Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.

Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización, exigiendo que el gobierno respete sus derechos.

El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica.

El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.

En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.

Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno, diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.

El escenario se complejizó con la autorización -por Resolución Suprema- de la intervención de las Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas que la consideraron abiertamente inconstitucional.

Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.

El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.

En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política, sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos hechos.

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo, de las propias empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/un-breve-recuento-del-ultimo-paro-en-contra-del-proyecto-tia-maria/

El Presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y no solo del gremio minero. Ante la escalada y la crisis a la que se llegó en el conflicto de Tía María, el Presidente tenía solo dos caminos: emplear la fuerza, con una posible pérdida de vidas humanas o encontrar la forma de encausar pacíficamente el conflicto. Siendo el Perú un país democrático, y el Presidente Vizcarra una autoridad que intenta conciliar intereses, siguió la única opción posible, encaminar a los manifestantes hacia un procedimiento administrativo que permitiera bajar la tensión y que le diera tiempo para encontrar una salida razonable.

Los dos extremos del conflicto afirman que la escalada de la protesta fue responsabilidad del gobierno. Si bien hubo algunos errores, como una cierta demora para establecer canales de diálogo con los actores sociales, la situación del conflicto se origina en los dos gobiernos precedentes.

Es necesario reconocer que en el caso Tía María el gobierno del Presidente Vizcarra ha tenido y tiene poco margen de acción.  Los manifestantes cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, y es verdad, el proyecto presenta serios problemas, pero lamentablemente la certificación ambiental se dio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el año 2014, durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Han pasado cinco años y revertir esa decisión es muy difícil, porque la vía administrativa se encuentra agotada, quedando aparentemente abierta sola la posibilidad de un proceso constitucional.

Con el EIA aprobado, la empresa minera Southern ha seguido tramitando los permisos que necesita para operar. Uno de ellos, es la licencia de construcción de la planta de beneficio (que constituye solo un componente de la mina).  El trámite se inició en octubre de 2014. Una pregunta que nos hemos hecho es si el gobierno podía desaprobar la licencia de construcción de la planta de beneficio por temas ambientales. Tenemos entendido que en el trámite de aprobación de la licencia de construcción no se debaten temas ambientales sino ingenieriles, y se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un EIA aprobado, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la declaración jurada de no afectación de vías. No siendo una autorización ambiental, su aprobación depende de la Dirección General de Minería (DGM) y no del SENACE.

Consideramos que con la aprobación del EIA, el Estado Peruano entró en un camino difícil de afrontar. El problema principal en este caso, no reside en la desinformación de la población de Islay como se suele afirmar, sino en la debilidad del EIA para garantizar los intereses de los pobladores de Islay.

La principal preocupación de los pobladores de Islay, que en su mayoría son agricultores y que viven en medio de un desierto, es el agua.  Se cree erróneamente que su protesta es por la demanda hídrica de la empresa para la realización de sus operaciones, la misma que estaría solucionada con la planta desalinizadora de agua de mar. Esto no es cierto. La principal objeción es la posible afectación de la relación de las aguas subterráneas con las aguas superficiales. Es decir, el cuestionamiento de los agricultores de Islay es si el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje se verá afectado por la alteración del flujo y la calidad de las aguas subterráneas que se podría producir con la explotación del mineral en el tajo La Tapada. Esa relación no ha sido debidamente estudiada, dejando altos niveles de incertidumbre, según lo afirmado por el experto portugués en hidrogeología Luis Tavares Ribeiro[1].

Cabe precisar que con la planta desalinizadora también existe un problema. Las normas ambientales exigen que para determinar impactos, el proyecto esté descrito por lo menos a nivel de ingeniería de factibilidad. Ese requerimiento no ha sido cumplido en el EIA.

En este escenario la gran pregunta es qué hacer. Lo lógico sería reevaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, eso es poco probable, pues la certificación ambiental ya ha sido dada y los plazos para impugnarla a nivel administrativo están vencidos. Como hemos señalado, la vía judicial es una opción que todavía podría ser posible.  Como un tema adicional a ello, se plantea la licencia social, que si bien no es un requisito formal para operar, debe darse para garantizar la viabilidad social del proyecto.

En medio de todo ello la conclusión es muy clara: urge fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. El caso de Tía María, pero también el de Ariana y Las Bambas, entre otros, ponen de manifiesto los problemas o fallas de este sistema. Desde el 2013, el sector empresarial ha venido presionando para que la gestión ambiental sea más flexible, argumentando la necesidad de eliminar un exceso de trámites. Lo cierto es que su debilitamiento a la larga va contra intereses del propio Estado, de otros sectores del país, pero también de las propias empresas mineras porque un EIA que evidencia problemas, genera un clima de desconfianza y de temor, que acompaña la vida el proyecto, y que tarde o temprano puede dar lugar a conflictos sociales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tia-maria-los-conflictos-no-se-resuelven-por-la-fuerza/

Doce comunidades campesinas se encuentran en alerta. Los terrenos se ubican en un punto de abastecimiento de agua, que es usado para el consumo y riego.

En alerta se encuentran los pobladores de 12 comunidades campesinas del distrito de Písac, en la provincia de Calca, ante la concesión minera otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a un particular. La entrega se hizo en el sector de Pampallacta, donde se encuentra una cabecera de cuenca, lo que podría afectar a cuatro lagunas que abastecen del líquido elemento a sus pobladores.

En diciembre de 2017, se dio luz verde a la concesión de una beta de plata a favor de Esteban Quispe Sikus, por una extensión de 100 hectáreas. Los terrenos se ubican en un punto de abastecimiento de agua, que es usado para el consumo y riego en las localidades de Calca, Urubamba y Machupicchu.

Autoridades ediles y comunales, ante la preocupación por el inicio de actividades de exploración y explotación de la denominada Huallata de Plata, emitieron una carta a la representante del Ingemmet en Cusco, María Milagros Corihuaman Gonzales, en la que solicitan la anulación de dicha concesión al considerarla inconstitucional, con base en la Ley de Tierras que dice: “Para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del acuerdo de la asamblea general con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad”. El hecho es que no se ha consultado a las comunidades que resultarían afectadas.

Otro punto, con el que argumentan su petición de anulación, es que se trataría de territorio de comunidades ancestrales, protegidas por el Estado. “Nuestras prácticas culturales están siendo perjudicadas, porque se ha habilitado que en nuestro territorio se realice actividad minera, sin nuestro consentimiento”, dicta parte de la misiva. Por su parte, el asesor legal de las comunidades de Písac, Jaime Borda, refirió que otorgar concesiones de pequeña minería está en manos de la Dirección Regional de Energía y Minas y del Ingemmet.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/08/15/concesion-minera-pone-en-riesgo-de-contaminacion-a-cuatro-lagunas-en-pisac/?fbclid=IwAR07_nZsSvP3-VOTxiVPm0aQtXSL-v3tiiSzc7afcrB6bfmBQQmDIE9r0AE

Sobre la incertidumbre del proyecto minero Tía María, mina de cobre, y los agricultores que luchan por sobrevivir, desde el año 2011 ya son 7 personas que mueren lamentablemente, por este asunto en Arequipa Perú.

 La Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la FARTAC y la FDDC anunciaron en una conferencia que desde mañana iniciaran un paro indefinido en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Cabe señalar que las medidas de protestas serán escalonadas según lo organice cada comunidad o provincia.

El presidente de la FIDTA – CCHEPG anunció que el pasado 07 de agosto, le hicieron llegar al Presidente de la República, Martín Vizcarra, un documento en el que cual dan por sentadas sus demandas, que no solo involucran a las empresas mineras, sino también al Estado. Dicho documento fue firmado por organizaciones sociales de base, Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Comunidades Campesinas, Organizaciones de mujeres y organizaciones juveniles de las provincias que pertenecen a la Federación.

Además, reafirmaron su plataforma de lucha, cuyas agendas han sido pactadas semanas atrás: Implementación de consulta previa y consentimiento, reconocimiento legal de monitoreos ambientales realizados por las propias comunidades, que se sancione a los jueves y fiscales que promueven la criminalización de dirigentes y eliminación de convenios entre la PNP y empresas mineras.

Otro punto importante en sus pedidos es el archivamiento de las denuncias en contra de lideresas y dirigentes procesados en conflictos sociales, la modificatoria del artículo 200 del Código Penal, el cual señala que se puede procesar a dirigentes por el delito de extorsión, además de la derogatoria de otras leyes que permiten la criminalización de la protesta social.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/anuncian-paro-indefinido-en-el-corredor-minero-del-sur/

Un nuevo conflicto socioambiental surge en el ciudad imperial, esta vez se trata del distrito cusqueño de Pisac, reconocido por sus atractivos turísticos y por formar parte del Valle Sagrado de los Incas.

El pasado 12 de agosto, la comunidad de Pampallacta (Pisac-Cusco) llegaron hasta las instalaciones del Gobierno Regional para protestar en contra de la autorización de concesión minera a la compañía Huallata, quien ya tendría autorización para extraer plata en cabecera de cuenca.

Son 12 las comunidades – de Pisac y Lamay- que se han articulado para denunciar que la concesión se ha autorizado sin consentimiento ni consulta previa con las zonas de influencia directa ni indirecta.

El presidente de la comisión de regantes de 12 comunidades campesinas, Pascual Chipa, alertó que la actividad minera perjudicará a más de 4 mil 500 agricultores y artesanos; ellos temen por la contaminación a su cabecera de cuenca y a las tres lagunas que se encuentran alrededor de la comunidad de Pampallacta, incluso estaría en riesgo el río Vilcanota.

Los dirigentes comunales dieron un plazo de 20 días para anular esta concesión, caso contrario estarían bloqueando el puente de Pisac y toda la actividad turística en el Valle Sagrado.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-concesion-minera-en-el-valle-sagrado-de-los-incas/?fbclid=IwAR3Rvpqq25dLz8ZkcWuSFiKnaywWMHWzkha16rx7F25zxuHju9AlS-kj0Q0

La Policía detuvo a siete varones que habrían bloqueado las carreteras del poblado de Tumilaca, en Moquegua. Dos fueron liberados. Familiares de los cinco arrestados, denuncian abuso de autoridad.

“¿Qué queremos? ¡Justicia!”, con estas arengas, un grupo de pobladores protestó frente a la sede de la Prefectura de Moquegua. Exigen la liberación de cinco varones que son sospechosos de haber bloqueado las vías del poblado de Tumilaca, como parte de la huelga indefinida contra el proyecto Quellaveco de la empresa minera Anglo American.

A las 20:00 horas del lunes, la Policía emprendió un operativo a 500 metros del sector El Toro en el distrito de Torata. En la operación, los agentes del orden intervinieron a siete varones que habrían usado piedras y árboles para restringir el tránsito en Tumilaca y la carretera Binacional. Incluso un puente fue soldado por los manifestantes.

Estos bloqueos provocaron que decenas de vehículos queden varados por varias horas en ambos extremos de las vías. Por ello, la Policía se dirigió a la zona y trató de intervenir a los manifestantes. Pobladores se resistieron a irse por lo que fueron replegados con gases lacrimógenos.

En la operación, siete varones fueron intervenidos, pero con el correr de las horas, dos fueron puestos en libertad. La mañana de este martes, pobladores con carteles en mano, pidieron la liberación de los cinco varones que permanecen bajo custodia policial. Aseguran que la Policía cometió abuso de autoridad y que los detenidos son inocentes de las acusaciones en su contra.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/13/moquegua-exigen-liberar-a-sospechosos-de-bloqueos-en-paro-contra-quellaveco/