por Marco Fajardo 02/09/2021
La trama oculta del caso Dominga: presiones políticas, documentos intervenidos, sumarios y despidos
Decisiones tomadas desde Santiago en desmedro de los informes técnicos, intervención arbitraria de los reportes, intentos de excluir a la Conaf del expediente, el desconocimiento del criterio de no intervención hasta agotar los recursos judiciales en trámite, la expulsión –tras un sumario administrativo– de un profesional por denunciar la situación y la supervigilancia que ejerció del Ministerio de Economía en temas propios del Servicio de Evaluación Ambiental, son algunas de las irregularidades en torno a la tramitación del polémico proyecto minero-portuario Dominga, que han denunciado recientemente tanto funcionarios del Servicio Evaluación Ambiental y de la Conaf, como de las Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros y la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente.

Se intervino el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), de tal manera que el documento técnico que siempre emite el SEA a las comisiones para recomendar la calificación del proyecto fuera de «aprobación favorable». El punto es que –tal como lo señalan los funcionarios del SEA–, de no haberse realizado dicha intervención, la opinión técnica que habría salido del equipo regional sería la recomendación de una “calificación ambientalmente desfavorable” del proyecto, es decir, de rechazo. Para la minera de la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, las acusaciones «tienen un cariz político. Por ello, las lamentamos, ya que son ajenos a la institucionalidad a la cual todo proyecto debe someterse para definir si obtiene o no su RCA, con la cual nosotros ya contamos».

Decisiones tomadas desde Santiago en desmedro de los informes de regiones del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), intervención de los reportes, intentos de excluir a la Conaf del expediente, el desconocimiento del criterio de no intervención hasta agotar los recursos judiciales en trámite, la expulsión de un profesional por denunciar la situación tras un sumario administrativo, la vigilancia del Ministerio de Economía y la dependencia de los evaluadores de otras reparticiones.

Todos estos hechos son parte de la trama de la tramitación ambiental de la minera que la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano –amigo personal del Presidente Sebastián Piñera– intenta instalar en la Región de Coquimbo, con un proyecto por US$2.300 millones, en una zona de alta biodiversidad, de la mano de una institucionalidad ambiental débil frente a las presiones políticas.

Las denuncias se multiplicaron después que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo, integrada exclusivamente por funcionarios designados por Santiago, tras una petición de la minera, aprobara el proyecto por 11 votos contra 1, el pasado 11 de agosto. En una muestra de la injerencia política, incluso votó a favor el Seremi de Agricultura, cuyos profesionales de Conaf habían rechazado el proyecto en sus informes técnicos. Fue por eso que, tras la votación, los sindicatos de ambos servicios publicaron sendas declaraciones donde expusieron las irregularidades.
Temor a hablar

La situación es tan grave que los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que hablan derechamente de «injerencia política», evitan pronunciarse abiertamente en este reportaje sobre el tema por temor a represalias y remiten a los comunicados de sus gremios.

Les sobran los motivos. El SEA ya cursó un primer sumario administrativo, luego que en 2017 un grupo de profesionales denunciara las irregularidades en una carta pública. Y aunque el mismo concluyó con sobreseimiento en 2018, fue percibido como una maniobra de amedrentamiento por parte de los funcionarios. De hecho, uno de los denunciantes, evaluador de Dominga, después fue despedido, supuestamente por otro tema, y debió entablar una larga batalla para ser reincorporado en 2020.

En el SEA, la mayoría de los funcionarios trabajan a contrata, es decir, deben renovar sus contratos laborales a fin de año. Esto los hace muy vulnerables a los dictados de las jefaturas, que llegan por Alta Dirección Pública (ADP). Aunque no es el único caso, Dominga es, para los trabajadores, un caso paradigmático de la tensión que surge cuando choca la labor profesional de los técnicos, a la hora de evaluar un proyecto, con las instrucciones de las direcciones, digitadas por intereses económicos y políticos.
Sin info «esencial y relevante»

Las denuncias de acomodos y ocultamiento de información vienen surgiendo desde el inicio mismo de la tramitación ambiental en 2013, durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Según los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental, los informes que presentaba Dominga eran –entonces– «tan deficientes que muchos creían que ni siquiera debía ser tramitado».

Por ejemplo, en el expediente, la minera llegó al punto de decir que “en el área de influencia del Proyecto Dominga no existen áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios», según consta en un oficio de Conaf de 2013. Sin embargo, no solo hay uno, sino dos: la Reserva Marina Islas Choros y Damas, y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

En otro aspecto elemental, el proyecto no consideraba a la comuna de La Serena desde y hacia donde se desarrollaría la actividad de transporte de personal. Aun así, fue admitido a trámite.

En 2016, ya en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, los profesionales de ambos servicios coincidían en que el expediente de la minera carecía de información «esencial y relevante». Sin embargo, debieron comprobar que el proyecto seguía adelante porque las presiones políticas eran transversales, sin importar color político el Gobierno.

Un ejemplo de lo anterior es que, cuando la iniciativa fue rechazada por la Coeva y el Consejo de Ministros en 2017, renunció el entonces ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que apoyaba el proyecto ante Bachelet.

Tras el traspié, sin embargo, la minera no se dio por vencida. Apeló al Primer Tribunal Ambiental, que en 2018 determinó que el proyecto se volviera a votar. Y con la elección de Piñera a fines de ese año, el proyecto adquirió nuevos bríos.
Nuevas presiones

Bajo el segundo mandato de Piñera la presión por aprobar el proyecto continuó. Ya en la misiva de denuncia de 2017, los profesionales del SEA habían acusado, por ejemplo, «las intervenciones» del Departamento de Soporte Estratégico, que «no se limitan a colaborar en nuestra gestión, sino que también a dirigirla, con presiones para acortar los plazos de evaluación».

Como los informes enviados desde regiones seguían siendo desfavorables, de acuerdo a los organismos técnicos encargados de su evaluación, se incrementaron las intervenciones desde Santiago, donde prácticamente la tramitación se realizó sin tomar en cuenta las opiniones del nivel regional.

De hecho, uno de los documentos clave, el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), «fue elaborado prácticamente desde el nivel central, sin participación del equipo evaluador», según denunciaron los funcionarios del SEA en 2021.

«Las decisiones finales son tomadas por las autoridades, las cuales en muchos casos son diferentes o incluso contrarias a los planteamientos técnicos y jurídicos del funcionariado, imponiéndose por mera jerarquía», señalan los funcionarios del SEA en su declaración pública de este año.

Peor aún, «el nivel central elaboró un informes de rectificación (ICSARA) no acordado ni con participación de esta Dirección Regional, señalándose expresamente que no podíamos incorporar ni editar nada de ese ICSARA». Esto causó que, a su juicio, el SEA Regional quedara desacreditado frente a los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAS)”, se quejaron.

Posteriormente, acusan que habiendo llegado la respuesta del titular a ese ICSARA,
se intervino el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), de tal manera que el documento
técnico que siempre emite el SEA a las Comisiones para recomendar la calificación del
Proyecto fuera de “aprobación favorable”. El punto es que, tal como la misma carta de los
funcionarios lo señala, de no haberse realizado dicha intervención la opinión técnica que
hubiera salido del equipo regional es la recomendación de una “calificación
ambientalmente desfavorable” del Proyecto, es decir, de rechazo.

De manera similar, para profesionales de Conaf, se tramitó un Estudio de Impacto Ambiental que fue elaborado con información insuficiente, que no alcanza la condición establecida por la legislación de contener información esencial y relevante para su evaluación. «Es de mala factura», aseguran.

Señalan que el titular del proyecto no levanta adecuadamente las líneas de base de los diversos componentes ambientales a impactar, lo que implica un desconocimiento o al menos una minimización de los impactos que el mismo genera.
El tema «adendas»

A todo lo anterior se suman las irregularidades con otro documento central en cualquier proyecto, la adenda, que funciona como un texto agregado.

Así lo señalan los funcionarios de la Conaf consultados por este tema. Específicamente, destacan la excesiva cantidad de adendas (4) que la minera pudo presentar ante el sistema, a objeto de lograr un informe de calificación favorable.

En la actualidad, en cualquier proyecto solo se admiten dos adendas y una complementaria, pero para este proyecto no fueron aplicables, exponen los trabajadores.

Asimismo, afirman que hubo evidente irregularidad en aceptar, a partir de la adenda 3, la incorporación de la actividad de transporte marítimo en donde la empresa reconoce que la actividad naviera forma parte del proyecto y no son “actividades aisladas desarrolladas por terceros”.

Para los profesionales de la Conaf, «acá claramente hubo fragmentación del proyecto, lo cual está expresamente prohibido por la Ley 19.300».
Intento de excluir a Conaf

Los reparos de Conaf también fueron técnicos, y le valdrían un duro enfrentamiento con la jefatura política del SEA.

Por ejemplo, uno tuvo relación con la afectación de vegetación de alto valor en el medio terrestre, en donde Dominga no reconocía la presencia de bosques nativos y bosques nativos de preservación en el área de influencia directa de las actividades terrestres, como lo son los depósitos de estériles y relaves.

Otro era la «eliminación completa» del hábitat de la cactácea endémica Pyrrhocactus simulans, que se encuentra en peligro crítico de extinción y cuya distribución abarca 150 km2, pero cuya área de ocupación efectiva se estima que es inferior a 10 km2. Su hábitat se ubica completamente en el interior de lo que vendría siendo el área mina, con sus dos rajos a cielo abierto.

Por expresar sus reparos claramente desde el principio, la Conaf no saldría indemne. Específicamente, las autoridades del SEA en Santiago ordenaron no considerar el pronunciamiento de la Corporación Nacional Forestal en el último ICSARA, supuestamente porque la entidad forestal no tenía las atribuciones técnicas para pronunciarse respecto del ámbito marino del proyecto. No solo eso: incluso la jefatura del SEA intentó excluir a Conaf del expediente, y solo dio marcha atrás cuando la institución se quejó en un oficio.

Las irregularidades además incluyen el tema judicial. Los trabajadores mencionan que usualmente el SEA no persevera en el procedimiento de evaluación de proyectos que se encuentran con tramitaciones judiciales pendientes.

En el caso de Dominga, hay recursos pendientes ante la Corte Suprema. Aún así, Piñera instruyó al delegado presidencial Pablo Herman para convocar a la Coeva de Coquimbo y aprobar el proyecto.
Intervención ministerial

Sin embargo, la excepcionalidad de Dominga no termina en los vicios en la documentación o tramitación. También hay dos claros ejemplos de intervención ministerial.

Uno data de 2019. Ese año, comenzó el «trabajo conjunto» –como dicen los funcionarios no sin ironía– del SEA con el Ministerio de Economía, específicamente su Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (Oficina GPS) .

«¿Por qué algunos proyectos en evaluación reciben un seguimiento especial por sobre otros? ¿Debe el SEA, como organismo responsable de la evaluación ambiental de proyectos, trabajar de manera directa y permanente para reportar seguimiento a otras entidades públicas que les interesa promover la inversión? ¿Qué consecuencias tiene que algunos proyectos tengan seguimiento especial en su evaluación ambiental?», se preguntan los trabajadores en su declaración de 2021.

A esto se suma otra modalidad cuestionable, y es que los ministerios de Economía y Energía –con sus propias agendas en el marco de proyectos de inversión– han entregado fondos para la contratación de personal a honorarios en el SEA.

Es decir, que los profesionales evaluadores ya no dependen económicamente del SEA, sino de una tercera entidad que eventualmente aboga por los proyectos a evaluar. Una situación que la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) rechaza y ha denunciado muchas veces.
Rechazo gremial

Todo esto explica que, tras la decisión de la Coeva del 11 de agosto, los sindicatos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), así como la Federación de las Asociaciones Gremiales de Fiscalizadores Pesqueros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Afipes) y la Federación Nacional de Trabajadores Públicos del Medio Ambiente (Fenatrama), rechazaran públicamente el proyecto.

Fue «una decisión apurada, debido a la finalización del periodo de este Gobierno, que está determinada por intereses políticos y económicos. Tiene la intención de marcar un hecho político tratando de presionar la decisión de la Corte Suprema, dejando una presión adicional al próximo Gobierno que vaya a asumir», comenta Francisco Cabrera, presidente de Fenatrama.

«Consideramos que Dominga no es un proyecto ambientalmente sustentable, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación, además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona», manifestó el Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal (Sinaprof-Conaf) el 12 de agosto, un día después que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo aprobara el proyecto.

Para la Afipes, durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la minera presentó «una línea de base marina incompleta e insuficiente, que no da cuenta de la riqueza de especies presentes, ni de las condiciones oceanográficas del área que permiten su sobresaliente biodiversidad y productividad. De igual manera, se negó a incorporar en su área de influencia a las áreas protegidas que están cercanas al proyecto en cuestión, desconociendo toda responsabilidad de los impactos que su operación podría generar sobre la Reserva Marina Islas Choros y Damas, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y las especies protegidas que ahí habitan», según una declaración del 17 de agosto.
Irregularidades técnicas

La minera Dominga, consultada al respecto, sostiene que las declaraciones que han aparecido a nivel de sindicatos y funcionarios «nos parecen que tienen un cariz político y no técnico. Por ello, las lamentamos, ya que son ajenos a la institucionalidad a la cual todo proyecto debe someterse para definir si obtiene o no su RCA, con la cual nosotros ya contamos».

«El análisis del Estudio de Impacto Ambiental de Dominga duró casi cuatro años, fue revisado por más de 30 instituciones públicas y concluyó con un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable, en el cual se recomendó la aprobación del proyecto. Todas las instituciones de las cuales forman parte estos funcionarios, participaron en el proceso», asegura.

También recordó la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que señaló de manera unánime en su fallo de abril pasado, en su considerando cuadragésimo tercero, que “de la revisión del ICE se aprecia con total claridad que el proyecto cumple con el estándar científico-técnico, en lo que respecta a la completitud de la línea de base del medio marino, incluida las rutas de navegación. Así las cosas, estos sentenciadores concuerdan con el razonamiento del SEA de la Región de Coquimbo en orden a concluir que los antecedentes presentados por el Titular del proyecto durante el proceso de evaluación ambiental son suficientes para evaluar los impactos de este proyecto, resultando idóneas las medidas presentadas de acuerdo a las características del área de influencia y la magnitud de los impactos”.

«Las sensibilidades políticas son legítimas, pero ellas quedan en el ámbito de la opinión, ya que el proceso técnico e institucional fue claro, profundo y categórico», asegura la empresa.
Exigen nueva normativa

Finalmente, para terminar con este tipo de situaciones, los funcionarios ambientales esperan que haya una reforma legal, con el fin de que su servicio tenga una autonomía similar a la Contraloría. Esto incluye que se transformen en funcionarios de planta, para evitar amenazas de despido por realizar su trabajo profesional.

«La legislación ambiental es absolutamente insuficiente para los tiempos actuales. En Chile se cumple la normativa, pero esta es aún muy débil o laxa en algunas materias», asegura Cabrera, el presidente de la Fenatrama.

A su juicio, lo principal que se debe corregir, actualizar o incorporar en la legislación ambiental, es profundizar el proceso de participación ciudadana (PAC). En la actualidad la PAC es de «baja intensidad», es decir, es una participación ciudadana que se restringe fundamentalmente a entregar información, siendo necesario pasar a una PAC en donde los territorios y sus organizaciones representativas tengan incidencia directa en el proceso de evaluación y en la calificación de los proyectos.

También «se debe profundizar el proceso de descentralización y que sean las propias localidades las que vayan determinando los proyectos que se instalarán en los diferentes territorios. Es necesario eliminar el Comité de Ministros como una instancia centralizada y política que tergiversa la decisión regional. Debiera realizarse una clara diferenciación entre lo técnico y lo político. Sin eliminar lo político esta debiera ser una instancia que se diferencie de lo técnico, y terminar con el maquillaje de decisiones políticas como si tuvieran fundamentos técnicos».

«Otro punto importante es la necesidad de ordenar los territorios. Hasta el momento la instalación de los proyectos sigue la tendencia de la economía de mercado. Es el precio de la tierra o es el precio de los bienes los que mandan el interés de los inversionistas. Se requiere que todo el territorio esté planificado y ordenado según sus usos significativos de acuerdo al valor de su biodiversidad, de la necesidad de conservación de ciertos espacios territoriales, la riqueza de su flora y fauna», concluye.

Todo esto, para que las irregularidades de igual o mayor envergadura no se repitan en el futuro.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/09/02/los-expedientes-secretos-del-caso-dominga-presiones-politicas-documentacion-irregular-sumarios-y-despidos/

La Tercera Sala del máximo tribunal ordenó la detención de la obra que impulsa la empresa Andex Minerals SpA y que se encuentra a solo 20 metros de una zona protegida.
01/09/2021
Minería Chilena
La Corte Suprema acogió el recurso de protección deducido por comunidad indígena y ordenó paralizar los sondajes de prospección y explotación minera en el cerro Anocarire e inmediaciones – región de Arica y Parinacota- y ordenó que el proyecto sea sometido a estudio de impacto ambiental.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Mario Carroza y los abogados integrantes Ricardo Abuauad y Enrique Alcalde– ordenó la detención de la obra que impulsa la empresa Andex Minerals SpA y que se encuentra a solo 20 metros de una zona protegida.

“Que, descartada entonces la extemporaneidad, para resolver el fondo del presente arbitrio, es preciso tener presente que el artículo 10 literal p) de la Ley Nº 19.300 expresa: ‘Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”, detalla el fallo.

La resolución agrega que: “Luego, el artículo 11 literal d) de aquella ley prescribe: ‘Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar’”.

“Finalmente –continúa–, en concordancia con lo anterior, en el artículo 8 inciso final del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se señala: ‘A objeto de evaluar si el proyecto o actividad es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental, se considerará la extensión, magnitud o duración de la intervención de sus partes, obras o acciones, así como de los impactos generados por el proyecto o actividad, teniendo en especial consideración los objetos de protección que se pretenden resguardar”.

Para la Sala Constitucional: “(…) de esta forma, como se ha dicho previamente por esta Corte, de la interpretación armónica de las normas se puede concluir que toda obra, proyecto o actividad que se encuentre próxima a un área protegida requiere su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través del instrumento de revisión más intenso contemplado en la legislación vigente, consistente en el Estudio de Impacto Ambiental”.

“Esto es, ya que si bien el artículo 10 literal 10 de la Ley N° 19.300 se refiere, en cuanto a la evaluación de proyectos susceptibles de causar impacto, únicamente a aquellos que se encuentren en áreas de protección oficial, de la lectura de la letra d) del artículo 11 queda en evidencia la amplitud de la norma, al señalar que requerirán elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental proyecto que, entre otros, tengan una localización ‘en’ o ‘próxima’ a recursos o zonas protegidas, cuestión que en este caso ocurre, al localizarse el proyecto de exploración a tan sólo 20 metros de la Reserva Natural Nacional Las Vicuñas”, añade.

“Que, sin perjuicio que, por la notable proximidad del proyecto a una Reserva Natural, sería procedente el ingreso del Proyecto al SEIA, es menester destacar que, conforme fuera informado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Cerro Anocarire, lugar de ejecución de las obras, se encuentra inserto en el Área de Desarrollo Indígena Alto Andino de Arica y Parinacota”, advierte la Tercera Sala.

“Conforme la institucionalidad ambiental de nuestro país, uno de los instrumentos para aplicar el principio preventivo es, precisamente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a cuyo respecto se lee en el mismo Mensaje: ‘En virtud de él, todo proyecto que tenga un impacto ambiental deberá someterse a este sistema. Este se concreta en dos tipos de documentos: la declaración de impacto ambiental, respecto de aquellos proyectos cuyo impacto ambiental no es de gran relevancia; y los estudios de impacto ambiental, respecto de los proyectos con impactos ambientales de mayor magnitud. En virtud de estos últimos, se diseñarán, previamente a la realización del proyecto, todas las medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental, o a medirlo, o incluso, a rechazarlo.’ (Biblioteca del Congreso Nacional, Historia de la Ley N°19.253, página 9)”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de diecisiete de junio de dos mil veintiuno y, en su lugar, se acoge, el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Indígena Aymara de Umirpa y sus miembros, en contra de Andex Minerals Chile SpA, sólo en cuanto se ordena la paralización del proyecto de autos mientras no obtenga la aprobación medioambiental correspondiente, para lo cual deberá ingresar el Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
https://www.mch.cl/2021/09/01/corte-suprema-paraliza-sondajes-en-region-de-arica-y-parinacota-y-ordena-someter-proyecto-a-estudio-de-impacto-ambiental/

01/09/2021
Senadores del oficialismo dijeron que el proyecto es inconstitucional y pidieron que el Ejecutivo presente una propuesta concreta.

A casi cuatro meses de ser despachado desde la Cámara de Diputados, ayer la comisión de Minería y Energía del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de royalty minero, por tres votos a favor y dos en contra. Ahora se verá en la Sala de la Cámara Alta.

En la cita, los senadores adelantaron lo que serían algunos ajustes a presentar. Y, aunque hubo oposición entre algunos de ellos al proyecto, reiterando los cuestionamientos por su eventual inconstitucional, instaron al Ejecutivo a intervenir.

El senador Rafael Prohens se mostró disponible para trabajar en esto, pero reconoció que le gustaría que se hiciera en el marco de la legalidad. “Estoy totalmente de acuerdo que podamos trabajar con la finalidad de lograrlo ojalá con el Ejecutivo al lado”, sostuvo.

El senador Alejandro García Huidobro también rechazó el proyecto, pero llamó al gobierno para sentarse a conversar en torno a esta materia. “Me gustaría que el Ejecutivo pudiera hacer una propuesta concreta, porque tanto las empresas y todos quienes han expuesto han dicho claramente que puede existir un mayor esfuerzo respecto de recaudación”, recalcó.

Dando el voto que selló el avance del texto, la presidenta de la instancia, Yasna Provoste, sostuvo: “Esperamos que la Sala también ratifique este voto mayoritario y que hagamos una discusión tan seria como también reconocemos la seriedad de cada uno de quienes han participado”.

La senadora Isabel Allende dijo tener la “absoluta convicción que hay un espacio mayor para el aporte que nos pueda hacer la minería”, agregando que uno de los temas que abre esta discusión es analizar la situación de las fundiciones.

Asimismo, su par Guido Girardi enfatizó que “una recaudación justa, que no afecte la competitividad, es fundamental, pero Chile tiene un amplio espacio para recaudar más, tal vez incluso el doble de lo que se recauda hoy”.

Gobierno presenta Política Nacional Minera 2050 con 78 metas

Con 78 metas de corto, mediano y largo plazo para la industria del sector y el Estado, se presentó ayer la Política Nacional Minera 2050, que busca generar un modelo de desarrollo más sustentable para la industria. Entre los objetivos está mantener el 28% de la producción mundial de cobre; contribuir al combate contra el cambio climático logrando la carbono neutralidad al 2040; y no superar el 10% de agua continental de los recusos totales utilizados al 2030 y el 5% al 2050.

En el pilar institucional, figura disminuir a la mitad los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales al 2050; y maximizar el beneficio social mediante una recaudación tributaria justa, competitiva, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde está inserta. El documento fue sometido al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y tendrá un capítulo indígena que pronto comenzará a ser elaborado.

A principios de año, en conjunto con consejeros de la Conadi, se codiseñó la metodología y hoy el escrito está para observaciones del Ministerio de Medio Ambiente, luego de lo cual comenzará el proceso de consulta pública.
Fuente: Diario Financiero

Comisión del Senado aprueba en general proyecto de royalty minero y pasa a la Sala

31/08/2021
Minera abordó prohibición de extracción de agua. Además, sindicato votó huelga en negociación colectiva.
A las complicaciones que tuvo en Escondida, ayer BHP sumó una nueva amenaza de huelga. El Sindicato Nº1 de Empresa Compañía Minera Cerro Colorado concluyó el proceso de votación de la última oferta de la empresa que comenzó el viernes en el marco de la negociación colectiva, rechazando la propuesta con el 97,9%.

Eso sí, la organización sindical decidió pedir la mediación a la autoridad laboral para que esta etapa de cinco días se inicie el próximo 1 de septiembre, del tal forma de buscar una salida al conflicto.

La decisión se da luego de que el 19 de agosto, el Primer Tribunal Ambiental decretara una medida cautelar que le prohíbe a la mina continuar extrayendo agua del acuífero de Lagunillas desde el 1 de octubre y por 90 días, lo que en la práctica podría llevarla a paralizar su funcionamiento.

Ante esto, el 26 de agosto, Minera Cerro Colorado presentó un escrito de 67 páginas a la instancia judicial, asegurando que la medida resulta “evidentemente desproporcionada”. En sí, pide que ésta se levante por ser “improcedente” y, en caso de no ser acogida, se reemplace por otra más acorde.

En este último caso, agregó, “pedimos modificar la medida cautelar decretada, sustituyéndola en su lugar por una reducción de bombeo de caudales para fines de producción por el plazo de 90 días o hasta que la autoridad evaluadora emita un pronunciamiento técnico favorable que entregue seguridad de no afectación de los bienes protegidos”.

Aunque el tema ambiental y la negociación colectiva son procesos independientes que se dan en paralelo, la medida del Tribunal Ambiental habría incidido y complicado aún más la negociación colectiva.

Según trascendió, hay diferencias considerables respecto a la negociación anterior, ya que la minera estaría ofreciendo cláusulas de salida más bajas respecto a la industria y, además, el el reajuste de sueldos sería menor.

El sindicato podría tolerar hasta dos meses de paralización, ya que tienen fondos de contingencia.

“El directorio sindical agradece la gran participación y el enorme respaldo recibido de parte de sus bases para entregar una potente señal de unidad a la empresa para que sea ésta quien enmiende su postura respecto a otorgar a sus trabajadores, lo que en justicia se han ganado”, sostuvo en un escrito el sindicato que tiene 708 socios.
Fuente: El Mercurio

Cerro Colorado califica como “desproporcionada” medida cautelar de Tribunal Ambiental

Hace algunos días la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental del mega proyecto minero portuario, generando una serie de reacciones en contra.
24/08/2021
Confirmando la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto que fija la Ley Marco de Cambio Climático, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado escucharon detalles del último informe emitido por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

Los congresistas compartieron telemáticamente con la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, Maisa Rojas; y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quienes entregaron sus impresiones de dicho documento en la última sesión de la instancia.

En dicha instancia, y al final de la sesión, se acordó revisar con mayor detalle en una nueva sesión las consecuencias de la aprobación del proyecto Dominga.

Cabe recordar que hace algunos días la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Coquimbo dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del mega proyecto minero portuario, generando una serie de reacciones en contra.
Cuestionamientos

En el marco de la sesión, la senadora Ximena Órdenes aclaró que “muchos de nosotros creemos que detrás de esto hay un fraude. Hay una acción forzosa en la forma en cómo se aprobó. No puede ser que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) emita un informe y la seremi uno en sentido contrario. Además, se resolvió este tema en medio de recursos judiciales pendientes”.

A su vez, la ministra Schmidt relató ante la Comisión la funa de la que fue víctima en su hogar por la aprobación del citado proyecto.

Junto con recibir la solidaridad de los senadores, la autoridad manifestó que “más allá del proyecto en sí, debemos reconocer nuestro compromiso como gobierno con el medio ambiente y no podemos tolerar estos actos”.
https://www.mch.cl/2021/08/24/proyecto-dominga-comision-de-medio-ambiente-del-senado-revisara-consecuencia-de-su-aprobacion/

20/08/2021
Los Pelambres en Chile. / Foto: Cortesía de Antofagasta Minerals
La chilena Antofagasta Minerals informó que sus ganancias semestrales se dispararon, pero la compañía redujo su meta de producción de cobre para este año porque anticipa que una sequía afectará sus operaciones.

Los resultados financieros de Antofagasta son los últimos de una temporada de ganancias extraordinarias para mineras como Anglo American, Glencore, Rio Tinto y BHP tras un repunte en la demanda de las materias primas que impulsaron las utilidades.

Antofagasta revisó su meta de producción para todo el año a 710.000-740.000 toneladas de cobre, a un costo neto en efectivo de USD 1.25 por libra, desde el rango de 730.000-760.000 toneladas estimadas anteriormente, ya que 2021 ha mostrado ser el más seco de Chile en 12 años.

El rediseño de una planta desalinizadora en su mina insignia Los Pelambres, que se espera comience a operar en la segunda mitad de 2022, podría poner en riesgo 50.000 toneladas de producción el próximo año debido a la escasez de agua, dijo la compañía.

“Dado que estamos llegando al final del invierno, y de no haber mayores precipitaciones en las próximas semanas, estimamos que la producción de Minera Los Pelambres se vería afectada. Como resultado, estamos ajustando nuestra estimación de producción total para el año para reflejar este riesgo de forma transparente “, dijo el CEO Iván Arriagada citado en un comunicado.

Los analistas de Peel Hunt dijeron en una nota que sería una reducción del 7% de su estimación para la producción grupal de 2022 de 739.000 toneladas.

La minera que cotiza en Londres, propiedad mayoritaria de la familia chilena Luksic, dijo que sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) aumentaron a un récord de USD 2.400 millones en los primeros seis meses de 2021, en comparación con USD 2.700 millones en todo 2020.

“Nuestros proyectos clave de crecimiento van por buen camino y seguimos enfocados en la disciplina operativa y el control de costos”, comentó Arriagada.

Los precios del cobre batieron récord a inicios del año y Chile, que aporta casi un 30% de la producción mundial, mantuvo las operaciones en gran medida incluso durante lo peor de la pandemia de coronavirus. El cobre es fundamental en la construcción y fabricación de vehículos eléctricos.

La compañía mantiene sus expectativas de invertir USD 1.600 millones este año, principalmente en el proyecto de Infraestructura Complementaria en su mina estrella Los Pelambres.
Fuente: Reuters

Sequía golpea producción de cobre de la chilena Antofagasta Minerals

Marcelo Segall
22/08/2021
Una viña en los alrededores de Santiago.

Entregamos hoy la cuarta parte de una nueva serie sobre la historia económica de nuestro país. El autor, investigador, comunista pero integrante de las filas del trotskismo, publicó este libro en 1958 a través de la Editorial del Pacífico. La obra se transformó en un clásico sobre el tema.

Tácticamente he dejado en el fondo del tintero la mitad de la composición social. He dejado olvidada, conscientemente, la agricultura. Hasta ahora he tratado el factor económico fundamental de Chile: la minería y sus hombres. No la composición total de la sociedad. La razón es simple: acentuar el factor más productivo y, con esto, señalar la debilidad de la producción agrícola. . I

Su historia es la de su evolución. Desde la conquista española a su consolidación, se puede clasificar desde dos puntos de vista: el cronológico y el geográfico. Y ambas formas en tres etapas. La primera, devenida directamente de la Conquista, en el siglo XVI, que abarcó desde el Desierto de Atacama al río Bío Bío. La segunda, establecida rápidamente a mediados del siglo pasado, en constante avance desde aquel río al canal de Chacao. Finalmente la tercera etapa, la implantación de la ganadería ovina, en la zona de Magallanes y Tierra del Fuego, a fines del siglo XIX.

Este desenvolvimiento tomó todas las formas de la dialéctica histórica: el proceso revolucionario, luego su evolución hacia formas más estables y definidas. En un ritmo lento, diré, paulatino a partir de un trasplante violento, por vías militares, de una sociedad con una cultura determinada, sobre otra. De un estadio inferior de técnica y desarrollo a uno superior de tipo capitalista. En un estudio económico de la tierra, el problema esencial es su esquema de desenvolvimiento, su devenir histórico, su proceso de formación y su constitución actual (1958), sus fines y medios.

La Zona Central

Esta es la primera etapa. La agricultura moderna nace con la encomienda y el repartimiento organizado por los conquistadores. El repartimiento y la encomienda fueron la expropiación violenta, sangrienta y necesaria de la tierra a sus primitivos habitantes aborígenes y su reducción a la esclavitud. Tal uso de la mano de obra se produjo por medio de una revolución en sus relaciones de producción; es decir, de la recolección primitiva y común del sistema tribal el régimen de explotación de una clase por otra.

Se ha asimilado el régimen de la tierra chilena desde la encomienda, y aún el de hoy, con el feudalismo estadio europeo, posterior al de la esclavitud de la antigüedad.

Con el fin de evitar estas confusiones y malos entendidos, en su comprensión, tanto de ese sistema como de su significado terminológico, nos detendremos previamente a definir y determinar qué es capitalismo y qué es feudalismo.

Feudalismo es, en el sentido económico, la relación de producción de un estadio de la sociedad caracterizado, específicamente, por la explotación agrícola y artesanal en pequeña escala, para el consumo directo del señor y de sus siervos.

Capitalismo es, en el sentido mercantil, al contrario, el modo de producción destinado al mercado, ya sea nacional o exterior en mayor o menor escala; esto significa, a su vez, un intercambio comercial o sea la producción de mercancías o valores de cambio, en este caso, productos agrícolas. Modo de producción caracterizado por la venta de su fuerza por el trabajador.

La encomienda se inició, en parte, para el uso privado del conquistador, pero el fin general era producir artículos para el consumo y abastecimiento de las ciudades y de la minería: poder producir mercancías, para el intercambio y pagar derechos a la Corona de España. En resumen, una evolución capitalista, pero de tipo colonial.

Durante el siglo XVI la actividad agrícola limitó sus perspectivas al abastecimiento nacional; en los siguientes la extendió a la exportación de sebo y de trigo a Lima. Vicuña Mackenna llamó a esa época de Chile, el país del sebo y del trigo.

Y otra cifra curiosa la da la venta de productos agrícolas al Perú en 1793: S 622.000 de exportación contra 458 mil 317 pesos de importaciones.

Cultivo de trigo.

La época contemporánea

La historia colonial española es interesante, pero mi trabajo corresponde al desarrollo capitalista a partir de 1848.

La gran propiedad campesina creada en la Edad Media tenía dos salidas históricas necesarias: o la gran explotación evolucionaba hacia las formas burguesas modernas a un ritmo proporcional a la exigencia de la demanda mercantil o bien las fuerzas productivas rompían los moldes antiguos, produciéndose violentamente la división y parcelación de la tierra. El primer caso lo describe Marx brillantemente en «El Capital», basado en la historia de Inglaterra del siglo XVI, época cuando se produjo la expulsión de los campesinos de la tierra. El segundo tiene su ejemplo más exacto en la revolución francesa, cuya división del suelo en granjas, constituye el modelo de la explotación pequeña burguesa; modelo continuado en la reforma agraria rumana de 1918 y en la región Lagunera de México con el sistema de los ejidos.

Mientras Chile parte directamente casi desde su conquista con relaciones capitalistas, los pueblos europeos pasan del feudalismo al régimen del capital durante un período que abarca desde las repúblicas italianas del 1300 hasta el siglo XIX. La encomienda y el repartimiento nacen como organización capitalista, pero en su etapa de acumulación primitiva forzada y con formas externamente feudales provenientes de la calidad de colonia que tenía Chile. Colonia que tenía Chile. Colonia dependiente de un Estado feudal. La economía encomendera y de repartimiento nace como factoría y empresa típicamente capitalista, pero cimentada en el trabajo esclavo. Empresas y factorías, condicionadas por las necesidades de la minería y su expansión, que exigieron nuevas y mayores fuentes de abastecimiento alimenticio. Esto es semejante a lo que Marx, y después Lenin, llaman «el mercado para la gran industria», pero, entendido como el «abastecimiento» de la industria minera. Gran industria en relación de proporción y cantidad de minas, por ser Chile un país de pequeña cantidad de habitantes y de gran producción exportadora. Y, realmente gran industria, a partir de la Guerra del Pacífico.

La necesidad de ampliar la producción y abastecer la creciente demanda, requirió impedir la huida de los trabajadores forzados (aborígenes); con ese fin se implantó la esclavitud. La historia de los yanaconas traídos por Pedro de Valdivia en su segundo viaje, es fácilmente explicable por esta causa. Pero, posteriormente, la sujeción forzosa resultó anti-económica: el trabajador esclavo labora desganadamente y exige un personal extra para su vigilancia. Y es esta razón -la realidad misma- la que obligó a los «señores encomenderos de horca y cuchillo» a convertir sus esclavos en trabajadores libres y jurídicamente nombrarlos inquilinos; caracterizados porque ejecutan un trabajo, de participación, no servil.

En la República esta situación se profundizó. El fundo es la historia del «ducho y rajadiablos» patrón que dio una libertad jurídica a sus inquilinos, que ya poseían realmente desde épocas muy pasadas.

Esto no significa que en casos particulares no perdurara el esclavismo. La declaración que la población chilena estaba compuesta de ciudadanos libres y con derechos electorales nominales consagró, patrióticamente, una situación ya existente.

Una de las pruebas más concluyentes de la existencia real de capitalismo en la agricultura chilena, en varios sentidos -mercantil y basado en trabajadores libres-, fue la facilidad de aplicar por simples decretos y leyes la abolición de la esclavitud y la liquidación de los mayorazgos. En cambio, cualesquiera de estas medidas de renovación social, al pretender aplicarse en los países cuya clase dominante basaba su predominio económico en la esclavitud o en la servidumbre, produjeron grandes luchas civiles, sangrientas guerras y divisiones. Basta con recordar algunas: la guerra civil norteamericana, la caída del «Imperio brasileño», las «guerras de la confederación» en Venezuela, las conmociones sangrientas en el Perú y la revuelta de Toussaint Louvertures en el Caribe.

En Chile, hubo oposición a estas leyes civilizadoras; pero, sin pasar de simples polémicas políticas originadas en el tradicionalismo conservador antes que en intereses creados realmente importantes.

Una excelente fuente de información y consulta la constituye la «Historia de Chile» publicada por don Claudio Gay; aunque de difícil consulta por su escasez. En ella, se encuentran descritas las formas y procedimientos para obtener el beneficio y la renta agraria en Chile. Contribución casi ignorada, no puedo decir si por desidia o por incultura.

Dice el sabio francés: «El inquilino paga en trabajo sus deudas, que en otros países se paga en dinero, como aun así no alcanza a saldarlas y quedar con cierta suma, cuando llega la época de la siembra se encuentra en la necesidad de ir a pedir prestado, no sólo la semilla, sino que también el instrumental y los animales necesarios para la labranza de la tierra que tiene a su disposición. Estos préstamos se hacen a veces con conciencia de parte del prestamista, pero generalmente éste sólo escucha su codicia y el pobre inquilino se ve obligado a pagar dos o tres veces más el valor de la semilla, lo que unido al alquiler de los instrumentos y a la yunta de bueyes que paga a razón de siete u ocho fanegas de trigo al año, reduce considerablemente sus cosechas y el interés de lo que ha recibido le sale a lo menos al 25 por ciento y con frecuencia al 50 por ciento y hasta el 75 por ciento. También le obliga a vender el restante de sus granos según convenios, lo que fija su valor al más mínimo precio».

Relación comercial, como se ve, absolutamente capitalista y no servil. Anualmente sucedía y sucede, rotativamente esta transacción llamada en economía política trabajo mediero que corresponde a la definición ya citada de Marx: «El peonaje es un adelanto en dinero sobre un trabajo futuro y este adelanto se practica como la usura ordinaria». Este procedimiento evidentemente era y es de una gran ventaja para el propietario de la tierra, pues el trabajador acicateado para obtener una cosecha lucrativa, que le permita sobrevivir todo el año, trabaja con un rendimiento forzado.

Cosecha en el siglo XIX.

La causa de la sumisión de los inquilinos no reside en el «sistema social feudal» hipotético, sino en las constantes deudas pendientes, que le obligan a ocupar el resto del tiempo en trabajar gratuitamente para su acreedor «benevolente». Acreedor que es su patrón.

El secreto de la liberación campesina en Chile reside en el esfuerzo que el inquilino hacía (hace) por cumplir el trato y quedar con algún excedente en calidad de utilidad y alimentación, lo cual, lo presiona a un trabajo de sol a sol.

Bajo las condiciones de deudor, es evidente que si el clima lo permite o lo obliga (por los imprevistos naturales de la agricultura) con el propósito de cuidar, defender la cosecha apuran el trabajo, ocupan las noches, y también a sus familiares. Ritmo de actividad que jamás ejercería si únicamente trabajara presionado por la simple sujeción, dura pero esquivable con un poco de habilidad.

Me parece que puedo, con esto, poner fin a la leyenda patriarcal (o semi feudal) de las relaciones familiares entre patrón e inquilino. Para los defensores del actual (1958) régimen agrario, el patrón es un patriarca bondadoso. Para sus enemigos, mal informados, un feudal.

El historiador y agricultor Francisco Encina-los declara «patriarcas», o sea en el fondo un benéfico feudalismo. Desde el otro campo, el historiador socialista Julio César Jobet, «feudales o semi feudales».

La totalidad de los problemas agrarios sólo pueden ser expuestos, en forma definitiva, a partir de la publicación de la documentación económica y social de la agricultura, desde la conquista hasta su consolidación actual (1968); labor por desgracia no muy fácil. Investigarla, requiere una generación de «Toribios Medina»; editarla, un medio social adecuado, monetariamente apto y condiciones políticas favorables.

La gran superficie no es la característica fundamental del feudo. Puede tenerla como la tuvo el esclavismo y el Imperio Romano. Pero también existe en la capitalista Inglaterra. Lo que caracteriza al feudalismo es la relación clasista de señor y siervo. Otra costumbre para definir al terrateniente nacional como feudal, es aquella que parte de las costumbres familiares y externas, es decir de un carácter moral, orientación muy notoria en Julio César Jobet. Arranca su actitud del hecho que la gran mayoría de los propietarios de la tierra es descendiente de antiguos mayorazgos y encomenderos, lo cual les crea la posibilidad de un tradicionalismo de casta privilegiada y una ostentación de nobleza provinciana. Tampoco esto altera la forma capitalista de producción, que es lo esencial.

El capitalismo agrario en la Zona Austral

La historia militar de las guerras de la Araucanía es la historia de las tentativas de conquistar la tierra austral para la explotación y los hombres para su trabajo. Conquista en que fracasaron los incas «Hijos del sol», después los colonizadores peninsulares y, conseguida finalmente por el Ejército de la Frontera, en la época del auge del capitalismo mercantil-minero, en el último cuarto del siglo XIX.

La siniestra pero indispensable trayectoria de la conquista del suelo araucano significó la expropiación de la tierra, el asesinato o la reducción de sus habitantes de hombres libres, poseedores comunes del suelo, a inquilinos y desplazados. El régimen de la tierra había permanecido bajo casi las mismas condiciones desde la época precolombina; pero, el avance del capitalismo, en su natural necesidad de nuevas fuentes de producción, exigió su transformación y cultivo. La altivez de sus habitantes aborígenes, auxiliada por las condiciones geográficas favorables; la gran cantidad de selvas; los ríos torrentosos y las lluvias incesantes, lo había impedido por espacio de cuatro siglos.

La historia de la expropiación de la tierra en el centro del país, desde la zona comprendida entre el desierto de Atacama hasta el Bío Bío por Pedro de Valdivia y sus continuadores, fue distinta. Tres factores favorecieron la eficacia de la invasión española:

Primero, la labor de ablandamiento hecha por los incas que ya poseían el Estado, una organización primitiva de clase y casta, un estadio cultural más avanzado y una religión coordinada, situación que permitió a los nuevos conquistadores, utilizar más o menos fácilmente a sus habitantes, desde ya, dominados. Se produjo simplemente un reemplazo de amos, aunque más crueles. Los incas habían reducido a los antiguos habitantes de Chile central a su dominio, obligándolos al trabajo de las minas, al cultivo de la tierra y al pago anual de una contribución. La llegada de los españoles solamente profundizó a otros límites una situación social ya dada, existente.

Segundo, las características de la naturaleza impedían su defensa: ríos menores, grandes extensiones planas y valles y un porcentaje mucho menor de inclemencia en el clima. Y tercero, la existencia de lavaderos y minas de oro, algunas en explotación, esto último, un interés fundamental de la conquista.

En cambio, más al sur, sus habitantes eran de un grado más primitivo de cultura. Está probado que los grupos sociales correspondientes a estadios del matriarcado, deben ser práctica y físicamente eliminados en la conquista, pues ignoran el papel de las clases y la propiedad, defendiendo su vida anterior con su existencia misma, ya que no entienden ni presienten otro género de existencia.

Los ejemplos son abundantes. He aquí algunos: los siboneyes, en las islas Antillas, componen una raza desaparecida; los tasmanos, en la Oceanía, constituyen una nación sólo conocida por la historia; muchos pueblos de la costa del Brasil, únicamente son conocidos sólo por los análisis de los arqueólogos y en pleno siglo XX fueron eliminados los habitantes nativos de Tierra del Fuego, llamados Onas. Pero, esta eliminación física en la Araucanía fue imposible de ejecutarla con los medios militares de los ejércitos de España. Era indispensable una técnica más avanzada capaz de combatir a una distancia mayor que el alcance de la flecha indígena. Esta capacidad guerrera sólo era posible con las condiciones geográficas regionales, con una artillería superior y fusiles de buen alcance, todo esto unido a condiciones sociales correspondientes a una fase más avanzada de la sociedad capitalista.

Lo que el arcabuz ibero no había logrado, lo logró la artillería del capitalismo moderno en expansión. La gran demanda de abastecimientos alimenticios de la minería dio lugar a la ambición creciente de conquistar las zonas inexplotadas y vírgenes de la Araucanía. Y es así como en 1859 comienza la conquista capitalista de la zona austral por el Ejército de la Frontera al mando del coronel Cornelio Saavedra.

Se establecieron fortines en Angol, Mulchén, Toltén y otros sitios, en cuyas vecindades se procedió al reparto de las tierras más fértiles en forma típicamente burguesa. La apropiación del suelo comenzó entre los jefes militares y a su cabeza Cornelio Saavedra y continuó entre sus amigos o colaboradores. Pronto los favoritos fueron dueños de las mejores tierras, especialmente las cercanas al río Bío-Bío.

Fueron tales los abusos que José Victorino Lastarria en una sesión del parlamento (el 10 de Agosto de 1868) denunció violentamente estos latrocinios y negociados, dando lugar a nuevos cargos y descargos. Uno de estos, es la auto defensa del jefe militar máximo de la Araucanía, Cornelio Saavedra expone: “Recibí en pago de una cantidad de pesos que me adeudaba don José María Rodríguez, un fundo de cuatro mil cuadras de terrenos situados en el departamento de Nacimiento, subdelegación de Mulchén».

Está demás recordar que las operaciones militares del «pundonoroso» oficial eran exactamente en el mismo territorio. Este jefe, posteriormente trató de congraciarse con los políticos y propuso oficialmente al Estado el remate de los terrenos excedentes en lotes de 200 hectáreas, pagaderos en 30 años con un interés anual del 2 por ciento, proposición que no se pudo hacer efectiva debido a la resistencia valerosa de los habitantes autóctonos.

Los araucanos, con la cooperación de Francia y de su agente Aurelio de Tounens, lograron destruir los fortines construidos en el interior de la Araucanía.

Durante veinte años continuaron las escaramuzas entre los araucanos y el Ejército de la Frontera. A un avance militar seguía un malón araucano, a éstos un parlamento, después una tropelía de represalia y finalmente un asalto de los pueblos fronterizos.

Años después, en 1880, un acontecimiento especial alteró el equilibrio de la balanza. El Ejército de la Frontera recibió un refuerzo extraordinario: los contingentes que procedían de la «guerra victoriosa del Perú». Las tropas conquistadoras del salitre traían, con su regreso, tres problemas graves para el gobierno: un riesgo político, la tradicional intervención de la fuerza militar en defensa de sus intereses futuros, una dificultad, cómo contentarlos sin grandes gastos nuevos, o sea cargas e impuestos, (el parlamento nacional compuesto de miembros de la oligarquía agraria, de los bancos y de los mineros, por mutuo interés se opondría tenazmente a contribuir) ; y una imposibilidad, la de desmovilizarlos, sin garantizar su satisfacción material y su porvenir económico. La salida virtual de estos problemas la habían planteado, en Lima, los jefes militares, en repetidas ocasiones: consistía en la conquista de las tierras de Arauco.

Después de un parlamento falaz con los araucanos y de promesas jamás cumplidas, las tropas entraron a saco a la Araucanía; reconstruyeron los fortines destruidos, terminando la campaña en Villarrica el 1° de Enero. La prensa de la época se refirió a esta empresa como «la acción definitiva para civilizar a los bárbaros».

He comentado únicamente dos campañas. Son las principales. Pero, la lucha social entre el capitalismo y un estadio anterior a las clases, que se presentaba, por un lado, como la defensa de la independencia araucana y, del otro, como la acción civilizadora, tuvo muchas alternativas interesantes.
https://interferencia.cl/articulos/la-apropiacion-de-las-tierras-agricolas-para-beneficiar-la-mineria-y-la-banca

Desde el primero de octubre, la compañía minera deberá parar la extracción de agua.
20/08/2021
Una medida cautelar que prohíbe a Compañía Minera Cerro Colorado continuar extrayendo agua del acuífero de Lagunillas dictó el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.

La determinación, adoptada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y Oscar Clavería se tomó luego de acoger a trámite una demanda de reparación de daño ambiental en contra de la minera de propiedad de BHP.

La medida cautelar, tal como lo establece la Ley, regirá desde el primero de octubre y tiene como fin impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidas a su conocimiento y se fundamenta en el fallo que ya fue dictado por el Segundo Tribunal Ambiental en 2019 a través del cual se anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Continuidad Operacional Cerro Colorado”, lo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema.

“Se acoge la solicitud de medida cautelar consistente en la paralización de la extracción de agua subterránea desde el acuífero Lagunillas, desde los Pozos P1, P2, P3 y P4, destinada a la operación de la faena minera Cerro Colorado, por el término de 90 días, con excepción de la extracción de 10 litros por segundo autorizada para la ejecución del Sistema de Riego Artificial (SRA)”, dictaminaron los ministros.

A juicio del Primer Tribunal Ambiental los antecedentes entregados en la demanda, entre los que están informes de la Dirección General de Aguas (DGA), constituyen una “presunción grave” de los hechos denunciados, por lo que “existe la necesidad de impedir que los efectos adversos de la extracción de aguas subterráneas que mantiene la empresa minera sobre el acuífero Lagunillas se sigan manifestando y agudizando”.

Agregan que la única acción que “por ahora” permite lograr la protección de la laguna y bofedal es la paralización de la extracción de agua “hasta que la autoridad evaluadora emita un pronunciamiento técnico favorable que entregue seguridad de no afectación de los bienes protegidos”.
Acción judicial

La acción judicial fue interpuesta por Luis Jara Alarcón, propietario de la Estancia de Cancosa y se basa en el daño ambiental que la empresa habría provocado por la extracción de agua del acuífero de Lagunillas, lo que ha provocado un deterioro al sistema Lagunar y al bofedal del mismo nombre del acuífero.

El demandante solicita al tribunal la detención definitiva de toda la extracción de agua desde el acuífero para la operación de la faena, así como el desmantelamiento de obras asociadas; la elaboración, evaluación e implementación de un proyecto de suministro hídrico artificial al acuífero; y la reposición, reparación y restauración integral de todos los recursos biológicos y demás condiciones abióticas preexistentes en el ecosistema dañado.
Daño ambiental

Luis Jara asegura que el daño ambiental es una consecuencia del actuar “ilegal y culpable” de la compañía por la ausencia de una autorización ambiental para extraer aguas del acuífero.

“La RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 69/2015 fue anulada en consideración a que las medidas ambientales propuestas por el titular no eran apropiadas para hacerse cargo de los impactos ambientales sobre el recurso hídrico del proyecto”, dice el escrito.

Sumado a lo anterior, el demandante aduce que se realizan extracciones de agua sin contar con los derechos de aprovechamiento. “Así, sumado a la falta de permiso ambiental, CMCC (Compañía Minera Cerró Colorado) carecío también del permiso sectorial consistente en el derecho de aprovechamiento de aguas legalmente otorgado por la DGA que la habilite para las extracciones referidas, lo que constituye otro presupuesto para presumir su responsabilidad ambiental por infracción a los artículos 6 y siguientes del Título I del Código de Aguas”.
Incumplimientos

Otros de los incumplimientos de los que se acusa a la minera tienen relación a las medidas de riego artificial necesarias para la mantención del humedal.

Seguido de un retardo negligente en el proceso de evaluación ambiental de las nuevas medidas que debe proponer la empresa para hacerse cargo de los efectos ambientales del nuevo proyecto en el acuífero Lagunillas. Se acusa a la minera de daño continuo, permanente, irreversible y significativo.
Demandante

Luis Eliecer Jara Alarcón, es copropietario del predio denominado Estancia Cancosa, dentro de cuyos límites se encuentra el denominado Salar Lagunillas, compuesto, por el acuífero Pampa Lagunillas, el Bofedal o Humedal Lagunillas y la Laguna Huantija.
https://www.mch.cl/2021/08/20/tribunal-ambiental-ordena-a-minera-cerro-colorado-detener-extraccion-de-agua-de-acuifero-de-lagunillas/