El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a la petición realizada en el marco de la campaña #ConsúltameDeVerdad, la misma que contó con más de 4000 firmas digitales de distintos ciudadanos y ciudadanas peruanos y del extranjero que exigieron reformas en la aplicación de la Consulta Previa.

Recordemos que en la petición, enviada tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Energía y Minas, se exigieron tres demandas muy importantes para garantizar que la consulta previa a los pueblos indígenas de nuestro país les permita realmente defender sus derechos. Este pedido de la ciudadanía tenía las siguientes propuestas:

• Que la Comisión Multisectorial Permanente recupere las funciones necesarias para proponer mejoras a la Consulta Previa y que además incluya la participación de representantes indígenas.

• Que los pueblos indígenas participen en la determinación de las medidas que se les consultarán.

• Que se incorporen los supuestos de consentimiento en las normas y reglamentos que regulan la consulta. Es decir, que cuando se vaya a trasladar a poblaciones o se vaya a almacenar desechos tóxicos en los territorios de los pueblos indígenas, se pida su consentimiento y no únicamente se les consulte, según lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

• Que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado, a fin de que se consulte lo que de verdad puede afectar a las poblaciones indígenas.

Ante esto, el Ministerio de Cultura respondió a cada punto de la carta, con los siguientes argumentos:

• Sobre la Comisión Multisectorial Permanente:

  • “El Ministerio de Cultura se encuentra en revisión de una propuesta de Decreto Supremo para la modificación de la conformación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la aplicación del Derecho a la Consulta”.

    Como se aprecia, el Mincul responde al primer punto con una propuesta de cambio, lo que es positivo; sin embargo no queda del todo claro, porque no se precisa si la Comisión Permanente ahora será conformada por representantes de Pueblos Indígenas o si este cambio se refiere a las funciones que se deberían recuperar a fin de que la comisión pueda proponer mejoras a los procesos de consulta.

• Sobre la participación de los pueblos indígenas en la determinación de las medidas que se les consultarán:

  • “Es importante señalar que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N 289875, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son las entidades estatales quienes deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

    Al respecto, el Mincul se limita a citar la norma que señala la responsabilidad del Estado. Pero esto no impide que ello se haga en diálogo con los pueblos indígenas para garantizar la pertinencia de la consulta.

• Sobre el pedido de que se incorporen los supuestos de consentimiento:

  • “Es necesario señalar que la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, dispone que para ambos casos se requiere el consentimiento. No obstante, resulta fundamental recordar que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente, tiene rango constitucional y forma parte del ordenamiento jurídico peruano”.

Sin duda el Convenio 169 está vigente, y por lo tanto el consentimiento en los casos en se requiera puede ser exigido por vía judicial. Sin embargo, la propuesta presentada busca que estos supuestos se incorporen en las normas reglamentarias sobre consulta, en especial aquellas vinculadas a los proyectos extractivos mineros y petroleros, que en muchas oportunidades implican reubicación de poblaciones o depósito de sustancias tóxicas. Si los reglamentos no precisan de qué manera se hace operativo el consentimiento, simplemente el Estado no lo aplica.

• Sobre el pedido de que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado a fin de que se consulte lo que de verdad pueda afectar a las poblaciones:

  • “El Ministerio de Cultura considera los siguientes criterios para determinar el momento para realizar la consulta previa: i) que sea previa, es decir que se realice antes de la aprobación de la medida que podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; ii) que la medida esté suficientemente desarrollada por la entidad promotora de modo tal que pueda proporcionar información acerca de la posible afectación específica a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de aprobarse la medida; iii) que sea posible incorporar acuerdos que se logren durante la etapa de diálogo en los documentos que conforman y sustentan la medida”.

Consideramos que se debe adoptar medidas que garanticen que la consulta sea realmente previa y oportuna. En el caso de proyectos mineros y petroleros, se están consultando medidas que tienen poco que ver con los impactos reales de estas actividades en los derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que identifican y califican los impactos de estas actividades, no son sometidos a consulta.

Al cierre de esta nota, estamos en la espera de la respuesta del Ministerio de Energía y Minas a la misma carta, que se dejó en la mesa de partes de dicha entidad el pasado mes de octubre.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/ministerio-de-cultura-responde-a-peticion-ciudadana-sobre-consulta-previa/?fbclid=IwAR2RV10JmZnNnw3gSO2oMsBJlQxHYIX8PmtBsIpp1TQuqTq6nY-na8_aNC8

La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.

De acuerdo a la población, las actividades de Yanacocha habrían ocasionado la desaparición de varios de sus manantiales y la disminución del caudal del río Azufre, lo que estaría perjudicando la realización de sus labores diarias. El daño sería importante, pues de los 600 litros de agua por segundo indicado en sus resoluciones de uso de agua, a la actualidad solamente estarían beneficiándose de aproximadamente 180 litros de agua por segundo: “Están desapareciendo a nuestros manantiales. Hoy en día prácticamente es un desierto donde está operando Yanacocha y de los cientos de manantiales que existían solo nos quedan unos cuantos”, indicó Ismael Linares, vocero del canal Azufre Ventanillas de Combayo.

Según el dirigente, en reiteradas oportunidades se ha pedido a la empresa que explique la situación sin lograr respuesta, por lo que han decidido emprender acciones de protesta. Durante la vigilia también solicitaron que el gobierno nacional se haga presente en la zona y reiteraron su oposición a minería en su zona: “No reclamamos con otros intereses. Nuestro único interés es que no haya más expansión minera porque si se lo permite, prácticamente Combayo se quedaría sin una gota de agua. Queremos que el agua se conserve. Que no hagan mayores daños a nuestros recursos”, señaló Linares.

Cabe indicar que el último jueves un grupo de pobladores se trasladó hasta la zona de operaciones de Minera Yanacocha como parte de sus protestas, sin embargo, la empresa emitió un comunicado informando que incursionaron ilegalmente en su propiedad y que “los reclamos de supuesta afectación a fuentes de agua del canal carecen de sustento técnico”, señalando que la Autoridad Local del Agua “al tomar conocimiento de esta problemática, ha convocado a los usuarios e instituciones para iniciar en los próximos días un diálogo técnico”. La empresa igualmente señaló que no cederá frente a medidas de presión ya que la protesta pretendería “alguna compensación económica e incluso contratos para algunas empresas del canal”. No obstante, en el comunicado ratificaron que cumplen con sus compromisos de descarga y exhortaron al diálogo.

En tanto, la población ha acordado otorgarle un plazo a Yanacocha para que convoque a una reunión y explique la situación de los recursos hídricos. Este plazo culmina el día martes (15 de enero) a medianoche y de no generarse alguna respuesta ya han anunciado que realizarán una nueva vigilia cerca de las operaciones mineras.

Más oposición

Hace unos días, varios medios difundieron que la empresa Yanacocha informó que su proyecto de exploración “Lorena”, ubicado en la provincia de San Pablo, había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Esto inmediatamente ocasionó la respuesta inmediata de organizaciones sociales de esa provincia y el próximo 23 de enero estarán realizando una movilización hacia la zona en la que se realizarán las exploraciones, con lo que esperan dejar en claro su rechazo a la ejecución de un nuevo proyecto.

Ver vídeo aquí  ☛ https://bit.ly/2APhmZL

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/realizan-vigilia-contra-minera-yanacocha-en-plaza-de-armas-de-cajamarca?fbclid=IwAR0AivvW7u8Vweop9kRxHCroqMAPMbu7Rl1WFrvw7XVmu85LcVdywRN7gBY

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/831-vizcarra-tambien-busca-afianzar-modelo-economico-extractivista-minero-mediante-la-politica-nacional-de-competitividad-y-productividad

Frente a las diversas estrategias que está desarrollando la empresa minera Río Blanco en la región de Piura y las provincias de Huancabamba y Ayabaca, señalando que se ha re-diseñado los estudios técnicos del proyecto inicial, acercándose a los colegios de las provincias mencionadas para dar premios en los concursos que realizan los centros educativos para lograr “aceptación” de la gente, ofreciendo regalos a comuneros para que asistan a sus talleres con la finalidad de dividir a la comunidad y a las dirigencias comunales de la provincia que se oponen al desarrollo del proyecto minero; se reunieron el 29 de diciembre del 2018, diversas organizaciones ronderas, campesinas, organizaciones sociales de comunidades pertenecientes a las provincias de Ayabaca y Huancabamba, como la comunidad de Yanta, de Segundo de Cajas, contando también con la participación del nuevo alcalde de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, Guido Manuel Rojas Hernández.

DESARROLLO DEL AGRO

En la reunión se acordó reimpulsar el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú y promover las actividades agropecuarias y agrícolas como alternativas económicas a la minería. El alcalde del distrito de Pacaipampa hizo alusión al ejemplo de los pobladores de Tambogrande que no dejaron que se desarrolle la explotación minera en sus tierras y hoy en día el desarrollo del mango y otros productos es una realidad con una fuerte cadena productiva. “Mi política de gobierno es fomentar que las organizaciones tengan ingreso por las actividades que hacen, tal como el café y la panela que podemos ver en varias zonas de la provincia. Tenemos que fomentar este tipo de agricultura, de desarrollo productivo, para decir al Estado que no puede haber explotación minera aquí porque nuestra gente se dedica al sector agropecuario, agrario”. Remarcó que impulsarán el mercado de campesinos y desarrollarán valor agregado a los productos derivados de la ganadería y agricultura.

También estuvo presente el biólogo y presidente de la Plataforma Inundación Nunca Más de Piura, miembro de la Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia – parte también de Red Muqui-, Fidel Torres, quien señaló que la ciencia se ha valido del conocimiento de las comunidades. A nivel internacional, el yacón, la maca, la quinua y otros productos que se propagandizan como grandes alimentos, han surgido de las comunidades, remarcó. Añadió que “las rondas campesinas serán reconocidas políticamente por la defensa del ambiente, la salud pública y el desarrollo de la biodiversidad”. Por ello se hizo la pregunta: “¿Cómo es posible que intenten atentar con la destrucción de la biodiversidad para extraer minerales?”.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en el marco del APEC que se desarrolló en nuestro país en diciembre del 2016, el ahora presidente Vizcarra, en ese entonces vicepresidente de PPK, se reunió con representantes del gobierno chino y firmó un convenio de promoción con el consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation para el desarrollo del proyecto minero Río Blanco.

Es importante resaltar que en septiembre del 2007 se desarrolló la consulta vecinal en las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), en la que el 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas. El 57% de los páramos andinos de todo el país están en Piura y es necesario que todos los páramos sean declarados áreas de conservación para así proteger las fuentes de agua que representan estos ecosistemas.

OJO

Finalmente, frente a la nueva imagen que quiere vender la empresa minera china, hacemos recordar que a causa de la imposición del proyecto minero Río Blanco se produjeron 10 muertos entre el 2004 y 2009. Rememorando que la anterior empresa inglesa, Majaz, torturó en el campamento minero a 28 campesinos en el año 2005.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/827-se-reimpulsa-el-frente-por-el-desarrollo-sostenible-de-la-frontera-norte-del-peru-para-promover-el-agro-frente-al-avance-del-proyecto-minero-rio-blanco

Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en Puno, dejarán de proveerse del líquido. Comuneros han pedido al gobernador Aduviri tomar cartas en el asunto.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1390682-puno-poblacion-coata-niega-consumir-agua-metales-pesados-i-contaminacion?fbclid=IwAR1_2VuTFHWnwM0-n07Jb4bVgOGAu_1q-KzWie5RRXeiqCo8k8d5kzHN9PQ#.XDVaMHX-va8.facebook

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.

Durante acciones de supervisión, el OEFA detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona que, por la falta de controles ambientales y acción del viento, se dispersaban en dirección a la bahía San Nicolás. En ese sentido, se ordenó a Shougang implementar de forma inmediata medidas de manejo ambiental para evitar que el material particulado se disperse hacia los alrededores de la bahía.

Asimismo, la empresa deberá presentar, en un plazo máximo de cinco (5) días, un cronograma de remediación del área comprometida. Dicho cronograma abarcará las zonas de influencia del litoral de la bahía e incluirá los componentes agua, suelo, sedimentos, flora, fauna y especies hidrobiológicas.

En caso de que la empresa no cumpla con las medidas impuestas se impulsarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

El OEFA continuará dictando medidas administrativas cuando se evidencie la afectación al ambiente o a la salud de las personas, y realizará el seguimiento del cumplimiento de dichas medidas por parte de las empresas supervisadas.

Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía

fuente:https://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/oefa-ordeno-a-shougang-paralizacion-inmediata-del-transporte-y-almacenamiento-de-minerales-y-concentrados-para-evitar-afectacion-de-la-bahia-san-nicolas-en-ica?fbclid=IwAR3nD3a1e9csJVDG4U1Zc4zmxR7RybfCd_l_kMqwhJgD0m1GCNuOSc3sMAU

Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la Policía llegó a la comunidad campesina de Yavi Yavi, situada en el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, según información de la institución policial, para «desbloquear» el corredor minero del sur, que había sido obstruido con palos y piedras por unos 300 campesinos.

La versión de la comunidad es opuesta. El presidente de Yavi Yavi, Gregorio Rojas, señaló que fueron agredidos sin ninguna razón. «Ni siquiera estábamos en protesta. Habíamos ido al lugar para empezar a construir nuestras viviendas y nos provocaron», refirió.

No obstante, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar Pérez, insistió en que la vía usada por la minera MMG Limited, para el transporte de minerales extraídos desde su mina Las Bambas, en Cotabambas-Apurímac, hasta el puerto de Matarani, sí estaba cerrada.

EL CHOQUE

El intento de los agentes para habilitar la vía fue rechazado por los comuneros, refirió Mar Pérez, con un ataque de palos y piedras lanzados con huaracas (hondas). Desde el lado de la policía, empezaron a disparar bombas lacrimógenas a discreción. A esta versión, los comuneros añaden que también hubo disparos de perdigones y balas de goma.

A causa del choque, hay ocho heridos. Según el coronel Mar, seis policías fueron afectados por el impacto de piedras, mientras que Gregorio Rojas reportó que una mujer y un menor de 12 años están gravemente heridos.

El enfrentamiento entre policías y comuneros también dejó otros daños. Se incendió el campamento que usaban los policías que resguardan el paso de los camiones encapsulados, que sacan los minerales de Las Bambas. Según el dirigente Rojas, fueron los propios policías los que incendiaron su campamento para «acusarnos luego a nosotros».

Como es evidente, la policía acusa a los campesinos del incendio. “Los comuneros quemaron las carpas térmicas del personal policial que se encontraba en la zona, continuando el bloqueo de la vía”, refiere la nota policial.

El coronel Manuel Mar invocó a la población a la calma y que evite hostigar «continuamente a la policía con el fin de victimizarse y poder encontrar solución a su demanda».

Asimismo, instó a «los actores del conflicto, para que hagan las labores de gestión. Estamos en el quinto mes del estado de emergencia y es inconcebible que los actos, tanto del MTC como de MMG y los pobladores, no hayan encontrado soluciones concertadas».

RECLAMO IRRESUELTO

El conflicto minero en Yavi Yavi viene de mucho tiempo atrás. El Ministerio del Interior lo catalogó en agosto de 2018 como activo en escalada. La comunidad espera la solución a sus dos reclamos: renegociación del precio pagado por sus terrenos por la minera MMG Limited y que el Ministerio de Transportes explique por qué calificó la vía como de categoría nacional, cuando debía ser comunal.

La historia es la siguiente. Una parte de la población de Fuerabamba del distrito de Chalhuahuacho, provincia apurimeña de Cotabambas, vendió sus tierras a la minera MMG y, como compensación, recibió terrenos en el fundo Yavi Yavi en Colquemarca, región Cusco.

Aquella vez, cuenta el dirigente Rojas, la comunidad no tenía carretera, pero unos meses después la empresa hizo una vía y el MTC la calificó como vía nacional sin autorización de los dueños de los terrenos. Lo hicieron para evitar que la minera pague una compensación a la comunidad. Desde entonces, los conflictos se suceden cada cierto tiempo. Ni la empresa ni el Gobierno atienden esas demandas.

Lo único que hizo el Ejecutivo es declarar en estado de emergencia el corredor minero del sur el 1 de septiembre del 2018. La medida cumple más de cuatro meses.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1390627-policias-campesinos-enfrentan-chumbivilcas?fbclid=IwAR2Uige0FW1CA3DbXD4A9b9Qrop29WE4ZVzKaenVl_mRPpdExaElKaTP0Vw

“Mata a la que está con waraqa (honda), mata a esa chola de mierda, dale, dale”. Ésta fue la orden del oficial a un agente de policía para que asesinara -en junio de 2011- a la activista Petronila Coa Huanca en el aeropuerto de la ciudad de Juliaca (región de Puno). Murieron otras cinco personas y decenas resultaron heridas por los disparos de policías y soldados. Alan García, del Partido Aprista, desempeñaba la Presidencia de Perú. Petronila Coa Huanca participaba en las protestas contra los proyectos mineros en la región de Puno, por ejemplo el de Santa Marta, de extracción de plata, desarrollado por la canadiense Bear Creek; también reivindicaban la descontaminación de la cuenca del río Ramis, afluente del lago Titicaca.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señala que entre 2011 y 2018 han sido asesinadas 119 personas defensoras de los derechos humanos en Perú y más de 800 eran objeto de criminalización durante 2017 (“líderes comunitarios, indígenas y ronderos son particularmente afectados mediante la aplicación de tipos penales como la extorsión y el secuestro”, según el Observatorio para la Protección de los Defensores); en 2017 fueron asesinados ocho defensores de la tierra y el medio ambiente en Perú, informa la ONG Global Witness. Además la Campaña “Defensoras no están solas” denuncia el procesamiento de 102 mujeres por participar en diferentes formas de protesta social. La Defensoría del Pueblo, que hace un seguimiento de los conflictos sociales en el país, informó en octubre de 2018 de 199 conflictos (142 activos y 57 latentes), de los que el 61,8% fueron de carácter socioambiental y se registraron principalmente en los departamentos de Áncash, Puno y Cusco.

“Minería para el progreso”. Así define el consorcio encabezado por la compañía australiana MMG Limited su actividad en la mina de cobre Las Bambas, de la que es propietaria desde 2014 en el departamento de Apurímac (los titulares anteriores fueron la minera anglo-suiza Xstrata y la multinacional Glencore, con sede en Suiza). El accionista principal de MMG Limited es China Minmetals Corporation. “Se espera que Las Bambas produzca más de dos millones de toneladas de cobre en concentrado durante sus primeros cinco años de operación”, afirmó en octubre el director ejecutivo de MMG Limited, Geoffrey Gao. Aunque hay también otra realidad en el caso de Las Bambas. Con Ollanta Umala en la presidencia, en septiembre de 2015, la represión policial de las protestas se saldó con cuatro manifestantes muertos y la declaración del Estado de Emergencia en seis provincias. En agosto de 2018 se decretó asimismo el Estado de Emergencia en 482 kilómetros del Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa (“corredor minero del sur”), para que la policía mantuviera el “control del orden interno” con el apoyo del ejército; de este modo se hacía frente a las movilizaciones y bloqueo de carreteras por parte de las comunidades.

“¡El agro, la pesca y la minería juntos por el desarrollo de Islay!” Southern Cooper en Perú –subsidiaria del gigante del cobre Grupo México- anuncia de este modo el proyecto minero “Tía María” en la provincia de Islay (Arequipa), cuyas tareas de exploración comenzaron en 1994. Actualmente Southern Perú está a la espera de obtener el permiso de construcción que otorga el Ministerio de Energía y Minas, con la particularidad de que el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2014 expira en agosto de 2019; la previsión de la empresa es producir 120.000 toneladas de cobre anuales en “Tía María”.

La iniciativa de Southern Perú tiene ya una larga historia. En abril de 2011 cuatro personas murieron y un centenar resultaron heridas por la represión policial de las protestas en el Valle del Tambo; otros dos opositores al proyecto “Tía María” y un policía muertos es el balance del paro indefinido y las movilizaciones de 2015, en las que se reclamaba por las posibles consecuencias de la actividad minera, como la contaminación del río Tambo, de las aguas subterráneas, el impacto en la agricultura o las enfermedades pulmonares. En cuanto a la criminalización de las acciones, en enero de 2018 la Fiscalía de Arequipa acusó de pertenencia a organización ilícita para delinquir a activistas que participaron en las luchas de 2015. Mientras, pobladores del Valle del Tambo continúan movilizándose con la consigna “Agro sí, mina no” y por ejemplo en marzo de 2018, se celebró en Cocachacra (Islay) el Encuentro Nacional “Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida”.

Pero “Tía María” no es la única actuación de Grupo México en Perú. La agencia pública ProInversión le adjudicó el 20 de febrero los yacimientos cupríferos de Michiquillay, en el departamento de Cajamarca (1.100 millones de toneladas de mineral); también desarrolla la iniciativa Los Chancas (Apurímac), en fase de evaluación ambiental, y la ampliación de la mina y la concentradora Toquepala, en la región de Tacna, para aumentar la producción de cobre.

Otro de los múltiples frentes abiertos es el proyecto Tintaya Antapaccay, que desarrolla desde 2013 la transnacional Glencore en la provincia de Espinar (Cusco). En diciembre de 2018 las excavadoras de la empresa irrumpieron de manera violenta en la comunidad de Alto Huarca (Espinar), lo que causó destrozos y  heridos (en abril se produjeron episodios parecidos durante la resistencia a los desalojos). Uno punto de intensidad en la protesta se registró en mayo de 2012, cuando la empresa Xstrata era titular de la mina: cuatro comuneros muertos, otros heridos de bala y la declaración del estado de emergencia durante una huelga indefinida; entre las reivindicaciones figuraban los impactos ambientales –sobre los ríos Salado y Cañipía, la muerte de animales o la presencia de mercurio y plomo en la sangre y orina de los vecinos-, así como el incumplimiento de los convenios entre la empresa y las comunidades.

Podrían agregarse numerosos casos de extractivismo, resistencia y acción represiva. Una de las referencias centrales es el proyecto Conga, que promueve la empresa Yanacocha y está oficialmente suspendido desde noviembre de 2011; integran esta sociedad la estadounidense Newton Mining, la peruana Minas Buenaventura y en menor proporción la japonesa Sumitomo, que adquirió en diciembre de 2017 la participación de Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. Anunciada como “la mina de oro más grande de Sudamérica”, el proyecto se sitúa en las provincias de Cajamarca y Celendín, entre 3.500 y 4.100 metros sobre el nivel del mar. A pesar de la suspensión, el pasado 23 de abril el periódico La República reprodujo estas declaraciones de Carlos Sánchez Terrones, representante de las rondas campesinas de Cajamarca: “Personas que están plenamente identificadas como trabajadores mineros llegan a las comunidades con regalos a concientizar a la gente para que consigan la licencia social del megaproyecto Conga”; “recordamos que el año 2012 dejó cinco muertos y centenares de heridos como consecuencia de la represión policial”, añadió el dirigente.

La base de datos sobre criminalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó, en relación con el proyecto Conga, la cifra de 42 personas procesadas por hechos ocurridos entre junio de 2012 y agosto de 2013; en total, 63 presuntos delitos. Las organizaciones populares alertaban, además, en movilizaciones y comunicados, de los impactos de esta macroiniciativa; por ejemplo, “secar cuatro lagunas, cinco ríos, unos 600 ‘ojos de agua’, además de levantar humedales y bofedales, lo que afectaría a las condiciones de vida de miles de familias”.

¿Qué relevancia tiene la actividad minera en la economía peruana? ¿Es la otra cara de las luchas populares? Al cierre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas contabilizó 48 proyectos de construcción de minas para los próximos años, que representan cerca de 60.000 millones de dólares en inversiones de 11 países, principalmente firmas de Gran Bretaña, China, México, Canadá y Estados Unidos. Además el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 del Ministerio de Economía, aprobado en agosto, apuntaba incrementos de la inversión minera del 19% en 2018 y el 23% en 2019, “las tasas más altas de crecimiento desde 2011”; de hecho, “se consolida el inicio de un nuevo ciclo de inversiones”, debido a proyectos cupríferos como Quellaveco, que desarrolla Anglo American Perú en el departamento de Moquegua; Mina Justa, en Ica, cuyo operador es la peruana Marcobre SAC; o la ampliación de la mina Toromocho, en Junín, a cargo de la filial peruana de la estatal Chinalco.

El Marco Macroeconómico Multianual señala asimismo que las compañías están en “una mejor posición financiera”; así, “la recuperación del precio de los metales y las políticas de reducción de costos ha incrementado la rentabilidad y reducido su endeudamiento”. Por otra parte, las exportaciones mineras de Perú sumaron 21.351 millones de dólares entre enero y septiembre de 2018, un 8,9% más que en el mismo periodo de 2017, según las estadísticas de la patronal SNMPE.

Fuente:https://contrainformacion.es/las-venas-abiertas-de-la-mineria-en-peru/