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Que se vaya la minera Gan-Bo

Asesorados por la Red Jalisciense de Derechos Humanos, los habitantes del ejido Tequesquitlán, enclavado en el municipio de Cuautitlán, buscan expulsar a la minera china Gan-Bo de sus tierras. Los ejidatarios no sólo reclaman el cumplimiento de la sentencia ecológica emitida a su favor en abril pasado por Óscar Arturo Murguía Mesina, juez tercero de distrito en materia administrativa con sede en Zapopan; también interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario cuyo propósito es anular los contratos de arrendamiento de parcelas a la trasnacional china.

COLIMA, COL.– Hace casi ocho meses el ejido Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, ganó un juicio de amparo con el que logró la suspensión de actividades de la minera china Gan-Bo en su territorio, pero hasta ahora la batalla jurídica no ha terminado.

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Rechazan operación de minera en Colima; afectará manantial que surte a Zacualpan

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y la comunidad nahua de Zacualpan rechazaron la instalación de una empresa minera de oro, plata y cobre en el principal manantial que surte de agua a la zona conurbada, en el municipio de Comala.

Los ambientalistas, en voz de Esperanza Salazar, denunciaron que la minera contaminará el manantial y el empresario Rigoberto Rodríguez, bajo la concesión 201872, ha corrompido a la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz, al gobernador Mario Anguiano y al presidente municipal, Braulio Arreguín.

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Acción Urgente por el respeto a la decisión de la comunidad indígena nahua de Zacualpan en Colima, sobre su rechazo al proyecto minero

Al Gobernador de Colima, México, Mario Anguiano Moreno
Al Presidente Municipal de Comala, Braulio Arreguín Acevedo
Al Comisariado de Bienes Comunales de Zacuapan, Carlos Guzmán Teodoro
A la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz
Al Empresario Rigoberto Verduzco Rodríguez
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Colima (CEDH), Roberto Chapula de la Mora

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Por inconstitucional, impulsan reformas a ley minera vigente

La ley minera es inconstitucional cuando establece la extracción minera como actividad preferente o prioritaria, sobre cualquier otra, contradice la prioridad que la Constitución (artículo primero) estipula y mandata de respeto y protección de los derechos humanos y de la naturaleza sobre cualquier otro enfoque. Tal afirmación consta en la exposición de motivos de la iniciativa de nueva norma, en favor de la cual este domingo 24 se realizará una jornada nacional por una nueva ley minera desde los pueblos y movimientos.

La propuesta añade que la ley actual beneficia sólo a una minoría que acumula riqueza irresponsable, mientras la mayoría de las comunidades y el país cargan con la deuda de la destrucción socio-ambiental y del estado de derecho que produce la minería.

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Denuncian daños ambientales de empresas mineras extranjeras

Ciudad de México.- La Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos denunció la contaminación de territorios y ruptura del tejido social por parte de empresas trasnacionales, principalmente canadienses, además de las prácticas depredadoras que les han costado la vida a los defensores de esos territorios.

Participantes como la coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca (Copuvo); Medio Ambiente y Sociedad de Baja California Sur; Lavida de Veracruz; Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales preciosos; Tetela hacia el Futuro, de Puebla y Pro San Luis Ecológico (Frente Amplio Opositor a la New Gold Minera San Xavier FAO) de San Luis Potosí, expusieron la necesidad de un proyecto para una nueva Ley Minera.

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Comunidad indígena Nahua de Zacualpan rechaza proyecto minero de oro

Sin información ni consentimiento de la comunidad indígena, el empresario local de la concesión minera No. 201872, Rigoberto Rodríguez, pretende extraer oro, plata y cobre pese al rechazo de sus pobladores, con el apoyo de la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz, del gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno, del Presidente municipal, Braulio Arreguín Acevedo, y de las autoridades comunales corrompidas por el empresario local.

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Sierra Gorda: las mineras van ganando la partida

Convertido en reserva de la biosfera por decreto presidencial en febrero de 2007, el corazón de la Sierra Gorda de Guanajuato, rica en vida vegetal y animal única en el mundo, tiene una maldición: está llena de minerales susceptibles de explotación. Ahora hay rastros –tóxicos casi todos ellos– de actividad extractiva anterior. Los grandes consorcios de la minería no quieren soltar la presa y cabildean para echar abajo las medidas de protección de la biodiversidad.

El camino de terracería que sale de la cabecera de este municipio y se adentra en la Sierra Gorda está bordeado por montones de desechos tóxicos, pilas de residuos y jales mineros abandonados por las empresas que explotaron los yacimientos de la región hace décadas.

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Rechazan proyecto minero en Zacualpan

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y al menos 300 habitantes del poblado de Zacualpan -situado al norte del municipio de Comala- se oponen a la instalación de una empresa minera en su territorio.

Según un comunicado de prensa emitido por la Red, la delegada de la Procuraduría Agraria en Colima María Elena Díaz Rivera, el gobernador Mario Anguiano y el alcalde comalteco Braulio Arreguín Acevedo, presuntamente apoyan a un particular con la concesión minera número 201872 para al extracción de oro, plata y cobre en ese poblado.

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Llevarán a cabo jornada por nueva ley minera, este domingo

México, DF. Como parte de la campaña contra la gran minería tóxica que realizan decenas de organizaciones y comunidades para frenar la destrucción y contaminación que realizan compañías mineras -muchas transnacionales canadienses- en el territorio nacional, se llevará a cabo este domingo en la ciudad de México una Jornada Nacional por una Nueva Ley Minera desde los Pueblos y Movimientos.

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Devastación ambiental y derechos de los pueblos

La semana pasada se realizó en la Ciudad de México la audiencia temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos”, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México. Desde la instalación formal del TPP–Capítulo México el 21 de octubre de 2011, hasta el 8 de noviembre de 2013, la audiencia temática “Devastación ambiental y derechos de los pueblos” realizó 14 preaudiencias, para confluir finalmente en la audiencia general realizada del 15 al 17 de noviembre de 2013, presidida por un jurado designado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma y conformado por Gianni Tognoni (Italia); Tony Clarke (Canadá); Emily Smith (Canadá); Esperanza Martínez (Ecuador); Silvia Rodríguez (Costa Rica); Larry Lohman (Inglaterra); Dora Lucy Arias (Colombia); Alberto Saldamando (Estados Unidos); Marco Ferreira (Argentina), y Raúl García Barrios (México), quienes después de escuchar 15 acusaciones particulares, 46 testimonios y dos acusaciones generales que resumen más de 140 casos de devastación ambiental en México, vigentes en los estados de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Distrito Federal, estado de México, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Baja California Norte, Durango y San Luis Potosí sobre las temáticas de urbanización salvaje, carreteras, aguas, represas, minería, basura, petróleo, agrotóxicos e industria, así como problemáticas regionales sobre múltiples temáticas en los estados de México, Morelos, Michoacán, Puebla–Tlaxcala y Veracruz, dieron a conocer la siguiente resolución donde se acusa al Estado mexicano:

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