La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina “Integración Coroccohuayco”. La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas[1] de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua y así, aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.
Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.
El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales (sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales, etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la población local es que no deberían preocuparse por ellos, pues -apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace gran minería- todo “está previsto”, fríamente calculado.
Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión) implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.
Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad
En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea expandirse.
Es de conocimiento común que la población y comunidades de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios conflictos, estallidos y crisis sociales; que han causado la muerte de 3 ciudadanos espinarenses, decenas de heridos y varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de Glencore en el sur de Perú.
Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales pesados[2]. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al medio ambiente por contaminación minera de fuentes de agua locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema[3]; tampoco aborda la vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la libertad de expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa. Glencore no menciona si es que y cómo se respetará el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4]; tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va asentar[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar – y producir más impactos- en un contexto como el que acabamos de describir.
En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo, territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad, de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).
Glencore está obligado a respetar derechos humanos
A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las empresas no resulta una demanda “exorbitante” (por usar un término común del gremio). En el nuevo escenario de globalización, los compromisos de las empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de voluntades.
Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la realidad de la empresa en nuestro país es otra.
Con Corocohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales; marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia en derechos humanos[6] resultan urgentes para Glencore en Espinar. El marco previsto por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.
Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la empresa (y por qué no, de sus inversionistas[7]), organizaciones de la zona ya han levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco. Ayer martes, fecha en la que se celebró una audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios piensa operar.
[1] Coroccohuayco se asentará sobre territorios de tres comunidades: Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano, cuyas tierras comprará durante la etapa de construcción. Además el área de Influencia social directa de la MEIA incluye otras diez comunidades (Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana y cc. Suero y Cama. MEIA Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145.
[2] En su Línea Base aparece únicamente como una referencia a un estudio de salud, entre otros disponibles en el área de operaciones. Lejos de abordarlo en las medidas en su plan de Gestión Social (donde trata salud, educación, alfabetización de manera general), de Manejo Ambiental u otros planes; Glencore opta por omitir este indicador.
[3] Se refiere únicamente a los estudios de la Mesa de Diálogo de Espinar- Monitoreo Participativo del 2013. Señala que este determina la causa geológica de la contaminación del agua, pero omite referirse a los estudios de causalidad pendientes para determinar la responsabilidad sobre fuentes contaminadas específicas.
[4] En la única página del tomo 9. “Otras consideraciones”, la empresa hace referencia a la existencia de comunidades indígenas en la zona de operaciones, limitándose al marco legal peruano vigente. No se tiene conocimiento si es que se promoverá el respeto al derecho a la consulta previa en la zona.
[5] Coroccohuayco implica remover el local comunal, escuela e iglesia de la comunidad. También implica la construcción de caminos mineros que cortan el tránsito usual y de pastoreo de la comunidad. Además implica el desvío de canales de riego de usuarios comunales. En suma, el cambio de la configuración de la vida comunal que podría llevar a su final desplazamiento.
[6] La debida diligencia en derechos humanos consiste un proceso que deben seguir las empresas para identificar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos que se pueden producir al iniciar sus operaciones y la adopción de medidas para prevenirlos; yendo más allá de los marcos legales nacionales. El mecanismo de exigir una debida diligencia en derechos humanos a las empresas va cobrando fuerza en la comunidad internacional. Actualmente en Suiza, donde opera la casa matriz de Glencore, se debate una propuesta para establecer la obligación de las empresas suizas que operan a nivel transnacional de llevar a cabo un proceso de debida diligencia para sus operaciones.
[7] HSBC, entre ellos.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/glencore-se-expande-en-espinar-nueva-coroccohuayco-debe-respetar-derechos-humanos/
Más de dos mil ciudadanos se movilizaron esta mañana en la provincia de Espinar (Cusco) en relación al proyecto minero Coroccohuayco. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto
Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.
Ante la posibilidad de que la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco apruebe una ordenanza prohibiendo toda actividad minera en las zonas altas de la provincia liberteña mencionada, el dirigente ronderil expresó sus dudas de que una iniciativa así tenga actualmente el sustento necesario para poder aprobarse.
Hasta ahora, Puno destacaba como la única región productora de estaño en el país y ocupaba el quinto lugar en la producción de oro. En lo que va del año ha recibido casi US$ 33 millones de inversión minera, lo que representa menos del 4% del total invertido a nivel nacional. El área concesionada en la región suma 1’471,771 hectáreas, lo que representa el 21.68% del territorio regional y coincidente con la tendencia nacional, se observa un repunte en las concesiones otorgadas, luego de un descenso en los últimos 3 años.
Tras el descubrimiento de 2.5 millones de toneladas de Litio y 124 millones de Uranio en el depósito de Falchani, provincia de Carabaya región Puno por la compañía Macusani Yellowcake subsidiaria de la canadiense Plateu Energy, el Perú tendría la mina más grande de Litio a nivel mundial.
Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los sectores extractivos. El recientemente denunciado caso de una presunta presión por parte del ex presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden recuerda a los famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la empresa Yanacocha. De igual manera, la detención de varios funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros ilegales –incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la corrupción en la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada gestión ambiental.
Dirigente de las rondas campesinas de la provincia de Huancabamba, Isaac Huamán Correa, ha recibido amenazas hace pocos días, ello a causa emprender la defensa de su comunidad frente a la imposición del proyecto minero Río Blanco que quiere ingresar sin licencia social a Ayabaca y Huancabamba en Piura.
El río Moche, La Libertad, ha sido declarado en emergencia por la Autoridad Nacional del Agua. La Administración Local del Agua Moche Virú Chao ha dado cuenta de una unidad de producción de la Compañía minera Minera Quiruvilca SA la cual viene generando un impacto ambiental negativo sobre las aguas que se descargan al Río Moche. Así lo señala la Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA.
Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.