El viernes 18 de enero del presente año, tal como estaba programado bajo acta, se llevó a cabo la reunión entre la comunidad de Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el congresista Edgar Ochoa Pezo, la Defensoría del Pueblo y representantes de la empresa minera MMG Las Bambas, esta reunión se desarrolló en el asentamiento de Yavi Yavi, provincia de Chumbivilcas.

El primer inconveniente de la reunión se dio porque la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitió que la sesión se realice en un auditorio, alegando que había riesgo de secuestro y que esta reunión debía darse en un espacio abierto y con la vigilancia de los efectivos policiales; el rechazo a esta medida por parte de los dirigentes y del congresista Edgar Ochoa no dio frutos, así que la reunión se realizó de manera precaria al aire libre, rodeados por policías, entre granizo y lluvias. Estas circunstancias evidenciaron el Estado de Emergencia por la que atraviesa la zona del corredor minero.

Ante los imprevistos la reunión inició a las 11:30 a.m., el Director General de Asuntos Socio Ambientales del MTC, Pastor Paredes indicó que no habían conseguido información y/o expedientes sobre la construcción de la vía que atraviesa el Fundo Yavi Yavi, y que no podían determinar responsabilidad. Pastor mostró unos mapas satelitales del 2009 donde no existía la vía en comparación a otra del 2012 donde ya aparecía dicha carretera.

El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas, mostró su rechazo a la posición del MTC indicando que el objetivo de esta reunión era determinar la responsabilidad de quién construyó la vía que atraviesa su comunidad y por donde -diariamente- circulan alrededor de 400 vehículos encapsulados transportando concentrado de cobre. Rojas fue enfático en señalar que dicha vía fue construida por la empresa minera Xtrata, quién dio posesión a Glencore, y seguidamente a MMG Las Bambas.

Esta discusión se da porque, tal como especifica la ley, quién construye la carretera es la responsable de ver el derecho de servidumbre hacia la comunidad y el pago de la expropiación de terrenos. El MTC ha planteado que va asumir el pago a la comunidad por sus terrenos, a pesar que ese monto debería ser asumida por la empresa minera.

Al ser la discusión central, se decidió convocar una nueva reunión de diálogo el miércoles 30 de enero, el representante de la empresa minera MMG Las Bambas, Marco Santos, junto con otros tres funcionarios, se comprometieron a traer la documentación donde demuestran que ellos nos son los responsables de la vía, de la misma forma la comunidad presentará todas las pruebas que tienen a la mano, como intermediario estará la PCM y el MTC.

Por último, el congresista Edgar Ochoa ratificó –otra vez- su pedido de levantamiento del Estado de Emergencia en la zona del corredor minero, por atentar los derechos de las comunidades campesinas de la zona y se comprometió a seguir acompañando este proceso de diálogo.

Fuente: http://derechosinfronteras.pe/cusco-mmg-las-bambas-y-comunidad-de-fuerabamba-tendran-nueva-reunion/?fbclid=IwAR3mt26D61SFEziLVj85iRWFCXnEysbju2DkDAIQnWfBIZEYZk3WxERmWKs

Por defender la tierra donde nació, el dirigente comunero del distrito de Suyo, Wilverde Ángel Vega Torres (45), fue asesinado a balazos en plena carretera del referido distrito. Hasta ayer en la tarde, la Policía no había identificado a los asesinos. Los familiares de la víctima hicieron un llamado a las autoridades para que atrapen a los malhechores.

Ataque en carretera

Ayer a las 7:30 a.m. Wilverde Vega Torres, quien el año 2018 había estado trabajando como profesor en un colegio de Suyo, salió de su vivienda, ubicada en el caserío El Progreso, en su motocicleta  color negra con dirección al centro distrito de Suyo, a 15 minutos de su pueblo.

Todo marchaba bien, hasta que el popular “Wilo”, quien era el presidente del Frente de Defensa de los Comuneros de Suyo (opositor de la minería), llegó al cementerio El Progreso, en el caserío Palo Blanco, donde fue interceptado por una banda de sicarios.

Los pistoleros, quienes al parecer también se movilizaban en una motocicleta, dispararon en plena marcha a Vega Torres, quien quedó sin vida en medio de la pista debajo de su motocicleta. Minutos después, unos pobladores encontraron el cadáver de la víctima y comunicaron a los agentes de la comisaría del distrito.

Sin embargo, recién al promediar las 2 p.m., se hicieron presentes el representante del Ministerio Público y los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para las diligencias del levantamiento del cadáver

El cuerpo fue llevado a la morgue de Sullana para que se le practique la autopsia de ley. Trascendió que al menos 10 tiros habría recibido el dirigente comunal de parte de los hampones. Asimismo, mediante la inspección en un camino montañoso, a unos 100 metros del escenario del crimen, los agentes de la Policía encontraron una motocicleta de color rojo sin placa de rodaje.

Las autoridades no descartan que los hampones hayan utilizado este vehículo para interceptar al dirigente y asesinarlo. De otro lado, el fiscal y la Policía se dirigieron a la casa del occiso donde incautaron una laptop y unos papeles que les ayudará a esclarecer el crimen.

Amenazas

Wilverde Ángel Vega Torres, quien entre el 2015-2016 había sido vicepresidente de la comunidad campesina San Sebastián, habría estado recibiendo amenazas de personas dedicadas a la minería. Él había pedido garantías para su vida, pero no se las otorgaron.

Cinco crímenes en el año 2018

El distrito fronterizo de Suyo nuevamente fue escenario de un asesinato relacionado con la minería. En el 2018, al menos cinco crímenes sucedieron en este distrito de la provincia de Ayabaca. El 9 de febrero, Juan Santos Ordoñez Gonzáles (38) piloteaba su motocicleta por una trocha carrozable de acceso al Caserío Pueblo Nuevo, cuando fue interceptado por unos pistoleros y acabaron con su vida.

El 1 de abril, Juan Francisco Suquilanda Criollo (72) y su hijo Ricardo Suquilanda Girón (33), fueron asesinados en el sector en la vía al Puente Internacional por parte de tres sujetos.

En este caso, la Policía arrestó a los supuestos asesinos, Jersson Edú Navarro Medina (28), Junior Martín Maza Gonzáles (25) y Franklin Jonatán García García (23). Estos dos casos tienen relación a la minería. Mientras, que el 2 de mayo, Santos Llacsahuanga Calle y su hijo Noel Llacsahuanga Cunya, fueron asesinados en el caserío Cucuyas, luego de tener un problema con un vecino.

 

Fuente:http://lahora.pe/piura-sicarios-asesinan-de-10-tiros-a-dirigente-opositor-a-la-mineria-jo/

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/834-alto-a-la-criminalizacion-de-la-protesta-social-no-mas-represion-a-los-agricultores-y-pueblo-del-valle-de-tambo

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/833-fusion-de-minas-chinalco-se-hace-cargo-de-centenario

En su reporte correspondiente al mes de diciembre de 2018, la Defensoría del Pueblo reportó 181 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos y 51 se encuentran en estado latente.

En comparación con el mes anterior se incorporaron dos casos nuevos, se resolvieron ocho, se reactivó uno, dos pasaron de estado activo a latente y siete fueron trasladados al registro de casos en observación por inactividad prolongada.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos, Áncash aún concentra la mayor cantidad de casos (25 casos), seguida de Puno (18) y Cusco (18). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales se mantienen como los más numerosos (62.4%).

Entre las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería es la que se relaciona con más casos socioambientales (64.6% de los casos socioambientales).

Del total de casos activos, el 56.2% (73 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 65 de ellos.

Casos resueltos

Según informa la Defensoría, en diciembre se resolvieron ocho conflictos en Áncash, Apurímac, Huánuco, Junín y La Libertad. Tres casos se resolvieron mediante mesas de diálogo, otros tres a través de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones y los dos restantes mediante resoluciones judiciales y administrativas. Es el segundo mes consecutivo que se registra un número significativo de casos resueltos. En noviembre fueron seis.

Con relación a la violencia en los conflictos, en diciembre se reportaron 14 heridos (11 policías y 3 civiles) en el caso Yavi Yavi entre la C.C. Fuerabamba, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y MMG Las Bambas (Cusco).

Por otro lado, se registró 146 acciones colectivas de protesta durante el mes. Siete menos que el mes pasado y 56 menos que en mayo de 2018, mes que presentó el mayor número del año.

Fuente:http://www.actualidadambiental.pe/?p=54060&fbclid=IwAR0i-FujOkENL0lTXzNnrWjQ5HBGniGd2QSuNz52kK5mo0Amhdo5i4s_2vc

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Cultura respondió a la petición realizada en el marco de la campaña #ConsúltameDeVerdad, la misma que contó con más de 4000 firmas digitales de distintos ciudadanos y ciudadanas peruanos y del extranjero que exigieron reformas en la aplicación de la Consulta Previa.

Recordemos que en la petición, enviada tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Energía y Minas, se exigieron tres demandas muy importantes para garantizar que la consulta previa a los pueblos indígenas de nuestro país les permita realmente defender sus derechos. Este pedido de la ciudadanía tenía las siguientes propuestas:

• Que la Comisión Multisectorial Permanente recupere las funciones necesarias para proponer mejoras a la Consulta Previa y que además incluya la participación de representantes indígenas.

• Que los pueblos indígenas participen en la determinación de las medidas que se les consultarán.

• Que se incorporen los supuestos de consentimiento en las normas y reglamentos que regulan la consulta. Es decir, que cuando se vaya a trasladar a poblaciones o se vaya a almacenar desechos tóxicos en los territorios de los pueblos indígenas, se pida su consentimiento y no únicamente se les consulte, según lo establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

• Que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado, a fin de que se consulte lo que de verdad puede afectar a las poblaciones indígenas.

Ante esto, el Ministerio de Cultura respondió a cada punto de la carta, con los siguientes argumentos:

• Sobre la Comisión Multisectorial Permanente:

  • “El Ministerio de Cultura se encuentra en revisión de una propuesta de Decreto Supremo para la modificación de la conformación de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para la aplicación del Derecho a la Consulta”.

    Como se aprecia, el Mincul responde al primer punto con una propuesta de cambio, lo que es positivo; sin embargo no queda del todo claro, porque no se precisa si la Comisión Permanente ahora será conformada por representantes de Pueblos Indígenas o si este cambio se refiere a las funciones que se deberían recuperar a fin de que la comisión pueda proponer mejoras a los procesos de consulta.

• Sobre la participación de los pueblos indígenas en la determinación de las medidas que se les consultarán:

  • “Es importante señalar que conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley N 289875, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son las entidades estatales quienes deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

    Al respecto, el Mincul se limita a citar la norma que señala la responsabilidad del Estado. Pero esto no impide que ello se haga en diálogo con los pueblos indígenas para garantizar la pertinencia de la consulta.

• Sobre el pedido de que se incorporen los supuestos de consentimiento:

  • “Es necesario señalar que la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, dispone que para ambos casos se requiere el consentimiento. No obstante, resulta fundamental recordar que el Convenio 169 de la OIT se encuentra vigente, tiene rango constitucional y forma parte del ordenamiento jurídico peruano”.

Sin duda el Convenio 169 está vigente, y por lo tanto el consentimiento en los casos en se requiera puede ser exigido por vía judicial. Sin embargo, la propuesta presentada busca que estos supuestos se incorporen en las normas reglamentarias sobre consulta, en especial aquellas vinculadas a los proyectos extractivos mineros y petroleros, que en muchas oportunidades implican reubicación de poblaciones o depósito de sustancias tóxicas. Si los reglamentos no precisan de qué manera se hace operativo el consentimiento, simplemente el Estado no lo aplica.

• Sobre el pedido de que se garantice que las medidas a consultar sean relevantes, que el momento en que se consulta sea oportuno, y que en esta decisión participen de manera conjunta los pueblos indígenas y el Estado a fin de que se consulte lo que de verdad pueda afectar a las poblaciones:

  • “El Ministerio de Cultura considera los siguientes criterios para determinar el momento para realizar la consulta previa: i) que sea previa, es decir que se realice antes de la aprobación de la medida que podría afectar derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; ii) que la medida esté suficientemente desarrollada por la entidad promotora de modo tal que pueda proporcionar información acerca de la posible afectación específica a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de aprobarse la medida; iii) que sea posible incorporar acuerdos que se logren durante la etapa de diálogo en los documentos que conforman y sustentan la medida”.

Consideramos que se debe adoptar medidas que garanticen que la consulta sea realmente previa y oportuna. En el caso de proyectos mineros y petroleros, se están consultando medidas que tienen poco que ver con los impactos reales de estas actividades en los derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, que identifican y califican los impactos de estas actividades, no son sometidos a consulta.

Al cierre de esta nota, estamos en la espera de la respuesta del Ministerio de Energía y Minas a la misma carta, que se dejó en la mesa de partes de dicha entidad el pasado mes de octubre.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/ministerio-de-cultura-responde-a-peticion-ciudadana-sobre-consulta-previa/?fbclid=IwAR2RV10JmZnNnw3gSO2oMsBJlQxHYIX8PmtBsIpp1TQuqTq6nY-na8_aNC8

La noche del lunes 14 decenas de pobladores del centro poblado Combayo se congregaron en la plaza de Armas de Cajamarca para realizar una vigilia en rechazo a las operaciones mineras de la empresa Yanacocha.

De acuerdo a la población, las actividades de Yanacocha habrían ocasionado la desaparición de varios de sus manantiales y la disminución del caudal del río Azufre, lo que estaría perjudicando la realización de sus labores diarias. El daño sería importante, pues de los 600 litros de agua por segundo indicado en sus resoluciones de uso de agua, a la actualidad solamente estarían beneficiándose de aproximadamente 180 litros de agua por segundo: “Están desapareciendo a nuestros manantiales. Hoy en día prácticamente es un desierto donde está operando Yanacocha y de los cientos de manantiales que existían solo nos quedan unos cuantos”, indicó Ismael Linares, vocero del canal Azufre Ventanillas de Combayo.

Según el dirigente, en reiteradas oportunidades se ha pedido a la empresa que explique la situación sin lograr respuesta, por lo que han decidido emprender acciones de protesta. Durante la vigilia también solicitaron que el gobierno nacional se haga presente en la zona y reiteraron su oposición a minería en su zona: “No reclamamos con otros intereses. Nuestro único interés es que no haya más expansión minera porque si se lo permite, prácticamente Combayo se quedaría sin una gota de agua. Queremos que el agua se conserve. Que no hagan mayores daños a nuestros recursos”, señaló Linares.

Cabe indicar que el último jueves un grupo de pobladores se trasladó hasta la zona de operaciones de Minera Yanacocha como parte de sus protestas, sin embargo, la empresa emitió un comunicado informando que incursionaron ilegalmente en su propiedad y que “los reclamos de supuesta afectación a fuentes de agua del canal carecen de sustento técnico”, señalando que la Autoridad Local del Agua “al tomar conocimiento de esta problemática, ha convocado a los usuarios e instituciones para iniciar en los próximos días un diálogo técnico”. La empresa igualmente señaló que no cederá frente a medidas de presión ya que la protesta pretendería “alguna compensación económica e incluso contratos para algunas empresas del canal”. No obstante, en el comunicado ratificaron que cumplen con sus compromisos de descarga y exhortaron al diálogo.

En tanto, la población ha acordado otorgarle un plazo a Yanacocha para que convoque a una reunión y explique la situación de los recursos hídricos. Este plazo culmina el día martes (15 de enero) a medianoche y de no generarse alguna respuesta ya han anunciado que realizarán una nueva vigilia cerca de las operaciones mineras.

Más oposición

Hace unos días, varios medios difundieron que la empresa Yanacocha informó que su proyecto de exploración “Lorena”, ubicado en la provincia de San Pablo, había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Esto inmediatamente ocasionó la respuesta inmediata de organizaciones sociales de esa provincia y el próximo 23 de enero estarán realizando una movilización hacia la zona en la que se realizarán las exploraciones, con lo que esperan dejar en claro su rechazo a la ejecución de un nuevo proyecto.

Ver vídeo aquí  ☛ https://bit.ly/2APhmZL

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/realizan-vigilia-contra-minera-yanacocha-en-plaza-de-armas-de-cajamarca?fbclid=IwAR0AivvW7u8Vweop9kRxHCroqMAPMbu7Rl1WFrvw7XVmu85LcVdywRN7gBY

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/831-vizcarra-tambien-busca-afianzar-modelo-economico-extractivista-minero-mediante-la-politica-nacional-de-competitividad-y-productividad