La causa pasó a manos de Tania Sironvalle, fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

Ayer, en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, se suspendió la audiencia por la querella interpuesta por Julio Ponce, controlador de SQM, en contra de Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management.

Esto, ya que la causa que hasta ahora había estado a cargo de Ezio Baghetto, de la Fiscalía de Las Condes, pasó a manos de Tania Sironvalle, fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

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Será el Ministerio de Bienes Nacionales el que recibirá dichos activos y los cederá, una vez que se determine la instancia que los administrará.

El Consejo Directivo del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM) acordó ayer por unanidad traspasar sus bienes al Estado, previo a la disolución de esta entidad, tras 42 años de existencia.

Será el Ministerio de Bienes Nacionales el que recibirá dichos activos y los cederá, una vez que se determine la instancia que los administrará, dado que la intención del Estado es preservar las actividades de investigación de este organismo, que fue creado en paralelo al proceso de nacionalización del cobre, como una corporación privada sin fines de lucro.

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En específico, personeros de la SMA en conjunto con trabajadores de Conaf, SAG y Seremi de Salud fiscalizaron varios proyectos de la mina El Soldado en los últimos días de abril, detectando múltiples irregularidades.

Desde que iniciaron las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) reconocieron que su principal foco sería la minería. Ya son varias las faenas inspeccionadas, pero la semana pasada presentó la formulación de cargos a una de las más grandes: Anglo American Sur.

El organismo liderado por Juan Carlos Monckeberg oficializó cargos en contra del distrito minero ubicado en la Quinta Región y que es controlado por la multinacional Anglo American, pero en la que también participan Mitsubishi, Codelco y Mitsui.

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A agosto de este año, el sistema ha aprobado 559 iniciativas, un 22% menos que en igual lapso de 2012.

Entre enero y agosto de 2013 se aprobó la menor cantidad de proyectos de inversión -para igual período- de los tres últimos años. Así lo evidencian las cifras del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), dependiente del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea), encargado de medir y certificar que las iniciativas públicas y privadas cumplan con los requisitos medioambientales.

De acuerdo a la base de datos de la institución, en los ocho primeros meses de 2013 se aprobaron 559 proyectos -entre un total de 904 que se encontraban en calificación-, registrando un retroceso anual de 22%. Sin embargo, la inversión visada implicó un total de US$ 22.662 millones, 78% más que en igual período de 2012.

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