Ante la amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la sierra nororiental del estado de Puebla, ayer domingo se llevó a cabo una importante reunión de los Comités de Agua de las diferentes comunidades del municipio de Cuetzalan, convocada y conducida coordinadamente con los comités locales y representantes del Órgano Ejecutivo del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). En esta reunión, de gran representatividad y asistencia, se refrendaron los acuerdos llevados a cabo en cada una de sus localidades, en el sentido de reafirmar su rechazo a los proyectos hidroeléctricos y mineros que amenazan el territorio; asimismo, se pronunciaron por un “no rotundo a la privatización de sus sistemas de distribución de agua” y la entrada de empresas petroleras que buscan explotar el gas con el dañino método llamado fracking.
La Minera San Xavier (MSX) informó hoy que la primera etapa del cierre gradual de operaciones empezará a principios de 2016, además, prometió apegarse a las leyes laborales y del medio ambiente, esto último previsto en la autorización ambiental de la empresa.
Su fuente de financiamiento más importante pasó a ser la minería, seguida de la extorsión y la tala ilegal, dijo Alfredo Castillo, comisionado que designó el presidente Enrique Peña Nieto para tratar de devolver la tranquilidad a Michoacán, un estado aterrorizado por los Caballeros Templarios, y antes por su antecesora, la Familia.
El alcalde de Miacatlán, Sergio Arias Carreño, manifestó un enérgico rechazo a las actividades de minería a cielo abierto en su municipio, ante las constantes advertencias de comuneros que refieren que la minera canadiense Álamos Gold o La Compañía, pretende iniciar la explotación de la concesión número seis en los ejidos de Tlajotla y Palpan.
En una cadena de influencias entre autoridades, instancias agrarias, del medio ambiente y mineras, aseguran ejidatarios de esta sindicatura que son relegados como el eslabón más débil, al ser víctimas de una serie de injusticias y exposición a la contaminación
Para el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier (FAO) el anuncio del cierre de operaciones de la empresa no es de fiar, a pesar de que tiene muchos motivos para hacerlo, adicionales a la caída en la producción de oro y plata y en los precios de esos metales, pues podría tratarse de una maniobra de chantaje para iniciar un proyecto de ampliación que denomina “Fase V”.
Con un llamado a construir espacios comunes de resistencia y buscar alternativas dignas de vida, más de 600 representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y México denunciaron los daños del modelo extractivo minero para sus comunidades.
Entre consignas como ¡Zacualpan vive, la lucha sigue!, el Comité Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan se retiró del jardín libertad, donde mantenía un plantón desde el pasado martes.
El Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan y el grupo ambientalista Bios Iguana presentaron hoy una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional por hostigamiento, amenazas de muerte y falta de respuesta a las gestiones realizadas como parte del movimiento contra la explotación de una mina de oro en esa comunidad.
Marzo ha sido pródigo en eventos sociales de resistencia ante la megaminería a cielo abierto y otros megaproyectos, que también es una forma de rechazo a las políticas extractivistas en general y en muchos casos representa el esfuerzo por comenzar a construir otra forma de vida, menos mercantilizada y más humana. El día primero del mes, en la agencia municipal de San Luis Beltrán, municipio de Oaxaca, se reunieron varias decenas de organizaciones del estado, con el propósito de analizar la situación nacional y estatal, intercambiar nuestras experiencias de lucha, así como explorar los temas y condiciones que nos permitirán dar forma a iniciativas conjuntas y acciones inmediatas de cambio y transformación social. Dentro de los problemas que analizaron se encuentran los despojos territoriales y de recursos naturales, violación de derechos humanos y las reformas estructurales, tanto las ya aprobadas como las que amenazan implementar.