Un reciente libro que estudia a profundidad el conflicto de Las Bambas fue presentado la noche del miércoles por CooperAcción. Se trata de “Gobernanza y gobernabilidad: el caso Las Bambas”, del abogado y especialista en conflictos socioambientales, Leonidas Wiener. El libro muestra, a partir del caso Las Bambas, cómo los conflictos sociales se relacionan con la falta de equilibrios adecuados entre los intereses de los diversos actores involucrados en los modelos de gobernanza que se aplican a las actividades extractivas.

“¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué la gobernabilidad de Las Bambas siempre está en cuestionamiento?”, se preguntó Wiener durante la presentación. Para entenderlo, detalló cómo los cambios en los estudios ambientales y en las prácticas de responsabilidad social tras la venta de Las Bambas a la empresa china MMG, llevaron a un cambio en los equilibrios que se habían construido en años anteriores entre el Estado, la empresa y los distintos sectores de la población que tenían algún tipo de interacción o eran afectados de alguna manera por el proyecto minero.

“En el caso de Las Bambas, la venta y las modificaciones en el EIA implicaron cambios que no fueron consultados. La poca transparencia y las leguleyadas que fueron utilizadas generaron una disminución significativa en la legitimidad del proyecto”, explicó el autor. Ello, sumado a otros aspectos, tales como los incumplimientos de compromisos de proyectos de inversión por parte del Estado, determinó una alteración en los equilibrios de gobernabilidad que se habían alcanzado en torno a Las Bambas, situación que dura hasta el día de hoy, según explicó.

Entre los principales cambios que llevaron a esta situación está el reemplazo del mineroducto por una carretera para el transporte constante de carga pesada; la exclusión de comunidades y localidades del área de influencia del proyecto; la ausencia de acciones para sanear la propiedad de los terrenos comunales utilizados para dicha carretera; todo ello realizado mediante los denominados informes técnicos sustentatorios (ITS) o modificatorias del EIA, que excluyeron los mecanismos de participación ciudadana y cuya aprobación se realizó bajo diversas irregularidades.

Wiener resaltó que a raíz de esta pérdida de legitimidad, el proyecto ha venido operando en medio de constantes protestas y estallidos de conflicto, lo que ha llevado a una también constante represión policial, producto de la cual han muerto cuatro personas. Además, ante la falta de capacidades de las autoridades gubernamentales para canalizar adecuadamente las diversas demandas sociales en torno a las Bambas, el proyecto minero adolece de altos déficits de gobernabilidad, lo cual ha devenido en la instauración de continuos estados de emergencia para garantizar las operaciones mineras, lo cual viene restringiendo los derechos de la ciudadanía.

Los comentarios al libro estuvieron a cargo de un destacado panel conformado por los docentes José Carlos Orihuela, economista por la PUCP, Iván Lanegra, especialista en derecho ambiental, y Anthony Bebbington de la Universidad de Clark, así como por Evelin Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac.

Orihuela señaló que las prácticas de “clientelismo corporativo”, tales como financiar fiestas, eventos deportivos, o compra de cerveza, pueden generar “eslabonamientos en la economía local y ese chorreo va a generar alguna gobernanza mientras la actividad económica lo permita”, pero que eso no es sostenible. “Tienes un boom de consumo, pero surgen las preguntas de la actividad económica como una actividad de largo plazo, sostenible”, cuestionó.

Por su parte, Bebbington recordó que al inicio Las Bambas se presentaba casi como un modelo nuevo de minería y relación con las comunidades. “¿Cómo es que terminó estallando de esta manera?”, se preguntó, y destacó la ausencia de una planificación de la relación entre la minería y el proceso de desarrollo regional. “Esto tiene que ver con una estrategia del Gobierno para hacer lo que se tenga que hacer para exportar cobre, el énfasis está en la exportación de cobre y no tanto en el desarrollo regional”, señaló.

La consejera regional Evelin Cavero señaló que “Apurímac no es una región antiminera, al contrario, convivimos con la minería. Pero esta actividad no ha ayudado a cerrar brechas, sino ha creado división”, señaló recordando los conflictos entre comunidades. Finalmente, el ex viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra concluyó que “los conflictos finalmente son expresión de las asimetrías, convertidas en violencia como consecuencia del fracaso del espacio institucional. La cuestión es cómo se distribuyen los riesgos y beneficios de la presencia de actividades de este tipo en el territorio”.

La publicación de este libro es parte de un esfuerzo constante de CooperAcción por entender la conflictividad social en el país como un síntoma de instituciones ambientales que necesitan ser fortalecidas para lograr equilibrios adecuados para una adecuada gobernanza de las actividades extractivas.

¿Cómo adquirirlo?

• El libro en versión digital puede descargarse de este enlace: http://cooperaccion.org.pe/publicaciones/gobernanza-y-gobernabilidad-el-caso-las-bambas/
• Para adquirir la versión física, puede comunicarse a los teléfonos 461 2223 / 461 3864 o acercarse a las oficinas de CooperAcción.

Fuente:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/165f91b3a18c2ca3

Mientras el foco de atención se centra en la creciente tensión entre el Gobierno y el Congreso fujimorista por las reformas política y judicial que plantea el Ejecutivo, en el país también siguen latentes otros problemas, como el de los conflictos sociales que pueden desencadenar violencia en el futuro, alertó la Defensoría del Pueblo en su último reportes que enumera, detalla y clasifica estos sucesos.

En su último informe de agosto señala, bajo el rótulo de Alertas Tempranas, que hay amenaza de 24 conflictos en un total de 14 regiones del Perú, según Gestión. En el documento se detalla que los departamentos donde hay riesgo de un estillido social son Áncash, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco y San Martín.

También hay una alerta por un caso a nivel nacional debido a la convocatoria a una huelga indefinida para el 18 de setiembre de una facción del Sutep.

En el mismo reporte de alertas tempranas, la Defensoría pide que se atiendan los casos de Las Bambas, Quellaveco, Hudbay, Michiquillay, Chinalco, entre otros proyectos o minas que generan tensión social en sus zonas de influencia.

En datos

> En agosto se presentaron 196 conflictos, dos menos que el mes pasado. De este universo, 134 están activos, lo cual es un nuevo descenso desde el mes de junio.

> De los 196 casos, solo se dialoga en 80 de ellos. En julio había 82 procesos de conversación en marcha.

Además el informe señala que los conflictos socioambientales siguen liderando la lista, pues son 126, de los cuales 103 tienen como responsable de resolverlos al gobierno central.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2018/09/17/defensoria-del-pueblo-hay-amenaza-de-24-conflictos-en-un-total-de-14-regiones-del-peru/redaccionmulera/

Denuncian a la minera Concepción SAC. antes Azul Cocha en Junín

La región Junín es importante porque provee alimentos para las grandes urbes del centro de Perú como Huancayo y Lima, el valle se ve amenazado por la contaminación de sus aguas a causa de la minería. La minera Concepción SAC. antes Azul cocha es productora de zing y está ubicada en la cabecera de la cuenca del rio Cunas que riega el valle en Concepción y Chupaca. Los pobladores aseguran que el río, que es de vital importancia para más de 100 comunidades que viven alrededor, está siendo afectado por esta empresa.

Red Muqui viajó hasta Junín y recibió una serie de denuncias de contaminación del rio y muerte de truchas en marzo de este año. Efectivamente, los dirigentes de las comunidades de Virgilio Lazo López, comité de vigilancia de la comunidad de Usibamba afirmó que teme por su salud y la de sus familias. En la zona, se realiza agricultura y ganadería, la contaminación de aguas pone en peligro estas actividades de las que dependen las familias.

Lazo declaró que en marzo de este año » a unos kilómetros estaban haciendo una relavera y la población informó que las aguas estaban turbias, que las truchas estaban muriendo y que algunos animales también estaban enfermando”. Afirmó que a medida que la minería ha tenido presencia en la zona, la biodiversidad ha disminuido, han desaparecido especies endémicas como la rana de Junín.

Aseguró que se hizo la notificación al Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) tomó muestras de agua en marzo del 2018 y que no han dado una respuesta hasta la fecha por lo que piden a la autoridad que entregue los estudios.

Red Muqui se comunicó con la OEFA en Junín para consultar por los análisis y los funcionarios indicaron que los resultados aún no habían llegado de los laboratorios en Lima. Los especialistas aseveraron que desconocen el plazo de tiempo en que se entregará el informe del caso, mientras tanto, la población de Alto Cunas sigue a la espera.

¿Qué ha respondido la empresa? Lazo, también, comentó que el gerente de la compañía minera se acercó a la población para convencerlos de que no había contaminación, pero ante la evidencia tuvo que admitirlo. “Se ha comprometido con reponer las truchas, pero nos preocupa que sigan ocurriendo estas descargas al río, que se siga contaminando”.

En el Valle se cultivan más de 200 variedades de papa nativa, además de otros productos agrícolas y ganaderos. Los niños que viven en la zona baja, del distrito de Copca van al río a bañarse y jugar. Es una zona que produce queso, leche y helado, productos que llegan al mercado central de Huancayo y Lima.

Ante la nula respuesta de las autoridades, los dirigentes han anunciado que realizarán una pronta movilización para exigir que se atienda el tema.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/786-minera-acusada-de-muerte-de-truchas-y-contaminar-uno-de-los-rios-mas-importantes-de-junin

Osinergmin cuestionó la medida cautelar que le impide emitir nuevas sanciones contra la minera Great Panther.

El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima emitió una medida cautelar a favor de la empresa minera Great Panther Coricancha S.A que dispone la paralización del retiro de 145,000 metros cúbicos de relaves mineros ubicados al pie de la ladera del cerro Tamboraque, en la provincia de Huarochirí, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Osinergmin recordó que venía exigiendo a la mencionada compañía minera el traslado del relave del depósito 1 y 2 de Tamboraque, ubicado cerca del cauce del río Rímac, tal como lo ordena el Plan de Cierre de Minas aprobado la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Osinergmin advirtió también que se le ha prohibido exigir a esta empresa el traslado del relave de Tamboraque, lo cual constituye un incumplimiento al plan aprobado por la autoridad. De la misma manera, la medida impide al organismo supervisor emitir nuevos procesos de sanción.

Debido a permanentes incumplimientos de la empresa minera, Osinergmin impuso sanciones por un valor de 412 UIT y multas coercitivas por un monto total de 500 UIT, lo que equivale a multas por aproximadamente S/3.8 millones. Además, se denunció a los representantes de Great Panther Coricancha S.A., ante el Ministerio Público.

Según se detalló, Osinergmin venía monitoreando y exigiendo el traslado de los relaves mineros, de acuerdo al Plan de Cierre de Minas. A la fecha, el retiro se ha cumplido en un 63% quedando pendiente el retiro de 145,000 metros cúbicos de relave.

Fuente:http://semanaeconomica.com/article/legal-y-politica/sector-publico/309175-juzgado-le-dio-la-razon-a-minera-y-suspendio-el-retiro-de-relaves-del-cerro-tamboraque/?ref=fh

En el l informe desarrollado por la Defensoría del Pueblo, se precisa que el 66.1% de conflictos socio ambientales son causados por la actividad de la minería, seguida del 13.4% a causa de los hidrocarburos y 9% por la energía.

En el caso de la macro región central, Ayacucho encabeza la lista con 11 conflictos de los cuales 10 son socio ambiental, 6 de ellos latentes y 4 activos. A esta le sigue la región Junín con 6 conflictos, 2 latentes y 4 activos. Asimismo, Pasco presenta 5 conflictos socio ambientales, 4 de ellos activo y 1 latente. Finalmente, Huánuco con 4 conflictos divididos equitativamente entre 2 latentes y 2 activos.

En general en todo el país los conflictos socio ambientales equivalen al 64.1%.  Las regiones en las que se registra mayor incidencia son en la sierra y selva, donde hay presencia de actividad minera, sea legal e ilegal.

A diferencia del año anterior la presencia de conflictos socio ambientales en la magro región centro ha crecido en un porcentaje de 8%, equivalente a 3 conflictos más que en el año pasado. Para agosto del 2017 la Defensoría registró a nivel nacional 121 conflictos socio ambientales, pero este año la cantidad se incrementó a 127 casos.

A pesar de este incremento existen regiones como Ayacucho y Pasco donde aún no se ha establecido dialogo entre la población y las empresas o entidades con la que se genera el conflicto lo cual puede generar que se activen y se conviertan en movilizaciones.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1316717-70-conflictos-macro-region-central-son-socio-ambientales-asociados-mineria

En las últimas décadas la minería ha pasado por diferentes momentos: expansión de la actividad por todo el planeta; súper ciclo de precios y ganancias extraordinarias para las empresas; etapas de descensos de las cotizaciones y el consiguiente menor dinamismo; fusiones de empresas; cambios en la geografía de la inversión y también en los mercados que reciben la producción de minerales; nuevos actores protagónicos, etc.

América Latina ha sido un territorio priorizado en el que se ha visto y se siguen viendo todas estas tendencias: a comienzos de la década del 90 del siglo pasado, la región apenas recibía el 10% de la inversión minera a nivel global; sin embargo desde finales de esa misma década América Latina se convirtió en el principal destino de las inversiones. En la actualidad esta región recibe el 30% de todo lo que se invierte en minería en el planeta.

Pero como se ha señalado los actores han ido cambiando. Por ejemplo, en los 90 y todavía en los primeros años de del siglo XXI, las inversiones en la región estaban lideradas por empresas canadienses, australianas, estadounidenses y de Europa. Sin embargo, en los últimos años esta situación ha cambiado drásticamente con la presencia de empresas chinas que han logrado paulatinamente un gran protagonismo en América Latina, sobre todo en los sectores extractivos.

Ya a mediados de la primera década del presente siglo, América Latina se convirtió en el segundo destino más importante para las inversiones extranjeras directas (IDE) chinas: 60% de las IDE chinas se concentraban en Asia, 16% en América Latina, 7% en Norteamérica, 7% en África, 6% en Europa y 4% en Oceanía. Las últimas cifras muestran que América Latina se ha consolidado como el segundo destino de las IDE chinas con una participación del 14% del total y China es el principal socio comercial de varios países de la región (Brasil, Perú, Argentina, entre otros). Los últimos datos de cómo se distribuye la IDE china en la región coinciden con el de las prioridades comerciales.

El Perú es un buen ejemplo de todas estas tendencias. China se ha convertido en el inversionista minero que muestra mayor dinamismo, controlando en la actualidad alrededor del 20% de la cartera de proyectos mineros, al mismo tiempo que es el principal destino de exportación de productos metálicos.

En las elecciones presidenciales de 2016, Cajamarca optó por un voto antisistema. Gregorio Santos , líder del MAS, venció a Keiko Fujimori en la región que en tiempos recientes había representado un importante caudal para el fujimorismo. Ni la prisión preventiva en la que se encontraba ni la recesión económica que legó su presidencia regional mermó la preferencia por el hombre de izquierda.

Han pasado apenas dos años y Cajamarca tiene una nueva oportunidad para elegir a su más alta autoridad. Al mismo tiempo, uno de los más esperados proyectos mineros del país, Michiquillay, finalmente ve la luz. La expectativa por conocer al nuevo presidente regional es alta. 50+1 establece cuáles son los perfiles de los candidatos y sus posiciones frente a la controversial minería. ¿Será que la simpatía por un gobernador antisistema continuará?

SIN FUJIMORISMO

Cajamarca representa el 27% de la cartera de inversiones mineras de nuestro país. La actividad extractiva engorda el oscilante PBI peruano. Es precisamente en esta región donde se registra el mayor monto de inversión de esta naturaleza: poco más de US$16 mil millones en seis proyectos mineros, entre ellos Michiquillay, el megaproyecto adjudicado este año tras varias postergaciones. Estas oportunidades contrastan con las altas cifras de pobreza, que, según el INEI, ascendió a 47.5% durante 2017. Casi la mitad de la población vive sin satisfacer sus necesidades básicas.

Este es el escenario que debe enfrentar y administrar su nuevo gobernador, que, sin duda, no será fujimorista. Pese a que en las elecciones presidenciales de 2016 Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo el 32.08% de votos válidos en toda la región, el fujimorismo parece haber abandonado esta plaza: no presenta candidato alguno.

LOS FAVORITOS

Por otro lado, quien sí aspira a continuar liderando la región es Gregorio Santos. Empoderado con el 40.68% de votos válidos que obtuvo en las presidenciales en la región, apuesta por la candidatura de Porfirio Medina, quien fue consejero regional por el MAS en el periodo 2011-2014. Además, fue electo vicegobernador regional en 2014, asumiendo la gobernación regional luego de la salida de Santos.

Medina ha tenido en el pasado una posición clara en contra de la minería en la región, ha participado en las marchas contra el proyecto Conga y hace unos meses expresó su rechazo al megaproyecto Michiquillay argumentando que “el gobierno quiere imponerlo al caballazo” (La República, 28/11/2017).

El segundo candidato que lidera la intención de voto para gobernador regional es Mesías Guevara por Acción Popular. Guevara ha postulado dos veces a la región, sin suerte. Fue congresista en el periodo 2011-2016 y ejerce la presidencia del partido al que pertenece. Frente a la crisis de Conga hace algunos años, Guevara declaró que el proyecto era un “atentado contra la naturaleza, contra la vida y el futuro de esta nación” (Noticias Ser, 10/10/2013) y criticó duramente el proceso por el cual fue adjudicado.

Finalmente, el tercer favorito es Absalón Vásquez. El ex ministro de Agricultura de Alberto Fujimori ha postulado dos veces a la región sin suerte, pero esta vez lo hace de la mano de José Luna con su partido Podemos Perú. Vásquez se ha manifestado a favor del megaproyecto Michiquillay asegurando que es “un paso al desarrollo” (Inforegión, 21/06/2018).

Los tres candidatos tienen experiencia política y un gran reto por delante: sacar de la pobreza a Cajamarca. Solo falta ver si lo hacen en armonía con la explotación minería o reviven el fantasma de Conga.

CIFRAS

– 40.68% de votos válidos optaron por el candidato antisistema Gregorio Santos en las elecciones presidenciales de 2016.

Fuente:https://peru21.pe/politica/cajamarca-proyectos-mineros-proximo-gobernador-regional-426799

El Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Cotabambas, dirigentes de las organizaciones sociales y gremiales, organizaciones de base nos dirigimos a la opinión pública, al Presidente de la República, al Presidente del Concejo de Ministros – PCM, al Presidente del Congreso de la República, a la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Las comunidades campesinas son libres de elegir la asesoría legal y técnica para los procesos de defensa de su territorio. Sin embargo; cuestionamos a personas con intereses ocultos se acerquen a las comunidades a cambio de intereses económicos y en anteriores conflictos en Cotabambas hubieron pérdidas de hermanos Cotabambinos. Hoy y mañana no debe haber más vidas en riesgo.
2. En el entorno al corredor vial mencionado hay dos problemas no resueltos. Uno de ellos el uso de tierras comunales para la construcción de la carretera sin la autorización de las mismas por parte de comunidades campesinas y propietarios privados, y. Por otro, los impactos negativos no atendidos del transporte minero que está ocasionando la contaminación por el polvo, vibración y ruido. Estos hechos fueron denunciados por las comunidades en la mesa de diálogo a fines del 2016; hasta la fecha no hay solución alguna, no se ha hecho saneamiento físico legal de las tierras comprometidas en la construcción de la carretera y ninguna autoridad estatal fiscaliza, corrige, sanciona ni repara los daños ocasionados por estos hechos. La única respuesta del gobierno ha sido decretar el Estado de Emergencia, es decir limitar nuestros derechos de libertad de expresión y reunión para que no protestemos ni cuestionemos públicamente.
3. Desde el Frente de Defensa de la Provincial de Cotabambas rechazamos el Estado de emergencia decretado por el gobierno (DECRETO SUPREMO N° 091-2018- PCM), ya que ello no puede ser una estrategia de gestión de conflictos y de criminalización social. Además, que esta media no resuelve los problemas de fondo, por tanto se está haciendo un uso abusivo de él, algo que no debe ser tolerable en una democracia. Ante esta situación, lo que debe hacer un gobierno responsable es responder a las causas de ese descontento, vía formas de dialogo.
4. Las demandas de las comunidades campesinas alrededor de la carretera, denominada corredor minero, consideramos son justas dado que no se ha negociado con transparencia y correcta medida la propiedad de la tierra. Además, en las sucesivas modificatorias y actividades relacionados al proyecto Las Bambas fueron violentados los derechos fundamentales, conforme a la Constitución y tratados internacionales; a la fecha las medidas de impacto socio ambientales y mitigación no están consideradas.
5. Invocamos a los actores públicos del Gobierno Central que dé apertura a diversas formas de uso de la inteligencia humana y herramientas de dialogo sin corrupción. Cotabambas, 04 de septiembre del 2018.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/pronunciamiento-de-el-frente-de-defensa-de-los-intereses-de-la-provincia-de-cotabambas/