población ayavireña. “Va en contra de nuestra salud…. este proyecto tiene como fin captar agua para luego abastecernos en tiempo de estiaje, pero hay otras maneras de cosechar agua saludable ya que el rio está contaminado”, dijo.

En otro momento, señaló que “si las autoridades continúan haciendo caso omiso, tomaremos otras medidas, más radicales”, expresó.

Por otro lado, el ciudadano Efrain Condori Ramos, mencionó que existen otros criterios para la captación de agua y que en su momento se le hizo conocer al alcalde, sin embargo no fue considerado, “las cataratas de Punku Punku ubicado a 6 kilómetros de la ciudad son aguas saludables en temporadas de fuertes precipitaciones pluviales y podrían cosechar agua de ahí para abastecer a la población en temporada de estiaje”, refirió para Noticias SER.

Así mismo exigió al presidente de la republica Martin Vizcarra, dejar de desarrollar una política neoliberal que afecta al pueblo peruano, “rechazamos y exigimos una nueva constitución”, añadió.

Finalmente, la ciudadana Maria H, mostró su preocupación y explicó para Noticias SER, que “el alcalde Víctor Huallpa ya no participa en las asambleas, no nos escucha… el agua pareciera que tiene escarcha esparcida, nuestros hijos consumen eso. ¿Hasta cuándo vamos a continuar consumiendo agua contaminada por la empresa minera Arasi?”, sostuvo.

Horas después se trasladaron hasta el centro de la ciudad donde fueron desairados por el alcalde. Luego acordaron dar tregua de diez días para que el burgomaestre presente un informe explicando el avance de este del proyecto que va en contra de la salud de los pobladores. En caso de no ser así acataran un nuevo paro de 48 horas.

DATO:

La empresa minera Arasi SAC, opera en la cabecera de la cuenca del rio Llallimayo que pocos kilómetros después se une con el rio Ayaviri.

Fuente:http://grufides.org/blog/pobladores-de-ayaviri-acatan-paro-preventivo-por-contaminaci-n-del-agua

La demanda pretende declarar la inconstitucionalidad del decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa por violar derechos y principios de la Constitución Política del Perú.

 La presidenta del Consejo Regional de Apurímac, Evelin Cavero Contreras, presentó una demanda de acción popular contra el decreto que prorroga el Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa.

La finalidad de la acción legal —presentada el pasado 14 de mayo— es declarar de manera jurídica que el Decreto Supremo 037-2018-PCM viola diversos derechos y principios estipulados en la Constitución Política del Perú.

Uno de los artículos vulnerados es el 137 de la constitución al reconocer el carácter excepcional y extraordinario de los estados de emergencia. Pues, según la demanda, se han expedido y prorrogado 9 veces esta medida en Chalhuahuacho.

La medida legal también señala que el decreto mencionado afecta los derechos relacionados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la igualdad y no discriminación. Asimismo, incumple la obligación estatal de prevenir las violaciones de derechos humanos.

La demanda fue interpuesta en contra César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Mauro Medina, ministro del Interior.

Peticiones

Una de las peticiones de la demanda es declarar la inconstitucionalidad del decreto “por constituir una violación a los derechos fundamentales que se encuentran suspendidos de la población que viven en el área del corredor vial».

Asimismo, solicita que el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente de la PCM se abstengan a declarar estados de emergencia en los lugares donde no hay una grave afectación al orden público.

Cabe resaltar que la demanda se hizo con el asesoramiento del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Acción por la Vida y Dignidad Humana (Aporvidah) y Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF).

Situación en el corredor vial

En agosto de 2017, se declaró en Estado de Emergencia cuatro distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Esta medida se amplió en todo el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa.

El 11 de abril de este año, el Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia en el corredor vial por el término de 60 días.

De acuerdo con el informe jurídico del IDL, estas acciones se han convertido en una herramienta para neutralizar las demandas de la población ante los impactos del proyecto minero Las Bambas.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/28/05/2018/presentan-demanda-contra-prorroga-de-estado-de-emergencia-en-corredor