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Por Eduardo Gudynas, Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) | 23/04/2014
En Bolivia, la propuesta gubernamental de una nueva ley marco minera generó resistencias cada vez mayores hasta terminar naufragando. El hecho de por sí no sería particularmente llamativo si se considera que no es infrecuente que un proyecto de ley promovido por el Gobierno, finalmente no logra ser aprobado en el poder legislativo. Pero el caso boliviano tiene otros condimentos que lo revisten de enorme importancia, no sólo para ese país, sino a nivel continental.
Mujeres indígenas, originarias, campesinas y regantes piden ser parte del tratamiento de la Ley Minera en Bolivia, elaborada entre actores mineros sin tomar a las comunidades, los derechos colectivo que se vulneran y a las mujeres que reciben de forma directa los impactos socio ambientales.
MANIFIESTO PUBLICO
Hasta ahora la elaboración de la ley minera se ha realizado solo entre el sector minero, y peor aun el debate y el conflicto se ha concentrado en dos artículos 132 y 151, en ningún momento se ha tomado en cuenta las observaciones planteadas por diversos sectores como ser los regantes, los pueblos indígenas, instituciones civicas, ambientalistas, municipales y departamentales.
Con la participación de aproximadamente 2000 regantes de las cuencas Poopó, nacientes del Pilcomayo, Desaguadero y Coipasa entonando fuertes mensajes en rechazo a la ley minera y en defensa del agua, los recursos naturales y los derechos de la madre tierra, ingresaron los regantes bulliciosamente a la principal de la ciudad de Oruro.
El 95% del rédito minero es para manos privadasEl 95% del valor de la producción minera está en manos privadas, según información proporcionada por los invitados del programa Estamos a Tiempo, de Cadena A. En él se resaltó, además, la diferencia abismal que existe entre lo que se genera como valor, lo que se exporta como valor de la producción minera y lo que beneficia a los bolivianos.
La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) sostiene que la exploración y la posible explotación de Lliquimuni “representa un alto riesgo medioambiental” y genera conflictos al interior de las organizaciones indígenas, por la ampliación de la frontera petrolera más allá del área tradicional.
El intento de sancionar el Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, al interior de la asamblea legislativa plurinacional, elaborada sin participación de todos los sectores del pueblo boliviano, ha generado reacción de diversas organizaciones, enfrentamientos y, peor aún, ha cobrado vidas. Ante esa coyuntura adversa a los derechos humanos, la sociedad civil, instituciones, organizaciones y naciones indígena originarias y campesinas nos auto convocamos en la Mesa de Diálogo “Efectos y alcances del Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia” para analizar y discutir sobre los efectos, riesgos y alcances del mencionado proyecto de ley. Evento realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA, el día dos de abril del año en curso.
Ante la coyuntura, diversas organizaciones de la sociedad civil han visto por conveniente organizar, con carácter de urgencia, una mesa de diálogo para analizar los “Efectos y alcances del Proyecto de Ley de Minería y Metalurgia”. A la misma, están convocadas todas las organizaciones e instituciones interesadas en contribuir a este impostergable debate.