“Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aún hasta matándome”, afirma la campesina y defensora ambientalista en el departamento peruano de Cajamarca, Máxima Acuña Atalaya. La ONG EarthRights International, que representa a la familia Acuña-Chaupe, informo el 21 de marzo que continuará en Estados Unidos con la demanda interpuesta contra la compañía minera Newmont, tras el fallo favorable obtenido -en fase de apelaciones- en los tribunales de este país. “Los Acuña-Chaupe no conseguirán un juicio justo en Perú, las cortes (de justicia) locales no han garantizado los derechos de la familia”, explicó la abogada de la ONG Marissa Vahlsing.

EarthRigts denuncia que, desde 2011, la empresa estadounidense -uno de los gigantes globales en la producción de oro- ha desplegado una campaña de “abuso y acoso” para expulsar a la familia de sus tierras y construir una mina para la extracción de oro y cobre. Se trata del megaproyecto Conga que promueve la empresa Yanacocha, controlada por Newmont Mining Corporation con sede en Denver (51,3% de las participaciones); la peruana Minas Buenaventura (43,6%) y la japonesa Sumitomo Corporation (5%). El proyecto está teóricamente suspendido desde finales de 2011, debido a las protestas populares por el impacto ambiental (por ejemplo, por la pérdida de lagunas y humedales).

Tras cinco años de proceso penal, en mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó la sentencia que absolvía a Máxima Acuña Atalaya y su familia de un supuesto delito de usurpación agravada, del que les acusaba la minera Yanacocha. “Decisión histórica en Perú. No más criminalización contra Máxima Acuña”, celebró Amnistía Internacional (AI), que tres meses antes informó de “una nueva incursión –de madrugada- del personal de seguridad de la empresa para destruir cultivos que la familia mantenía para su subsistencia”. Máxima Acuña recibió en 2016 el Premio ambiental Goldman. Entre 2011 y 2014 la activista denunció intentos de desalojo y agresiones por parte de la policía peruana, recuerda AI (estas denuncias contra la policía y la minera continuaron años después). En mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Perú que adoptara medidas para garantizar la vida e integridad personal de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, entre ellas la familia Acuña-Chaupe (La organización feminista DEMUS y la ambientalista GRUFIDES demandaron de nuevo al Estado peruano ante el CIDH, en 2017, por el incumplimiento de las medidas).

Rocío Silva Santisteban es activista, feminista, consultora en derechos humanos y, entre 2011 y 2015, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH). Ha acompañado a víctimas de violaciones de los derechos humanos, como Máxima Acuña, a quien entrevistó para el libro “Mujeres y conflictos territoriales” (2017), presentado en un acto organizado por la ONG Entrepobles en el centro cultural Ca Revolta de Valencia. En un artículo publicado en 2015 en el periódico digital La Mula (“Mujer en política, muestrario de ataques”), la investigadora recordaba, además de los insultos en las redes sociales (“perra”, “terrorista antiminera”, “roja radical”) cómo –dirigiendo la Coordinadora- fue golpeada en las piernas durante una marcha; o cómo periodistas justificaron que se le escupiera en la cara durante un plantón de protesta en 2014.

“El líder no es quien maneja los libros, se pelea con el presidente o está en la cabeza; el líder es quien ha iniciado desde abajo, el que aprende junto con los demás y tiene que dar ejemplo; si el líder no sabe pelar una papa, ordeñar una vaca o trabajar una chacra, para mí no es un líder”, afirma la activista Yeni Cojal Rojas en otra de las entrevistas del libro. Dirigente de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pacha Mama Plataforma Celendín (OMUDEFPC) y rondera del caserío de Molinopampa (provincia de Celendín), Yeni Cojal ha afrontado procesos penales por participar, junto a otros 15 líderes comunitarios, en una protesta contra el proyecto Conga en 2012; una decena de organizaciones de derechos humanos rechazaron en un comunicado, cuando se celebró el juicio en 2017, la petición de condena -por parte de la Fiscalía- de hasta 16 años de prisión contra los activistas; en el caso de la lideresa indígena, “fue informada de las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse”. Las organizaciones recordaron que cinco personas murieron como consecuencia de la represión -por la policía y el ejército- de las movilizaciones contra la minera en julio de 2012.

El informe presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú a la CIDH (2016) señala que Yenii Cojal Rojas ha hecho frente a otro proceso penal, junto a 11 personas (cinco de ellas mujeres), que rechazaban la iniciativa hidroeléctrica Chadín II promovida por la multinacional brasileña Odebrecht en la cuenca del río Marañón; el Ministerio de Energía y Minas aprobó en 2014 el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de la represa, cuyo objetivo es la generación de 600 megavatios de electricidad en este afluente del río Amazonas. Las comunidades afectadas presentaron en mayo de 2018, con el apoyo de EarthRights y el Instituto de Defensa Legal, una demanda judicial de amparo al considerar que el proyecto de central hidroeléctrica Chadín II –uno de los 20 planeados en la cuenca del río Marañón- “inundaría las tierras aledañas y generaría el desplazamiento de al menos un millar de personas que viven en los departamentos de Cajamarca y Amazonas”, además de daños a los ecosistemas.

Rocío Silva Santisteban subraya en el libro “Mujeres y conflictos ecoterritoriales” la lucha de Teresita Antazú, procesada como dirigente de la Asociación Internacional de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto a 53 personas –la mayoría indígenas- por el “baguazo” (enfrentamiento entre policías y comunidades indígenas en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, en junio de 2009, que se saldó con 33 muertos entre policías y civiles; el “baguazo” se produjo en el contexto de un conjunto de decretos legislativos que afectaban a las comunidades indígenas, y la respuesta de éstas en forma de paros y bloqueo de carreteras); ante la orden de captura, Teresita Antazú, líder del pueblo Yanesha, se negó a huir a Nicaragua pese a lo que le aconsejaban: “Me quedo acá porque tengo mi familia, mis hijos, tengo mi organización, soy la presidenta y me han nombrado no para irme a otro país sino para servirlos acá”.

La Campaña “Defensoras no están solas” destaca en su página Web que 10 mujeres murieron asesinadas en Perú en el contexto de conflictos sociales entre 2003 y noviembre de 2017. Incluye un listado de casos –“Huellas imborrables”-, entre los que está Lizeth Emperatriz Vásquez, quien en 2012 –con 17 años- se manifestaba contra la minera Yanacocha en Cajamarca; pese a que los policías la arrastraron y golpearon en el suelo, fue procesada por “resistencia a la autoridad”, con una petición por parte de la fiscalía de nueve años de cárcel; el caso fue archivado a los dos años. Otra “huella imborrable” es la de la agricultora Cleofé Neyra Neyra, secuestrada y torturada en 2005 durante la lucha contra la minera británica Monterrico Metals, que impulsaba el proyecto cuprífero Río Blanco en la región de Piura (actualmente las propietarias de las concesiones de Río Blanco son tres firmas chinas: Zijin Mining Group, Tongling Nonferrous Metals y Xiamen C&D Real Estate). Flor de María Parana. Sus cuatro hijos padecieron “graves problemas en su salud” tras los derrames de crudo en 2014 que afectaron, entre otros, a los pobladores de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y cuya responsabilidad atribuyeron a la empresa estatal Petróleos del Perú.

En junio de 2018, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 184 organizaciones de 112 países, se hizo eco de la “estigmatización”, la “criminalización” y el “marco represivo” en el que actúan las personas defensoras de los derechos humanos en Perú. La federación señaló que entre 2011 y mediados de 2018 fueron asesinadas 119 personas defensoras y en 2017 más de 800 estaban siendo objeto de criminalización. El libro de José de Echave C. “Diez años de minería en el Perú (2008-2017)” (CooperAcción, 2018) se hace eco del balance de los conflictos sociales que realiza la Defensoría del Pueblo para el periodo 2006-octubre de 2016: un total de 270 personas muertas y 4.614 heridas.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=254096

COMUNICADO

El manejo del caso Las Bambas requiere corregir errores para evitar que el conflicto se siga activando indefinidamente.

Ante una nueva crisis del conflicto en Las Bambas, varios líderes empresariales, economistas y políticos hablan de restablecer el principio de autoridad mediante el uso de la fuerza. Para CooperAcción el que rija el principio de autoridad no pasa por la presencia de cientos de militares y policías en un lugar para garantizar las actividades de una empresa, pasa más bien por establecer relaciones justas y de mutuo respeto entre los actores existentes en un territorio.

¿Qué hacer? Una primera cosa necesaria, es reconocer errores y tener la voluntad de corregirlos. Para ello, debemos recordar que inicialmente la Unidad minera Las Bambas tenía previsto sacar el mineral en Apurímac y procesarlo en Cusco donde estarían las plantas de molibdeno y Filtros que tendrían como producto, los concentrados. El proyecto suponía la construcción de un mineroducto para el traslado del mineral hasta Cusco y de una carretera para el traslado de insumos y personal, ambos a cargo de la empresa.

El 2013, mediante un estudio breve y de rápido trámite, el gobierno del presidente Ollanta Humala autorizó el traslado de las plantas de molibdeno y filtros a Apurímac, lo que suponía que ya no se iba a procesar el mineral en Cusco. ¿Qué pasaría con el mineroducto y con la carretera para suministros? El primero ya no era necesario porque el producto final saldría directamente de la unidad minera de Las Bambas. Este cambio, a pesar de que estaba relacionado con el movimiento de las plantas de procesamiento, no se realizó de inmediato.

El 2014, la empresa solicitó modificaciones al EIA pero no incluyó la carretera. En consecuencia, en el proceso de participación ciudadana no se dio información sobre este tema. Sin embargo, avanzado el procedimiento el tema del transporte se incorporó a través de una pregunta del MINEM. Esta forma de incluirlo, hizo que su tratamiento fuera completamente insuficiente. No se abordaron seriamente los impactos, ni se establecieron las medidas de mitigación correspondientes. El compromiso de la empresa de construir la carretera de suministros quedó en el aire.

Se planteó entonces la idea de una carretera que tenía tramos locales, regionales, nacionales y otros que eran trochas que debían ser incluidos como partes de la carretera.  Como el ancho de la vía no era apto para el transporte de carga pesada, había que ensancharlo. Según el procedimiento legal establecido, esto suponía tratar con las comunidades la venta de sus tierras y en caso de no haber acuerdo, expropiar. Nada de ello se hizo y se avanzó con las obras correspondientes.

Cabe señalar también que, al convertirse todo el trayecto en vía pública, los impactos del transporte pesado de minerales pasaron a ser responsabilidad del Estado. La empresa se desentendió por completo de ello. Luego del estallido del conflicto en octubre del 2016, se firmó un convenio interinstitucional, por el cual el Estado pagaba el derecho de vía y el asfaltado de la carretera, y la empresa minera los estudios técnicos.  Muy poco se ha avanzado con ello. Para el pago por derecho de vía, hubo tratativas bilaterales con algunas comunidades, que aún no están concluidas del todo, mientras existen otras comunidades donde este tema está pendiente de abordar. El asfaltado de la carretera es muy costoso (casi mil millones de soles) por lo que no tiene fecha cierta, lo que se está avanzando son los estudios técnicos a cargo de la empresa cuyo costo asciende a 15 millones de soles.  Mientras no haya carretera asfaltada, las comunidades del entorno, no solo Fuerabamba, seguirán sufriendo los impactos ambientales que produce el transporte pesado de mineral. ¿Qué pasó con la obligación que tenía la empresa de construir una carretera para suministros que pudo permitir establecer un aporte para el asfaltado necesario? Nadie sabe. Además ¿querrán los gobiernos regionales y locales utilizar sus recursos de canon y regalía para asfaltar una carretera que beneficia principalmente a las empresas mineras del corredor minero?

En este contexto ¿Cómo proceder? ¿Cómo arreglar los problemas que el propio Estado y la empresa iniciaron desde el 2013? El Estado tiene que demostrar que defiende y concilia los intereses de todos los peruanos, sobre todo de los que tienen menos poder e información. Cuando desde la otra orilla se sienta que hay un esfuerzo real por hacerlo, estaremos avanzado en la construcción de un país donde sus ciudadanos se respetan y viven en paz. Detener y enjuiciar a los líderes sociales no contribuye a la solución de estos problemas, solo los prolonga en el tiempo.

Lima, 25 de marzo de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-lo-que-empieza-mal-termina-mal/

¿A dónde van las inversiones chinas en América Latina?  Diálogos sobre los impactos en los derechos humanos.

Un espacio para debatir y dialogar entre distintas perspectivas, y para evaluar los impactos que vienen generando  las inversiones chinas en América Latina. La mayoría de los préstamos, inversión directa y comercio que fluye de China a América Latina se han canalizado hacia la extracción de recursos naturales, la infraestructura y la exportación de materias primas. Todo esto ha dado lugar a agudos conflictos socio ambientales, tomando por sorpresa a agricultores, indígenas y organizaciones locales.

Programa:

6.40pm –  ¿A dónde van las inversiones chinas en América Latina? Diálogos sobre los impactos en los derechos humanos.

 Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles Chinas en América Latina, IISCAL

7.10pm – Obligaciones Extraterritoriales de China
 Javier Mujica Petit, director de Perú Equidad

7.20pm – Diálogos desde los países de la región latinoamericana:
 María Marta Di Paola, FARN
 Marco Antonio Gandarillas, CEDIB
 Sofía Jarrín,  CDES
 Julia Cuadros, CooperAcción.

Ante los intentos de la minera Glencore por ampliar sus operaciones en los proyectos Tintaya y Antapaccay, dos comunidades originarias de Espinar han presentado una demanda de amparo, exigiendo al Estado que se inicie un proceso de consulta previa.

Por más de 30 años han habido operaciones mineras en Espinar, pero no se realizó nunca un proceso de consulta. Las comunidades originarias Huini Coroccohuaycco y Pacopata buscan cambiar eso.

Este lunes, ambas comunidades presentaron una demanda constitucional de amparo en referencia a la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) denominado Glencore Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, de la minera Glencore Antapaccay, que las afecta directamente.

Ellos solicitan que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) dé inicio a un proceso de consulta previa antes de la aprobación de la MEIA.

Además, se busca que sean consultadas “las comunidades que también podrán ser afectadas por los impactos acumulativos de las operaciones mineras en las fuentes de agua”, se lee en un comunicado publicado por las organizaciones IDL, Derechos humanos sin fronteras y CooperAcción, quienes están asesorando el caso.

El proyecto de Glencore

El objetivo de la MEIA, de acuerdo a las comunidades, sería ampliar las operaciones de Glencore tanto en Tintaya como en Antapaccay, y construir un nuevo tajo además de realizar operaciones en la zona Coroccohuayco.

Según el comunicado difundido por las tres organizaciones, la empresa Glencore habría tramitado ante SENACE la evaluación y aprobación de la MEIA desde 2018.

Fuente:https://wayka.pe/comunidades-de-espinar-demandan-consulta-previa-por-proyecto-de-minera-glencore/

Fuente:https://ojo-publico.com/1112/censo-inei-el-33-de-comunidades-nativas-y-campesinas-senala-tener-conflictos-por-la-tierra?fbclid=IwAR3W3wpTTeTc9Wbi6BwtMxX_VXjIOlIVICd9s3BeGd4Efm3osafOPLKl8yM

Los conflictos por la presencia de la actividad minera, así como proyectos mineros paralizados vuelven a ocupar las primeras planas. Uno de los que viene agravándose gira entorno al proyecto Las Bambas (Apurímac), donde una comunidad impide el paso de los vehículos de carga reclamando una compensación por el uso de la vía, y el diálogo se ha interrumpido. De otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) viene criticando al gobierno, la forma como gestiona los conflictos, situación que deberá ser abordada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Para analizar este contexto y otras situaciones de conflictos vigentes, Noticias SER conversó con Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion.

¿Qué opina de las expresiones de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, quien ha exigido más fuerza del gobierno para resolver los conflictos?

Yo creo que no se trata de fuerza, no más fuerza, es institucionalidad lo que se necesita para resolver los conflictos. Los conflictos que existen son por problemas de institucionalidad y falta de diálogo. El problema de las Bambas viene desde hace mucho tiempo, cuando se amplía la carretera y toman parte de las tierras de las comunidades a lo largo de la carretera. El tema de sus tierras no se ha resuelto porque el Estado las ha tomado para ampliar la carretera que hace viable el transporte del mineral y no resuelve ese problema. Por ello es que la gente tiene ese malestar.

¿Considera que el conflicto en las Bambas se agravará más, porque el diálogo entre la comunidad de Fuerabamba y MMG no está avanzando? 

No es la primera vez que se construye una vía o carretera, el asunto es que hay un procedimiento que se tiene que cumplir, se tiene que respetar y debe ser válido para todos. Se trata de prevenir haciendo las cosas bien, aquí la propia legalidad no ha sido respetada. En el conflicto de las Bambas hay una responsabilidad compartida entre el estado y la empresa minera.

Pasando a un conflicto que nunca se resolvió ¿Qué opina de la presión de la minera Southern para sacar adelante el proyecto minero Tía María?

Lo que se sabe es que el proyecto tenía aprobado el estudio de impacto ambiental (EIA), pero que vence en el mes de agosto de este año. Ello explica la presión, porque si Southern no obtiene la licencia de construcción antes de ese plazo tendrá que elaborar un nuevo EIA. Ahora bien, el proyecto minero Tía María es socialmente inviable, porque la gente no quiere, entonces ahí hay un problema de tensión fuerte.

¿Cómo evalúa el accionar del gobierno en La Pampa? ¿Cree que finalmente el Estado se ha tomado en serio el problema de Madre de Dios?

Creo que el problema tiene varias aristas y lo que se debería hacer es abordar la integralidad del problema, porque hay que considerar que miles de personas viven de dicha actividad, pero también hay una fuerte destrucción de la amazonia, lo que hace que la actividad minera en esa zona sea insostenible. Por ello, no solo se trata del uso de la fuerza policial, porque ese tipo de intervención es temporal, no se puede mantener por siempre. Si no se trabaja la otra dimensión del problema, buscando actividades de reemplazo, cuando la policía se retire de La Pampa seguramente volverá la minería informal e ilegal.

Cuando Salvador del Solar fue Ministro de Cultura afirmó que la consulta previa creaba falsas expectativas ¿Su nombramiento en la Presidencia de Consejo de Ministros es una señal que la Consulta Previa seguirá neutralizada?

Lo cierto es que la consulta previa no está sirviendo para defender derechos, lo haría si este proceso ayudara a poner condiciones para la inversión y realmente no está permitiendo hacerlo para inversiones extractivas. El momento y la forma en que se realiza no permite eso y se requiere un cambio para que garantice derechos. La consulta previa es un derecho que debe facilitar o permitir ejercer otros derechos, es un medio para y, en eso no está resultando la consulta. No sé si realmente haya la voluntad política para estos cambios que se requieren, para poner condiciones a las inversiones, porque en el Perú se considera que toda inversión es buena y no necesariamente es así. Todo lo ambiental implica costos, poner condiciones ambientales implica costos, pero tienen que ser asumidos, porque a la larga resulta ser beneficioso, porque ya no tendrías conflictos y los conflictos también le cuestan a la empresa, hay que tener una mirada de largo plazo y a veces nos quedamos solo en el corto plazo.

¿Qué opina sobre las acusaciones al premier Del Solar de hacer presuntamente lobbies ante el Tribunal Constitucional cuando era Ministro de Cultura para abogar por una empresa minera en desmedro de los derechos de una comunidad de Tiquilla de Puno?

Si lo hizo está mal, porque el Poder Judicial así como el Tribunal Constitucional deben ser independientes, en especial este último que es el último nivel del Estado al que podemos recurrir ante la vulneración de derechos y de la última palabra. Cuando alguien tiene poder de influencia no debería intervenir de esa manera.

¿Cuál es su parecer sobre la situación de los pasivos ambientales en Hualgayoc?

Creo que el Estado debe garantizar la inversión, pero también la recuperación de los pasivos para que no contaminen.  Tenemos que tomar conciencia de los costos de ciertas actividades y asumirlos. Para ello se debe garantizar los montos de inversión necesaria, ya que los pasivos son enormes, y están repartidos por todo el país y es costosísimo asumir, pero hay que hacerlo, porque finalmente la población local es la que asume los costos y sufre las consecuencias.

Fuente:http://www.noticiasser.pe/entrevista/ana-leyva-no-mas-fuerza-es-institucionalidad-lo-que-se-necesita-para-resolver-los?fbclid=IwAR2wnSLhn9tRfRye0kDrYIgQMTreBK21yssifTdLd9QkjTxqtlfOIa9zQ18

El presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba de Apurímac , Gregorio Rojas, afirmó que los comuneros están a favor de una minería responsable y rechazó que sean “antimineros”, en referencia al conflicto con la empresa MMG Las Bambas.

No obstante, Rojas anunció que recurrirán ante una instancia internacional para solicitar una auditoria para que investigue el conflicto social.

En entrevista a RPP Noticias, el representante de la comunidad de Fuerabamba sostuvo que están de acuerdo con que se construya otra vía a fin de que cese el paso de vehículos de la minera en el tramo de 12 kilómetros de la vía nacional CU—135, que cruza el fundo Yavi Yavi en Chumbivilcas, Cusco.

“Nosotros, la comunidad, apostamos por la minería. Queremos una minería responsable. No somos antimineros. Una minería que cumpla con los compromisos. Vamos a llegar a otras instancias para pedir una auditoría internacional para que se investigue Las Bambas”, acotó.

“El gobernador regional de Cusco llegó hasta la ciudad de Lima y propuso sacar una vía alterna y nosotros [con eso] estaríamos solucionando y es viable […] Nosotros queremos respeto a la propiedad [vía]. No estamos pidiendo ni diez céntimos ni un sol acá. Queremos que el camino se construya en otro lugar y se respete la propiedad privada”, remarcó Gregorio Rojas.

El líder de la comunidad campesina de Fuerabamba detalló que desde este año, luego de una asamblea, contrataron los servicios de asesores legales.

Señaló que la vía es de la comunidad y el Estado peruano no debe intervenir. “Es una propiedad privada. Nosotros somos propietarios. Esto para mí, para la comunidad no es una vía nacional. No tienen un expediente técnico de la carretera”, indicó.